181 resultados para Redistribución
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1 v. (pág. var.)
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La investigación parte de la hipótesis de que la dispersión urbana que ha afectado a las sociedades avanzadas durante las últimas décadas, también ha cobrado fuerza y se ha impuesto en el País Vasco, transformando en pocos años el panorama urbanístico. La población vasca se ha desconcentrado espacialmente y al mismo tiempo la actividad inmobiliaria se ha intensificado y propagado por todo el territorio, afectando tanto a las periferias urbanas como a entornos más excéntricos con escaso dinamismo anterior. De este modo, en un contexto caracterizado por la globalización y los avances tecnológicos, se han generalizado realidades urbanas más dispersas, laxas y discontinuas que han ido desdibujando el anterior modelo urbano de mayor centralidad. Estos procesos territoriales se han afianzado durante las dos últimas décadas en el País Vasco, impulsados por el ciclo económico expansivo. Pero también han estado respaldados por los instrumentos de ordenación territorial, que en su propósito de reequilibrar la red de asentamientos han favorecido la reclasificación de abundante suelo en entornos alternativos a los tradicionales. Como consecuencia, ha tenido lugar un importante desarrollo residencial de asentamientos más periféricos, lo que ha propiciado la dispersión urbana. El emplazamiento y las características de los diferentes ámbitos receptores han canalizado la llegada de distintas clases sociales y se ha traducido en entornos residenciales diferentes. Mientras los espacios aledaños a los grandes centros y ejes urbanos se han desarrollado bajo formas más estandarizadas, en los ámbitos excéntricos pero dotados de amenidades ambientales y residenciales, los nuevos residentes presentan un nivel socioeconómico más elevado y la colonización ha sido más selecta.
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Tesis ( Maestro en Ciencias de la Administración con Especialidad en Producción de Calidad) - U.A.N.L., 1999
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UANL
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La utilización de la provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, si se puede recaudar, a cierto costo, la información necesaria puede aplicarse un impuesto progresivo que mejore la eficacia redistributiva de la política. Por otra parte, los costos sociales de sobrestimar esta herramienta pueden llegar a ser altos, dependiendo de las condiciones institucionales y del bien privado con el que se implementa la política. Si se tiene un orden institucional que no permite la discriminación por niveles de ingreso en la provisión del bien privado, necesariamente entra a operar la autoselección de los individuos como una relación inversa entre efecto redistributivo y calidad del bien privado. Si esta última tiene efectos sobre la acumulación de capital humano, también tendría efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso a largo plazo. Es por ello, que los gobiernos enfrentan un dilema entre apaciguar a corto plazo problemas de distribución y obtener beneficios políticos, y lograr un mayor crecimiento y equidad En el largo plazo.
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La provisión de un bien privado por parte del sector público como política de redistribución del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de información sobre los agentes. No obstante, dicha política puede acarrear disyuntivas entre calidad y redistribución, y entre eficiencia y redistribución. Si se desea implementar esta clase de política, es preferible incurrir en un costo de información, una ineficiencia fija, para aplicar un impuesto progresivo y redistribuir el ingreso bajo el segundo teorema del bienestar, y no mediante una transferencia en especies. La política es más o menos efectiva dependiendo de las restricciones institucionales a las que se enfrente el Estado. Si dichas restricciones impiden la discriminación de acceso al sistema educativo, para que la política educativa tenga éxito es necesario olvidarse de la posibilidad de máxima redistribución. Lo anterior conllevara a que la política afianzara la diferencia entre los objetivos de calidad en la educación y, al mismo tiempo, enfrentar la inequidad.
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La teoría económica ha demostrado que en mercados imperfectos la redistribución de la renta puede incrementar el bienestar social y dar lugar a situaciones en las que todos los agentes económicos involucrados puedan mejorar el nivel de bienestar. Se demuestra que la implantación de un regimen fiscal de subvenciones también puede mejorar los efectos en mercados competitivos perfectos, que se derivan de economías externas de escala.
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La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.
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