714 resultados para Política ambiental-México-Participación ciudadana


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Fil: Pagani, María Laura. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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El objetivo principal de este trabajo es analizar la contribución de los principales instrumentos de política ambiental existentes en México para la protección del patrimonio cultural, así como los efectos adversos del cambio climático en el patrimonio arqueológico. El análisis se enfoca fundamentalmente en dos instrumentos de política ambiental: la declaratoria de áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial. La premisa principal, derivada de lo observado en el caso mexicano, es que aun cuando la legislación en materia de monumentos y zonas arqueológicos no presenta un vínculo expreso con la del medio ambiente, por tratarse de ordenamientos independientes, dicha protección se produce de forma indirecta. La presente investigación destaca la importancia de dicha protección, aunque ésta sea en algunos casos, circunstancial. Del estudio detallado de las disposiciones legales en materia de medio ambiente y de patrimonio arqueológico y los instrumentos de política ambiental, a los que la legislación les otorga el carácter de utilidad pública, se deduce fundamentalmente la importancia de estos últimos por la protección que otorgan. La utilidad de dichos instrumentos en la presente investigación se hace evidente cuando, por su ubicación, una zona arqueológica queda dentro de un área natural sujeta a protección o de un ordenamiento territorial urbano o ecológico. Esta condición se vuelve determinante para que su protección se garantice, en el primer caso, a partir del polígono que se crea por disposición legal a través de una declaratoria mediante la cual se limitan, condicionan o prohíben actividades humanas para asegurar la restauración, protección y preservación de las condiciones naturales. Se crea un entorno de protección para zonas con características naturales relevantes en donde los ambientes han permanecido sin alteraciones por la actividad de los seres humanos y dentro de ellas quedan resguardados zonas o vestigios de interés arqueológico. En el segundo caso, en el área que abarca el ordenamiento, se ordenan o inducen el uso del suelo y las actividades productivas con lo que se consigue lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la protección de los vestigios arqueológicos que quedan dentro del ordenamiento. En lo relativo a la legislación sobre patrimonio cultural, en forma independiente, también se expiden declaratorias a través de decretos que protegen una zona, por los vestigios que ahí se encuentran y en las que eventualmente se refieren al entorno natural circundante que en ocasiones, son coincidentes con las declaratorias ambientales. En este trabajo se analizan también los efectos adversos del cambio climático en el patrimonio arqueológico y las medidas de prevención, remediación y mitigación que se instrumentan para su salvaguardia. Las conclusiones principales muestran que en el caso de nuestro país, como se verá adelante, la legislación sobre patrimonio arqueológico no guarda relación directa con la legislación en materia ambiental, a pesar de lo profusa que es esta última, tanto a nivel federal como local. Asimismo, aun cuando no existe un instrumento, estrategia de planeación específica o un ordenamiento legal único y autónomo para la protección de los monumentos y zonas arqueológicos, desde el punto de vista ambiental, las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial, como estrategias de política ambiental, coadyuvan a ese propósito.

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Tesis (Doctor en Filosofía con Acentuación en Ciencias Políticas) UANL, 2011.

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Uno de los objetivos perseguidos en los Consejos Comunales de Gobierno, celebrados por la administración de Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010), fue la promoción de la participación ciudadana. Partiendo de la ambigüedad de lo que este objetivo puede significar o perseguir, nos propusimos hacer una revisión inicial de estudios que han analizado y avanzado en la teorización de diversos ejercicios de participación ciudadana en Colombia y en el mundo, así como del concepto de ciudadanía activa, el cual ha sido desarrollado por diversas tradiciones de pensamiento en contextos diversos, incluidos los escenarios de participación ciudadana. Para el análisis de los Consejos Comunales de Gobierno -ejemplo del tipo de participación que se promovió por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez-, nos concentramos en tres aspectos: una exposición general de la institucionalidad desarrollada para la participación ciudadana en Colombia; la caracterización del gobierno bajo el que se promovieron estos consejos; y el análisis del diseño institucional particular a estos. Teniendo en cuenta el carácter de la política de participación impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la tradición institucional para la participación en Colombia, y el particular desarrollo de éstos consejos, se formulan al final unas reflexiones y recomendaciones con respecto a las iniciativas de gobierno para la participación ciudadana.

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En noviembre del 2009 después de varias mesas de trabajo entre el sector público, el sector privado, la comunidad y expertos del tema de las veinte localidades del Distrito Capital nace como resultado de un proceso de participación y concertación con los diferentes actores de la comunidad, la política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá “Bogotá más activa” 2009 2019. El proceso de participación se realizó por medio de 40 talleres, dos por localidad, durante los meses de octubre y noviembre del 2008, donde se garantizaron los espacios para debatir los temas más importantes según la consideración de las diferentes comunidades. La participación ciudadana es el objeto de estudio de la investigación, en este contexto, la pregunta de investigación que se pretende responder a lo largo de este trabajo es: ¿Cuál fue el papel de la participación ciudadana en la formulación de la política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá “Bogotá más activa” 2009-2019 en la localidad de Suba?.

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El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de incorporación del gobierno electrónico en Colombia, así como evaluar el impacto de las TIC en asuntos del gobierno y su relación con los ciudadanos, puesto que en la práctica se desea incrementar la participación en asuntos públicos y una inclusión ciudadana a través de las TIC. El éxito del Gobierno en Línea dependerá de la transparencia y confianza creciente entre el gobierno y los ciudadanos y toma como referencia la estrategia de Gobierno en Línea 2008-2010. Será usada, una metodología exploratoria y descriptiva sobre la base de documentos bibliográficos y publicaciones periódicas y académicas.

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The gender, environment, and development approach proposes the study of women’s rights and obligations toward natural resources, as well as institutions and property relations that govern the access to such resources within specifi c socio-environmental contexts. From this viewpoint, this paper studies the fi shing activities of native women and men from Veracruz, Mexico, focusing on two processes: the gender construction of the fi shing arts and the gender socialization in fi shing activities. This paper shows that both processes make women specialize in certain water resources, which are important to securing feeding to their communities. An environmental policy with a gender perspective will be able to visualize woman roles in food provisioning, and to strengthen their control over the resources they currently manage, based on the environmental knowledge women have about them.

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Incluye Bibliografía

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La interrelación entre el municipio y la participación ciudadana en Nicaragua cobró especial relevancia con la restauración de la autonomía municipal en la Constitución de 1987 y con la promulgación de la Ley de Municipios en 1988. La dictadura somocista había suspendido la autonomía municipal durante 50 años, un período que incluyó la cancelación de la elección libre y directa de las autoridades locales, y aunque se reconoció de forma declarativa la autonomía financiera y administrativa, las competencias y funciones de las municipalidades fueron subordinadas a la aprobación final del Gobierno Central. Con las elecciones de 1990 el régimen autonómico municipal entró en vigor de manera expresa por primera vez en la historia de Nicaragua. Además, a partir de entonces se vio ampliado y reforzado con una larga lista de leyes como parte del proceso de descentralización del Estado y de reforma de la administración pública, coincidiendo con la salida del conflicto armado. Al mismo tiempo se generalizaron experiencias participativas en los tres niveles de la administración pública, municipal, autonómica y nacional, que a su vez dieron origen a un marco normativo innovador en Nicaragua y Centroamérica, que conoció su punto más importante con la Ley de Participación Ciudadana en 2003, claramente inspirada en el ámbito municipal. Sin embargo, tras el regreso del FSLN al poder, el presidente Ortega dentro de sus planes de refundar el Estado tomó un conjunto de medidas para limitar la autonomía municipal. Estudios de la época mostraron que la esfera política la autonomía municipal era unos de los obstáculos para implantar el modelo del Poder Ciudadano, que se asentaba en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organizados de manera jerárquica desde el nivel nacional hasta las comunidades rurales y barrios...

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En este trabajo confluyen temas provenientes de los campos físico y social –el río y su contexto natural, y la realidad social generada en torno al mismo- desarrollados desde un punto de vista geográfico, es decir, dentro de una visión integradora; temas éstos que permiten acercarse a dos tópicos de tremenda actualidad e importancia: el cuidado del medio ambiente –y más concretamente, del agua- y la participación de la sociedad, los cuales están intrínsecamente relacionados con el ordenamiento territorial. La consideración de la participación de la sociedad civil como elemento clave en los procesos de desarrollo y gobernabilidad ha sido ampliamente puesta en consideración en los diversos ámbitos político, social, cultural y académico. No sólo se destaca su importancia y la necesidad de que exista una mayor participación ciudadana, sino que, hoy más que nunca, es reclamada en esos mismos ámbitos cuando tantos sucesos lamentables han generado un clima de inseguridad social en muchas regiones del mundo, y cuando algunas de las instituciones políticas del más alto nivel no inspiran confianza por la falta de claridad y transparencia en sus planteamientos y resultados; cuando el territorio es organizado de acuerdo a unos criterios reduccionistas, donde priman los intereses individualistas sobre los de la comunidad. A través de un caso de estudio se ilustra la realidad de la fuerza constructiva de los ciudadanos que se organizan en torno a un objetivo –la recuperación ambiental del río Ayuquila– que de suyo incide positivamente en el ordenamiento territorial...