979 resultados para MÍNIMO VITAL


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Este artículo parte del concepto de vulnerabilidad, para incluir en este sector la tercera edad. Se analiza la tendencia Jurisprudencial en materia de Protección Constitucional especial de los adultos mayores; cuáles han sido los problemas fundamentales en el tratamiento judicial, especialmente en el uso del mecanismo de la tutela y los razonamientos empleados por los jueces para resolver los problemas que incorporan derechos de tercera edad y su evolución. En el caso concreto de las personas de la tercera edad, la ley ha previsto distinciones especiales encaminadas a salvaguardar sus derechos, que provienen no solo de la Constitución y la Ley, sino de todo el Sistema Judicial, dotando a los Jueces de las herramientas necesarias para hacer efectivo el derecho sustancial por medio de sus fallos. Así, encontramos que el sistema judicial colombiano ha concentrado sus esfuerzos en proteger a las personas de la tercera edad, específicamente en la Seguridad Social, dándole gran importancia al derecho pensional. No obstante, abarcar la Seguridad Social en un espectro jurídico amplio, solamente los derechos relativos al “pago oportuno de mesadas pensionales”, “la reliquidación de pensiones”, ”el no pago de las pensiones de jubilación”, “el reconocimiento de las sustituciones pensionales”, derecho a la salud y el derecho al mínimo vital han sido los conflictos más comunes que deben ser resueltos por los jueces en materia de protección especial de los adultos mayores. 

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El presente trabajo corresponde a un estudio formal de los conceptos de derecho al agua y de mínimo vital de agua para consumo humano, en el contexto legal y jurisprudencial del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Con éste propósito se llevó a cabo inicialmente, un acercamiento a los instrumentos internacionales que han pretendido garantizar el acceso al agua para el consumo humano, luego un análisis de algunos fallos de la Corte Constitucional encaminados a garantizar el derecho al agua en Colombia y un estudio de los esquemas de regulación y mercado del servicio público domiciliario de acueducto en el país. Por último el trabajo efectúa cuestionamientos de los esquemas normativos y regulatorios actuales del sector y expone algunas políticas públicas locales encaminadas a garantizar el acceso al agua para consumo humano e iniciativas legislativas presentadas con dicho fin.

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Esta investigación aporta en una perspectiva de derechos fundamentales una descripción de la controversia jurisprudencial y doctrinal que se entreteje en el tema de la revocatoria directa de actos administrativos de carácter pensional, cuando se invoca la causal de los medios ilegales, en donde existen poderosos argumentos a favor y en contra de cada una de las posiciones; por un lado el interés general, el patrimonio del Estado, los principios constitucionales de buena fe, de moralidad, imparcialidad que deben guiar la función administrativa, mientras que por el otro, se encuentran los derechos adquiridos de las personas, la presunción de inocencia, la confianza legítima, la garantía del debido proceso y la protección de condiciones especiales de las personas (sin dejar de lado los casos en que por conexidad se ve involucrado el derecho al mínimo vital, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad), discusión trascendental que ha tenido vaivenes que afectan a pensionados y en donde en ocasiones por formalismos, tecnicismos e interpretaciones exegéticas, se deja de lado lo más importante, la dignidad del ser humano.

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Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2011 se realizó en la Universidad del Rosario el Primer Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, en el marco del Seminario Internacional “Veinte años de Constitucionalismo Social”. En el ejercicio pedagógico de este encuentro se observaron los resultados y la importancia de la investigación formativa en las facultades de Derecho. Se presentaron 41 ponencias, de las cuales 36 fueron seleccionadas para participar en el concurso. De estas, 21 procedían de universidades de Bogotá y 16 de universidades de otras ciudades del país. Participaron, por Bogotá, semilleros de las universidades de la Sabana, Sergio Arboleda, Católica de Colombia, Cooperativa de Colombia, La Gran Colombia, Santo Tomás, Nacional de Colombia, Pedagógica y del Rosario. De igual forma, vinieron a este concurso los semilleros de las universidades de Antioquia, del Atlántico, Mariana de Pasto, Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) sede Tunja y Santo Tomás de la misma seccional. Es emocionante ver a la generación de relevo de las facultades de Derecho presentar sus investigaciones, debatir las conclusiones y aportar propuestas para consolidar la eficacia de los derechos sociales y de las instituciones establecidas en la Constitución de 1991. La pertinencia de los trabajos, la construcción de sus propuestas metodológicas y los problemas e hipótesis planteados, nos muestran que las discusiones y la investigación constitucional están presentes en las universidades colombianas y seguirán siendo importantes ejes de reflexión e incidencia en los próximos años. Los avances de la jurisprudencia constitucional seguramente seguirán contando con la evaluación garantista y crítica de la academia. Debemos agradecer especialmente a quienes propiciaron este espacio: a la coordinación académica del Dr. Julio Gaitán, director del Doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, y de la Dra. Martha Sáchica, coordinadora del Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia, en la misma universidad. La organización del evento y del concurso contó con un equipo de altas calidades, liderado por los doctores Luis Manuel Castro, Clara Inés Atehortúa, Ximena Sierra, María Lucía Torres, Adriana Borda y Julieth Grajales; y en la logística del concurso reconocemos el apoyo del Semillero de Investigación en Derechos Humanos y de Soraya Estefan, Adriana Becerra, Sheila Giraldo y Martha Gallego. Fueron también muy importantes los aportes y la participación de los profesores de las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Teoría del Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; y de los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional y los profesores externos que nos apoyaron como jurados de los trabajos escritos y de las sustentaciones orales en las mesas de trabajo y en la ronda final. La publicación de este trabajo es posible gracias a la financiación de la Fundación Hanns Seidel. Esperamos que su difusión, a través de la página web y de la edición impresa, sirva para darles continuidad a estos esfuerzos, y reconocimiento al trabajo serio y responsable de los estudiantes de Derecho de nuestro país. El trabajo que ocupó el primer lugar pertenece al Semillero de la Universidad Santo Tomás de Tunja. El autor es el estudiante Germán Andrés Camargo Fonseca, quien en su ponencia “Aplicación del estado de cosas inconstitucional sobre desplazamiento forzado a inmigrantes internacionales y refugiados naturales colombianos”, plantea una novedosa hipótesis acerca de las obligaciones del Estado colombiano para con los migrantes internacionales. El siguiente trabajo, que ocupó el segundo lugar, fue presentado por los estudiantes Yénifer Yiseth Suárez Díaz y Fabián Andrés Rojas Bonilla, de la Universidad Nacional de Colombia. Su reflexión y aportes críticos, de gran novedad y utilidad, se ocupan de “El Estado social de derecho y las medidas alternativas a la prisión en Colombia”. Finalmente, se encuentra el trabajo del estudiante de la Universidad de Antioquia e integrante de su Semillero, David Sierra Sorockinas. El tema es de actualidad: “El derecho al acceso al agua potable: discusiones entre los derechos fundamentales y los servicios públicos domiciliarios en la Constitución de 1991”. En este trabajo se presentan las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional en relación con el acceso al agua potable y las garantías del derecho, y se plantean alternativas creativas para que las autoridades locales asuman el reto de garantizar el mínimo vital en materia de agua potable.

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Este análisis permitirá verificar si el estado colombiano, a nivel central, ha dado cumplimiento a las obligaciones que le impone el PIDESC en materia de satisfacción de la faceta prestacional de los derechos de los desplazados, así como aportar elementos de juicios para el control fiscal

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El interés de esta investigación se centra en analizar el rol protagónico que han adquirido las acciones constitucionales en la participación política de la comunidad LGTBI, encaminada a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Para este propósito, el estudio presenta un diagnóstico sobre las falencias y limitaciones que ha presentado la representación política y de los mecanismos de participación ciudadana para solventar las reivindicaciones de las parejas del mismo sexo. En consecuencia, la investigación evidencia de qué manera la sub-representación de los intereses de esta comunidad en el Congreso de la República y la sub-utilización de los mecanismos de participación política causadas por las deficiencias en su diseño e implementación, impulsaron a la población LGTBI y los defensores de sus derechos a canalizar su participación política a través de la presentación de acciones constitucionales.

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Los principios del Derecho del Trabajo constituyen el ADN de esta disciplina jurídica y la clave para resolver los problemas de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral. Este libro tiene por objeto identificar, en los rangos constitucional y legal, esos fundamentos sobre los cuales descansa la rama del Derecho que regula la relación capital-trabajo, y determinar la naturaleza jurídica, el alcance y las aplicaciones de cada uno, para dar al lector un panorama completo sobre el tema. La Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional un elenco de principios que, a pesar de parecer reiterativos de los estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, han dado lugar al desarrollo de la jurisprudencia constitucional y han permitido actualizar las instituciones jurídico-laborales clásicas para acercarlas al modelo constitucional del Estado Social de Derecho.

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Resumen del documento en catalán

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En el período 2003-2009 parecieran reducirse en Argentina los niveles de desigualdad de ingresos respecto de la década de 1990. En ocasiones, dicha dinámica distributiva suele relacionarse a ciertas políticas públicas aplicadas por el Estado. Sin embargo, creemos que, generalmente, estos análisis no contemplan el impacto diferenciado de las políticas de ingresos -tales como el Salario Mínimo vital y Móvil, la Asignación Universal por Hijo, el Plan Jefes, el Plan Familias, entre otras- sobre los trabajadores que pertenecen a diferentes estratos al interior de los sectores populares. En el presente trabajo, intentamos realizar una estratificación social por clases sociales, similar a la propuesta por Torrado (1994), para evaluar dos cuestiones clave en relación a las políticas de ingresos aplicadas en la última década. Primero, pretendemos medir el impacto diferencial de las políticas mencionadas sobre los diferentes estratos al interior de los sectores populares. En segundo lugar, la estratificación mencionada nos permite indagar sobre el origen de estas políticas públicas y en qué medida las mismas son el resultado de las estrategias de lucha de los diferentes estratos que conforman las clases populares. La fuente de información prioritaria para realizar el estudio será la Encuesta Permanente de Hogares diseñada por el INDEC

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Este trabajo presentar algunas preguntas en torno a la política económica del gobierno kirchnerista. La pregunta que atraviesa el mismo es la de si posible hablar de una alianza o articulación entre ciertas fracciones de capital y sectores del trabajo, impulsada y mediada por el gobierno. Para responder a este interrogante, en un primer lugar se describe brevemente en qué consistió el modelo nacional-popular de sustitución de importaciones, como también el modelo neoliberal en Argentina. Luego se centra en la descripción de las políticas económicas del gobierno de Néstor Kirchner, con el objetivo de observar continuidades y rupturas respecto al modelo neoliberal, e ir detectando indicadores que puedan responder a la pregunta formulada. Serán tomadas las convocatorias al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, como espacio que pone en juego las relaciones entre los trabajadores y empresarios locales, como también se analizará el rol del gobierno en el mismo. Finalmente, se formularán algunas preguntas en torno al llamado diálogo o pacto social propuesto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entendiéndolo como un aspecto que daría continuidad a los debates instalados en el marco del Consejo del Salario. La intención de este trabajo es la de conocer y realizar un análisis de la política económica, generar interrogantes, detectar tendencias y condiciones; a fin de enriquecer la mirada sobre el momento socio-histórico en el que nos encontramos.

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Este artículo se ocupa del empleo de bajos ingresos (EBI), entendiéndose por tal al trabajo asalariado cuya remuneración se sitúa por debajo de determinados umbrales. Los umbrales considerados aquí fueron el Salario Mínimo Vital y Móvil y la mitad del ingreso promedio de los trabajadores asalariados de jornada completa. Con datos de la Encuesta Permanente de Hogares de la Argentina para el período 2003-2010, se ha determinado la magnitud del EBI, las diferencias entre las ciudades cubiertas por la encuesta, la asociación del EBI con otras variables y, por último, sus microdeterminantes. Entre las conclusiones más relevantes se pueden mencionar las siguientes: el EBI afecta, en todo el país, a un rango que va del 16 al 26 de los trabajadores asalariados; es muy dispar por ciudad de residencia; está fuertemente asociado a la incidencia del trabajo no registrado; y, a pesar del fuerte aumento de la registración entre 2003 y 2010, no ha cedido en la misma proporción que la informalidad.

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Este trabajo presentar algunas preguntas en torno a la política económica del gobierno kirchnerista. La pregunta que atraviesa el mismo es la de si posible hablar de una alianza o articulación entre ciertas fracciones de capital y sectores del trabajo, impulsada y mediada por el gobierno. Para responder a este interrogante, en un primer lugar se describe brevemente en qué consistió el modelo nacional-popular de sustitución de importaciones, como también el modelo neoliberal en Argentina. Luego se centra en la descripción de las políticas económicas del gobierno de Néstor Kirchner, con el objetivo de observar continuidades y rupturas respecto al modelo neoliberal, e ir detectando indicadores que puedan responder a la pregunta formulada. Serán tomadas las convocatorias al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, como espacio que pone en juego las relaciones entre los trabajadores y empresarios locales, como también se analizará el rol del gobierno en el mismo. Finalmente, se formularán algunas preguntas en torno al llamado diálogo o pacto social propuesto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entendiéndolo como un aspecto que daría continuidad a los debates instalados en el marco del Consejo del Salario. La intención de este trabajo es la de conocer y realizar un análisis de la política económica, generar interrogantes, detectar tendencias y condiciones; a fin de enriquecer la mirada sobre el momento socio-histórico en el que nos encontramos.

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Este artículo se ocupa del empleo de bajos ingresos (EBI), entendiéndose por tal al trabajo asalariado cuya remuneración se sitúa por debajo de determinados umbrales. Los umbrales considerados aquí fueron el Salario Mínimo Vital y Móvil y la mitad del ingreso promedio de los trabajadores asalariados de jornada completa. Con datos de la Encuesta Permanente de Hogares de la Argentina para el período 2003-2010, se ha determinado la magnitud del EBI, las diferencias entre las ciudades cubiertas por la encuesta, la asociación del EBI con otras variables y, por último, sus microdeterminantes. Entre las conclusiones más relevantes se pueden mencionar las siguientes: el EBI afecta, en todo el país, a un rango que va del 16 al 26 de los trabajadores asalariados; es muy dispar por ciudad de residencia; está fuertemente asociado a la incidencia del trabajo no registrado; y, a pesar del fuerte aumento de la registración entre 2003 y 2010, no ha cedido en la misma proporción que la informalidad.

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En el período 2003-2009 parecieran reducirse en Argentina los niveles de desigualdad de ingresos respecto de la década de 1990. En ocasiones, dicha dinámica distributiva suele relacionarse a ciertas políticas públicas aplicadas por el Estado. Sin embargo, creemos que, generalmente, estos análisis no contemplan el impacto diferenciado de las políticas de ingresos -tales como el Salario Mínimo vital y Móvil, la Asignación Universal por Hijo, el Plan Jefes, el Plan Familias, entre otras- sobre los trabajadores que pertenecen a diferentes estratos al interior de los sectores populares. En el presente trabajo, intentamos realizar una estratificación social por clases sociales, similar a la propuesta por Torrado (1994), para evaluar dos cuestiones clave en relación a las políticas de ingresos aplicadas en la última década. Primero, pretendemos medir el impacto diferencial de las políticas mencionadas sobre los diferentes estratos al interior de los sectores populares. En segundo lugar, la estratificación mencionada nos permite indagar sobre el origen de estas políticas públicas y en qué medida las mismas son el resultado de las estrategias de lucha de los diferentes estratos que conforman las clases populares. La fuente de información prioritaria para realizar el estudio será la Encuesta Permanente de Hogares diseñada por el INDEC

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Este artículo se ocupa del empleo de bajos ingresos (EBI), entendiéndose por tal al trabajo asalariado cuya remuneración se sitúa por debajo de determinados umbrales. Los umbrales considerados aquí fueron el Salario Mínimo Vital y Móvil y la mitad del ingreso promedio de los trabajadores asalariados de jornada completa. Con datos de la Encuesta Permanente de Hogares de la Argentina para el período 2003-2010, se ha determinado la magnitud del EBI, las diferencias entre las ciudades cubiertas por la encuesta, la asociación del EBI con otras variables y, por último, sus microdeterminantes. Entre las conclusiones más relevantes se pueden mencionar las siguientes: el EBI afecta, en todo el país, a un rango que va del 16 al 26 de los trabajadores asalariados; es muy dispar por ciudad de residencia; está fuertemente asociado a la incidencia del trabajo no registrado; y, a pesar del fuerte aumento de la registración entre 2003 y 2010, no ha cedido en la misma proporción que la informalidad.