Los actos de jurisdicción voluntaria ejercidos por los jueces y notarios

La reforma a la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial No 406 del 28 de noviembre del 2006, entrega a los notarios ecuatorianos nuevas atribuciones, en los actos de jurisdicción voluntaria. Un tema que surge a discusión es si los notarios ejercen jurisdicción voluntaria de forma plena, o está limitada a ciertos actos. Las variantes doctrinarias de si existe jurisdicción voluntaria son abordadas desde distintas ópticas sin que ninguna de las teorías de su naturaleza alcance unanimidad, por lo que al no estar justificada teóricamente, países vecinos no incorporan esta institución en sus legislaciones procesales. Al ser analizada a profundidad son evidentes sus inconsistencias que ha hecho que todo el talento humano designado para la resolución de conflictos de intereses deba ocupar su valioso tiempo para asuntos, en los que, existiendo un acuerdo previo, se lo tramite con un procedimiento muy similar a los asuntos contenciosos. Por ello propongo un análisis comparativo entre el procedimiento que realiza el juez como el notario identificando cada una de las fases que cumplen ambos funcionarios, haciéndose evidentes las ventajas de que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria sean resueltos exclusivamente por el notario. La diferencia de procedimientos en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, respecto de lo que ejecuta el juez y notario, permite identificar las diferencias que básicamente son formales, desde la demanda respecto de la petición, del acta notarial en relación a la sentencia, ha hecho que la gran cantidad de actos de jurisdicción voluntaria retarden el despacho de las causas contenciosas. Por lo que proponer los fundamentos que hacen factible el ingreso en nuestra legislación procesal civil y notarial, de los actos no contenciosos, cuyo procedimiento y resolución de esos actos debería ser de conocimiento exclusivo de los notarios, implicaría una reforma sin precedentes en nuestro país que contribuiría a agilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos ecuatorianos. Mi desempeño como notario público del cantón Quito, además siendo operador de la Función Judicial, me permiten reflexionar si verdaderamente existe la jurisdicción voluntaria y sobre todo si la misma está limitada a ciertos actos, para los notarios. Entonces la reforma debería emprenderse por la eliminación de la jurisdicción voluntaria y su reemplazo por los actos no contenciosos en el Código de Procedimiento Civil y la Ley Notarial. Por lo que la eventualidad de que un asunto no contencioso 5 se transforme en controvertido no constituye problema para emprender en la reforma que justificaré en el desarrollo del presente trabajo. Ya que de ocurrir se establece un procedimiento único para los casos en los que se produzca resolviendo de esta forma la eventualidad antes referida. En el evento de que no exista acuerdo para llevar a cabo un acto no contencioso ante el notario, en consecuencia ante un juez de lo civil, se debería seguir el mismo procedimiento para los asuntos no contenciosos que se convirtieron en controvertidos, más la obligación constitucional y procesal de realizar la citación al demandado.

Ley de la Jurisdicción Voluntaria y Derecho internacional privado

En materia de Derecho internacional privado la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria opta básicamente por remitirse de manera genérica a otras disposiciones de nuestro ordenamiento, incluidos los convenios internacionales y los instrumentos de la UE. La aplicación de las normas de competencia internacional puede plantear significativas particularidades en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, en especial, con respecto a la concreción de las reglas relevantes, el alcance de ciertos mecanismos de flexibilización, la actividad de los operadores no jurisdiccionales y la coordinación con las reglas de competencia interna. En el ámbito del Derecho aplicable, la peculiar vinculación entre normativa material y procesal dificulta su delimitación y aconseja la coordinación entre los criterios de competencia y la determinación de la ley aplicable. Los intereses objeto de protección en los expedientes de jurisdicción voluntaria pueden justificar un tratamiento parcialmente diferenciado en lo relativo a la aplicación del Derecho extranjero. En materia de reconocimiento de resoluciones, ámbito en el que la nueva Ley sí incluye ciertas disposiciones específicas, presenta gran interés el análisis de las resoluciones susceptibles de reconocimiento, el régimen de inscripción registral, los motivos de denegación del reconocimiento y la coordinación con las normas incluidas en otras recientes reformas.

El divorcio notarial y la división de los bienes gananciales

Con la publicación a la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, en el Registro Oficial No 406 del 28 de noviembre del 2006, consideramos necesario realizar una investigación de las nuevas atribuciones que se le otorgan al notario, en los actos de jurisdicción voluntaria, entre ellos el divorcio por mutuo consentimiento y la aprobación de la liquidación de la sociedad conyugal, ya en la actualidad es objeto de aplicación en el sistema notarial, y es necesario poder establecer sus fortalezas y debilidades en la aplicación y procedimiento, dentro de nuestro sistema jurídico. El motivo para el desarrollo de este tema es que como abogada en libre ejercicio de la profesión se observa que nuestro sistema judicial se encuentra atosigado de procesos contenciosos y no contenciosos generando retardo en la administración de la justicia, debido a la lentitud del proceso judicial; frente a ello, consideramos necesario realizar un estudio sobre el divorcio por mutuo consentimiento y liquidación de la sociedad conyugal, en sus procedimientos en el sistema judicial, así como también el divorcio notarial, ya que varios países han agilitado el trámite de divorcio mediante reformas a su procedimiento sin desconocer los efectos del mismo, sobretodo con relación a la situación de los hijos y bienes. Actualmente nos encontramos trabajando en el ámbito notarial y frente a ello nuestro interés por dilucidar; y conocer mas sobre el presente tema, realizando un estudio sobre las atribuciones que posee el notario en los actos de jurisdicción voluntaria, específicamente en el divorcio por mutuo consentimiento y la aprobación de la sociedad conyugal, con el objeto de desentrañar las particularidades de estas instituciones jurídicas en el ámbito notarial para su aplicación. El objetivo de esta investigación pretende justificar que algunos actos de jurisdicción voluntaria pueden ser resueltos con la intervención del notario, para ayudar al descongestionamiento de los procesos judiciales, debido al atosigamiento de causa que existen por conocer. Los estudios de Pro Justicia demuestran que un alto porcentaje de los procesos de jurisdicción voluntaria demandan de la misma cantidad de tiempo, esfuerzos y recursos que los actos de jurisdicción contenciosa.

El tratamiento registral de la defunción tras la aprobación de la nueva Ley del Registro Civil: crónica de una reforma

La configuración del Registro Civil como organismo administrativo que introduce la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; la omisión de la mención al médico forense en alguno de su preceptos relativos a la inscripción de la defunción, siendo sustituida por la más genérica de facultativo; la nueva ordenación de las funciones del colectivo forense por Ley Orgánica 7/2015, de 21 julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial, eliminando de entre ellas la asistencia técnica a las Oficinas del Registro civil; y por último la modificación de parte del articulado de la Ley del Registro Civil relativo a la inscripción de fallecimiento por Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria, y por Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, justifican a mi entender el tratamiento registral del fallecimiento, realidad jurídica tan vinculada al colectivo forense.

Derecho Procesal Civil

Este texto presenta, como un verdadero compendio, un particular enfoque del procedimiento civil colombiano, propio de un curso universitario, útil para su aprendizaje en el aula. Desarrolla de ese modo, tanto de la parte general como de la parte especial o de los procesos, reguladas en el Código de Procedimiento Civil y en algunas leyes complementarias, los conocimientos más sustanciales de la materia. Los veinticinco capítulos que integran el manual, en los cuales de modo intencional únicamente se aborda lo que se considera usual en la enseñanza de la disciplina, tratan, los primeros catorce, de la estructura del código procesal civil, de la jurisdicción y de la competencia, de la demanda y la contestación, de los incidentes y otros trámites, de los recursos, de las providencias judiciales, de la interrupción y de la suspensión del proceso, de la terminación anormal de éste, de las medidas cautelares y de varios temas más de aplicación general; y los restantes, se ocupan de los diferentes procesos y procedimientos civiles, tales como el proceso ordinario, el abreviado, los verbales, los especiales, el proceso de ejecución, el proceso de sucesión y otros liquidatorios, la jurisdicción voluntaria y el proceso arbitral.

Entre la vida y la muerte: posturas de la población frente a las decisiones individuales de interrupción voluntaria de la vida (eutanasia y suicidio)

El presente proyecto se encuadra dentro de una línea de investigación orientada hacia el análisis empírico (es decir no normativo) de la legalidad y moralidad de diversas prácticas sociales (aborto, eutanasia, suicidio, pena de muerte) que son objeto de debates sociales como de políticas públicas más o menos explícitas. Desde un punto de vista teórico se intenta profundizar el estudio del significado social de la muerte y del derecho individual a interrumpirla por razones personales e individuales. Nuestro problema de investigación se centra en el análisis de las propuestas que detenta la población en relación a la eutanasia y al suicidio tanto con fines descriptivos como explicativos. (...) De acuerdo a la literatura consultada y a nuestros hallazgos en análisis previos hipotetizamos que la mayor parte de la población tomaría una posición contraria al derecho individual a disponer de la vida propia por fines personales y privados. Asimismo, hipotetizamos que los factores estructurales (educación, nivel socioeconómico, sexo y edad) tienen menor poder explicativo o al menos una influencia más inestable, que factores culturales como la religiosidad para explicar las variaciones actitudinales y de opinión en relación a los fenómenos estudiados. El objetivo general que se pretende alcanzar en el período por el que se solicita el subsidio consiste en describir y explicar las tendencias de opinión hacia la interrupción voluntaria de la vida en la población de Córdoba. Objetivos específicos: * Describir uniformidades de opinión y la existencia de comunidades morales en torno al debate sobre el derecho individual para interrumpir la vida propia por motivos o intereses personales y privados. * Detectar asociaciones entre las posiciones que los individuos detentan frente a la eutanasia y al suicidio con la que poseen frente a otros dos fenómenos referidos a la interrupción voluntaria de la vida: la pena de muerte (con fines públicos y punitivos) y el aborto (en el que se interrumpe el nacimiento). * Analizar las asociaciones entre las posiciones de los individuos frente a la eutanasia y el suicidio y variables sociodemográficas y culturales. * Explicar las variaciones de opinión de esos fenómenos por variables estructurales y culturales.

La Revelación de información obligatoria y voluntaria (activos intangibles) en las entidades de crédito. Factores determinantes.

En esta investigación se analizan los factores que influyen en la revelación de información tanto obligatoria como voluntaria (activos intangibles) en las entidades de crédito españolas en sus informes anuales, contrastando si son diferentes los factores que influyen en la revelación de una u otra información.

La noción de jurisdicción en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su repercusión extraterritorial en el marco de los conflictos armados

Proyecto de investigación realizado a partir de una estancia en el Institut des Hautes Etudes Européennes, Francia, entre febrero y diciembre del 2007. El Consejo de Europa es una organización internacional que nació de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, con la voluntad de los Estados fundadores de unir más estrechamente a sus miembros, y con el objetivo fundamental de “salvaguardar y proteger los ideales y principios que son su patrimonio común, así como favorecer su progreso económico y social”. Cada uno de sus Estados Miembros reconoce el principio de la preeminencia del Derecho y el principio en virtud del cual, toda persona que se halle bajo su jurisdicción, ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Por ello, la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos es condición indispensable para adherirse a la Organización. Como el derecho de reconocimiento de recurso individual y la jurisdicción del Tribunal son ahora, desde la entrada en vigor del Protocolo Nº 11, obligatorios para todo Estado parte al Convenio, cualquier persona sometida a la jurisdicción de cualquiera de los 46 Estados, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para quejarse de la vulneración de sus derechos fundamentales. Esta cuestión implica que las reclamaciones relativas a los conflictos armados se examinan caso por caso, sin que el Tribunal pueda intervenir de otra forma que no sea, dentro del marco de sus competencias exclusivamente jurisdiccionales, mediante el examen de los casos concretos presentados ante él.

Interrupción voluntaria del embarazo : Andalucía 1997 : evolución de la incidencia de I.V.E. 1991-1998 : distribución de las I.V.E. en los distritos sanitarios 1998

En port.: Unidad Estadística. Publicado en la página web de la Consejería de Salud: www.juntadeandalucia.es/salud (Consejería de Salud / Profesionales / Estadísticas Sanitarias / Estadísticas de interrupción voluntaria del embarazo > Acceso a las Estadisticas de Interrupción Voluntaria del Embarazo)

Interrupción voluntaria del embarazo : Andalucía 1996 : evolución de la incidencia de I.V.E. : años 1991-1997 : (1997 datos provisionales]

En port.: Unidad Estadística

Interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

Publicado en la página web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: www.juntadeandalucia.es/salud (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales / Profesionales / Salud Pública / Promoción de la Salud / Material Publicado para Inmigrantes)

Computacao Voluntaria

A computação voluntária tem vindo a ganhar uma importância crescente devido a capacidade de computação disponível actualmente nos computadores pessoais. Para muitos trabalhos científicos estima-se que esta estratégia possa complementar (ou até substituir) a necessidade de grandes investimentos em infra-estruturas de computação de elevado desempenho. Esta forma de computação surgiu em 1996 com o projecto GIMPS que consistia na procura computorizada de grandes números primos, utilizando a fórmula de Mersenne, 2p-1, em que “p” representa o número primo. Qualquer pessoa com computador e com uma ligação a Internet podia instalar o programa cliente do GIMPS e participar no projecto disponibilizando poder de computação durante períodos de tempo de não utilização. Seguindo esta analogia seguiram-se os projectos distributed.net em 1997 e SETI@home em 1999, sendo este último o mais popular de todos. Com base neste paradigma de computação muitos projectos de investigação científica foram desenvolvidos, trabalhos na área da física, astronomia, matemática, biologia molecular, normalmente ligados a instituições universitárias que podem beneficiar desta forma de computação, o principal problema é saber como fazer isso e que tecnologias utilizar. Para solucionar esse problema foram propostos protótipos, utilizando as tecnologias BOINC, Condor e Hadoop, onde se pôde avaliar a oportunidade da introdução destes serviços em Instituições Universitárias. Para este fim foram realizados alguns testes nos sistemas implementados com as tecnologias já referidas e definida uma matriz de comparação destas tecnologias focando em características que definem um sistema distribuído.

La jurisdicción competente en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración: una polémica que no cesa. Comentario a los Autos de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2001 y 21 de octubre de 2002 y propuesta de reforma legislativa

En el presente trabajo se comenta la línea jurisprudencial iniciada por el Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2001, por la que se atribuye al orden civil la competencia para enjuiciar las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administraciónpública y su aseguradora de responsabilidad extracontractual, reabriendo la polémica que parecía zanjada tras la triple reforma legislativa de 1998 y 1999, que afirmó la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los pleitos de responsabilidad patrimonial de la Administración.