211 resultados para Ilegales
Resumo:
Colombia durante los últimos años ha intentado cambiar el estigma que tiene, en cuanto a su imagen internacional. Por lo tanto, el país ha tratado de explotar y potenciar las zonas que ha considerado con mayores fortalezas destacándose entre ellas la región de la costa, especialmente la ciudad de Cartagena, permitiéndose el fortalecimiento notable del sector del turismo en esta ciudad. En esa medida, este sector se ha preocupado por mantenerse en una competencia permanente en cuanto a la captación de turistas. Sin embargo, la ciudad de Cartagena se encuentra dentro de una dualidad enmarcada por la desigualdad social que ha polarizado su población. Abriendo paso a la generación actividades que se encuentran determinadas como indeseables. De acuerdo con lo anterior, podría hablarse de que en virtud del turismo se generan unas actividades, que no se encuentran propiamente bajo el marco de lo deseable como en el caso de la prostitución, la venta de estupefacientes y el comercio informal, que sumados a la mala planeación, se han convertido en los mayores problemas que atacan a esta ciudad.
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El presente escrito analiza el resultado de la cooperación internacional OIM y UNICEF con respecto a los procesos que se han llevado a cabo para lograr una desvinculación de la niñez de los grupos armados ilegales del país colombiano. Así mismo, la problemática de la niñez dentro del marco de la cooperación internacional será estudiada y analizada reconociendo los lineamientos establecidos por los diferentes convenios, protocolos, códigos y leyes que salvaguardan los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país.
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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.
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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.
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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.
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La presente monografía analiza el proceso de génesis de la política pública distrital para la reintegración de excombatientes en Bogotá, así como los momentos de cambio de dicha política durante las administraciones de los alcaldes Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Para este fin, esta monografía recurre a enfoques teóricos del policy change, incluyendo el “Enfoque de Corrientes Múltiples” de John Kingdon, el modelo de formación de la agenda desarrollado por Charles Elder y Roger Cobb, y la “Teoría del Equilibrio Puntuado” de Frank Baumgartner y Bryan Jones. Con base en entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de los programas distritales de atención a los desmovilizados y fuentes secundarias, la presente investigación describe las acciones emprendidas por las diferentes administraciones en el periodo 2003-2013 y analiza los cambios que la política experimentó en sus instrumentos de intervención. Así, las acciones iniciales que hacían énfasis en el desmovilizado y su núcleo familiar con el propósito de fortalecer el tejido social, dieron paso a acciones enfocadas principalmente en la reintegración económica de los desmovilizados. Un análisis crítico del proceso de formación de esta política pública y sus principales cambios constituye no solo una contribución empírica a la extensa literatura sobre policy change, sino que provee lecciones para futuros procesos de reintegración de excombatientes en contextos urbanos.
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Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación existente entre los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las organizaciones armadas ilegales.
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El interés de la monografía es analizar la influencia que pueden tener los medios de comunicación en la esfera política. Concretamente se seleccionado el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS, originado por las denuncias y el seguimiento dado por la Revista Semana.
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El conflicto armado colombiano es un fenómeno social, político, económico y simbólico que exige una lectura interdisciplinaria y desde la perspectiva de sus múltiples actores para lograr, en cierta medida, su comprensión. En este sentido, en la escena actual de la confrontación interna del país se cuenta con la posibilidad de obtener la mirada peculiar de aquellos que fueron protagonistas de la guerra, los excombatientes de los grupos armados ilegales y entre ellos un sector poblacional marginal, los menores de edad. Este último conglomerado social ha sido reconocido desde hace pocos años como un agente presente en el conflicto armado, pero no sólo como víctima sino también como actor directo de la violencia armada. Por lo tanto, la presencia de los menores en los grupos armados ilegales ha guiado recientes investigaciones que se centran en los factores que motivan su vinculación a las organizaciones irregulares, la violación a sus derechos fundamentales, las medidas de protección y reeducación que el Estado debe ofrecerles para su reintegro a la civilidad, las implicaciones psicosociales, físicas y legales de su experiencia en la guerra, y las políticas encaminadas hacia la prevención de esta problemática.
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La idea de este trabajo consiste desarrollar el tema de La formación de actividades ilegales en la ciudad de Cartagena a partir de la desigualdad económica como resultado de la Gestión Distrital en el sector del turismo. Análisis del periodo: 2002-2006. Se desarrollara a través de tres capítulos argumentados en donde se pretende explicar de manera clara y concreta el problema planteado. El primer capitulo: Tema de estudio y perspectiva turística dentro de la ciudad de Cartagena, consiste en caracterizar el planteamiento general del tema mediante un análisis general de la situación, y por supuesto, un análisis claro del sector turístico de la región y de la ciudad de Cartagena. El segundo capítulo: Actividades que se generan paralelamente a las acciones inherentes al sector del turismo dentro de la ciudad, consiste en la identificación de estas actividades con el fin de generar un marco general y claro en cuanto a las actividades indeseables que existen. Finalizando con el tercer capítulo: La acción de las organizaciones encargadas de tratar las problemáticas derivadas de las actividades indeseables en el marco de los programas específicos desarrollados en función de la población menos favorecida. Consiste en el análisis de la acción de las organizaciones, proyectos e impacto con el fin de ilustrar de manera general y concreta la situación de la población dentro de la ciudad, al mismo tiempo que se tienen en cuenta los distintos agentes que intervienen en pro de solucionar las diferentes problemáticas.
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Una de las problemáticas más singulares que se presentan en la actualidad urbana es la individualidad de los ciudadanos. Esta tendencia también se manifiesta mediante la reciente preferencia de los ciudadanos por nuevos tipos de viviendas, delimitadas por barreras físicas y habitadas por colectivos relativamente homogéneos. Se trata de territorios denominados “conjuntos cerrados” que se han convertido en un tema relevante para entender a la ciudad como un fenómeno de la realidad contemporánea. En Bogotá se presenta esta situación; sin embargo, este artículo no se reduce a estudiarlas. En un sentido más amplio, busca adentrarse en la problemática socio-espacial del fenómeno urbano mediante el análisis del “uso indebido del cerramiento”. Esta práctica es contrastada con el desarrollo del espacio público de Bogotá durante los últimos tres lustros. El planteamiento general busca analizar esta tensión real y simbólica. Finalmente, debe resaltarse la recurrencia a las querellas como unidad de medición cuantitativa la cual permite hacer procesos comparativos de tipo social y espacial. Este método puede aportar mecanismos útiles para la comprensión de esta y otras realidades urbanas.
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El presente estudio de caso, indaga por la efectividad y el cumplimiento de la Política Pública de Reintegración Social y Económica, en sus aspectos psicosocial y de educación, tomando al Centro de Servicios de Engativá de la cuidad de Bogotá como materia de estudio, en el periodo de 2009 a 2010.
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Este estudio de caso busca evaluar las consecuencias de la transformación de los grupos armados ilegales en Argelia para la seguridad y defensa francesa. Se analiza y explica cómo a raíz del cambio de denominación del GIA al GSPC, y este último al actual AQMI, el gobierno francés ha modificado su perspectiva sobre las amenazas hacia su Estado, conllevando a que las herramientas para la protección de su seguridad nacional presenten cambios con el objetivo de contrarrestar esos nuevos escenarios de inseguridad. Para ello se expondrán autores como Walter Laqueur Mohammed Ayoob y Barry Buzan con el fin de establecer un contexto teórico que permita avanzar hacia el objetivo de esta investigación, el cual se centra en demostrar el cambio de la política de seguridad y defensa de Francia a partir de los grupos armados ilegales en Argelia durante el periodo de 2007 a 2013.
Resumo:
El presente trabajo tiene como objetivo calificar las organizaciones armadas ilegales colombianos a la luz de las Resoluciones emitidas por del Consejo de Seguridad de la ONU después del 11 de septiembre de 2001
Resumo:
La siguiente investigación sostiene que las migraciones ilegales marroquíes hacia España, propiciaron la formulación de una vertiente mediterránea en el marco de la Política Europea de Vecindad, en lo que supuso un liderazgo español en los procesos de negociación e implementación de esta estrategia mediante la retórica del codesarrollo. Con el objetivo de obtener beneficios concretos en el tratamiento del fenómeno migratorio, el papel de España implicó una europeización de su política exterior, y concretamente de sus asuntos fronterizos con Marruecos, en un proceso denominado Top-Down que implicó una adaptación del país ibérico a la arquitectura político-institucional construida por la PEV. En definitiva, la prueba de este proceso yace en la inclusión de un Plan de Acción UE-Marruecos en 2005, y de un Estatuto Avanzado Euro-marroquí que redefinió las prioridades alcanzadas en materia bilateral por la PEV.