45 resultados para Guerrilleros
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La reintegración social es el primer reto para los excombatientes del conflicto que deciden volver a convivir en sociedad, enfrentando el desafío de adquirir los hábitos y destrezas que les permitan conseguir un empleo, adaptarse a la vida familiar y del barrio.
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Esta monografía busca examinar el papel del Comando Conjunto en Colombia en el desempeño de las Fuerzas Militares en la lucha contrainsurgente. Se tomará como caso específico de estudio el Comando Conjunto Número 1 Caribe, partiendo desde las metas y responsabilidades impuestas a las Fuerzas por la Política de Seguridad Democrática en el año 2003 en cuanto a la lucha frontal contra los grupos guerrilleros, de autodefensas, de delincuencia común y de narcotráfico, haciendo énfasis en la consolidación territorial, el mantenimiento de la capacidad disuasiva y el fortalecimiento de ellas mismas.
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El problema de la propiedad de la tierra en Colombia es un problema bastante antiguo que se remonta mucho antes del siglo XX, el cuestionamiento de los títulos de propiedad de los terratenientes, representa el inicio de una larga lucha del campesinado por defender su trabajo y su propia vida. En la presente investigación, se busca establecer la relación entre los conflictos por el acceso a la tierra y el origen de grupos guerrilleros en la región de Sumapaz, oriente y sur del Tolima en los años 1946 a 1966. En los años 1946 a 1966, en la transición de los grupos de autodefensa de masas a movimientos guerrilleros, fueron determinantes factores como: la desigualdad social en el campo, los conflictos por el acceso a la tierra, la lucha bipartidista y la influencia del Partido Comunista. Estos factores tuvieron una fuerte incidencia en la organización campesina y posteriormente en la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).
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El trabajo realizado sobre la condición femenina de la mujer víctima en la masacre de El Salado, es un análisis de la bibliografía existente que narran los hechos y acontecimientos ocurridos en los Montes de María en febrero del año 2000. Partiendo de los testimonios de los sobrevivientes, archivos y videos históricos de dicha masacre, se analizará la información existente primordialmente a partir de concepciones propias del psicoanálisis, principalmente desde los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan, especialmente en relación a la condición femenina y al trauma psíquico. Se utilizan categorías de análisis, las cuales pueden ofrecer respuestas sobre los aspectos simbólicos que surgieron en los momentos previos, durante y algunos días después de la masacre, haciendo énfasis en los acontecimientos en que fueron víctimas las mujeres, con el fin de analizar el papel que cumple la mujer en este tipo de masacres o eventos violentos. En los testimonios se encuentra una diferencia significativa en los actos violentos entre los hombres y las mujeres de la masacre de El Salado, donde las mujeres fueron abusadas sexualmente y además juzgadas por tener relaciones de pareja con sujetos pertenecientes a grupos guerrilleros, lo que sugiere que la condición femenina desempeña un papel diferente en la guerra, en este caso en la masacre de El Salado del año 2000.
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Esta investigación se pregunta sobre las diferentes narrativas históricas que se han construido sobre la figura de los soldados rasos de la guerra de Corea, y por cómo ellos han generado estrategias en su relato que se ajustan a unos procesos históricos determinados.
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La presente Monografía pretende describir los diferentes sucesos que se dieron al interior de la zona de distensión del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Cabe mencionar, que ésta era la primera vez en la cual se despejaba una parte del territorio nacional, para que un grupo al margen de la ley se acentuara allí. A raíz de esto, se establecerá porque la zona de distensión puede considerarse como un Estado al interior de Colombia si ésta nunca lo llegó a ser. Finalmente, se describirá la administración realizada por las FARC en dicha zona, teniendo como base el concepto de Estado fallido, y se determinará si la gestión llevada a cabo por los guerrilleros puede considerarse como fallida.
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La aspersión aérea con Glifosato ha sido una política importante en la lucha contra las drogas en Colombia. Como se verá a lo largo de la monografía, hay posiciones encontradas respecto a su uso y efectos colaterales, las cuales han generado tanto fricciones como cooperación a nivel internacional. En este trabajo se busca entender mejor los temas que se debaten y evaluar como opera la política de erradicación a través de la aspersión aérea con Glifosato, junto con sus logros y problemas. De acuerdo a las estadísticas presentadas por la ONU, los Estados Unidos y el gobierno colombiano sobre el número de hectáreas erradicadas a través de la aspersión aérea con Glifosato, éstas demuestran que han disminuido, aunque durante el último año, los resultados no han sido los esperados, siendo éstos difíciles de evaluar. Un problema con las cifras surge de la frecuente equiparación de la fumigación con la erradicación. En realidad, como se mostrará, una hectárea fumigada no es necesariamente erradicada. Otros de los puntos debatidos son el efecto de la aspersión sobre la salud de los habitantes de zonas asperjadas, sobre el desplazamiento de cultivos y de personas y el posible aumento en la oferta de mano de obra para los guerrilleros y paramilitares. Así mismo, se han presentado algunos efectos colaterales en las áreas de cultivos ilegales que perjudican y entorpecen el proceso de erradicación de éstos.
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La investigación se centra en analizar la intervención progresiva de los actores externos en los procesos de paz en Colombia. La metodología a desarrollar pasa principalmente por dos momentos, en un primero momento se centra en realizar un acercamiento teórico que incluye varios capítulos del texto y en un segundo momento se requerirá de un ejercicio comparativo entre los procesos de negociación llevados a cabo entre el ELN y el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), así como entre y las FARC-EP en similares periodos de tiempo. Es ahí donde se enmarca la creación y actuación del denominado Grupo de Países Amigos y 2Facilitadores para el proceso Gobierno – ELN, en el año 2000 y de la Comisión de Países Facilitadores para el Proceso de Paz entre el Gobierno y la FARC-EP (abril de 2001). De esta manera el lector encontrará en el documento 4 capítulos. En el primer capítulo se realizará un abordaje teórico donde se hará énfasis en el concepto de las nuevas guerras y la intervención de países en conflictos internos, bajo el lente de las Relaciones Internacionales. Una vez dilucidados tales aspectos, en el capítulo dos se revisarán los principales antecedentes de la participación de países externos dentro de los procesos de paz en Colombia en el período comprendido entre 1982-1998, de la misma manera, en el capítulo tres encontrarán una breve descripción de los procesos de paz entre el gobierno colombiano y los dos grupos guerrilleros. Posteriormente el texto se concentra sobre el periodo del presidente Pastrana (1998-2002) y la creación de las figuras de negociación reseñadas. Finalmente se plantean las conclusiones.
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El tema de este escrito es el de la dimensión normativa o jurídica de la justicia transicional en América Latina y Colombia y, más precisamente, el desafío de lograr que uno de sus componentes jurídicos, el relacionado con las reglas y estándares sobre los derechos de las víctimas fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean asumidos como obligaciones efectivas de respeto y garantía por las autoridades colombianas. La tesis estriba en que la incorporación de esas reglas y estándares de origen judicial es obligatoria para Colombia y los Estados parte en la Convención Americana, tanto en situaciones de normalidad como en el marco de procesos de transición, como el iniciado en este país con los paramilitares y hoy continuado con los guerrilleros. Adicionalmente se muestra que la asunción de esos estándares provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no parece clara, lo que permite cuestionar la consistencia del proceso y plantear el riesgo de un eventual juzgamiento posterior por cortes internacionales
