794 resultados para Funcionarios públicos – Colombia


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La falta disciplinaria será aquella conducta típica, antijurídica y culpable, pues eso se desprende de los principios rectores del derecho disciplinario, los cuales tienen una consagración normativa en el ordenamiento jurídico colombiano, más específicamente en la Ley 734 de 2002, actual Código Disciplinario Único. La Ilicitud Sustancial es el elemento que delimita la antijuridicidad de la responsabilidad disciplinaria, y se debe decir que el alcance de dicho concepto no ha sido definido de manera precisa por parte de la ley, ni de manera unánime por parte de la doctrina, ni muchos menos por parte de la jurisprudencia. Luego de exponer las reflexiones hechas respecto al alcance de la ilicitud sustancial, se argumentará el por qué se debe entender el alcance de ese concepto bajo la siguiente hipótesis: La ilicitud sustancial debe entenderse en términos de antijuridicidad material, lo cual apunta a que la falta, además de ser típica y culpable, debe vulnerar realmente la Función Pública como bien jurídico a proteger por el Derecho Disciplinario, o ponerla en peligro manifiesto, pues ese tipo de derecho sancionador debe ser estrictamente limitado, ya que sus consecuencias son muy gravosas para los derechos de la personas destinatarias de la Ley Disciplinaria.

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El siglo XX abrió paso a la discusión de los derechos obreros alentado por el carácter fundamental del trabajo en la sociedad como motor de su desarrollo pero, igualmente, desestimados por su incapacidad de responder a los requerimientos y lógicas del capital, que abusó de la fuerza de trabajo. En ese orden de ideas surgió, en una la lucha de contrarios, la necesidad de organizarse a través de estructuras que les permitiesen plantear condiciones dignas y justas en el desarrollo de sus labores, que no implicaran, sin embargo, una disminución en la productividad. No obstante, los dilemas respecto del costo beneficio que implicó dicha organización no fue fácil, requirió de grandes esfuerzos, que quebrantaron la pasividad con la que los empleadores o patronos asumieron la responsabilidad para con ellos, no desde un punto de vista doméstico y paliativo, sino del reconocimiento de un mínimo de beneficios y garantías que debían ir ligadas al trabajo. Esa estrechez en las concesiones de los patronos, sumadas a las normales tensiones originadas en la solicitud de tales derechos, conllevó a plantear organizaciones obreras fuertes consolidadas a partir del discurso. De esta manera, analizar la participación del Movimiento Social Sindical en la arena política colombiana es un tema de estudio fundamental desde la Ciencia Política. Hoy en día, se refleja la enorme necesidad de entender cómo los sindicatos, así como otros movimientos sociales, evidencian un gran potencial en la sociedad para consolidarse como una fuerza política representativa y autónoma que gesta actividades en el ámbito público y personifica el interés de un amplio sector de la sociedad.

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En primer lugar se analiza la responsabilidad estatal en general en el derecho comparado, indicando las clases de responsabilidades estatales. Luego hablamos de la responsabilidad extracontractual, sus orígenes y evolución para señalar la responsa

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Uno de los graves problemas de la administración pública en Colombia y que ha hecho posible, entre otras cosas, parte del establecimiento de la corrupción administrativa, es la institucionalización de la irresponsabilidad de los servidores públicos

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El retiro del servicio de los empleados públicos aparece como una facultad reglada en las normas del empleo público que, cuando se da alguna de las hipótesis legales que lo hacen procedente, facultan al nominador para ejercer sus atribuciones legales, persiguiendo, ante todo, razones del servicio: su mejora, renovación, eficiencia y moralidad, entre otras. El problema jurídico a resolver con el presente trabajo se plantea a partir del concepto de una buena administración del Estado, establecer la procedencia y elementos estructurales de una política para la prevención del daño antijurídico por el retiro del servicio de servidores públicos que, conforme al ordenamiento jurídico, gozan de una especial protección constitucional o legal. Conocer el concepto, el alcance, la regulación y desarrollo jurisprudencial de esta trascendental atribución para el servicio público, resulta indispensable para la debida aplicación del derecho, del ejercicio de las atribuciones públicas por parte de la Administración, y para la prevención del daño antijurídico.

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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

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El artículo indaga en los discursos de los funcionarios/as públicos responsables de la ejecución de ocho programas/planes sociales ejecutados en el espacio local -barrio Altos de San Lorenzo ubicado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina-, a fin de identificar lógicas y racionalidades subyacentes según las condiciones de implementación de cada intervención. El marco conceptual incluyó la utilización de una tipología de programas sociales, elaborada a partir de dos ejes: la naturaleza o programabilidad de la tarea y la interacción que la intervención promueve entre operadores y beneficiarios; además, consideró cuatro tipos de racionalidad: técnica, burocrática, política y orientada al destinatario. El objetivo fue establecer para cada una el grado de racionalidad que dan cuenta los ejecutores de cada programa, a partir de una metodología de análisis del discurso. Las conclusiones principales señalan que, aunque existen variaciones importantes entre las racionalidades más influyentes según el tipo de programa, es interesante destacar el lugar central y la preponderancia que ocupan la racionalidad política y la orientada al destinatario

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Fil: Sánchez, Leandro Enrique. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.

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El artículo indaga en los discursos de los funcionarios/as públicos responsables de la ejecución de ocho programas/planes sociales ejecutados en el espacio local -barrio Altos de San Lorenzo ubicado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina-, a fin de identificar lógicas y racionalidades subyacentes según las condiciones de implementación de cada intervención. El marco conceptual incluyó la utilización de una tipología de programas sociales, elaborada a partir de dos ejes: la naturaleza o programabilidad de la tarea y la interacción que la intervención promueve entre operadores y beneficiarios; además, consideró cuatro tipos de racionalidad: técnica, burocrática, política y orientada al destinatario. El objetivo fue establecer para cada una el grado de racionalidad que dan cuenta los ejecutores de cada programa, a partir de una metodología de análisis del discurso. Las conclusiones principales señalan que, aunque existen variaciones importantes entre las racionalidades más influyentes según el tipo de programa, es interesante destacar el lugar central y la preponderancia que ocupan la racionalidad política y la orientada al destinatario

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Fil: Sánchez, Leandro Enrique. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.

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El artículo indaga en los discursos de los funcionarios/as públicos responsables de la ejecución de ocho programas/planes sociales ejecutados en el espacio local -barrio Altos de San Lorenzo ubicado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina-, a fin de identificar lógicas y racionalidades subyacentes según las condiciones de implementación de cada intervención. El marco conceptual incluyó la utilización de una tipología de programas sociales, elaborada a partir de dos ejes: la naturaleza o programabilidad de la tarea y la interacción que la intervención promueve entre operadores y beneficiarios; además, consideró cuatro tipos de racionalidad: técnica, burocrática, política y orientada al destinatario. El objetivo fue establecer para cada una el grado de racionalidad que dan cuenta los ejecutores de cada programa, a partir de una metodología de análisis del discurso. Las conclusiones principales señalan que, aunque existen variaciones importantes entre las racionalidades más influyentes según el tipo de programa, es interesante destacar el lugar central y la preponderancia que ocupan la racionalidad política y la orientada al destinatario

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Esta obra se continua en: Boletin jurídico-administrativo : anuario de legislación y jurisprudencia : apéndice al Diccionario de la Administración española.