762 resultados para Estado constitucional
Resumo:
En la presente disertación abordaré el periplo que desarrolla el Estado de Derecho desde la aparición de los Estados modernos hasta la actualidad, mostrando algunas situaciones paradójicas a las que ha dado lugar y analizando las distintas justificaciones que se han realizado en el pensamiento filosófico político y jurídico. Voy a dividir esta presentación en dos partes: 1) Una breve descripción del desarrollo histórico del Estado de Derecho moderno hasta la actualidad, señalando sus distintos modelos y sus principales características, junto con algunas paradojas en el Estado de Derecho actual; 2) Un breve análisis de las distintas justificaciones teóricas respecto al Estado de Derecho, especialmente centradas en su versión actual de Estado Constitucional de Derecho. Por último terminaré con algunas reflexiones personales. La primera parte es más descriptiva del cuadro de situación y la segunda, más reflexiva de la misma desde el punto de vista filosófico.
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Este trabalho tem o objetivo de explorar e investigar o papel desempenhado pelo gênero e pela sexualidade (mais especificamente a orientação sexual e sua aptidão para gerar arranjos íntimos, conjugais e familiares), na formulação de demandas a serem enfrentadas pelo sistema jurídico por meio de novas configurações ou de interpretações dos direitos humanos e fundamentais, possibilitando uma penetração do espaço público por elementos próprios da esfera da intimidade. Isto ocorre por meio de interferências recíprocas balizadas pela gramática constitucional dos direitos humanos e fundamentais, pelas quais se redimensiona a sua formulação e aplicação pelos atores sociais, ao mesmo tempo em que estes invocam sua linguagem inclusiva e igualitária na busca de reconhecimento, inclusão e participação, objetivos que realizam a ideia de reciprocidade contida no Estado de Direito formal, a igualdade de gênero e de orientação sexual torna-se mais do que um ideal regulatório, indo além para tornar-se uma concepção de justiça ela própria, informada também por uma dimensão substantiva de Estado de Direito relacionada ao paradigma democrático, ainda que os direitos que realizam tal ideal de justiça devam ser concretizados judicialmente em diferentes graus, a partir das funções dos direitos e com vistas a compatibilizar universalidade e singularidade e permitindo os canais de comunicação para a veiculação das pretensões da minoria à luz do diálogo com a maioria.
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O presente trabalho, plasmado em metodologia jurídica, reflete criticamente sobre o problema da motivação da sentença civil como elemento de organização e de funcionamento do Estado Constitucional Democrático de Direito. A motivação é condição essencial de jurisdicionalidade, no sentido de que sem motivação não há exercício legítimo da função jurisdicional. O trabalho faz uma abordagem da natureza da motivação como discurso justificativo, jurídico e racional, da validade dos critérios de escolha ou de valoração empregados pelo juiz em sua decisão. O raciocínio do juiz é apresentado sob dupla feição: raciocínio decisório interno (contexto de descoberta ou deliberação) e raciocínio justificativo externo (contexto de justificação ou de validação). O conjunto das funções técnico-instrumental (endoprocessual) e político-garantística (extraprocessual) é objeto de investigação. A motivação, nos planos teórico e prático, exerce também a função de garantia do garantismo processual. A tese da inexistência jurídica da sentença tem três eixos teóricos: omissão total da motivação gráfica; falta de motivação ideológica, equiparada à hipótese de ausência de motivação gráfica; incompatibilidade lógica radical entre as premissas ou entre as premissas e a conclusão final, que também equivale à ausência total de motivação. O trabalho retrata um modelo de injustiça atemporal vivificado pelo juiz Crono, oposto à motivação como inestimável fator de legitimação argumentativa da jurisdição. A obrigatoriedade de motivação pública é o traço característico da jurisdição de nossa contemporaneidade e representa a maior conquista civilizatória do processo équo e justo.
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This paper aims to demonstrate how in the constitutional rule of law the right of resistance plays a key role in its development, its adaptation to the changing reality of society and the satisfaction of the interests of all the people involved in this common project. Firstly, we will analyze how individuals or social groups must act when they suffer injustices due to state acts or laws that violate their most basic rights. In some cases, we believe that they have the right to exercise any form of weak resistance that they deem appropriate to present at the public scene a cause that must be socially and politically recognized. Secondly, we will see what happens when the rule of law itself is in danger. In that case, we believe that society will have not only the right but the duty to exercise the resistance in its most extreme form to defend the existing constitutional order of any illegitimate authority that seeks to impose itself on it and the sovereignty of the people.
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El informe está pensado como una herramienta que contribuya al trabajo de promoción, garantía y exigibilidad de los derechos humanos, desde varias dimensiones: • Como un instrumento político que permita contar con información y generar conocimiento a través del análisis y ubicación de tendencias sobre la vigencia y protección de derechos humanos en el Ecuador. • Como mecanismo de seguimiento para observar la evolución y desarrollo de los derechos, fomentando un ejercicio permanente de reflexión que contribuya a fortalecer la memoria y promover la acción de la sociedad. • Como instrumento pedagógico que apoye la generación de conocimiento y la adquisición de destrezas en la sociedad civil, en la elaboración y utilización de los informes; para lo cual incorpora las experiencias previas de elaboración de informes alternativos, temáticos y sombras, a nivel nacional y regional. Bajo estas dimensiones, el informe se caracteriza por tener un carácter participativo y de construcción colectiva, fomentando los lazos de relación entre organizaciones de la sociedad civil, academia y cooperación internacional. Asume el desafío que plantea elaborar un informe sobre derechos humanos teniendo en consideración su amplio catálogo, por lo que promueve la ubicación y reflexión sobre situaciones, contextos, medidas e implicaciones de éstas para los derechos humanos, considerando el carácter integral de los mismos. El proceso de elaboración del informe se inscribe en una práctica alternativa, por tanto no estatal, independiente, que permite ampliar y complementar la reflexión sobre el desarrollo de los derechos; por ello, su principal referente son las organizaciones de la sociedad civil. El presente informe ubica el análisis central de los derechos de justicia, seguridad y ambiente, los cuales gravitaron en el debate jurídico, político y social del año 2009. Como temas conexos y en muchos aspectos interrelacionados con los primeros, los derechos de: información, participación, salud, trabajo, movilidad humana y territorio. En el ámbito internacional, da cuenta de los avances del país en la protección internacional de derechos humanos, a través de la ubicación del accionar de los órganos de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. Finalmente, recoge las reseñas de los informes alternativos elaborados por organizaciones de la sociedad civil, durante el año 2009, con la finalidad de promover su difusión y conocimiento, así como el esfuerzo realizado.
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Trata de la justicia como un derecho, se enfoca en la crisis de la justicia ecuatoriana, analizando la relación entre justicia y el nuevo marco constitucional del 2008, su adecuación, la normativa secundaria a la misma y los proyectos de ley presentados. analiza la institucionalidad que se establece a partir de la nueva Carta Magna. Análiza las políticas públicas de justicia desarrolladas en el año 2009, tomando como referentes: el Plan Nacional de Desarrollo, los programas institucionales específicos, el presupuesto y algunos de los ejes del proceso de modernización de la justicia. Detalla los ejes del proceso de modernización y la independencia judicial. Da a conocer los casos de sentencias por violaciones a los derechos humanos en el 2009.
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El presente tiene como propósitos analizar el cambio de modelo de Estado que trajo la Constitución del 2008, (Estado Constitucional de Derechos y Justicia), a diferencia de lo que estableció la Constitución de 1998, (Estado Social de Derecho), y en función de la transformación de este principio rector, evidenciar los avances en materia de derechos constitucionales, sus principios de aplicación, así como la protección judicial de los mismos, dando especial énfasis en los derechos sociales y su justiciabilidad. El estudio abarca un examen comparativo teórico-normativo de los dos regímenes constitucionales en lo que respecta al contenido, alcances, denominación y garantía judicial de los derechos sociales, y en esta perspectiva la tarea de los jueces frente a una nueva realidad constitucional en lo atinente a la interpretación, rol creador de derechos y guardián del Estado Constitucional de Derechos. Se incluyen también algunos datos relevantes referentes a la utilización de la acción de protección como mecanismo idóneo para tutelar derechos del buen vivir, así como una breve referencia al problema de la residualidad como característica asignada a dicha acción, lo que se ha constituido en un fuerte obstáculo para obtener una garantía jurisdiccional efectiva de los derechos constitucionales, incluidos los sociales. Por último se estudia resoluciones y sentencias concretas de acciones de amparo (Constitución 1998) y de acciones de protección (Constitución del 2008), con la finalidad de evidenciar si el cambio constitucional ha tenido eficacia en la realidad jurisprudencial, llegando a concluir que pese a la mutación de modelo, no se refleja en la realidad judicial un cambio considerable en relación a la protección eficaz de los derechos sociales.
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Esta investigación estudia el rol del juez en el Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador, el error inexcusable y el procesamiento disciplinario por error judicial inexcusable desde sus principios de legalidad y taxatividad, la etiología del error, el órgano competente y la independencia judicial. Presenta conclusiones y recomendaciones.
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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.
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The domination of the violence for the Rule of law awakened a tension between the practice of the punitive power and the right to counsel. However, throughout the recent history of the Criminal law, this shock of forces has been determined for the punitive power. In this perspective, the present work intends to submit the guarantee of defense to a critical judgment, in search to conciliate its content to the Constitutional State of Right. For in such a way, it will be necessary to recognize the disequilibrium of the situation, but without considering the superiority of any of these elements. The State in such a way must fulfill the function to punish the culprits as to acquit the innocents. Despite the law is far from obtaining a harmonious speech, it is necessary that the defense guarantee coexists the punitive power as part of an only public interest, which is, to make criminal justice. In such a way, the existence of a sustainable balance between the punitive power and the guarantee of defense depend on the minimum interference of Criminal law and, also, of the judicial position in the concrete case. The present work faces, therefore, the moment of crisis of the Criminal law, consolidated with the advent of a new way of thinking according to the procedural guarantees, that will demand the overcoming of the old concepts. The Constitutional State of Right not only constitutes an efectiveness of the regime of the right to counsel, but in a similar way it searchs to accomplish the right of action and criminal justice as a whole. Knowing that the philosophy of the language raises doubts on the certainty, the truth and the judgement, it is imposed to understand that the defense guarantee is no more about a simple idea, but, in the crooked ways of the communication, we intend to find what the judge s function is when he faces this new reality
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The citizenship is a fundamental category to the democratic progress and the development and concretization of human rights, in addition to being one of the essential foundations of democratic contextualized in the rule of law of the Federative Republic of Brazil. That’s exactly why the discussion about its concept and content is a paramount requirement to the understanding and interpretation-application-concretization of the Federal Constitution of 1988, as well as its democracy, since there is no democracy without citizenship. That is why the general objective of the research is to determine the characteristics of the citizenship, relating it to the Law, as well as to discuss (critically) its inclusion in the list of fundamental rights and delimitate the scope of protection and the limits of this right, in the context of Brazilian law post-1988 Constitution. The specific objectives are: a) to analyze the concept of citizenship, its extent and scope, contextualizing it historically; b) to examine the evolution of the legal and regulatory treatment of the citizenship in Brazilian constitutions, focusing on the 1988 Constitution; c) assess whether citizenship can be considered a fundamental right; d) to investigate which implications, theoretical and practical, of assignment fundamentality character to the right to citizenship. This research identifies and deconstructs current conceptual confusions, such as the lack of distinction between citizenship and nationality; citizenship and electoral capacity; citizenship and person. It also helps to identify and oppose the generalizations, as well as the excessively abstract associations which tend to purely metaphysical understandings, fluid and empty of any content. The main virtue, however, is the proposed of understanding of the citizenship as a fundamental right and the examination of the relationship between citizenship and human dignity. In this context, citizenship appears as a corollary of human dignity and it goes beyond. This (human dignity) requires equality, non-arbitraries, non-excessive, disproportionate or unreasonable impositions affecting their freedom rights, and, yet, doesn’t affect a minimum core of possibilities of have to a decent life, in conditions of freedom and self-conformation involved in the necessary consideration of the individual as a subject. All of this requires a decision-making process, molded by the citizenship, which reaches the entire development process of possible state interventions, to ensure the person as a subject, the right holder and the objective point of reference of the juridical relations. Thus, the citizenship represents a substantial and beneficial addition to the human dignity, since the emancipated citizen is a person, formally and materially, qualified, to be able to build their own and collectively organized history, to participate effectively in the making processes decision juridical and social
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The creation of the National Council of Justice (CNJ) through the Constitutional Amendment nº 45/2004, derived from countless gaps in Brazilian law, mainly relating to procedural delays, ineffectiveness of judicial decisions, and the lack of mechanisms that enable, effectively, disciplinary accountability of judges. The council is constitutionally designed as a member of the Judiciary, which has administrative nature and laid assignments in art. 103-B, § 4 of the current Constitution, among which is to edit regulations to instrument its performance. However, since it came into force, the amendment raised extensive discussions, linked in particular to the constitutionality of the CNJ, which was made through the direct action of unconstitutionality nº 3367, against the alleged violation of the principles of separation of powers and federative form, as well as the limits of its regulatory powers, as has fanned out in ADI nº 3823/ DF, this one dealing on Resolution nº 07, which regulates the seal of nepotism practice in the judiciary. However, despite the Supreme Court has already pronounced on the matter, recognizing the constitutionality of the council, as well as the resolution already said, the debate is in a state of latency, and may erupt again with each new manifestation of regulatory CNJ, given the lack of agreement between doctrine and jurisprudence around the constitutional treatment of its regulatory powers. In this context undeniably reflection on the definition of the regulatory power of the CNJ, presents itself as extremely relevant, and current, in particular in the ambience of the Constitutional Rule of Law, where he strives for legal certainty and consolidation of regulatory institutions. So that it could reach a satisfactory result, skilled at resolving the problems raised, the present study analyzed the reasons that gave rise to the creation of the CNJ, demonstrating their indispensability, but also sought to characterize the status of their administrative and constitutional body, noting finally, the compatibility of its regulatory activities to constitutional principles. From this perspective, we adopted the deductive method and carried out research and bibliographic nature documentary.
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El siguiente articulo tiene por objetivo las bases epistemologicas que fundamentan la regulación estatal en el ambito de la economia libre de mercado a partir de las ideas del Laissez-faire compartidas por la escuela de Viena.