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La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

España y política exterior de la UE

Durante el primer semestre de 2002, España ejerció la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, por tercera vez. Las relaciones exteriores de la Unión son cada vez más complejas y amplias. España afrontó esta Presidencia con una agenda, en la que sumaba sus tradicionales áreas de influencia a la gestión continuista de la política exterior de la Unión. En este sentido, el Observatorio de Política Exterior Europea del Institut Universitari d’Estudis Europeus, que se presenta como un grupo de investigadores cuyo principal interés es el análisis de la dimensión exterior de la UE, hace balance en este Quadern de las prioridades y resultados efectivos del programa de la Presidencia.

Portafolios electrónicos y educación superior en España: Situación y tendencias

En el marco de la consolidación de la RED de portafolios electrónicos (e-portafolios) en el estado español, el presente artículo expone, los marcos conceptuales que guían las diferentes propuestas en el diseño y la implementación de e-portafolios en la educación superior. En este texto se realiza una cierta revisión sobre estas perspectivas teóricas. También se aborda genéricamente las tipologías de e-portafolios que se relacionan con el conocimiento práctico dirigido por un enfoque de desarrollo competencial y se finaliza el artículo apuntando líneas de desarrollo y aplicación futuras que emergen de nuevas demandas y necesidades en el campo educativo y social.

América ó exames general de la situación política de los diferentes potencis del continente occidental : con conjenturas sobre su suerte futura.

UANL

Análisis comparado de la situación política del partido conservador en los mandatos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)

Durante los gobiernos de Andrés Pastrana (98-02) y Álvaro Uribe (02-06), el Partido Conservador experimentó una serie de cambios y reformas tanto internas como externas, que permitieron su supervivencia al interior del sistema político colombiano.

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Los servicios de apoyo a estudiantes universitarios en España : situación actual y líneas de futuro : 'la discapacidad en la Universidad de Salamanca : la experiencia en el Instituto Universitario de integración en la comunidad'.

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Formación profesional, crisis económica y cambios educativos en España : (situación y perspectivas de la enseñanza profesional, 1979).

Se analiza la situación y las perspectivas de la enseñanza profesional en España durante los años setenta. Se recapitulan los pasos dados en el establecimiento de la enseñanza profesional, fundada en la Ley General de Educación en 1970. La denominación de la Formación Profesional sugiere un tipo de entrenamiento orientado a la cualificación en determinadas técnicas precisas para el desempeño de un puesto de trabajo, y hay que entenderla como un canal educativo paralelo al Bachillerato. Sin embargo, los cambios en los procesos educativos producen sus efectos a largo plazo. Así, en el caso de la Formación Profesional, empieza a dar sus primeros resultados a finales de la década de los años ochenta. Su objetivo para esta fecha, es resolver el problema del aumento de productividad en el trabajo, y prevenir las consecuencias de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Mientras tanto, se propone una mejora sistemática de los programas que imparten los centros docentes de Formación Profesional; un mayor énfasis y efectividad en la necesaria colaboración entre los centros docentes y las empresas; una verdadera orientación sobre la realidad de las profesiones y de la vida laboral; y posibilidades de empleo no solo en el país sino en el ámbito internacional.

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