O Ne bis in idem no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça e no Direito Europeu da Concorrência

Ne bis in idem, understood as a procedural guarantee in the EU assumes different features in the AFSJ and in european competition law. Despite having a common origin (being, in both sectors the result of the case law of the same jurisdictional organ) its components are quite distintic in each area of the integration. In the AFSJ, the content of bis and idem are broader and addressed at a larger protection of individuals. Its axiological ground is based on the freedom of movements and human dignity, whereas in european competition law its closely linked to defence rights of legal persons and the concept of criminal punishment of anticompetitive sanctions as interpreted by the ECHR´s jurisprudence. In european competition law, ne bis in idem is limited by the systemic framework of competition law and the need to ensure parallel application of both european and national laws. Nonetheless, the absence of a compulsory mechanism to allocate jurisdiction in the EU (both in the AFSJ and in the field of anti-trust law) demands a common axiological framework. In this context, ne bis in idem must be understood as a defence right based on equity and proportionality. As far as its international dimension is concerned, ne bis in idem also lacks an erga omnes effect and it is not considered to be a rule of ius cogens. Consequently, the model which the ECJ has built regarding the application of the ne bis in idem in transnational and supranational contexts should be replicated by other courts through cross fertilization, in order to internationalize that procedural guarantee and broaden its scope of application.

Las comunicaciones intestatales ante órganos judiciales o cuasi-judiciales de garantía de los derechos humanos: ¿un mecanismo útil en situaciones de crisis?

[spa] Como expresión de la naturaleza erga omnes de las obligaciones jurídicas relativas a la protección de derechos humanos, muchos tratados de derechos humanos que establecen órganos de expertos permiten a los Estados Parte presentar quejas ante dichos órganos contra otras Partes que no observan las obligaciones convencionales. Tales quejas interestatales son un mecanismo híbrido que busca controlar la aplicación del tratado, solucionar las controversias entre Estados Parte y/o prevenir esas controversias. En la práctica, no obstante, las quejas interestatales se interponen en raras ocasiones, principalmente por causa de su alto componente político, que hace que sean vistas como un acto inamistoso. Pese a este escaso uso, llama la atención que la mayoría de quejas interestatales presentadas hasta la fecha se hayan referido a situaciones excepcionales calificables de"crisis", lo que parece poner de manifiesto que este mecanismo podría ser particularmente útil para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en períodos de excepcionalidad.

Desafíos impuestos por el derecho internacional ambiental al derecho internacional clásico.

El surgimiento del derecho ambiental internacional ha generado importantes desafíos a los más inveterados fundamentos del derecho internacional público. De este modo, conceptos tradicionales como la soberanía de los Estados, los sujetos de derecho internacional, así como las perspectivas más tradicionales de la seguridad nacional están sufriendo grandes cambios. Las necesidades de la sociedad internacional contemporánea difieren sustancialmente de aquellas generadas en los preceptos de la sociedad  westfaliana, evento que explica el surgimiento de miradas alternativas que permiten la comprensión de dinámicas vigentes en el derecho internacional, ejemplifi cadas en conceptos como res communis, preocupaciones comunes o simplemen te “comunes”, los cuales vienen adquiriendo una posición privilegiada en el estudio del derecho internacional. Tales desarrollos han permitido, asimismo, el fortalecimiento de conceptos jurídicos internacionales como el de las llamadas obligaciones internacionales erga omnes, las cuales constituyen una piedra angular para la explicación de la existencia misma del derecho internacional ambiental.  Este artículo expone y analiza los conceptos mencionados anteriormente, mediante la utilización de criterios comparativos que permiten la elucidación de lo que era el derecho internacional clásico antes del surgimiento del derecho ambiental internacional, así como lo que constituye actualmente y en lo que deberá convertirse con el objeto de responder a los desarrollos y retos impuestos por la sociedad internacional contemporánea, particularmente por el derecho internacional ambiental: una nueva rama perteneciente al corpus juris del derecho internacional público.

La eficiencia administrativa frente a los derechos laborales adquiridos, en la escisión del instituto de seguros sociales

Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.

El estado de excepción en el actual constitucionalismo andino

El estado de excepción –término general con el cual nos referiremos a esta institución jurídica, constitucional y política– constituye un tema relevante y de interés nacional e internacional, puesto que puede suspender o limitar derechos y libertades constitucionales, y hasta alterar el Estado de derecho. Advirtiendo esta posibilidad, la normativa constitucional y legal del Ecuador ha experimentado una importante evolución a partir de la vigencia de la Constitución de la República de 2008, al integrar en su texto normas del ius cogens que generan efecto erga omnes, lo cual propende a proteger la vigencia de los derechos constitucionales, denunciar la vulneración de uno o varios de ellos y reparar integralmente el daño material o inmaterial causado por este hecho, existiendo para el efecto un procedimiento y las instancias competentes para conocer y resolver sobre esta materia. En este con texto, en la presente investigación se aborda, el estado de excepción y sus aspectos generales, para luego efectuar un análisis comparado respecto a la regulación y funcionamien to del mismo en las Cons titu cio nes de los Estados miembros de la Comuni dad Andina (CAN) para determinar si el estado de excepción está siendo utilizado por el Ejecutivo en observancia a la normativa prevista en el texto constitucional.

Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional

Trata-se de estudo sobre a eficácia das sentenças proferidas no âmbito da jurisdição constitucional, que compreende a atividade jurisdicional em matéria de interpretação e aplicação da Constituição. Enfoca-se o tema pela perspectiva do sistema brasileiro de guarda da Constituição e, mais especificamente, do sistema de controle da constitucionalidade dos preceitos normativos. Na primeira parte são enfrentadas as questões relacionadas com a eficácia das sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a sua vocação para expandir efeitos erga omnes. O papel da Corte, como órgão de cúpula do Judiciário e guardião da Constituição e a autoridade dos julgados que nessa condição profere - seja na apreciação de casos concretos, seja nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade - são os pontos principais dessa abordagem inicial. A segunda parte trata da problemática relacionada com a estabilidade dos julgados em matéria constitucional e a sua eficácia para produzir efeitos futuros. Os vínculos entre controle abstrato e controle concreto de constitucionalidade, que se manifestam especialmente nas relações jurídicas de trato continuado, e os conflitos entre importantes valores – res judicata e segurança jurídica, de uma lado, supremacia da Constituição, autoridade do Supremo Tribunal Federal e igualdade de todos perante a lei, de outro – são abordados sob a perspectiva da eficácia temporal dos julgados, nela incluídas a sua rescindibilidade, a sua revisibilidade e a extinção da sua força vinculante em face de alterações no estado de fato ou de direito.

Jus Cogens: ainda esse desconhecido

Existência de um jus cogens, categoria de normas imperativas do direito internacional, é cada vez mais aceita, apesar de ser ainda cercada de incertezas. Tendo recebido uma definição e um regime jurídico na convenção de viena sobre direito dos tratados, seu conceito, seu conteúdo e seus efeitos permanecem incertos. Seu estudo e sua compreensão impõem a análise de sua relação com a idéia de uma hierarquia de normas no direito internacional e dos elementos de proximidade e diferenciação com outras categorias polêmicas da teoria internacionalista: o direito internacional geral, as obrigações erga omnes, os crimes internacionais. As dúvidas que decorrem desse exercício devem orientar a reflexão sobre o conceito e sua contribuição para o direito internacional.

Sincretização do controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro: abstratização do controle difuso e concretização do controle abstrato

Considerando-se as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, percebe-se o movimento de sincretização entre os controles abstrato e concreto. A visão da atual jurisdição constitucional revela que as últimas criações legislativas foram inseridas no controle abstrato, sendo o caminho utilizado para resolução das principais controvérsias judiciais, com seus efeitos erga omnes e vinculantes. Esse panorama não afastou a utilização do controle concreto, que se renova ao se aproveitar dos instrumentos do controle concentrado abstrato. Não apenas o controle concreto e difuso está se beneficiando do controle abstrato, como também a recíproca é verdadeira. O controle abstrato também se beneficia ao valer-se de diversos instrumentos que não seriam possíveis por suas características abstratas. O objetivo do presente trabalho é analisar esse movimento, através de casos emblemáticos e instrumentos criados pelas Leis que tratam sobre o controle de constitucionalidade, a fim de comprovar esse novo cenário na ordem jurídica brasileira. Este trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas e casos perante o Supremo Tribunal Federal. O resultado da análise comprova essa tendência na utilização de pressupostos que seriam apenas de um controle, sendo utilizado pelo outro. Isso representa um grande avanço para o tema controle de constitucionalidade que tende cada vez mais a ser sincretizado.

A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade: uma abordagem pela perspectiva do princípio do acesso à justiça

The present study deals with the caution measure in the direct action of inconstitutionality. The treatment given to the approach is through the principle of access to justice. For this, a construction of the juridical content in the principle of access to justice is proposed, without losing the focus of its characteristic as a metajuridical principle, which is presented in the constitutional field as a fundamental right, generator of a new universality, destined to guarantee the prevalence of an adequate juridical tutelage. Some challenges of the concretizing hermeutics are still shown to give way to principle of access to justice, dealing with certain limitations and proposals. The direct action of inconstitutionality in face of the dissertation, begins to focus on the presentation of the tutelage of urgency, differentiating it from the other brief tutelage and elevating it to the condition of instrument which is indispensable to the principle of access to justice. In the most specific field of the abstract control of constitutionality, the characteristics of the objective process are defined, their sources, amongst which the regimental norms of the Federal Supreme Court and their role in the new constitutional reality. Finally, the caution measure in the direct action of inconstitutionality is presented by the perspective of principle of access to justice, identifying some points: the interpretations of the principle of the natural judge to adapt him to the aspect of continuous and temporarily adequate juridical account, especially when concerned to emergency; the analysis of facts in the direct action; the bonding objective effects and the erga omnes; the effect over the factual and normative plan; the effect of the caution measure over other processes and over the prescriptional course; the polemic of the possibility of caution measure in direct action of inconstitutionality through omission

Litisconsórcio, efeitos da sentença e coisa julgada na tutela dos interesses metaindividuais

A compreensão do fenômeno jurídico como sistema de inclusão é fundamental para a compreensão dos aparatos normativos que regulam a tutela dos interesses metaindividuais. Mais apropriada aos desafios do século XXI, as normas principais deste sistema processual no Brasil, estão expressas na Lei 7.347/85 c/c a Lei 8078/90 e necessária interação com as normas da Constituição Federal que rege a matéria, onde o modelo de Legitimidade ad cansam, deferida e entes sociais públicos e particulares reflete a sua natureza de instrumento de pacificação de conflito social. O fenômeno da pluralidade de partes no processo de tutela coletiva, o destaque à noção processual de terceiro é um pressuposto essencial para a compreensão deste fenômeno em sede de tutela coletiva, cujo litisconsórcio é a expressão maior do fenômeno processual, desprendendo-se a sua construção das relações do direito material que podem originar-se em suas diversas modalidades. O respeito à garantia processual do contraditório e da ampla defesa, como direito e garantia fundamental, importante e necessária ao tecido social, que pode e deve ser exercido sob parâmetros sociais mais elásticos fim onde se inserem as especiais regras do processo de tutela coletiva, criando o legislador pátrio curvaturas de respeito ao seu prisma individual, mas destacando a sua função social, expressas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 103 da Lei 8.078/90. A eficácia da sentença em sede de tutela coletiva, pela sua natureza sempre terá repercussões sobre os interesses de terceiros, aliás destinam-se mesmo à tutela de tais sujeitos, dai se dizer que possuem eficácia ultra partes ou erga omnes, mas distinguem-se dos efeitos erga omnes e ultra partes da coisa julgada, previsto no Capítulo IV do Título III da Lei 8.078/90, que somente excluem-se na forma das curvaturas previstas pelo legislador. Nenhum empecilho haveria da extensão coletiva pro et contra, dos efeitos erga omnes ou ultra partes na coisa julgada na tutela de qualquer dos interesses metaindividuais, sem exceção, porque em nada limitariam a tutela dos interesses individuais dos membros destas coletividades, comunidades ou conjuntos de vítimas pois este não foi o objeto do processo coletivo, mas a cautela exigiu as diversas curvaturas, para deixar a salvo estes interesses individuais no caso de improcedência da ação coletiva, uma vez que no caso de procedência, fixada a responsabilidade global do réu, estando este interesse individual no seu raio de ação, falta-lhe interesse de agir a pretender a tutela particular, basta ser liquidada dentro do processo de execução coletiva.

The Constitutional-Judicial Control of the Legislative and Executive Powers in Central and Eastern European Countries

This project looked at the nature, contents, methods, means and legal and political effects of the influence that constitutional courts exercise upon the legislative and executive powers in the newly established democracies of Central and Eastern Europe. The basic hypothesis was that these courts work to provide a limitation of political power within the framework of the principal constitutional values and that they force the legislature and executive to exercise their powers and duties in strict accordance with the constitution. Following a study of the documentary sources, including primarily the relevant constitutional and statutory provisions and decisions of constitutional courts, Mr. Cvetkovski prepared a questionnaire on various aspects of the topics researched and sent it to the respective constitutional courts. A series of direct interviews with court officials in six of the ten countries then served to clarify a large number of questions relating to differences in procedures etc. that arose from the questionnaires. As a final stage, the findings were compared with those described in recent publications on constitutional control in general and in Central and Eastern Europe in particular. The study began by considering the constitutional and political environment of the constitutional courts' activities in controlling legislative and executive powers, which in all countries studied are based on the principles of the rule of law and the separation of powers. All courts are separate bodies with special status in terms of constitutional law and are independent of other political and judicial institutions. The range of matters within their jurisdiction is set by the constitution of the country in question but in all cases can be exercised only with the framework of procedural rules. This gives considerable significance to the question of who sets these rules and different countries have dealt with it in different ways. In some there is a special constitutional law with the same legal force as the constitution itself (Croatia), the majority of countries allow for regulation by an ordinary law, Macedonia gives the court the autonomy to create and change its own rules of procedure, while in Hungary the parliament fixes the rules on procedure at the suggestion of the constitutional court. The question of the appointment of constitutional judges was also considered and of the mechanisms for ensuring their impartiality and immunity. In the area of the courts' scope for providing normative control, considerable differences were found between the different countries. In some cases the courts' jurisdiction is limited to the normative acts of the respective parliaments, and there is generally no provision for challenging unconstitutional omissions by legislation and the executive. There are, however, some situations in which they may indirectly evaluate the constitutionality of legislative omissions, as when the constitution contains provision for a time limit on enacting legislation, when the parliament has made an omission in drafting a law which violates the constitutional provisions, or when a law grants favours to certain groups while excluding others, thereby violating the equal protection clause of the constitution. The control of constitutionality of normative acts can be either preventive or repressive, depending on whether it is implemented before or after the promulgation of the law or other enactment being challenged. In most countries in the region the constitutional courts provide only repressive control, although in Hungary and Poland the courts are competent to perform both preventive and repressive norm control, while in Romania the court's jurisdiction is limited to preventive norm control. Most countries are wary of vesting constitutional courts with preventive norm control because of the danger of their becoming too involved in the day-to-day political debate, but Mr. Cvetkovski points out certain advantages of such control. If combined with a short time limit it can provide early clarification of a constitutional issue, secondly it avoids the problems arising if a law that has been in force for some years is declared to be unconstitutional, and thirdly it may help preserve the prestige of the legislation. Its disadvantages include the difficulty of ascertaining the actual and potential consequences of a norm without the empirical experience of the administration and enforcement of the law, the desirability of a certain distance from the day-to-day arguments surrounding the political process of legislation, the possible effects of changing social and economic conditions, and the danger of placing obstacles in the way of rapid reactions to acute situations. In the case of repressive norm control, this can be either abstract or concrete. The former is initiated by the supreme state organs in order to protect abstract constitutional order and the latter is initiated by ordinary courts, administrative authorities or by individuals. Constitutional courts cannot directly oblige the legislature and executive to pass a new law and this remains a matter of legislative and executive political responsibility. In the case of Poland, the parliament even has the power to dismiss a constitutional court decision by a special majority of votes, which means that the last word lies with the legislature. As the current constitutions of Central and Eastern European countries are newly adopted and differ significantly from the previous ones, the courts' interpretative functions should ensure a degree of unification in the application of the constitution. Some countries (Bulgaria, Hungary, Poland, Slovakia and Russia) provide for the constitutional courts' decisions to have a binding role on the constitutions. While their decisions inevitably have an influence on the actions of public bodies, they do not set criteria for political behaviour, which depends rather on the overall political culture and traditions of the society. All constitutions except that of Belarus, provide for the courts to have jurisdiction over conflicts arising from the distribution of responsibilities between different organs and levels in the country, as well for impeachment procedures against the head of state, and for determining the constitutionality of political parties (except in Belarus, Hungary, Russia and Slovakia). All the constitutions studied guarantee individual rights and freedoms and most courts have jurisdiction over complaints of violation of these rights by the constitution. All courts also have some jurisdiction over international agreements and treaties, either directly (Belarus, Bulgaria and Hungary) before the treaty is ratified, or indirectly (Croatia, Czech Republic, Macedonia, Romania, Russia and Yugoslavia). In each country the question of who may initiate proceedings of norm control is of central importance and is usually regulated by the constitution itself. There are three main possibilities: statutory organs, normal courts and private individuals and the limitations on each of these is discussed in the report. Most courts are limited in their rights to institute ex officio a full-scale review of a point of law, and such rights as they do have rarely been used. In most countries courts' decisions do not have any binding force but must be approved by parliament or impose on parliament the obligation to bring the relevant law into conformity within a certain period. As a result, the courts' position is generally weaker than in other countries in Europe, with parliament remaining the supreme body. In the case of preventive norm control a finding of unconstitutionality may act to suspend the law and or to refer it back to the legislature, where in countries such as Romania it may even be overturned by a two-thirds majority. In repressive norm control a finding of unconstitutionality generally serves to take the relevant law out of legal force from the day of publication of the decision or from another date fixed by the court. If the law is annulled retrospectively this may or may not bring decisions of criminal courts under review, depending on the provisions laid down in the relevant constitution. In cases relating to conflicts of competencies the courts' decisions tend to be declaratory and so have a binding effect inter partes. In the case of a review of an individual act, decisions generally become effective primarily inter partes but is the individual act has been based on an unconstitutional generally binding normative act of the legislature or executive, the findings has quasi-legal effect as it automatically initiates special proceedings in which the law or other regulation is to be annulled or abrogated with effect erga omnes. This wards off further application of the law and thus further violations of individual constitutional rights, but also discourages further constitutional complaints against the same law. Thus the success of one individual's complaint extends to everyone else whose rights have equally been or might have been violated by the respective law. As the body whose act is repealed is obliged to adopt another act and in doing so is bound by the legal position of the constitutional court on the violation of constitutionally guaranteed freedoms and rights of the complainant, in this situation the decision of the constitutional court has the force of a precedent.

Constituição e modelo de mercado : uso liberal e desuso neoliberal

Tese de doutoramento, Direito (Ciências Jurídico-Políticas), Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, 2016

Flora cochinchinensis : sistens plantas in regno Cochinchina nascentes. Quibus accedunt aliae observatae in Sinensi imperio, Africa Orientali, Indiaeque locis variis. Omnes dispositae secundum systema sexuale Linnaeanum. Labore /

v.1

Flora cochinchinensis : sistens plantas in regno Cochinchina nascentes. Quibus accedunt aliae observatae in Sinensi imperio, Africa Orientali, Indiaeque locis variis. Omnes dispositae secundum systema sexuale Linnaeanum. Labore /

v.2

Jacobus de Vitriaco, Sermones vulgares seu ad omnes status.

Au f. 153, ex-libris lavé, du XIVe s. (lampe de Wood): "Iste liber est Hugoni de Villeni Sancti Ligari [...] quem emit ab exequo (?) defuncti domini Stephani de Susciaco presbiteri". Dans l'obituaire de la cathédrale de Paris, publié par A. Molinier (Obituaires de la province de Sens, I, Paris, 1902, 91-240), le décès de Stephanus de Susiaco [Etienne de Suizy], "presbiter cardinalis", est mentionné à la date du 11 décembre 1311 (p. 208). En-dessous, un second ex-libris du XIVe s. a été gratté: "Iste liber est [...] rectoris [...] Carnotensis dyocesis". Il est suivi par une mention d'achat partiellement lisible, du XIVe s.: "Vendidi [...] ante s. crucem text. sextio casus quosdam decretalium vendedi magister Stephanus de Lugello habuit [...] tamquam (?) de bonis iste [...] + Richardus ad bonum baculum tenetur presens I. et marg. emo [...], debet XXVII s. IIII d. par. medi augusti. Solvi V p. De quibus se [...] Anchi (?) Yvoni X sol. par. IIII d. par." Ce ms. a été acheté par Claude Joly, chantre de Notre-Dame de Paris, à Chaumont-en-Bassigny en 1655, comme l'indique la note de Claude Joly au contreplat sup.: "Cl. Joly M. oct. 1658. J'ay eu ce mss. a Chaumont en Bassigni en 1655". En-dessous de cette note figure l'ex-libris "A la bibliotheque de l'Eglise de Paris", précédé de la cote C18 (fin XVIIe s.-début XVIIIe s.). Notre-Dame.