979 resultados para ECONOMIA COLOMBIANA


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Este documento presenta una perspectiva de como una economía pequeña y abierta (en temas comerciales y de inversión) como la colombiana, se ve afectada por choques que sufren economías grandes como la estadounidense. Durante el periodo de estudio la economía de Estados Unidos sufrió dos choques: primero la crisis de las hipotecas subprime en los años 2007-2008; luego la crisis de deuda soberana de Estados Unidos en 2011. Estos dos choques afectaron la economía colombiana. En ambos casos, se puede establecer un hecho clave que detonó las crisis. En el primero, la entrada en el capítulo 11 de protección a bancarrotas por parte de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008. En el segundo, el detonante fue la baja de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos por parte de Standard and Poor´s el 5 de agosto de 2011. Estos días claves en las crisis, afectaron los principales índices de la bolsa de Estados Unidos, especialmente los relacionados con la actividad financiera, luego es de suponer que posiblemente también afectaron fundamentales de la economía colombiana como lo es la tasa de cambio peso-dólar (USD/COP). Este documento tiene como objeto principal, establecer el impacto de las crisis Norteamericana de 2007-2008 y de 2011, sobre la economía colombiana, específicamente sobre la tasa de cambio USD/COP. El documento también, analiza las causas que generaron dichas crisis en Estados Unidos, haciendo énfasis en la falta de regulación y control por parte de las instituciones del gobierno en la crisis de las hipotecas subprime. De igual forma se analiza el papel de las firmas calificadoras de riesgo, en la crisis de deuda estadounidense.

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Mediante este proyecto, se hace un análisis de la industria automotriz en Colombia, cómo se puede ver afectada y cuáles serán los pros y contras ante la puesta en ejecución del Tratado de Libre Comercio con la República de Corea, tomando como base diferentes agentes que incursionan directamente en la industria mencionada, como lo son sus consumidores, los comerciantes, productores (ensambladoras) y el gobierno nacional. Igualmente, la globalización como aspecto fundamental para las economías mundiales, genera la apertura de estas y afianza a su vez la firma de diferentes tratados que permitan mejorar el comercio y bajar los precios de bienes y servicios entre países; pero en este caso dicha apertura, puede no ser beneficiosa para la industria automotriz colombiana debido a las grandes diferencias en capacidad de producción y tecnología entre ambos países. Por lo anterior, se realizan comparaciones entre las dos economías y sus industrias (la automotriz), para encontrar los puntos en los cuales Colombia es más débil y buscar estrategias que permitan contrarrestar los efectos negativos que puede traer consigo el Tratado de Libre Comercio, así mismo, buscar oportunidades para mejorar el desarrollo tecnológico y de esta manera incentivar la inversión para consolidar dicha industria en el mercado.

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El motivo que llevó al autor a escribir sobre este tema es la esperanza de poder transmitir parte de esta pasión sobre la economía colombiana que ha sentido desde su formación como economista. La historia de la economía es una parte de la disciplina económica en la que, con unos excelentes conocimientos, se puede profundizar en la comprensión del país y su interrelación con el mundo. El propósito de este libro es transmitir, de forma clara y sencilla, algunos elementos sobre la formación de la estructura económica en el Estado colombiano y su aporte al desarrollo.

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El Grupo Social Empresarial de la Defensa GSED es el ente encargado de dirigir y orientar las políticas corporativas de las empresas que constituyen el Ministerio de Defensa, con el único fin de contribuir paz y seguridad en el territorio Colombiano. Aunque el grupo no es reconocido como tal sino por las empresas que lo componen se define al grupo para la comprensión de los lectores del presente trabajo. De igual forma se explica y analiza el objeto y función de las mismas Por medio de un análisis de la estructura del grupo, abarcando ejes como el administrativo y financiero se determina el impacto del mismo y su importancia en la economía del país como Grupo Empresarial.

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El documento resume los resultados de los tres ensayos sobre economía de la educación y de igualdad de oportunidades que se realizaron para el caso de Colombia.

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¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes.

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La era actual, caracterizada por el auge del conocimiento científico-tecnológico, por la realización de acuerdos globales en la economía y por la creciente necesidad de la cooperación solidaria, impone retos estratégicos que conllevan a la perdurabilidad y pertinencia de las empresas para enfrentar la incertidumbre del futuro. Comprometida con la sociedad, la Universidad del Rosario, por medio de la Facultad de Administración y su Centro de Estudios Empresariales, se dedica a estudiar la perdurabilidad de las empresas, sus comportamientos socioeconómicos y diseños estratégicos en su relación con la proyección y la sostenibilidad de la Nación.(...) Comprender dichos términos y aplicarlos implica un giro radical de los patrones y conceptos tradicionales en el ámbito de la administración, donde lamentablemente aún impera la visión de una acción empresarial cortoplacista, reduccionista y excluyente con los resultados y beneficios, dejando de lado la importancia que presentan dimensiones complejas como la ética de negocios, la cultura y los valores dentro de la formulación de la estrategia empresarial. Las exigencias actuales demuestran que una empresa u organización social se desempeña y perdura exitosamente porque innova teórica y conceptualmente para lograr un desempeño superior, desarrolla una reputación ética intachable para generar la confianza necesaria en los negocios y cultiva un auténtico sentido de cooperación y solidaridad para hacerse copartícipe de la construcción de una prosperidad social. En Colombia los estudios de perdurabilidad empresarial son incipientes, centrados en casuística dispersa y con un bajo desarrollo conceptual e instrumental. Pensando en el futuro de la sociedad, la Facultad de Administración se propuso estudiar este fenómeno, consciente de la responsabilidad histórica que la dirección y la gerencia tienen frente a la permanencia de las organizaciones, pues de ellas depende, en gran parte, el desarrollo del país. Esta preocupación se justifica en el análisis de aquellos datos y comentarios que proporcionan instituciones públicas y privadas sobre el tema.(...)

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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.

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Al discutir las ventajas y desventajas de negociar acuerdos de integración, especialmente entre naciones con economías asimétricas, siempre está presente la preocupación por el impacto en la economía y en la sociedad. Esto exige un examen de los objetivos que se persiguen con la celebración del respectivo acuerdo y establecer si el país cuenta con las condiciones para la aplicación y la puesta en marcha de este tipo de tratados. El principal argumento para la negociación de acuerdos es la relación que existe entre el nivel de exportaciones con el crecimiento y la reducción de la pobreza. Se trata de un análisis bastante conocido que enfatiza las bondades de reducir barreras arancelarias para aumentar la competitividad. Sin embargo, descuida variables internas como la productividad, la investigación y el desarrollo o el capital humano y social, que son en realidad las que determinan el éxito o el fracaso de los acuerdos de comercio. Si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia Colombia con Estados Unidos crea las condiciones normativas para mejorar los niveles de comercio e integración, su sola suscripción no garantiza el crecimiento del comercio y la economía de los dos países. Para el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, las ganancias a obtenerse con el TLC estarán vinculadas a la forma en que el país implemente el acuerdo, para lo cual reviste particular importancia la participación del Estado, tanto en la adecuación de las políticas macroeconómicas como en la transformación de sus instituciones. Según los investigadores, esto implica una mirada más amplia de los objetivos del comercio internacional, donde se evalúe el impacto del cambio institucional y no se limite a la simple reducción arancelaria. Por tanto, Colombia debe establecer claramente las consecuencias que tendrá un acuerdo de esta magnitud, no sólo para la economía y el comercio, sino también para las instituciones a nivel local, regional y nacional.

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En América Latina el tema de la seguridad nunca ha sido -hasta ahora- objeto de una atención y preocupación constante y sistemática por parte del foro académico en tanto dimensión específica de los problemas de las relaciones internacionales. A ello ha contribuido lo que algunos estudiosos han denominado la “relativa irrelevancia” de la región en materia de seguridad a nivel mundial, resultado de diversos factores dentro de los que pueden destacarse al menos los tres siguientes: el bajísimo nivel de conflictividad interestatal (a pesar de episodios esporádicos como la Guerra de las Malvinas y la escaramuza bélica entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor), el hecho de ser un área relativamente libre de armas nucleares (el tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, es pionero en materia de control de armas y de no proliferación), y en los últimos años, el fin del conflicto centroamericano y con ello, la pacificación de la región, no obstante la persistencia del conflicto interno colombiano. Esta marcada tendencia ha empezado a cambiar de curso bajo la influencia de los efectos que en la dinámica de las relaciones internacionales produjeron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En efecto, estos acontecimientos no sólo provocaron una creciente securitización de la agenda internacional (lo que implica que las políticas exteriores, o el análisis de las relaciones internacionales, tengan que ser pasados por el prisma de la seguridad, a la que todo se subordina, desde la economía -el libre mercado como herramienta para luchar contra el terrorismo- hasta los intercambios culturales -las restricciones al acceso de extranjeros a ciertos programas de educación superior). También obligaron a darle una nueva mirada a las zonas consideradas pacíficas, en la medida en que el terrorismo es una amenaza global que se viene enfrentando con una guerra igualmente global, que no se atiene a la clásica distinción geopolítica entre zonas bajo un orden de paz y zonas en estado de guerra. En este contexto aparece el esfuerzo colectivo de los miembros de la línea sobre seguridad regional e internacional del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)(...), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en torno al análisis de la construcción de la seguridad en América Latina, cuyo primer resultado es un afortunado y pertinente intento por delinear los perfiles de seguridad de los países que integran el “círculo de Colombia”: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela(...) y al cual seguirán tres trabajos adicionales dedicados a la seguridad de los países del Cono Sur, de Centroamérica y el Caribe, y por último, de Colombia con una perspectiva comparada. Esos perfiles de seguridad se determinan a través de un análisis que se considera un espectro mucho más ensanchado de nuevas amenazas a la seguridad y en el que los factores de seguridad clásicos, principalmente geopolíticos y militares, se enlazan fluidamente con los económicos, sociales, ambientales y culturales, hasta ahora relegados a una posición relativamente secundaria.

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La mayoría de los estudios sobre la problemática de las empresas colombianas centra su atención en el funcionamiento interno de las organizaciones; sin embargo, al hacer una minuciosa revisión se confirma que las dificultades no provienen exclusivamente de las empresas o de las prácticas de los empresarios, sino que, además, se ven determinadas por elementos del entorno nacional e internacional. Así lo advierte el grupo de investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Universidad del Rosario(...), el cual considera que los problemas que deben enfrentar las empresas colombianas son muy diversos, y pueden ser vistos a través de diferentes niveles de análisis: global, regional, nacional y organizacional. Desde su perspectiva, en cada uno de ellos se encuentra una serie de actores, intereses, objetivos y estrategias que plantean diversos retos, restricciones, amenazas y oportunidades, generando condiciones que afectan de forma directa la gestión y el desempeño de las compañías locales. En el ámbito global existen dos fenómenos importantes e interrelacionados que configuran un panorama diferente para todo tipo de organizaciones, especialmente para las empresas: el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la globalización.

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Rezago empresarial frente a la internacionalización El proceso de internacionalización de la economía colombiana, iniciado con la apertura comercial de 1991 e impulsado con los nuevos procesos de integración con Estados Unidos, Chile, Centroamérica y la Unión Europea, entre otros, ha tenido un fuerte impacto en la forma como las organizaciones empresariales enfrentan la competencia. Según los investigadores del Grupo de Internacionalización de la Empresa de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario (GIIE), el proceso de globalización ha permitido constatar que para la mayoría de las empresas nacionales el éxito aún continúa en el mercado local y que las posibilidades que ofrece el mercado internacional están muy lejanas En aras de comprender mejor los procesos de globalización de la economía y de ofrecer alternativas a las empresas colombianas, los investigadores han desarrollado un modelo de internacionalización que responda a las necesidades de los mercados, tanto locales como externos. Para el investigador Andrés Mauricio Castro Figueroa, la incertidumbre de las empresas colombianas radica en que los procesos de internacionalización no consisten solamente en exportar productos hacia otros países, esto es apenas una etapa inicial. Todo parte de la realidad de la empresa, de su preparación para competir y para afrontar los retos de un mundo cada vez más globalizado, donde las alianzas de las grandes multinacionales para atacar mercados emergentes) están a la orden del día, agrega. Es necesario, entonces, que las organizaciones locales sepan cuáles son sus factores diferenciadores en los diferentes mercados y realicen una gestión centrada principalmente en las necesidades de los clientes actuales y potenciales (...).

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.