971 resultados para Derechos ciudadanos


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Se trata de una investigación de tipo descriptiva en la que se pretende producir conocimientos acerca de los factores que obstaculizan el ejercicio de los derechos ciudadanos a los trabajadores rurales de la provincia de Misiones. En la misma se aplicará una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas. Como fuente de datos secundarios se trabajará con documentos históricos, informes económicos y sociales, como así también informes estadísticos. Además se recopilarán datos de fuente primaria mediante entrevistas a informantes clave. Interesa producir una base de datos que provea de información fehaciente que contribuya a la elaboración de estrategias gubernamentales destinadas a mejorar las condiciones de vida del sector.

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Este trabajo tiene como objetivo principal determinar cuál es el papel del juez comunitario andino en la protección de los derechos ciudadanos. Para ello, primero se determinará cuáles son las bases normativas que posibilitan dicha protección y, posteriormente, se establecerá, en el marco del Sistema Judicial Comunitario, cómo se protege a los particulares en relación con los daños sufridos por el incumplimiento de un País Miembro de la Comunidad Andina, y cuáles son los niveles de protección de los derechos humanos en el Sistema de Integración Comunitario.

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Analiza la comunicación como una dimensión que en la sociedad de masas se concreta en un espacio institucionalizado en el que las personas intercambian datos, conocimientos y, en último término, significaciones. Preguntarse por la importancia de la comunicación en la sociedad actual, vista según algunos como sociedad de la información, y discutir acerca del potencial de las nuevas tecnologías comunicativas para cambiar nuestra realidad son los puntos de partida para sumergirse en una apreciación jurídica del complejo fenómeno comunicativo. Su parte central esta obra plantea el problema de los derechos humanos fundamentales dentro de la dimensión de la comunicación social -derechos nuevos y a la vez clásicos en un régimen democrático-: libertad de expresión, derecho a y de la información, y derecho a comunicar. Las relaciones que se producen en el espacio comunicativo entre los medios y los ciudadanos resultan complejas, especialmente aquellas que se traban a partir de los procesos informativos. Busca responder a las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los contenidos de los derechos de la comunicación?, ¿cómo los ejercen los medios y la ciudadanía?, ¿bajo qué premisas, alcances y limitaciones lo hacen? Los juristas y comunicadores, docentes y estudiantes de materias afines, profesionales e interesados en la promoción de los derechos ciudadanos encontrarán aquí materiales útiles para la reflexión.

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El artículo propone, desde el paradigma de la complejidad, un abordaje integral de los derechos humanos en el contexto global actual. A través de la sistematización de procesos de acompañamiento psicosocial con comunidades afectadas por conflictos socioambientales, la autora desarrolla un análisis profundo de las transiciones históricas en las violaciones de derechos humanos y postula nuevas categorías y retos metodológicos. El ejercicio de la violencia política expresado en la violación de la soberanía territorial, de los derechos ciudadanos, sociales y económicos de grupos oprimidos constituye el cuerpo central de este trabajo.

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Quien calla otorga, es un manual realizado en el marco de los Proyectos de Divulgación Científico – Tecnológica 2012–2013 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), una herramienta que acercamos a las y los operadores socio-sanitarios, a fin de promover prácticas garantizadoras de los derechos humanos. Este material proviene de un largo trayecto de investigación-acción donde desde 2011 hasta la actualidad el equipo responsable ha impulsado una serie de formaciones las cuales fueron un punto de desafío y encuentro donde confluyeron trabajadoras/es de la salud procedentes de distintas formaciones e instituciones, personal de áreas mujer, integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de derechos ciudadanos para las mujeres, personal judicial, entre otros; donde se pudo reflexionar en forma conjunta en torno a la cuestión de la violencia y la aplicación de la perspectiva de género, pues ella nos enfrenta a la tarea ardua de aprender desaprendiendo los gestos arraigados en la costumbre y la construcción de conocimiento en un mundo en el que es rutina naturalizar las asimetrías, las desigualdades, las relaciones de dominación y explotación en razón de la clase, del color de la piel, del género, de la sexualidad, de la edad. Quien calla otorga, en tanto va dirigido a profesionales y personal socio-sanitario, es también una forma de denunciar los silencios, las omisiones, las reproducciones de la violencia que muchas veces se constatan en y desde la intervención social y en salud. Entendemos que desde la función pública se está llamado/a no sólo a respetar, sino a garantizar los derechos humanos y en particular, el acceso a la salud y a la justicia. Para ello es necesario favorecer prácticas que terminen con el sexismo, el machismo, la discriminación por edad, sexualidad, identidad de género, procedencia étnica y clase social de quienes acuden a los servicios de salud. Así, el material que les acercamos contiene herramientas concretas tanto teóricas como reflexiones en torno a los orígenes, funcionamiento y perpetuación de la violencia de género, así como otras orientadas a la práctica tales como indicadores de detección y atención en mujeres, sus hijos e hijas, panel de recursos de atención especializada a violencia contra las mujeres en la provincia de Mendoza, panel explicativo del circuito legal y sus posibilidades, sugerencias terapéuticas, entre otros.

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Aproximarse al fenómeno de la religión y la multiculturalidad e interculturalidad religiosa en la escuela, aceptando las cuatros religiones históricas que en el año 2004 tienen posibilidad legal de impartir Educación Religiosa escolar. Se centra en la situación de Andalucía, haciendo referencia a la provincia de Sevilla, debido a que es en la Universidad Hispalense donde se presenta esta investigación. Estudiar desde las ciencias de la educación y la metodología pedagógica, el problema que la interculturalidad presenta en las aulas en lo que se refiere a la cohesión social y exponer opiniones que sean útiles. El método seleccionado consiste en un estudio comparativo de elementos comunes, seguido de una comparativa entre los diversos currículos. Dentro de la metodología experimental la técnica de registro es por observación, no participante, indirecta y por restos. Se selecciona la población de tercero de Magisterio de la Escuela Universitaria Cardenal Espínola, de Infantil y Educación Especial. La muestra total es de 113 sujetos, de edades comprendidas entre 21 y 25 años, 4,3 por cientos son hombres y el 86,7 por ciento son mujeres. El instrumento utilizado es un cuestionario elaborado para tal fin. Se demuestra como a lo largo de la historia las creencias han buscado generar sistemas de información, formación para incorporar a las personas en el propio sistema creencial. Se presentan las finalidades y las fundamentaciones legales de dichos currículos en la que se justifica la permanencia en la escuela contemporánea. Se verifica que cambian los modelos curriculares, pero epistemológicamente no hay cambios. En temas históricos se observan los diferentes conflictos entre las creencias. Al actualizar los currícula se encuentra dificultades de encajar estos curricula en el sistema educativo español. Se observa la urgencia para alternativa por una sociedad más cohesionada. Necesidad de un 'pacto entre ideólogos, políticos y educadores' para lograr una equilibrada cohesión social, necesidad de un diálogo entre iguales para alcanzar un mínimo respeto: la presencia de las creencias de sentido en la escuela, privada y pública; el establecimiento de objetivos, competencias, contenidos y evaluación que garantice los diversos derechos ciudadanos.

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Resúmenes en inglés y catalán. Monográfico con el título: Intervención educativa para personas sin hogar

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El enfoque de la sociología política facilita el análisis del potencial y las limitaciones educativas que contribuyen al desarrollo de los países de Latinoamérica. Pero primero deberíamos analizar el papel del estado a la hora de determinar le tipo de desarrollo que tendrá lugar y quienes se verían beneficiados por dicha política social. En Latinoamérica el estado está condicionado por las políticas neoliberales a excepción de Cuba, tanto sociales como económicas, que siguen los países de la región con el fin de tener acceso al capital y a los mercados internacionales. Actualmente los organismos de ayuda internacional, los gobiernos nacionales y las demás organizaciones, reconocen la necesidad de alcanzar un consenso respecto a un modelo de desarrollo nacional y un nuevo sistema educativo. Llegar a este acuerdo es vital si es que los sistemas educativos han de desempeñar su papel de preparar a los individuos para que ejerzan sus derechos ciudadanos dentro de una democracia y proporcionarles los conocimientos y técnicas adecuadas para contribuir a lograr un desarrollo económico sostenido que beneficie a todos. Pero es poco probable llegar a este consenso si en educación previamente no se ha logrado un acuerdo nacional sobre el modelo económico de desarrollo Este, debería preservar las autonomías y soberanía de cada país para desarrollar la política económica y social que aconseje su historia y su dinamismo socio-cultural. Es más se debe interesar por sectores informales de la economía, los llamados sectores pobres, y proporcionarles empleo a casi la mitad de la masa laboral en muchos países de América Latina.

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Tiene como propósito determinar si ¿ha funcionado correctamente la inaplicabilidad de preceptos contrarios a la Constitución por parte de los jueces ordinarios ecuatorianos frente a la tutela efectiva de los derechos ciudadanos?. Interrogante que a través de los distintos capítulos que componen la presente tesis pretende ser resuelta mediante la confrontación de dos tendencias - legalismo vs. constitucionalismo- en donde los actores judiciales juegan un papel trascendental a la hora de interpretar las normas existentes, observar su apego al texto constitucional y si fuere el caso declararlas inaplicables. Dentro del trabajo se recurre a un estudio entre otras fuentes de las normas contenidas en la Constitución ecuatoriana codificada en 1998, así como de la nueva Constitución del 2008, en donde realizamos un estudio crítico de las debilidades y fortalezas que cada una de estas Cartas Políticas presentan. Los principales temas abordados en la tesis los podemos sintetizar en: la tensión existente entre jueces y legisladores, asumiendo un estudio del "principio contramayoritario" según el cual los jueces no gozarían de una legitimidad democrática; lo cual conlleva a realizar un análisis de la democracia procedimental propia de la denominada "soberanía parlamentaria", y la democracia sustancial en donde hace su aparecimiento la llamada "soberanía constitucional". Partimos de un estudio de la institución del control constitucional de manera general para luego direccionarnos hacia el análisis del control difuso de constitucionalidad. También recurrimos a la revisión de casos emblemáticos de inaplicación de preceptos inconstitucionales, mismos que de manera sumaria los exponemos ejemplificadamente.

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La presente investigación se ha realizado tomando como universo el sistema de consumo en la economía capitalista, que se ha caracterizado por la presencia de un proceso masificado de producción y de contratación estandarizada, justamente por el advenimiento de la sociedad de la información o también llamada posindustrial. La investigación parte de un análisis teórico de lo que es el consumidor y de sus derechos ciudadanos en el sistema de mercado, profundizando en el análisis de los derechos fundamentales. En el presente trabajo son analizadas en forma prolija las regulaciones constitucionales y legales que tienen que ver con los derechos subjetivos y difusos del consumidor, trazando diferencias en cada una de las materias jurídicas, en particular en cuanto a los aspectos más relevantes que refieren al Derecho del Consumo. Las legislaciones de los países andinos son examinadas brevemente como una base teórica del Derecho Comparado frente a nuestra legislación. En el desarrollo del tema se analiza el contenido del contrato de consumo mediante el esquema de adhesión, las condiciones generales de contratación y la naturaleza de las cláusulas predispuestas, como un medio de abuso al consumidor. Partiendo de la proposición, en los contratos de consumo el proveedor afecta los intereses del consumidor al imponerle su poder a través de cláusulas abusivas. Se concluye que en esa dicotomía entre desiguales, el Estado regulador deberá implementar las políticas de protección de los derechos del menos fuerte y el Poder Público deberá normar los procesos de intercambio, sin que intervenga directamente en las actividades productivas. Finalmente, luego de un detallado análisis teórico del tema, se proponen mecanismos para la protección de los derechos del consumidor, que a través de las políticas y procedimientos administrativos y legales, además de un ágil y adecuado ordenamiento procesal, permitan conseguir equilibrios en las relaciones de consumo, recomendando para el efecto algunas reformas legales, como el camino más adecuado para cumplir con ese objetivo.

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A pesar del discurso estadístico e instrumental sobre la importancia de la inmigración para el futuro económico de Europa que va de la mano con el de la necesidad de desarrollar políticas (sociales y culturales) de integración del inmigrante, actualmente existe una tendencia regresiva a restringir su acceso a los derechos ciudadanos (civiles, políticos y sociales). Un ejemplo de este proceso es el que se produce en España, en el actual contexto de conformación de la Unión Europea y de la llamada Globalización. El año 2000 constituyó un punto culminante de este fenómeno en España, en cuanto fue el escenario temporal de una lucha social y política en el que se confrontaron dos perspectivas y concepciones contrapuestas de ciudadanía, hecho que evidenció la caducidad del antiguo modelo de ciudadanía comprendida como el vínculo político (estatuto de derechos y obligaciones) entre el individuo y el Estado-nación, que se adquiere de manera preferente a través de la descendencia (ius-sanguinis).

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La apertura del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador, se desarrolló a partir del año 1995, con la reforma al marco normativo del sector que buscaba en primera instancia privatizar los servicios de telecomunicaciones en manos del Estado. A partir del año 2000, en el país se prestan los servicios de telecomunicaciones en un régimen de libre competencia; teniendo desde ese momento la operación de varios concesionarios de los servicios fijo – móvil de telecomunicaciones, tanto públicos como privados. La Constitución de la República del Ecuador, es eminentemente garantista de los derechos ciudadanos, entre ellos el derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como el reconocimiento a las personas a disponer de bienes y servicios públicos de óptima calidad; y a elegirlos con libertad. La elegibilidad es fundamental para otorgar a la portabilidad numérica como el derecho de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para mantener sus números telefónicos aún cuando cambien de empresa operadora, servicio o ubicación geográfica. Estamos frente al reconocimiento de un derecho, que sin duda beneficia a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, es por ello que es importante describir la legislación y normativa ecuatoriana, antes y después de la implementación de la portabilidad numérica. Así como las consideraciones por las que la Asamblea Constituyente del Ecuador, reunida en ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, mediante Mandato constituyente, resolvió implementar en el Ecuador, la Portabilidad Numérica en los servicios móviles. En el presente trabajo se analizan las incidencias del derecho de portabilidad, que tienen los usuarios de los servicios móviles de telecomunicaciones; así como la legislación comparada.