El derecho a la vivienda un problema nacional período 1988 1994: caso Distrito Metropolitano de Quito

El derecho a la vivienda es un principio de carácter universal, previsto en nuestro ordenamiento jurídico y garantizado por el estado. Sin embargo, el déficit de vivienda afecta a un segmento cada vez más representativo de la población, que incentivada por los modelos de desarrolle vigentes en el pais, ha ocasionado la expansión y concentración urbana, con los consiguientes problemas habitacionales que ello conlleva, afectando especialmente a las familias de bajos recursos económicos, que se ven precisados a vivir en precarias condiciones, en viviendas inadecuadas y carentes de servicios básicos. Ante esta situación, las políticas nacionales no han dado una respuesta apropiada a esta demanda mayoritaria, lo que ha permitido que en los últimos años se acentúe el déficit habitacional, lo que se confirma con la presente investigación, basada en los enunciados de los gobiernos que se han sucedido y la variación de legislación sobre vivienda de interés social y sus mecanismos de financiamiento, dictados en el periodo 1988 - 1994. Esta circunstancia ha derivado en el ensanchamiento de la marginalidad e informalidad de la vivienda por la aplicación de un marco legal inconsulto y disperso, que requiere de urgente revisión, actualilación y simplificación para que sea dinámico, flexible y sea un conductor para la provisión de vivienda hacia los estratos de menos recursos económicos.

Aproximación a la configuración jurídica del derecho a la vivienda dentro del ordenamiento jurídico español

El presente artículo trata de ofrecer una visión global sobre el derecho a una vivienda digna reconocido en el ordenamiento jurídico español. Para ello se analizará no solo dónde se regula el mencionado derecho, sino también quiénes pueden ser sujetos del mismo, qué límites presenta, con qué mecanismos de protección cuenta y qué peculiaridades presenta en el nivel competencial.

Estado del arte sobre la producción institucional y de la teoría crítica en torno al derecho a la ciudad.

Puede entenderse la ciudad como una manifestación de las disputas surgidas desde el plano de lo social. En ese mismo sentido surge el concepto del derecho a la ciudad, entendido en términos generales como aquel que se tiene para decidir el tipo de urbe y su organización. Así, este derecho ha estado limitado a la construcción de espacios propicios para la acumulación de capital, para una élite minoritaria capaz de configurar la ciudad, generando un caos urbano que se evidencia en la segregación socio-espacial, abultando las arcas de los poderosos a la vez que se aíslan a las mayorías trabajadoras del ejercicio el derecho a cambiar y reinventar la ciudad para satisfacer sus necesidades y garantizar sus sueños.

Las campañas mundiales de seguridad en la tenencia de la vivienda y por una mejor gobernabilidad urbana en América Latina y el Caribe, Santiago, 25-27 octubre 2000: actas de los paneles

Incluye Bibliografía

Migraciones, espacio y política : perspectivas teóricas para el abordaje del rol del Estado en la “lucha por la vivienda" (Ciudad de Buenos Aires, 2001-presente)

Este artículo propone una articulación de nociones y perspectivas teóricas que forma parte del contexto conceptual de una investigación más amplia en curso: ésta se aboca a comprender los procesos de movilización política articulados en torno al derecho a la vivienda y liderados por migrantes que habitan en villas, que se han venido desarrollando en la ciudad de Buenos Aires durante la última década. En ese marco, este artículo pretende aportar algunas claves para aproximarnos a este fenómeno: concretamente, avanzando en la conceptualización del lugar que ocupa el Estado en estos procesos.

Pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda de América Latina: avances y desafíos en el derecho a la información

A partir de la década de 2000 se ha fortalecido la visibilidad estadística de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, mediante acciones conjuntas entre los diferentes actores involucrados que dieron como resultado recomendaciones específicas para los censos de 2010. En este artículo se examinan algunos avances observados en los censos, como la inclusión generalizada de las preguntas de autoidentificación para los pueblos indígenas y el aumento de los países que las incluyeron para los afrodescendientes, la mayor participación en los procesos censales, la ampliación del uso de pruebas piloto, la revisión de las preguntas, la identificación de los pueblos de pertenencia y la realización de campañas de sensibilización, entre otros. Junto con lo anterior, persisten importantes desafíos, ya que los avances son dispares, los procesos no están sistematizados y no hay informes técnicos que den cuenta de ellos. Es necesario contribuir al fortalecimiento de las etapas poscensales con la participación de los pueblos y crear o fortalecer la institucionalidad para la producción de estadísticas desagregadas.

Algunas herramientas del Derecho Civil en favor de la vivienda

El Código civil y la legislación especial intentan satisfacer la necesidad de vivienda. Además de la adquisición de la propiedad, existen figuras como el derecho de habitación (Derechos reales) o el arrendamiento urbano y sus modalidades de cesión y subarriendo, el préstamo gratuito (Derecho de contratos) o la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores y a los hijos (Derecho de Familia). Se examinan sus requisitos y efectos para aprovechar posibilidades y detectar abusos.

La vivienda en la perspectiva de seguridad

El presente trabajo busca encontrar posibles conexiones entre la vivienda y el análisis de seguridad. Los avances en la teoría de la seguridad han permitido la inclusión de nuevos aspectos señalados como posibles amenazas que ameritan ser considerados dentro de la óptica de seguridad. En esta perspectiva, el tema de seguridad humana cobra fuerza y permite un análisis multidimensional incluyendo aspectos como la seguridad económica y la seguridad ambiental. En este nuevo marco, la vivienda puede encontrar un espacio para complementar el análisis de inseguridad económica, asociado a la pobreza y calidad de vida y al análisis de inseguridad ambiental vinculada a los desastres naturales y el entorno en que se ubican las viviendas. Al final se concluye que, si bien el análisis puede hacerse, el paso real hacia la securitización de estos temas exige un compromiso enorme del Estado para enfrentar el tema al nivel de una amenaza.

Políticas públicas, derechos humanos y el acceso a la vivienda digna

El análisis de la relación derechos humanos (DDHH), en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y las políticas públicas es fundamental para la concreción de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carácter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distinción entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligación y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno específico o a una corriente política sino que configura una obligación por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar políticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En América Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de protección de DDHH, y por lo tanto están obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la población. La protección y promoción de estos derechos pueden encontrar una vía efectiva a través de las políticas públicas. Analizar la vinculación del enfoque de derechos en las políticas públicas es pues el objetivo de este artículo, de manera de contribuir íntegramente con este enfoque desde el diagnóstico y diseño de las respuestas e iniciativas estatales.

El tránsito del Estado social de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia: su implicación en la garantía jurisdiccional de los derechos sociales

El presente tiene como propósitos analizar el cambio de modelo de Estado que trajo la Constitución del 2008, (Estado Constitucional de Derechos y Justicia), a diferencia de lo que estableció la Constitución de 1998, (Estado Social de Derecho), y en función de la transformación de este principio rector, evidenciar los avances en materia de derechos constitucionales, sus principios de aplicación, así como la protección judicial de los mismos, dando especial énfasis en los derechos sociales y su justiciabilidad. El estudio abarca un examen comparativo teórico-normativo de los dos regímenes constitucionales en lo que respecta al contenido, alcances, denominación y garantía judicial de los derechos sociales, y en esta perspectiva la tarea de los jueces frente a una nueva realidad constitucional en lo atinente a la interpretación, rol creador de derechos y guardián del Estado Constitucional de Derechos. Se incluyen también algunos datos relevantes referentes a la utilización de la acción de protección como mecanismo idóneo para tutelar derechos del buen vivir, así como una breve referencia al problema de la residualidad como característica asignada a dicha acción, lo que se ha constituido en un fuerte obstáculo para obtener una garantía jurisdiccional efectiva de los derechos constitucionales, incluidos los sociales. Por último se estudia resoluciones y sentencias concretas de acciones de amparo (Constitución 1998) y de acciones de protección (Constitución del 2008), con la finalidad de evidenciar si el cambio constitucional ha tenido eficacia en la realidad jurisprudencial, llegando a concluir que pese a la mutación de modelo, no se refleja en la realidad judicial un cambio considerable en relación a la protección eficaz de los derechos sociales.

Acercando el derecho a la salud a las personas mayores en el Distrito Federal de la Ciudad de México

A pesar de que es un fenómeno mundial, y que tarde o temprano todos los países vivirán la transición demográfica, muchos de ellos aún no garantizan los derechos ni los servicios mínimos necesarios para la atención de las personas mayores. Los derechos a una vivienda, al agua potable y, de manera muy especial, a la salud y a la alimentación, son todavía una ilusión para millones de personas mayores que viven en la pobreza, que no tienen seguridad social o carecen de acceso a la atención sanitaria. El objetivo de este trabajo es describir las acciones que se han emprendido en el Distrito Federal de la Ciudad de México en esta materia para la atención urgente de este creciente grupo poblacional y sus resultados en el corto y el mediano plazo.