848 resultados para Cultura de la participación
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401 p.
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Resumen tomado de la publicación
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El artículo forma parte de un monográfico sobre la ciudad educadora
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Se presenta un trabajo donde se analiza la falta de participación del profesional docente, de sus causas y sus repercusiones, y las alternativas de solución, dentro del contexto de reconversión y de la crisis de identidad de los docentes, de los directivos y del sistema educativo. La aparición de los Proyectos Educativos y Curriculares constituye un reto y una oportunidad para la Reforma, para la innovación y para el cambio curricular del sistema y de la organización de los centros, adaptándolos a las necesidades del contexto sociocultural. El trabajo se divide en tres apartados: en el primero, se analiza el entorno socioeducativo donde se pone en marcha la Reforma; en el segundo, se analiza el sistema relacional de los claustros en torno a la cultura de la participación; y en el tercero, se ofrecen estrategias de intervención como soluciones concretas.
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Se presenta memoria final de proyecto educativo que pretende motivar al alumnado de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO, a participar en la vida del centro a través de la organización de actividades. Se les propone organizar comisiones de cultura junto a profesorado y familia. Se realiza en el CEIP Antonio Machado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Los objetivos son: crear una cultura de centro que posibilite que tanto el alumnado, el profesorado y la familia puedan desarrollarse al máximo sus posibilidades; establecer canales de participación para despertar la motivación y creatividad del alumnado; promover actividades lúdicas y la utilización de medios tecnológicos; ofrecer alternativas para el desarrollo de aptitudes innatas generando una actitud favorable hacia el aprendizaje; fomentar el trabajo cooperativo a nivel de aula y centro; promover el intercambio cultural promoviendo la educación en valores; mejorar la convivencia en el centro; promover la participación del alumnado y resto de la comunidad educativa implicados en la organización y evaluación del centro; crear canales de participación de las familias en la dinámica escolar para que colaboren en el desarrollo del currículum como formadores; promover la participación e implicación de la familia en la dinámica escolar; crear una cultura de centro basada en la participación y autocrítica; alcanzar una enseñanza pública de calidad. El proceso consta de varias fases: elaboración del plan de actuación por parte del profesorado; presentación al alumnado; formación de comisiones por aulas para desarrollar las actividades; estudio de la actividad por parte de la comisión; optimización de los recursos materiales y humanos; reparto de responsabilidad y calendario; evaluación de las actividades.
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Resumen tomado de la revista
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Resumen: El presente artículo tiene por objeto analizar las relaciones que se establecieron entre un grupo de intelectuales de izquierda y el presidente radical Raúl Alfonsín durante la transición democrática en la Argentina. Se describirán en primer lugar los desplazamientos teóricos de la izquierda intelectual marcados por el exilio mexicano; en segundo lugar, las características del campo cultural en la transición democrática en los ochenta, centrándose en la producción de los intelectuales vinculados con la revista Punto de Vista y el Club de Cultura Socialista y, por último, los vínculos que se establecieron entre el presidente Alfonsín y los intelectuales de la izquierda renovada, analizando los dilemas ético-políticos que debieron enfrentar. La construcción de sentido en torno a un personaje político, en el que los intelectuales veían la posibilidad de que se convirtiera en un moderno líder socialdemócrata, es la hipótesis a partir de la cual intenta explicarse la vinculación, siguiendo las teorías de Pierre Bourdieu.
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Monográfico con el título: 'Información y formación para la salud y la seguridad en la escuela'. Resumen basado en el de la publicación
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Partiendo del escenario de democracia participativa que establece la Constitución del 91 en Colombia, esta investigación se preocupa por identificar los factores que han determinado la participación en Cali en ejercicios de control ciudadano durante el periodo 2001 - 2007. Para ello se recurre principalmente a los conceptos de Cultura Política de Almond y Verba, y Democracia Fuerte de Benjamin Barber como categorías analíticas que permiten evaluar los niveles de participación registrados durante el periodo de estudio, y así concluir que la existencia de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de carácter negativo respecto al sistema político local, los rezagos de una configuración de dominación patrimonial, y las lógicas particularistas que promueve el liberalismo a ultranza, entre otros, han provocado un bajo nivel de participación ciudadana en ejercicios de control, que a su vez se caracteriza por ser predominantemente contestatario.
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El Festival Rock al Parque es un evento de interés cultural desarrollado y ejecutado por la Administración Distrital de Bogotá, a través del cual se fomenta la creación de propuestas artísticas y se intervienen diversas problemáticas sociales utilizando la música rock como un medio directo para llegar a los jóvenes de la ciudad. Este Festival nace en 1995 y se ha desarrollado ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Aunque ha pasado por diversas dificultades, el Festival es un ícono representativo de identidad de las bogotanas y los bogotanos. En este Trabajo de investigación se analiza el Festival Rock al Parque como política pública liderada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su incidencia en tres aspectos de la cultura democrática, a saber la cultura ciudadana, la participación ciudadana y la apropiación del espacio público.
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Resumen del autor
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El libro Retos de la democracia y participación ciudadana es producto de un conjunto de reflexiones que surgieron tras percibir que, pese a la importancia que la Constitución concedió a la democracia y al principio, valor y derecho fundamental de participación ciudadana, existen problemas conceptuales, retos y perspectivas que han influido en su desarrollo, así como también en los mecanismos legales de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y de la participación ciudadana en lo administrativo y en su proyección social. Así, esta valiosa contribución académica indaga las razones que llevaron al constitucionalismo colombiano a reforzar la democracia representativa, adoptando adicionalmente el modelo participativo de la democracia, por lo cual se estudian las condiciones necesarias para su exitosa implementación y se reflexiona sobre las dificultades y riesgos de su puesta en marcha. Para ello, se hace una profunda revisión de las garantías democráticas que ofrece la Constitución y la ley a los ciudadanos tanto en el Derecho Comparado como en el Derecho colombiano. En el espectro de esta investigación se analiza la conjunción de la democracia representativa y la democracia participativa y el significado en el modelo de Estado, sus principales retos y tendencias. En segundo lugar, se analiza la participación de los ciudadanos en lo administrativo como garantía de eficacia en las decisiones administrativas y se delimita de otros conceptos aledaños, precisando las condiciones requeridas para su implementación, cuyo vértice principal es la vigencia del Estado de derecho. Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas que son el eje principal de la democracia y de la participación. En el último capítulo, se estudia el papel del juez constitucional en un Estado democrático y social de derecho. Siguiendo estas grandes líneas temáticas, en el primer capítulo del libro consagrado a la delimitación conceptual de la democracia representativa, participativa y sus retos actuales, se hace un análisis doctrinario para situar los conceptos de democracia representativa y participativa. Luego, con fundamento en la doctrina más avezada sobre el tema, se hace referencia a las distintas clases de democracia. En este sentido, se realiza un análisis del concepto de democracia representativa en sus diversas concepciones. También, se estudia la democracia directa y semidirecta, así como los mecanismos de participación política del pueblo en ejercicio de su soberanía, teniendo presentes las disposiciones que en este sentido aparecen en la Constitución Política de 1991, así como la interpretación que la Corte Constitucional ha efectuado frente al tema. Se establecen además los aspectos más relevantes a través de los cuales se deduce la importancia actual de la democracia en el Estado-Nación en el ámbito internacional, lo cual permite identificar una relación inseparable entre la democracia y el derecho, porque los ciudadanos no producen las disposiciones jurídicas, sino que eligen a quienes están autorizados para producirlas. Por lo cual, en el Estado social de derecho la fuente principal de Derecho es la Constitución, seguida por la ley, aunque esta no tenga la misma fuerza que tenía en el Estado liberal de Derecho. Dentro de este marco conceptual, también se define que la democracia es cultura, es estilo de vida, caracterizado por el diálogo, la información, la comunicación, la fraternidad de los ciudadanos con la organización política. Es un lenguaje y un conjunto de actitudes, convicciones, creencias, tolerancias, responsabilidades y concepciones de la ciudadanía, de su civismo y solidaridad que penetra en el espectro de lo público y de lo privado.
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La metodología para desarrollar esta investigación se apoyará en la Perspectiva Legal, la Teoría Moralista, la Perspectiva Cultural, y la Perspectiva Institucional desarrolladas en el marco teórico del anteproyecto de esta monografía. Igualmente se contemplará la revisión de fuentes secundarias y la realización de tres entrevistas estructuradas. Esta monografía se dividirá en cinco partes: El primer capítulo se centrará en una construcción teórica del concepto de Cultura de la Legalidad que se utilizará en este trabajo, concepto que involucra autores tales como, Leoluca Orlando, Antanas Mockus, Michel Focault y Larry Nucci entre otros. El segundo capítulo se referirá a los diferentes componentes de la Cultura de la Legalidad para combatir la corrupción. El tercer capítulo desarrollará el fenómeno de la corrupción administrativa en la Administración Pública mediante una sugestiva transformación de la ecuación de Robert Klitgaard. El cuarto capítulo examinará el Estatuto Anticorrupción (ley 190 de 1995) desde los diferentes componentes de la 4 Cultura de la Legalidad, para así determinar la importancia de un marco cultural y moral articulado a la legislación colombiana para combatir la corrupción a largo plazo. Y por último, se incluirán algunas conclusiones y recomendaciones producto de esta investigación.
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El Tema del Espacio Público en Bogotá, ha expuesto diferentes matices en los últimos 15 años. Anteriormente, no existía una cultura de lo público en el sentido de una constante preocupación por parte de la comunidad sobre esta esfera, y mucho menos a partir del entorno urbano. Sin embargo, las últimas administraciones, de una u otra forma, se han encargado de formar en la ciudadanía la real importancia y los beneficios que atesoran los espacios urbanos públicos para la construcción de sociedad. Actualmente, se ha evidenciado un importante avance en lo que refiere a la concepción de lo urbano por parte de la sociedad capitalina. Es notable ver cómo la ciudadanía hoy en día se encarga de velar por la consecución de nuevos espacios públicos, y por la protección de los mismos, actividad antes ajena a cualquier tipo de acción comunitaria. Estos progresos, que como se afirmaba anteriormente implican de la misma manera beneficios paralelos, tocan de manera definitiva a la comunidad en sí misma. Es así como a través del trabajo comunitario, las diferentes poblaciones locales han activado procesos de participación ciudadana y mecanismos de cohesión social, que esencialmente buscan la consolidación de comunidad y la unión de ésta entorno a la gestión pública frente a sus asuntos.
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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.