975 resultados para Contratos Administrativo


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O trabalho em destaque busca desenvolver o tema contrato administrativo, na concepção da sua natureza e dos seus efeitos para o mundo jurídico, pois trata de um tipo de contrato especial, muito conceituado pela doutrina.No entanto os seus conceitos são considerados pouco harmônicos, principlamente no que tange a sua natureza e até mesmo a sua existência.Sendo este um ponto principal para o entendimento do particular envolvido ou mesmo da sociedade, pois por muitas vezes não conseguimos entender a verdadeira finalidade da Administração em utilizar-se desse instrumento jurídico.Este talvez seja o instrumento mais utilizado pela Administração para burlar as leis estabelecidas em nossa Constituição Federal, com a finalidade de percorrer caminhos mais curtos ou por muitas vezes utilizar-se da máquina pública em detrimento de aproveitamento próprio daqueles que ali estão para servir a sociedade.Nota-se que o tema já foi tão discutido na doutrina sem que houvesse as alterações necessárias e pertinentes ao que poucos tem a intenção de inová-lo.Mantendo-se então a conceituação originária de 1902, ou seja, mantendo a vontade do Estado desde os primórdios.Ocasionando uma proteção a Administração em nome do interesse público, onde por muitas vezes esse passa a agir de forma exorbitante.

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Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia

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Estudo sobre alternativas à fixação de limites mínimos para a celebração de convênios e contratos de repasse fixados no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, com as modificações do Decreto nº 7.594, de 31 de outubro de 2011.

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Investiga se o crescimento da despesa com terceirização de mão-de-obra na Câmara dos Deputados poderia ser consequência do aumento do número de servidores ativos em cargos de nível superior. Apresenta dados sobre os quantitativos e as despesas envolvendo os contratos de terceirização de mão-de-obra no órgão supracitado, analisando sua evolução nos últimos dez anos. Sugere que o aumento contínuo da mão-de-obra terceirizada pode ter sido consequência da diminuição do número de servidores ativos ocupantes de cargos de nível médio.

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Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

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Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; Lei 10520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5450, de 31 de maio de 2005, Lei 12232, de 29 de abril de 2010, Lei 12462, de 4 de agosto de 2011 e Decreto 7892, de 23 de janeiro de 2013 e legislações correlatas.

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La Contratación Pública constituye una fuente muy importante de la demanda de bienes y servicios, especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en donde el Gobierno Autonómico, también llamado la Administración General Vasca, desarrolla un papel capital como impulsor de dicha contratación pública. Por otro lado, la Economía Social, y especialmente el movimiento cooperativo, tiene en ese mismo ámbito geográfico un papel de gran peso en el conjunto de la Economía Vasca, por sus cifras de empleo y aportación al PIB, así como por tradición y arraigo social. Cabe preguntarse en tal caso, cuál es el papel que desempeñan las cooperativas en la Contratación Pública en aquella Comunidad Autónoma, cómo y cuáles son los contratos de los que resultan adjudicatarias, qué importes suponen esos contratos para las cuentas públicas y, en definitiva, si su papel de adjudicatarias se corresponde con el que desempeñan en el conjunto de la Economía Vasca. Del examen de los contratos publicados en el Perfil del Contratante del Gobierno Vasco, se obtienen datos suficientes que, una vez procesados y analizados, se visualizan en tablas y porcentajes que constituyen la base de un diagnóstico que responde a las preguntas planteadas y evidencia la situación de debilidad de las cooperativas en el campo de la contratación pública vasca.

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En esta obra, la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario ha compilado los aportes académicos de sus docentes, como conmemoración de los diez primeros años de funcionamiento ininterrumpido del programa. Estas contribuciones han sido elaboradas a partir de los contenidos impartidos en sus asignaturas por los autores y las mismas corresponden a las siguientes temáticas: tendencias contemporáneas del derecho administrativo, estructura de la administración pública, principales manifestaciones de la actividad administrativa, contratación estatal y derecho administrativo económico.

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El documento contiene un análisis sobre la manera de controlar los contratos estatales antes y después de la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)

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La investigación aborda la problemática del contrato estatal atípico a partir de un marco teórico, con el fin de encontrar los contratos estales atípicos en la práctica pública, y a partir de allí realizar un análisis de su contenido de acuerdo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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Desde la introducción del postulado de la “autonomía de la voluntad” en el Estatuto de Contratación Estatal, es posible afirmar que trajo consigo grandes cambios, los cuales se ven reflejados en varios escenarios de la contratación y que sin lugar a duda revelan suma importancia, pero cuando nos referimos a la tipología contractual, primer estadio al cual deben enfrentarse las partes al momento de contratar, este postulado toma real trascendencia al proporcionar libertad a los contratantes, tanto para la entidad como para el particular, de crear conforme a sus necesidades y a los fines estatales la forma contractual que más se ajuste, teniendo en cuenta las limitantes generales que el ordenamiento jurídico le impone. Este entorno ha sido la clave para que se llegue a hablar del contrato estatal atípico, tópico que ha generado discusiones entorno a su admisibilidad en el derecho público por no serle originalmente propio a este.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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El documento expone el análisis de la supervisión de los contratos estatales celebrados por las entidades autónomas del orden nacional a partir del marco legislativo vigente.