868 resultados para Conflictos Territoriales


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El objetivo del presente trabajo es analizar los procesos de uso da floresta por una empresa que recibió certificación de manejo de la selva para producir madera compensada para el mercado nacional e internacional, en Democracia, localidad situada en Manicoré, Amazonas, a orillas del Río Madeira, en la selva amazónica brasileña.Para reconstruir los procesos y entender los conflictos territoriales y socioambientales fueron utilizadas metodologías de observación directa; geohistoria (líneas de tiempo); mapeamientos sociales; e interpretación de imágenes de satélite de los últimos veinticinco años.El estudio revela que en ese período Democracia fue objeto de distintas políticas socioeconómicas y ambientales como implantación de una ruta federal, emprendimientos privados, programas y leyes de protección ambiental y de apoyo a comunidades tradicionales. Todas esas iniciativas, especialmente la extracción de madera, provocaron diferentes conflictos en el uso de la tierra y en la formación o delimitación de diversas territorialidades. El manejo certificado de selvas tropicales causa menos impactos ambientales y representa un diferencial para el mercado productor y consumidor de madera, pero aún requiere mejores actitudes con relación a las poblaciones extrativistas que viven en los territorios de recolección de madera.

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Lamentablemente los conflictos territoriales son una constante de las relaciones internacionales, siendo de suma importancia que las mismas se arreglen de forma pacífica. La labor de la Corte Internacional de Justicia en este sentido ha sido fundamental. Su vasta jurisprudencia en este ámbito ha generado toda una serie de principios y reglas sobre las cuales se sustenta dicho arreglo, tales como el principio de continuidad de los tratados de carácter territorial, el uti possidetis iuris, la primacía del título jurídico, la relatividad de la efectividad, o la fecha crítica. Principios y reglas cuyo conocimiento es fundamental para futuros arreglos.

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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En El Año 1934 En La Región Cordillerana De Norpatagonia, Se Conformó El “Parque Nacional Nahuel Huapi”, Lo Cual Traería Importantes Consecuencias Para “Chilenos” E “Indígenas”, Ya Que Produciría La Migración Y Expulsión De Las Áreas Rurales De Estos Pobladores. Desde El Imaginario Promovido Por La Elite Conservadora De Los Años ’30, Se Consolidaría La Impronta De Esta Zona –Y Sus Centros Urbanos De Referencia, San Carlos De Bariloche Y Villa La Angostura– Como Un Área Pretendidamente “Natural”, “Virgen”, Con Reminiscencias “Alpinas”, Construcción Simbólica Que Cimentó El Proceso De Despojo. A Partir Del Año 2003, Diversos Grupos Familiares Mapuche Han Iniciado Un Proceso De Reafirmación Identitaria Y Territorial En Sus Ámbitos Ancestrales En El Área De Parques Nacionales. Nos Proponemos Como Objetivo Analizar Las Dinámicas Que Han Dado Origen A Estos Procesos Asignando Centralidad A Las Diversas Políticas Estatales.

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En este artículo abordaremos cómo se relacionan las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural, las identificaciones y los conflictos ambientales en San Ignacio, Misiones (Argentina). Nos interesa problematizar cómo los aprendizajes ligados a las tareas rurales se vinculan con las auto-adscripciones de los sujetos, teniendo como referencia las categorías de actores sociales agrarios regionales y las denominaciones que provienen de agendas estatales de intervención. Estos procesos acontecen en un contexto de creciente concentración de propiedades que se destinan a la explotación forestal, donde observamos, en algunos casos, cierta ambientalización de los históricos conflictos territoriales. Utilizando materiales provenientes de un trabajo de campo etnográfico que iniciamos en 2008, presentaremos a dos familias de pobladores rurales. En ambos casos es posible ver cómo el acceso a la tierra es decisivo para las experiencias formativas en las actividades de reproducción social, y que se liga con identificaciones como "gente de la colonia" y una incipiente referencia a la "agricultura familiar" a partir de las intervenciones del Estado. Estas dos familias permiten mostrar cómo las experiencias e identificaciones se expresan en el contexto de la participación de los sujetos en conflictos sociales, que asumen en un caso la forma histórica de reclamos fundiarios mientras que, en el otro, es posible ver que el ambiente tiene protagonismo incipiente.

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En este artículo abordaremos cómo se relacionan las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural, las identificaciones y los conflictos ambientales en San Ignacio, Misiones (Argentina). Nos interesa problematizar cómo los aprendizajes ligados a las tareas rurales se vinculan con las auto-adscripciones de los sujetos, teniendo como referencia las categorías de actores sociales agrarios regionales y las denominaciones que provienen de agendas estatales de intervención. Estos procesos acontecen en un contexto de creciente concentración de propiedades que se destinan a la explotación forestal, donde observamos, en algunos casos, cierta ambientalización de los históricos conflictos territoriales. Utilizando materiales provenientes de un trabajo de campo etnográfico que iniciamos en 2008, presentaremos a dos familias de pobladores rurales. En ambos casos es posible ver cómo el acceso a la tierra es decisivo para las experiencias formativas en las actividades de reproducción social, y que se liga con identificaciones como "gente de la colonia" y una incipiente referencia a la "agricultura familiar" a partir de las intervenciones del Estado. Estas dos familias permiten mostrar cómo las experiencias e identificaciones se expresan en el contexto de la participación de los sujetos en conflictos sociales, que asumen en un caso la forma histórica de reclamos fundiarios mientras que, en el otro, es posible ver que el ambiente tiene protagonismo incipiente.

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En este artículo abordaremos cómo se relacionan las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural, las identificaciones y los conflictos ambientales en San Ignacio, Misiones (Argentina). Nos interesa problematizar cómo los aprendizajes ligados a las tareas rurales se vinculan con las auto-adscripciones de los sujetos, teniendo como referencia las categorías de actores sociales agrarios regionales y las denominaciones que provienen de agendas estatales de intervención. Estos procesos acontecen en un contexto de creciente concentración de propiedades que se destinan a la explotación forestal, donde observamos, en algunos casos, cierta ambientalización de los históricos conflictos territoriales. Utilizando materiales provenientes de un trabajo de campo etnográfico que iniciamos en 2008, presentaremos a dos familias de pobladores rurales. En ambos casos es posible ver cómo el acceso a la tierra es decisivo para las experiencias formativas en las actividades de reproducción social, y que se liga con identificaciones como "gente de la colonia" y una incipiente referencia a la "agricultura familiar" a partir de las intervenciones del Estado. Estas dos familias permiten mostrar cómo las experiencias e identificaciones se expresan en el contexto de la participación de los sujetos en conflictos sociales, que asumen en un caso la forma histórica de reclamos fundiarios mientras que, en el otro, es posible ver que el ambiente tiene protagonismo incipiente.

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En este artículo abordaremos cómo se relacionan las experiencias formativas vinculadas al trabajo rural, las identificaciones y los conflictos ambientales en San Ignacio, Misiones (Argentina). Nos interesa problematizar cómo los aprendizajes ligados a las tareas rurales se vinculan con las auto-adscripciones de los sujetos, teniendo como referencia las categorías de actores sociales agrarios regionales y las denominaciones que provienen de agendas estatales de intervención. Estos procesos acontecen en un contexto de creciente concentración de propiedades que se destinan a la explotación forestal, donde observamos, en algunos casos, cierta ambientalización de los históricos conflictos territoriales. Utilizando materiales provenientes de un trabajo de campo etnográfico que iniciamos en 2008, presentaremos a dos familias de pobladores rurales. En ambos casos es posible ver cómo el acceso a la tierra es decisivo para las experiencias formativas en las actividades de reproducción social, y que se liga con identificaciones como "gente de la colonia" y una incipiente referencia a la "agricultura familiar" a partir de las intervenciones del Estado. Estas dos familias permiten mostrar cómo las experiencias e identificaciones se expresan en el contexto de la participación de los sujetos en conflictos sociales, que asumen en un caso la forma histórica de reclamos fundiarios mientras que, en el otro, es posible ver que el ambiente tiene protagonismo incipiente.

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El artículo rescata la importancia del trabajo de campo geográfico en una región con conflictos socioambientales, como el del el agua en las Sierras Chicas de Córdoba. Se hace eje en una experiencia pedagógica, la Práctica Sociocomunitaria (PSC), llevada a cabo por profesores, alumnos y ayudantes de la materia Geografía Rural, de la carrera de Licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), en la localidad de La Granja, departamento Colón, de la provincia de Córdoba. La PSC es una experiencia que acerca a los alumnos al campo social de los conflictos territoriales. Se trata de una modalidad que va más allá de un proyecto de extensión, ya que involucra a todos los alumnos del grado que cursan la materia. Y es también una manera de aunar, en nuestro caso desde el quehacer geográfico, las funciones de docencia, investigación y extensión propias de los universitarios. Se pretende, a través de la PSC, acercar a los alumnos de Geografía Rural al trabajo de campo, con organizaciones sociales de base local motorizadas que conocen los problemas de su localidad en profundidad y que trabajan junto con nuestro equipo de investigación. A la vez, el contacto, las reflexiones grupales e individuales, los debates con los estudiantes universitarios, aportarán al colectivo social, una ampliación de la esfera de conocimientos de la realidad sobre la que viven y luchan. El artículo comienza definiendo qué se entiende por PSC. Luego, atendiendo específicamente a nuestra práctica, desarrollamos lo que para nosotros son las dos lógicas que sustentan el trabajo en terreno. Una, referida a la construcción del conocimiento, a los modos diversos de aprender y de saber. Otra, vinculada a la comprensión del conflicto socioterritorial, en relación con el escenario donde se realiza la práctica: la Mesa del Agua y Ambiente de La Granja. Incluimos un apartado sobre la descripción de la experiencia y los resultados, para finalizar con algunas reflexiones pensadas en función de la continuidad de la práctica.

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El artículo rescata la importancia del trabajo de campo geográfico en una región con conflictos socioambientales, como el del el agua en las Sierras Chicas de Córdoba. Se hace eje en una experiencia pedagógica, la Práctica Sociocomunitaria (PSC), llevada a cabo por profesores, alumnos y ayudantes de la materia Geografía Rural, de la carrera de Licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), en la localidad de La Granja, departamento Colón, de la provincia de Córdoba. La PSC es una experiencia que acerca a los alumnos al campo social de los conflictos territoriales. Se trata de una modalidad que va más allá de un proyecto de extensión, ya que involucra a todos los alumnos del grado que cursan la materia. Y es también una manera de aunar, en nuestro caso desde el quehacer geográfico, las funciones de docencia, investigación y extensión propias de los universitarios. Se pretende, a través de la PSC, acercar a los alumnos de Geografía Rural al trabajo de campo, con organizaciones sociales de base local motorizadas que conocen los problemas de su localidad en profundidad y que trabajan junto con nuestro equipo de investigación. A la vez, el contacto, las reflexiones grupales e individuales, los debates con los estudiantes universitarios, aportarán al colectivo social, una ampliación de la esfera de conocimientos de la realidad sobre la que viven y luchan. El artículo comienza definiendo qué se entiende por PSC. Luego, atendiendo específicamente a nuestra práctica, desarrollamos lo que para nosotros son las dos lógicas que sustentan el trabajo en terreno. Una, referida a la construcción del conocimiento, a los modos diversos de aprender y de saber. Otra, vinculada a la comprensión del conflicto socioterritorial, en relación con el escenario donde se realiza la práctica: la Mesa del Agua y Ambiente de La Granja. Incluimos un apartado sobre la descripción de la experiencia y los resultados, para finalizar con algunas reflexiones pensadas en función de la continuidad de la práctica.

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A growing number of Latin American rural groups have attained extended ethno-territorial rights, and sizeable territories were safeguarded by progressive constitutions. This trend was the product of extended cycles of protest at local, national and transnational levels; social movements struggle, with broader collective South-South collaboration. Nonetheless, the continent simultaneously experienced a resource extraction boom. Commonly, the extractivism takes place in protected areas and/or indigenous territories. Accordingly, economic interests clash with the safeguarding and recognition of constitutional rights. Through the analysis of selected illustrative cases across Latin America, this study analyses the (de jure) rights on paper versus the (de facto) rights in practice. 

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El interés de la presente investigación está sostenido en analizar la estructuración de la política pública minero-energética, los instrumentos utilizados para su posterior implementación en el municipio de Segovia, Antioquia, y la incidencia que tiene en las tensiones de los actores que tienen presencia en este lugar. Se utiliza la Acumulación por Desposesión para la interpretación de los hechos ocurridos en Segovia, donde se procede a evidenciar que la imposición o inclusión de nuevos modos de producción, genera resistencias que entran en disputa entre sí y que producen la reconfiguración espacial del municipio.

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Este estudio de caso aborda el tema de las alternativas al desarrollo convencional, concretamente el concepto de Buen Vivir- Sumak Kawsay, a la luz de la descripción y el análisis de los impactos del auge minero en la región del Alto Putumayo, territorio ancestral de los pueblos indígenas Inga y Camëntsá. Este trabajo quiere mostrar que la apuesta por un modelo económico extractivista, está inspirado en un plan de dominación global de recursos naturales por parte del algunas potencias, que a través del neoliberalismo económico y la globalización han desplegado estrategias de acumulación por desposesión en el Alto Putumayo. Este trabajo cuestiona las raíces históricas del discurso del desarrollo, que legitima las prácticas extractivas y excluye los saberes locales, a la luz de la experiencia recolectada en campo, donde sobresalen los procesos de resistencia de las comunidades por la defensa de la vida y territorio.

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El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una forma de manipulación constitucional que consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. El asunto consiste en hacer una mímesis o "camuflaje": se expide una norma con nombre de decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o "camuflaje") y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el "camuflaje" de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su "control" pasa al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia como cumpliendo funciones notariales al presidente.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.