6 resultados para Centralistas


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El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán

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El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán

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El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán

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1) Comprobar si la teoría de Antonio Gil de Zárate sobre la función del Estado es competente o no. 2) Constatar si la libertad de enseñanza: -es una piedra de toque de la verdadera democracia; -es uno de los principios fundamentales de toda política educativa. 3) Hacer ver que sin educación familiar no es posible: -la educación en la libertad ni la libertad de enseñanza; -la formación personal y que sin ésta será imposible todo cambio social. 4) Buscar otra solución más justa e igualatoria a la elección de las familias, cualesquiera que sea su posición, del tipo de educación y escuela que prefieren y comprobar si la educación es una labor cooperativa y dentro de la cual los agentes principales y naturales son la familia y el Estado. Ideas centralistas y monopolizadoras de Antonio Gil de Zárate, en torno a estos temas: derechos de la familia, función del Estado, familia-Estado, la familia como institución educativa, y la libertad de enseñanza. Estudio crítico de los principios político-pedagógicos de Antonio Gil de Zárate basándonos fundamentalmente en su obra 'La Instrucción Púlica en España', que consta de tres volúmenes y es la única fuente de su pensamiento político pedagógico. Los derechos de la libertad de enseñanza se fundamentan en los derechos de la familia, pero no en el temor de que el Estado llegue a esclavizar el pensamiento o dar la educación torcida; al Estado no le corresponde este derecho a educar, ni a la persona el de ser educada, como no sea de acuerdo con las convicciones de la familia y eso sí, ordenadas al bien común. La educación familiar está en la base de la educación moral. Antonio Gil de Zárate no tiene razón al decir que la familia no puede educar porque dejaría al Estado un miembro inútil y un funesto legado. Es partidario de una libertad, pero controlada.

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Los análisis sobre la génesis y el desarrollo de nuestro sistema educativo han explicado con suficiente claridad su escasa relación en el entorno social y con las necesidades de nuestra sociedad, en vías de modernización e industrialización. Desde que en España, a mediados del siglo XIX, empezaron a funcionar las Escuelas Normales en las capitales de provincia, según la división administrativa establecida en 1833, estas instituciones se han convertido en trincheras de primera línea para preservar la escuela del progreso científico y de la innovación pedagógica. Estos centros se estructuran según los modelos rígidos y cerrados de los establecimientos militares y eclesiásticos. El régimen de internado y la disciplina son introducidos por las clases dirigentes para lograr un mayor control ideológico sobre el alumnado. Por ello, la dinámica de la formación del maestro se ha visto privada de una conexión con la sociedad, con la vida real. Habrá que esperar a la Segunda República con el Plan Profesional de 1931, donde el maestro es considerado como el primer ciudadano de la república y en el plan se antepone la formación pedagógica a la instrucción, los estudios de magisterio adquieren rango universitario, etcétera. El objetivo pedagógico no es tanto la transmisión de conocimientos sino enseñar a los maestros a hacer pensar a los alumnos. Esta nueva forma es posible por el número reducido de niños. Tras la guerra civil y con Franco todo se basa en patria, familia y religión y así la formación del maestro es de control político-doctrinal. Hubo que esperar a la creación del estado de las autonomías para que se vencieran algunas lacras centralistas, dirigistas y burocráticas. Esta nueva división administrativa ha permitido crear un nuevo mapa escolar; la institución formadora de maestros-educadores se ha convertido en un modelo institucional único que integra la formación inicial y permanente del profesorado de los diversos niveles educativos. Existe la desmasificación y apertura de nuevos centros acordes con la división territorial y necesidades crecientes de formación.

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Señalar los aspectos más sobresalientes de la gratuidad de la enseñanza, presentar los argumentos más utilizados por uno y otro bando, analizar su validez y ofrecer una ligera visión del estado de la cuestión en los principales países, que puede servir de ejemplo al maestro. El Sistema Educativo de 23 países. El trabajo aparece dividido en cuatro capítulos. Los tres primeros tratan, respectivamente, de la financiación de la educación en sus dos vertientes, fuentes y formas de financiación; de la oposición entre la escuela privada y la pública, y de la gratuidad general extendido a los centros privados. En el cuarto se pasa revista a la legislación sobre gratuidad y financiación de la educación en los principales países. La gratuidad de la enseñanza es defendible en los países menos desarrollados, donde el nivel de vida es más bajo y menores las posibilidades de existencia de mercados financieros que pudieran conceder préstamos o ayudas a los estudiantes. A medida que el país se desarrolla, la gratuidad se hace más discutible. En países como Inglaterra, Suecia, la enseñanza pública está a cargo fundamentalemente de los municipios. En otros como Estados Unidos, Canadá, Alemania, India, URSS, es la provincia o los estados quienes tienen a su cargo la administración y financiación de la educación. En los países más centralistas como Alemania Federal, Francia, Chile, Guatemala, Portugal, es el estado central quien soporta el peso más importante en la financiación de la educación. En la mayoría de los países europeos la enseñanza pública acoge a la mayor parte del alumnado total. En general, el sector privado está subvencionado sólo con carácter excepcional y con la contrapartida de someter los centros a requisistos análogos a los que rigen en los estatales.