1000 resultados para CONTROL DE DROGAS Y NARCÓTICOS – TRATADOS INTERNACIONALES – 1986-1996


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Esta monografía buscó describir y caracterizar la participación de los representantes de los Estados de las Américas en el proceso de securitización que dio origen al régimen contra las drogas en la región entre los años 1986 y 1996. Así mismo, buscó analizar la forma en que se articuló la participación de dichos actores, con las características de los Estados a los que representaron, y a su vez con las dinámicas de seguridad y relaciones de poder en el hemisferio.

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Como objetivo fundamental de este trabajo se analiza la forma por la cual el Instrumento de Certificación creado por el Congreso de Estados Unidos, ha sido utilizado en el discurso de la política exterior de este país, en relación al tratamiento y control de la lucha antinarcotica en Colombia.

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El tema de las drogas suscita un debate entre quienes defienden la prohibición y la represión, y aquellos que defienden alternativas como la legalización y/o regulación y otras más moderadas como la descriminalización y la despenalización. Aunque ambas posturas muestran datos empíricos que las soportan, desde el ámbito discursivo la visión represiva se ha posicionado como la más aceptada en el continente americano, más específicamente, en Latinoamérica. El presente trabajo, hace un estudio de caso del proceso de securitización del narcotráfico entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia durante el período 1986-1990. A lo largo del texto, se analizan discursos oficiales de los presidentes de ambos Estados, resaltando las estrategias retóricas y sus transformaciones que legitimaron acciones represivas de tipo político-militar contra las drogas. Al final se apunta a reivindicar el discurso como un instrumento para reproducir creencias sobre fenómenos, en este caso, la creencia de que las drogas son una amenaza existencial a la seguridad política y militar para los Estados.

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El presente estudio tiene como objetivo determinar ¿si la institución del control constitucional previo de tratados internacionales ha funcionado como mecanismo idóneo que permita garantizar la supremacía constitucional? Cuestión que a lo largo de este trabajo pretende ser resuelta mediante la confrontación de las dos modalidades de control constitucional que tradicionalmente se han planteado para los tratados internacionales: el control a priori o control a posteriori. Se parte del análisis de la figura del control constitucional en general para luego aterrizar en la institución del control constitucional previo como mecanismo para asegurar la supremacía de la Constitución, como instrumento político fundamental de un Estado. Igualmente se recurre al estudio de la normativa constitucional que se ha expedido en el Ecuador a partir del año 1945 hasta el 2008, haciendo una breve referencia a las constituciones promulgadas antes de ese período, en donde se hace un análisis crítico de la conveniencia de los sistemas de control constitucional de tratados internacionales acogidos en cada una de las cartas políticas. Posteriormente se hace una investigación de derecho comparado de las constituciones vigentes en Bolivia y Perú a partir del cual se identifican las similitudes y divergencias que presentan estos sistemas en lo que al control constitucional de tratados internacionales se refiere. Finalmente se pretende determinar la conveniencia del control a priori de los tratados internacionales como un mecanismo que permite por un lado la coherencia del ordenamiento jurídico interno con la Constitución, y por otro el respeto por el Derecho internacional y los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido o lo hará en el futuro como ente soberano.

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La política exterior de Colombia se caracteriza por el compromiso firme con el multilateralismo, anuncia sin ambigüedad la estrategia de política exterior de Colombia para el periodo 2002-2006. A continuación ésta anticipa que nuestro país participará activamente en los foros internacionales, en especial aquellos en donde se debaten los temas de la agenda global más relevantes a la realidad colombiana, los cuales se identifican con: los derechos humanos, las drogas, el terrorismo, el medio ambiente, la cooperación internacional, entre otros.1 Todos ellos son temas inherentes a la labor de las Naciones Unidas en el mundo y en particular de la Asamblea General en donde tienen representación los 192 países del mundo.

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El objetivo general de este estudio es determinar cuál ha sido la contribución del régimen internacional, en términos de herramientas, bases y elementos que aporta, en la labor que desarrollan las Fuerzas Militares para enfrentarse a las nueva iniciativas de las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico y que pretende seguir llegando por mar hacia Estados Unidos de América. Para desarrollar a cabalidad el objetivo general, se establecieron tres objetivos específicos que serán desarrollados en cada uno de los capítulos que conforman el cuerpo del trabajo: primero, precisar las características del régimen internacional retomando sus antecedentes, la teoría y su realidad; segundo, realizar un análisis del acuerdo frente a las características determinadas en el primer capítulo y los pros y contras de este tipo de acuerdos, y el tercero, concretar las conclusiones de los capítulos 1 y 2 y, hacer una propuesta de estrategias políticas internacionales que permitan que la línea de estudio quede abierta con el fin de brindar una nueva visión sobre el tema.

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Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos. Es un análisis exhaustivo que se concentra específicamente en evaluar algunos países de alto interés estratégico y sus esfuerzos por combatir el tráfico internacional de drogas, por medio de actividades de control de químicos, de drogas, de crímenes financieros y de lavado de activos. Cubre los países "de tránsito" de drogas y los grandes productores de drogas ilícitas. Al evaluarse las actividades realizadas durante cada año se señala qué países fallaron en hacer esfuerzos sustanciales para cumplir con los tratados internacionales y con las medidas contra las drogas establecidas por las leyes de los Estados Unidos. Entre otras cosas, se identifican los mayores productores de drogas ilícitas; los principales países de tránsito de drogas (drug-transit countries); los principales proveedores de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas; y los lugares donde se concentra el lavado de dinero y de activos. Se considera que un país es un productor principal de drogas ilícitas cuando cultiva y/o cosecha en el período de un año 1.000 o más hectáreas de amapola y coca, y 5.000 o más hectáreas de marihuana.1 Por otro lado, se considera que un país principal de tránsito es una fuente directa de drogas ilícitas u otras substancias controladas que afectan de sobremanera a Estados Unidos. A esta misma categoría pertencen los países por los cuales se transportan las drogas ilícitas. Finalmente, los países principales de lavado de dinero y de activos son aquellos en donde sus instituciones financieras se involucran en transacciones de dinero originadas en el tráfico internacional de narcóticos. La complejidad de las transacciones hace muy difícil poder distinguir entre los dineros generados por el tráfico de drogas y de otro tipo de actividades criminales.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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Análisis de la cooperación colombo-brasileña contra el tráfico de drogas en el periodo comprendido entre el 2002 y el 2008

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En este estudio de caso se presenta un repaso histórico de las políticas anti-narcóticos en el Perú así como la influencia que ha ejercido EE. UU en ésta a través de la cooperación bilateral. Se analizan igualmente los programas de cooperación en el gobierno de Alan García(2006 - 2011) y sus resultados

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Para este trabajo se tomaron como casos de estudio dos amenazas de diferente naturaleza y que de alguna manera son relevantes en la región Andina, en primer lugar se tomó el caso del problema de drogas en Colombia, dado que el Estado colombiano se configura dentro de la región andina como el mayor productor de drogas ilícitas. Además el problema de drogas se caracteriza por ser una amenaza compartida, es decir, una amenaza que responde a una lógica de carácter transnacional, que va más allá de las fronteras de un Estado. Aunque este problema tiene consecuencias en la esfera política, económica y social, para nuestro caso de estudio el problema de drogas se constituye como una de las causas que amenazan al media ambiente, y este hecho comprende un riesgo para la seguridad andina. En segundo lugar, se optó por las crisis política interna de Ecuador, porque la inestabilidad política es una de las amenazas más visibles que presentan los estados de la región andina. Esta situación interna de la nación ecuatoriana puede ser catalogada como amenaza común, es decir, que está presente en varios países, pero cuya naturaleza responde a una lógica domestica de cada uno de los estados afectando su propia seguridad. Aunque una crisis interna tenga efectos o repercusiones en los países de la región, no necesariamente es considerada como una amenaza a la seguridad de los Estados colindantes.

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Comprender y analizar la dinámica del proceso de formulación y toma de decisiones de la política exterior colombiana en materia de drogas, a partir de un estudio de caso con respecto a Estados Unidos a partir de la implementación del Plan Colombia

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Se analiza la importancia de la cooperación de la OEA/CICAD en la lucha contra las drogas ilícitas durante los años (1997-2003) y en especial contra el problema de drogas en el hemisferio y en Colombia. Para esto analizo la estrategia creada por la OEA sobre este tema.

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El presente artfculo presenta de manera resumida la evolución histórica del resguardo de la Constitución Política del Ecuador por medio del control constitucional frente a los tratados internacionales. Incorpora además una reflexión que resalta la importancia del perfeccionamiento del derecho a través de la relación armónica entre la legislación interna e internacional en pos de la unidad del sistema jurídico, y especialmente en la defensa de los derechos humanos protegidos constitucionalmente. Muestra la necesidad de establecer las pautas para la correcta interpretación de la legislación nacional con base en grandes principios como la libertad, la igualdad, y la no discriminación, contenidos en varios instrumentos internacionales.

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Este estudio de caso se realiza con el objetivo de analizar cómo la cooperación entre Colombia y África occidental en la lucha contra el tráfico de drogas repercute en la imagen del Estado colombiano como referente en esfuerzos antinarcóticos desde la periferia. En consecuencia, se busca conocer la forma en la cual los acuerdos bilaterales interinstitucionales, la participación en foros y la creación de una agenda internacional de lucha contra las drogas para un escenario nacional transformado, configuran la imagen del Estado colombiano. Para tal objetivo, el trabajo se desarrollará a través de los conceptos de identidad de Alexander Wendt, periferia de Mohammed Ayoob y Cooperación Sur-Sur de la Organización de Naciones Unidas y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.