797 resultados para CONTRATOS DE VENTAS


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El contrato de venta con reserva de dominio permite al vendedor reservarse el dominio de un bien mueble que entrega al comprador, quien empieza a ejercer el derecho de uso y goce, y cuando cancela la totalidad del precio recién se convierte en propietario. Cuando el comprador se atrasa en el pago de las cuotas, el vendedor puede ejercer las acciones civiles que la ley le otorga y que son: la aprehensión o el remate. La aplicación de estas dos medidas es equivocada pues, a pesar de tener conceptos y alcances diferentes, muchas veces se les da el mismo trámite. Así, la aprehensión faculta al comprador, bajo ciertos presupuestos, recuperar el bien si cancela las cuotas atrasadas, mientras que el remate solo faculta el pago total de su la obligación. Esto es, justamente, lo que pretendemos aclarar, para lo cual hemos analizado, en cuatro capítulos, los aspectos relacionados a la venta con reserva de dominio que nos ayudarán a cumplir con los objetivos propuestos. En el primer capítulo hacemos un análisis de aspectos generales relacionados al concepto, características; en el segundo abordamos los requisitos generales de un contrato, las obligaciones del vendedor y comprador, la importancia de la voluntad del vendedor y comprador; en el tercero analizamos las acciones civiles que tiene el vendedor como son la aprehensión o el remate; y, en el cuarto capítulo hacemos un análisis de algunos modelos de demandas y sus respectivos autos de calificación.

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Los Contratos Electrónicos son una nueva forma jurídica que aún se encuentra en proceso de gestación. En el marco de las Organizaciones Internacionales y los Estados existe un creciente interés por regular la contratación por medios electrónicos, esto debido en gran parte al acelerado y vertiginoso desarrollo del comercio electrónico, que está dejando en el pasado a los métodos tradicionales de contratación. La presente investigación tiene la finalidad de conocer a fondo la situación actual de los contratos electrónicos en el Derecho del Comercio Internacional. Con el objetivo de realizar un aporte significativo en la materia, se desarrollarán tanto un enfoque jurídico, como un enfoque técnico de la problemática. En el área jurídica será sustentada en los Convenios internacionales que rigen la materia, Derecho Comunitario Europeo, leyes modelo, legislaciones nacionales, e instrumentos de soft law. El área técnica constituye el soporte accesorio necesario al tratarse de una investigación sustentada en la tecnología, por ello temas como protocolos de Internet, métodos de autentificación, y análisis informáticos referentes a evidencias digitales, serán analizados en relación a la normativa internacional y precedentes jurisprudenciales. ¿Hacia dónde va la contratación por medios electrónicos?, ¿Qué avances jurídicos se han plasmado con respecto a la realidad de la contratación comercial?, ¿Son los avances jurídicos adecuados para el ciberespacio?, ¿Qué ventajas ofrecen los contratos electrónicos con respecto a seguridad, costo y celeridad? Estas, y muchas más, son las interrogantes planteadas que constituyen objeto de la presente investigación, y que ayudarán a encaminarla hacia un nuevo panorama, mismo que desde una clara perspectiva del problema, ofrezca nuevas proyecciones respecto al tema.

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El presente trabajo de investigación busca recomendar los aspectos generales, jurídicos y técnicos para la propuesta de Regularización de los Locutorios Multimarca en la ciudad de Quito, sabiendo que esta modalidad de comercialización del servicio de telefonía pública ha tenido un considerable crecimiento, y teniendo en cuenta que la regulación vigente ha provocado varios inconvenientes de control y desarrollo en este tipo de establecimientos.

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La compraventa de vehículos usados es una de las actividades más informales que se desarrollan en diversos lugares del Ecuador, en donde el comprador y el vendedor asumen en virtud de un contrato diversas obligaciones, que se formalizan con la legalización y otorgamiento del contrato compraventa; para posterior registro en el Servicio de Rentas Internas y actualización de la especie de la matrícula ante las instituciones de tránsito competentes. En ocasiones la transferencia del bien culmina con el intercambio del vehículo y del dinero sin dar cumplimiento con las obligaciones generadas; por lo que, mediante la presente investigación se desea analizar las posibles oportunidades de mejora para que la Administración Tributaria y las instituciones relacionas en este campo, controlen la informalidad y la evasión de impuestos generando mayor transparencia en la propiedad de los vehículos. Para el desarrollo, se debe despejar el siguiente cuestionamiento general: ¿Cuál es el efecto de la legalización del contrato de compraventa de vehículos usados en las obligaciones tributarias derivadas de dicha convención? La investigación es de tipo crítica y descriptiva por cuanto se pretende analizar la normativa vigente relacionada mediante la cual se utilizaran estrategias flexibles para la legalización de los contratos de compraventa de vehículos usados y el cumplimiento de las obligaciones generadas por dichas convenciones. El enfoque a aplicarse será el cualitativo pues se describirá las estrategias de legalización y cumplimiento de las obligaciones generadas por la compraventa de vehículos usados y el cuantitativo porque se analizará la información obtenida para definir la evolución en la venta de vehículos usados y el pago del impuesto del 1% de las mismas. En este documento se lleva a cabo un análisis de la evolución del contrato de compraventa a nivel global del mundo y a nivel nacional, la evolución de los registros de los contratos de compraventa de vehículos usados en el Ecuador, las obligaciones que se generan con este tipo de transacciones para el comprador y vendedor en los campos civiles y comerciales, tributarios y de tránsito y seguridad vial, las estrategias y mecanismos paliativos y preventivos necesarios para la legalización de los contratos de compraventa de vehículos usados para el cabal cumplimento de las obligaciones que se generan.

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Presentación La Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elabora periódicamente documentos en los que se analiza la industria eléctrica en el Istmo Centroamericano; este documento forma parte de ellos. El proceso de integración de dicha industria ha mostrado algunos avances, especialmente como resultado de los intercambios de energía eléctrica entre actores privados. Entre éstos, es relevante el caso de las compras y ventas de electricidad entre Guatemala y El Salvador. Dentro de este proceso de intercambio, han desempeñado un papel muy importante algunos productores privados que han suscrito contratos tipo PPA (Power Purchase Agreement) con empresas públicas o distribuidoras privadas. Por otro lado, estos contratos podrían convertirse en un serio obstáculo para la conformación de mercados competitivos, tanto en el ámbito nacional como en el regional. Con el fin de analizar las repercusiones de estos contratos en las industrias nacionales, la CEPAL ha elaborado el presente estudio. El interés por este tema está reflejado en la solicitud presentada por la Asociación de Entidades Reguladoras de Energía Eléctrica de Centroamérica (ACERCA), para la revisión del estado de los contratos de compraventa de energía (PPA) suscritos por las empresas públicas de electricidad en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En los cuatro países estudiados, desde principios de la década de los años noventa, las empresas públicas de electricidad prácticamente paralizaron sus programas de inversión en generación eléctrica, y utilizaron los esquemas de contratación PPA para satisfacer el crecimiento de la demanda y asegurar el suministro durante el período de reforma y transición de la industria eléctrica. Se reconocen como muy favorables las inversiones realizadas por el sector privado en el segmento de la producción de electricidad; sin embargo, por su magnitud, los compromisos de compra de energía referidos inciden de manera importante en el subsector eléctrico, tema que ameritó un estudio particular. En el documento se analizan los términos que rigen esas contrataciones, así como sus implicaciones técnicas y económicas, especialmente con respecto a la nueva estructura de la industria eléctrica y su interrelación con los mercados de electricidad. Es conveniente aclarar que la información presentada alude a la situación prevaleciente a finales del 2000, sin incluir los cambios ni la modernización de los contratos recientemente aprobados en Guatemala. Además de cumplir con la solicitud de la ACERCA, se espera que este documento constituya una fuente de consulta para las autoridades e instituciones nacionales y regionales del subsector eléctrico, entre ellas, los ministerios encargados del sector energía, las comisiones reguladoras, las empresas públicas de electricidad, el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), y las comisiones recientemente constituidas para la creación y supervisión del mercado eléctrico regional.

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Bajo los lineamientos del pensamiento liberal e individualista, propios del siglo XIX, la sujeción absoluta a lo pactado en los contratos era la forma por excelencia para satisfacer las exigencias de los cánones ideológicos de la época. El Código Civil de Vélez Sársfield no resultó ajeno a esa ideología e incorporó en sus disposiciones la máxima pacta sunt servanda en aras de garantizar la estabilidad y la fuerza de los contratos como presupuestos básicos de la seguridad jurídica y el desarrollo de las actividades económicas. Así, en materia contractual, la realización de la justicia se reducía, simplemente, al cumplimiento fiel del contrato, sin importar el grave perjuicio que debía soportar el contratante al momento de cumplir con la prestación debida en caso de que ésta se volviera excesivamente onerosa, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

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Estudo sobre alternativas à fixação de limites mínimos para a celebração de convênios e contratos de repasse fixados no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, com as modificações do Decreto nº 7.594, de 31 de outubro de 2011.