913 resultados para COLOMBIA - LÍMITES - NICARAGUA
Resumo:
El Presente trabajo de investigación tiene por objeto identificar cual es la importancia geopolítica de los territorios que se encuentran actualmente en litigio ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por la demanda presentada por Managua ante este tribunal tanto para Nicaragua como para Colombia.
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Nova et Vetera, ISSN 1692 - 5866, Año 8 No. 12 (Abril 22 - 28 de 2013)
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El fallo de la CIJ respecto del diferendo de Nicaragua contra Colombia reconfiguró las fronteras en el Caribe colombiano y el mapa de la nación. La mala socialización del fallo a nivel nacional y departamental, genera un ambiente de negativismo sobre el panorama actual y a mediano y largo plazo. Este ambiente da paso a una serie de reacciones que influyen en el debate nacional con respecto a los efectos del fallo, dejando de lado elementos de fondo pertinentes para su mejor comprensión, asimilación y debate. El Estudio de Caso que se desarrolla a continuación pretende, en primer lugar, contextualizar el proceso histórico y jurídico que dan paso a la sentencia de la CIJ. En segundo lugar, hacer un examen riguroso de los efectos generados en Colombia. Finalmente, en tercer lugar, se desea aportar elementos de análisis que se centren en los efectos reales para Colombia y el archipiélago.
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El siguiente trabajo de grado denominado "Análisis del diferendo jurídico y político entre Colombia y Venezuela con respecto al dominio sobre el Golfo de Coquivacoa/ de Venezuela y sus límites Marítimos, 1952-2010-2010", tiene dos objetivos principales. El primero, es actualizar al lector sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela a través de un barrido histórico-jurídico, identificando cuales han sido los intereses geopolíticos de cada Estado en el Golfo de Coquivacoa/Venezuela. A su vez, el segundo objetivo, es proponer una solución al diferendo retomando la figura jurídica de Condominio.
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El cambio climático por sus impactos económicos, sociales y sobre la biodiversidad constituye uno de los principales retos globales de este siglo. América Latina por su alta vulnerabilidad al cambio climático y, a pesar de contribuir en términos relativos poco a las emisiones globales, requiere realizar medidas de adaptación y de mitigación de sus emisiones, que le permita transitar hacia una senda de crecimiento bajo en carbono. En este contexto, este trabajo tiene por objetivo identificar las estrategias de mitigación y adaptación más utilizadas en Perú, Bolivia, Colombia y Nicaragua, que contribuyan a generar una senda de crecimiento económico baja en emisiones de carbono.
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El principal objetivo de este estudio es analizar las estrategias o programas de adaptación al cambio climático y sus costos explícitos reconocidos en las finanzas públicas en Colombia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay
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El interés de esta monografía es evaluar la relación entre el derecho internacional, la guerra y la política exterior a la luz del concepto de lawfare. Esta relación se evalúa a la luz del caso de las relaciones de Nicaragua con sus vecinos. Se analiza y explican las distintas nociones de derecho internacional desarrolladas por las teorías de Relaciones y sus limitaciones; la utilización de la guerra jurídica como estrategia sustitutiva de la guerra material en el caso de Nicaragua. Utilizando el concepto desarrollado por Charles Dunlap, el trabajo busca demostrar que el lawfare explica algunas relaciones entre derecho, guerra, y relaciones internacionales que las teorías clásicas no pueden y, adicionalmente da razón de las acciones de Nicaragua mediante la utilización del Derecho Internacional.
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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.
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El interés de este estudio de caso, es analizar la situación fronteriza en materia comercial y de seguridad; evaluando las políticas públicas implementadas por el gobierno Santos, para darle solución a los problemas estructurales de la zona de estudio, comprendida por Norte de Santander y el Táchira. Adicionalmente se explican los problemas comerciales y de ilegalidad en la zona, que en la actualidad tienden a expandirse como una red controlada por las Farc, Auc y Bandas Criminales, que han cooptado la institucionalidad de ambos Estados. Y finalmente se determina que las políticas implementadas desde la administración Santos han sido insuficientes para terminar los problemas estructurales en materia comercial y de seguridad en la zona.
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We present here an indicator of soil quality that evaluates soil ecosystem services through a set of 5 subindicators, and further combines them into a single general Indicator of Soil Quality (GISQ). We used information derived from 54 properties commonly used to describe the multifaceted aspects of soil quality. The design and calculation of the indicators were based on sequences of multivariate analyses. Subindicators evaluated the physical quality, chemical fertility, organic matter stocks, aggregation and morphology of the upper 5 cm of soil and the biodiversity of soil macrofauna. A GISQ combined the different subindicators providing a global assessment of soil quality. Research was conducted in two hillside regions of Colombia and Nicaragua, with similar types of land use and socio-economic context. However, soil and climatic conditions differed significantly. In Nicaragua, soil quality was assessed at 61 points regularly distributed 200 m apart on a regular grid across the landscape. In Colombia, 8 plots representing different types of land use were arbitrarily chosen in the landscape and intensively sampled. Indicators that were designed in the Nicaragua site were further applied to the Colombian site to test for their applicability. In Nicaragua, coffee plantations, fallows, pastures and forest had the highest values of GISQ (1.00; 0.80; 0.78 and 0.77, respectively) while maize crops and eroded soils (0.19 and 0.10) had the lowest values. Examination of subindicator values allowed the separate evaluation of different aspects of soil quality: subindicators of organic matter, aggregation and morphology and biodiversity of macrofauna had the maximum values in coffee plantations (0.89; 0.72 and 0.56, respectively on average) while eroded soils had the lowest values for these indicators (0.10; 0.31 and 0.33, respectively). Indicator formulae derived from information gained at the Nicaraguan sites were not applicable to the Colombian situation and site-specific constants were calculated. This indicator allows the evaluation of soil quality and facilitates the identification of problem areas through the individual values of each subindicator. It allows monitoring of change through time and can guide the implementation of soil restoration technologies. Although GISQ formulae computed on a set of data were only valid at a regional scale, the methodology used to create these indices can be applied everywhere.
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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.
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Este trabajo, es un estudio de caso que pretende caracterizar el proceso de integración binacional en la región fronteriza entre el Departamento de Norte de Santander Colombia y el Estado Táchira Venezuela, más específicamente en la zona de aglomeración humana de San José de Cúcuta (Col) – Pedro María Ureña (Ven), intentando contribuir a la construcción de un modelo explicativo que dé cuenta de la importancia de la participación de los Estados en los procesos de desarrollo e integración de las fronteras.
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El artículo se divide en tres grandes partes. La primera parte presenta los antecedentes del caso relativo a la delimitación en el mar Caribe entre Nicaragua y Colombia. Analiza la competencia de la Corte Internacional de Justicia – CIJ (la Corte) de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de la Corte; en consecuencia se estudia la declaración de aceptación de la Competencia de la Corte presentada por Colombia ante la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1937, y el Pacto de Bogotá de 1948, así como su aplicabilidad y alcance con relación al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. La segunda parte hace una detallado análisis de la decisión de la Corte relativa a las excepciones preliminares, en la que determinó que la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era colombiana, que el tratado Esguerra- Bárcenas no es un tratado de delimitación marítima y que es competente para conocer sobre el fondo del asunto. La tercera parte señala las actuaciones que faltan por realizarse en lo relativo al fondo del caso.
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El artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que todo Estado que considere tener un interés de orden jurídico que pueda ser afectado por la decisión de un litigio podrá solicitar intervenir, siendo la Corte quien decida respecto de dicha solicitud. Los últimos desarrollos jurisprudenciales de la Corte en materia de intervención mostraban cómo las discusiones surgidas, a escala jurisprudencial y doctrinal, alrededor de la interpretación y aplicación de la intervención parecían haber desaparecido. Sin embargo, las recientes decisiones de la Corte respecto de las solicitudes de intervención de Costa Rica y Honduras en la Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Colombia han revivido de nuevo la controversia. Este artículo presenta una introducción general a la institución de la intervención, explicando la aplicación que la Corte ha dado a la misma y analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para intervenir en asuntos sometidos a la Corte para su solución. Como conclusión, se realiza un comentario y análisis de las decisiones de la Corte en las más recientes solicitudes de intervención.