El Uso de la cláusula democrática y de derechos humanos en las relaciones exteriores de la Unión Europea

Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales, y un medio en manos de la UE para mostrar su disconformidad ante determinadas situaciones, y para presionar a los gobiernos infractores y que deseen establecer relaciones con la comunidad. En el presente working paper se analizará el origen y la posterior consolidación como práctica habitual en las relaciones con la UE. Asimismo, se dará un repaso a la tipología utilizada en el clausulado de los Tratados con países terceros

Noticias biográficas del Exmo. Sr. D. Lucas Alamán, Secretarío de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.

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Continuación del expediente istruido en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Constitucional, sobre medios de pacificación de la República.

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Notas y documentos relativos a la nota de 18 de agosto de 1877 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al encargado de negocios del interior de México en Washington.

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Documentos oficiales respecto de las Relaciones Exteriores de México durante la guerra de Reforma.

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Memoria Leida por el Ministro de Relaciones Exteriores a las camaras del Congreso General en los días 29 y 30 del mes de enero de 1838 en cumplimiento del art. 31 de la cuarta ley constitucional

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Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación leída en el Senado del 11 y en la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 1845

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Memoria del secretario de estado y del despacho de Relaciones Exteriores y Gobernación de la República Mexicana correspondiente a la administración provisional en los años de 1841,42 y 43, leida en las Camaras del Congreso Constitucional desde el día 12 al 17 de enero de 1844.

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Informe del C. Ignacio Mariscal, secretario del despacho de Relaciones Exteriores, rendido ante el Senado acerca del Tratado de Límites entre Yucatán y Belice.

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Correspondencia de la Legación Mexicana en Washington, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República y el Departamento de Estado de los Estado Unidos, sobre la captura, juicio y ejecución de Don Fernando Maximiliano de Hapsburgo.

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La inmigración en la república argentina, informe rendido a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Fomento, Colonización e Industria de los Estados Unidos Mexicanos

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Memoria que en cumplimiento del precepto constitucional presentó al Congreso de la Unión en el primer periodo de sus sesiones el C. Ignacio L. Vallarta, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores

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Memoria que en cumplimiento del precepto constitucional presentó al Séptimo Congreso de la Unión en el primer periodo de sus sesiones, José María Lafragua, Ministro de Relaciones Exteriores

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Análisis de la aplicación de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 274 del 2000. Estudio de Caso: Ministerio de Relaciones Exteriores. Periodo gobierno de Álvaro Uribe

La presente monografía realiza una análisis de la aplicación de los estatuto de carrera administrativa, ley 909 del 2004 y el de carrera diplomática y consular, Decreto 274 del 2000 en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo del presidente Álvaro Uribe. Esto para mostrar como el criterio del mérito, como rector de la formación y gestión de la función pública, consagrado en la constitución y en los estatutos de carrera no se aplica en la práctica en dicho ministerio. Así mismo se busca a través de entrevistas a expertos en la materia dar una explicación a la desviación que se presenta en la práctica de los principios normativos sobre función pública.

Caracterización de las acciones internacionales de Bogotá - Cundinamarca y su vinculación con el proyecto político regional

El contexto dinámico que caracteriza el actual escenario global ha posicionado a los territorios subnacionales como actores protagónicos de las relaciones internacionales. Como efecto principal se presenta un cambio diametral en el ordenamiento del territorio y en los esquemas de gestión territorial. Ello ocurre por que la economía mundial y los procesos políticos se comportan dinámicamente y exigen un trabajo en redes territoriales y sectoriales que desbordan las fronteras público-privadas y las jurisdiccionales. De un lado, el creciente proceso de autonomía propiciado por los procesos de descentralización permite la intervención de actores sociales subnacionales. Así, las redes de empresas, los gobiernos, los gremios y las ONG se ven abocados a interactuar en distintos niveles de territoriales (Publica-privada y pública-pública, doméstica internacional) y bajo nuevas formas de gestión territorial. De otro lado, la dinámica de la economía global influye sobre la matriz locacional de las actividades económicas produciendo una reconversión productiva permanente, en la cual los clusters y las redes de empresas y medianas empresas compiten, aprenden y cooperan permanentemente con instituciones gubernamentales y universidades.. Este panorama muestra la desconcentración de las funciones estatales de promoción del desarrollo y el correlativo fortalecimiento de los gobiernos territoriales.