1000 resultados para Administración pública-Investigación
Resumo:
En la memoria del trabajo se detallan las tareas realizadas durante los cuatro años en los que he sido beneficiaria de la beca FI, que me permitió incorporarme en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, bajo la dirección del Dr. Joan M. Trayter Jiménez, para la elaboración del proyecto de investigación "La responsabilidad patrimonial de la Administración Púbica Urbanística", que una vez terminado dará lugar a la Tesis Doctoral. Durante el primer año realizé y superé los cursos del programa de Doctorado “Globalización y Derecho: el Derecho Europeo como referencia”; que me permitió obtener la renovación de la Beca FI, para la elaboración y defensa en el año posterior de la tesina titulada "La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por cambio de la ordenación territorial o urbanística”; con la consiguiente obtención del Diploma de Estudios Avanzados en Derecho. En líneas generales, puedo destacar -además de la investigación en la elaboración de la Tesis-, la realización de dos estancias de investigación en la University of Oxford, bajo la tutorización del Prof. Paul Craig, del St. John's College; gracias a la concesión de una beca por parte del "Institut d'Estudis Autonòmics de Catalunya" y otra, por la Generalitat de Catalunya, dirigida a estancias de investigación en el extrangero. También diversas publicaciones traducidas en la participación en dos libros, un artículo, una recensión y una comunicación; así como la asistencia a distintos Congresos de Derecho Administrativo y seminarios, la realización de distintos cursos entre ellos un Posgrado de Derecho Urbanístico en la UdG y la docencia realizada. Asimismo he devenido miembro de los proyectos de investigación del grupo de investigación del Área; importantes por formar parte del Plan Nacional I+D, financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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El Sistema de Desarrollo Administrativo y sus alcances en la actual Ley de Administración Pública. Antes de la Ley 489 de 1998 las entidades de la Administración Pública no trabajaban en forma coordinada y la colaboración interinstitucional era deficiente, lo cual se ha corregido con la entrada en vigencia de la citada norma. Con la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo creado por la Ley 489 de 1998, las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, deben aplicar un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de sus recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, tendientes a fortalecer su capacidad administrativa y su desempeño institucional. Las Políticas de Desarrollo Administrativo fueron plasmadas en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 y reagrupadas por el Decreto 3622 de 2005, en cinco ítems para su mejor comprensión y aplicación: 1) Política de Desarrollo del Talento Humano Estatal. 2) Política de Gestión de la Calidad 3) Política de Democratización de la Administración Pública. 4) Política de Moralización y Transparencia de la Administración Pública y 5) Política de Rediseños Organizacionales. Las anteriores políticas junto con el Plan Nacional de Formación y Capacitación constituyen los Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 16 de la Ley 489 de 1998, las cuales se aplican actualmente en los 19 Sectores Administrativos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. En el Orden Territorial la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo ha sido parcial y los resultados aún no están consolidados. Nuestra investigación pretende que con el conocimiento claro del tema, a través de una adecuada planificación de los recursos de las entidades públicas, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades públicas, se administre mejor el Estado.
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La investigación aborda la problemática del contrato estatal atípico a partir de un marco teórico, con el fin de encontrar los contratos estales atípicos en la práctica pública, y a partir de allí realizar un análisis de su contenido de acuerdo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
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La investigación consistió en establecer el grado de cumplimiento de los Convenios suscritos por el Estado Colombiano con la OIT, en armonía con la legislación nacional para dar cumplimiento al programa de entrega de tierras a los pueblos indígenas de Colombia durante el período comprendido entre 1966 – 2009, adelantado por las Entidades Administrativas del Estado, e ilustrado con el caso del resguardo de Cristianía.
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La metodología para desarrollar esta investigación se apoyará en la Perspectiva Legal, la Teoría Moralista, la Perspectiva Cultural, y la Perspectiva Institucional desarrolladas en el marco teórico del anteproyecto de esta monografía. Igualmente se contemplará la revisión de fuentes secundarias y la realización de tres entrevistas estructuradas. Esta monografía se dividirá en cinco partes: El primer capítulo se centrará en una construcción teórica del concepto de Cultura de la Legalidad que se utilizará en este trabajo, concepto que involucra autores tales como, Leoluca Orlando, Antanas Mockus, Michel Focault y Larry Nucci entre otros. El segundo capítulo se referirá a los diferentes componentes de la Cultura de la Legalidad para combatir la corrupción. El tercer capítulo desarrollará el fenómeno de la corrupción administrativa en la Administración Pública mediante una sugestiva transformación de la ecuación de Robert Klitgaard. El cuarto capítulo examinará el Estatuto Anticorrupción (ley 190 de 1995) desde los diferentes componentes de la 4 Cultura de la Legalidad, para así determinar la importancia de un marco cultural y moral articulado a la legislación colombiana para combatir la corrupción a largo plazo. Y por último, se incluirán algunas conclusiones y recomendaciones producto de esta investigación.
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El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.
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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.
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La problemática que aborda este trabajo comprende el análisis de las implicaciones y del significado de la reafirmación del trámite de los recursos administrativos como un requisito de procedibilidad que el particular debe agotar para poder acudir a la jurisdicción administrativa cuando pretende dirimir una controversia originada en una decisión adoptada por una autoridad pública. Nos preguntamos, si con ello, se cumplió todo aquello que inspiró a los precursores de la expedición del nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. La investigación se desarrolló a partir de un plan de trabajo divido en dos partes. En la primera, se analizó la doble connotación que caracteriza a los recursos administrativos, así como la evolución, la efectividad y la importancia de aquellos de cara a los privilegios de la administración pública. También se abordaron las modificaciones que el legislador ha efectuado a esta herramienta de autocontrol de las decisiones administrativas y la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en esta materia. En la segunda parte, con el fin de establecer si la reafirmación del agotamiento del recurso de apelación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción administrativa, traduce los propósitos del legislador al expedir el nuevo código administrativo y de lo contencioso administrativo, se plasmaron aspectos que debieron considerarse en esta reforma, en el marco de las tendencias de un Estado Social de Derecho y de la problemática de la congestión judicial que intenta afrontar el legislador. En ese marco, se explicaron los aspectos que permitieron constatar que los propósitos del legislador se desdibujaron al mantener la obligatoriedad de agotar los recursos administrativos para que el particular pueda someter una controversia a la jurisdicción administrativa.
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La presente investigación se enmarcó dentro del estudio científico del campo de la Administración Pública. La atención recayó sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador y la participación ciudadana dentro de sus procesos de toma de decisión en la elaboración, y posterior implementación, de políticas públicas para combatir diferentes posibilidades de desastre. Para el efecto de este estudio, el objetivo fue iluminar y explicar las falencias e incoherencias dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador a través del uso de los conceptos aplicables al espacio de la Administración Pública. De hecho, se partió de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, especialmente de su componente político de la ‘ciudadanía deliberativa’, y de los aportes investigativos en el campo de la gestión social de Fernando Tenório. Metodológicamente, se hizo uso del análisis del discurso para poder evidenciar y comprender cómo se define y ejerce el rol ciudadano dentro de este sistema, así como la importancia que la misma tiene en un sector en dónde la ciudadanía entra en relación con los representantes del componente científico-técnico y del político en la estructuración de planes comunitarios de acción contra el riesgo. Como resultado, puede evidenciarse que se dio un proceso de ordenamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la introducción de ciertos principios operativos a partir de 2007: la descentralización operativa y decisional, la incorporación social de una cultura de prevención de riesgos, y la centralidad de la participación ciudadana. Pero, el reconocimiento formal de estos principios no aparece como condición suficiente para un ejercicio real de participación ciudadana por la conjunción con ciertos factores que influencian de manera negativa en el funcionamiento del sistema: por ejemplo, la falta de delimitación de competencias claras entre los diferentes actores y la escasez de recursos de diferente tipo. Por último, cabe recalcar la importancia de este tipo de estudios sobre los diversos sistemas de Administración Pública en el país, pues es de vital importancia para comprender las condicionantes que limitan, así como las potencialidades, de los procesos políticos en Ecuador.
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La presente investigación académica procura demostrar que el principio jurídico de interdicción de la arbitrariedad, está contenido implícitamente en la Constitución de la República vigente en el Ecuador, misma que es de directa e inmediata aplicación por las autoridades de la Administración Pública, al momento de emitir actos administrativos. Para ello, en el primer capítulo se presenta un estudio inicial sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad referido, su definición, historia, referencia normativa y jurisprudencial. Posteriormente, se estudia al nuevo marco constitucional ecuatoriano, así como la vinculación que existe entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional conforme la nueva Ley Suprema. Se aborda el tema de las potestades y competencias como medio que permite la actuación de las autoridades públicas, y también se estudia al instrumento que sirve para expresar la voluntad de la Administración Pública, me refiero, al acto administrativo. En un segundo capítulo, se enfatiza y explora a los derechos y garantías constitucionales que en el Ecuador contribuyen a que exista la prohibición de la arbitrariedad en la emisión de actos administrativos, me refiero a la motivación, legalidad actual juridicidad, respeto al debido proceso y tutela judicial efectiva. Por último en el tercer capítulo, el bagaje teórico expuesto será aplicado en el estudio de la arbitrariedad con temas como el desvío de poder, la discrecionalidad, la razonabilidad y sobretodo como el tema central de este trabajo de investigación que es la prohibición constitucional de arbitrariedad en la emisión de actos administrativos. Al final, se anotan las conclusiones generadas como resultado de la investigación jurídica realizada.
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Incluye Bibliografía
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Programa de doctorado: Administración y dirección de empresas. La fecha de publicación es la fecha de lectura
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Con la presente investigación nos proponemos indagar y problematizar las construcciones identitarias de clase media de trabajadores contratados en ámbitos laborales precarios de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de la Plata en 2013-2014. Al referirnos a los trabajadores contratados es ineludible vincular su origen al proceso de reestructuración del Estado en la década del '90, el cual habilitó la propagación de formas de contratación temporarias y precarizadas al interior de la Administración Pública. Actualmente los trabajadores contratados constituyen una planta con características mixtas, en tanto poseen alguna o varias de las prerrogativas de la planta permanente, con excepción fundamentalmente de la estabilidad, ya que se trata de contratos con plazo de vencimiento máximo de un año. Si bien el trabajo en el Estado ha sido considerado tradicionalmente como una referencia identitaria de clase media, la precarización, por el contrario, presenta signos desestabilizadores de algunos de sus presupuestos -como la estabilidad, la certidumbre y derechos asociados-. Situándonos en la contemporaneidad de estas atribuciones precarias, nuestro interés se centra en analizar los diversos modos en que los trabajadores contratados narran su pertenencia clasista, en particular aquellos que lo hacen alrededor de una idea de clase media
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Con la presente investigación nos proponemos indagar y problematizar las construcciones identitarias de clase media de trabajadores contratados en ámbitos laborales precarios de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de la Plata en 2013-2014. Al referirnos a los trabajadores contratados es ineludible vincular su origen al proceso de reestructuración del Estado en la década del '90, el cual habilitó la propagación de formas de contratación temporarias y precarizadas al interior de la Administración Pública. Actualmente los trabajadores contratados constituyen una planta con características mixtas, en tanto poseen alguna o varias de las prerrogativas de la planta permanente, con excepción fundamentalmente de la estabilidad, ya que se trata de contratos con plazo de vencimiento máximo de un año. Si bien el trabajo en el Estado ha sido considerado tradicionalmente como una referencia identitaria de clase media, la precarización, por el contrario, presenta signos desestabilizadores de algunos de sus presupuestos -como la estabilidad, la certidumbre y derechos asociados-. Situándonos en la contemporaneidad de estas atribuciones precarias, nuestro interés se centra en analizar los diversos modos en que los trabajadores contratados narran su pertenencia clasista, en particular aquellos que lo hacen alrededor de una idea de clase media
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Con la presente investigación nos proponemos indagar y problematizar las construcciones identitarias de clase media de trabajadores contratados en ámbitos laborales precarios de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de la Plata en 2013-2014. Al referirnos a los trabajadores contratados es ineludible vincular su origen al proceso de reestructuración del Estado en la década del '90, el cual habilitó la propagación de formas de contratación temporarias y precarizadas al interior de la Administración Pública. Actualmente los trabajadores contratados constituyen una planta con características mixtas, en tanto poseen alguna o varias de las prerrogativas de la planta permanente, con excepción fundamentalmente de la estabilidad, ya que se trata de contratos con plazo de vencimiento máximo de un año. Si bien el trabajo en el Estado ha sido considerado tradicionalmente como una referencia identitaria de clase media, la precarización, por el contrario, presenta signos desestabilizadores de algunos de sus presupuestos -como la estabilidad, la certidumbre y derechos asociados-. Situándonos en la contemporaneidad de estas atribuciones precarias, nuestro interés se centra en analizar los diversos modos en que los trabajadores contratados narran su pertenencia clasista, en particular aquellos que lo hacen alrededor de una idea de clase media
