895 resultados para AGEING PERSONS
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The Brasilia Declaration, adopted in 2007 at the second Regional Intergovernmental Conference on Ageing in Latin America and the Caribbean: towards a society for all ages and rights-based social protection and ratified in ECLAC resolution 644(XXXII) of 2008, called on participating governments to work towards adopting a international convention regarding the rights of older persons (Article 24). It also established a mandate for a Human Rights Council Special Rapporteur who would be responsible for promoting and protecting the rights of older persons (Article 25).Three meetings were held during the past biennium pursuant to that commitment. The first and second meetings took place, respectively, in Rio de Janeiro, Brazil (2008) and in Buenos Aires, Argentina (2009). At the third meeting, held in Santiago (Chile), on 5-6 October 2009, participating countries requested the Secretariat of the United Nations Economic Commission for Latin America (ECLAC) to prepare "a proposal for a strategy on how to follow up article 24 and 25 of the Brasilia Declaration." This proposal should include the "minimum content necessary in an international convention on the rights of older persons from the Latin American and Caribbean perspective."In response to this request, this document first presents a general overview of existing human rights standards, both at the international and at the regional levels, that are relevant to the promotion and the protection of the rights of older persons. It then provides the arguments that, from a Latin American and Caribbean perspective, justify the adoption of an international convention regarding the rights of older persons, as well as the minimum contents that this convention should include. The document finally presents a proposed strategy to move towards the adoption of an international convention in this realm from a Latin American and Caribbean perspective.
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This publication summarizes the "Report on application of the Brasilia Declaration and the Regional Strategy for the Implementation in Latin America and the Caribbean of the Madrid International Plan of Action on Ageing", which will be presented at the Third Regional Intergovernmental Conference on Ageing in Latin America and the Caribbean, to be held in San José from 8 to 11 May 2012.
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Spanish , french and portuguese versions available
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Incluye Documento de Referencia DDR/1 sólo para participantes
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Versiones en inglés, francés y portugués disponibles en Biblioteca
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Versiones en inglés, francés y español disponibles en Biblioteca
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Versiones en español, inglés y portugués disponibles en Biblioteca
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Incluye Bibliografía.
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Incluye Bibliografía.
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En la Declaración de Brasilia, aprobada en la segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos en 2007, y ratificada por la CEPAL mediante la resolución 644(XXXII); de 2008, se insta a los gobiernos participantes a realizar esfuerzos encaminados a impulsar la elaboración de una convención internacional sobre los derechos de las personas de edad (artículo 24);. Se solicitaba asimismo la designación de un relator especial en el Consejo de Derechos Humanos encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de las personas de edad (artículo 25);.En el pasado bienio se celebraron tres reuniones de conformidad con ese compromiso. Las dos primeras tuvieron lugar, respectivamente, en Río de Janeiro (Brasil); (2008); y en Buenos Aires (Argentina); (2009);. En la tercera reunión, celebrada en Santiago (Chile); los días 5 y 6 de octubre de 2009, los países participantes solicitaron a la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); que elaborara "una propuesta de estrategia sobre cómo avanzar en el seguimiento de los artículos 24 y 25 de la Declaración de Brasilia". La propuesta debería incluir "los contenidos mínimos que deberían estar presentes, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, en una convención internacional sobre los derechos de las personas de edad".En respuesta a esa solicitud, en este documento se presenta, en primer lugar, un panorama general sobre las normas existentes en materia de derechos humanos que están relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las personas de edad, tanto a nivel internacional como regional. A continuación se señalan los argumentos que, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, justifican la aprobación de una convención internacional sobre los derechos de las personas de edad, así como los contenidos mínimos que esa convención debería incluir. Por último, se presenta una propuesta de estrategia para promover la aprobación.
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El trabajo compara dos programas de transferencias no contributivas a personas mayores (PTNCPM) en México: uno local (el Programa de la Pensión Alimentaria del Distrito Federal, creado en 2001) y otro nacional (el Programa 70 y Más, impulsado en 2007). Se documenta el proceso de envejecimiento de la población en los países de la Región Norte de América Latina y el Caribe; se revisan los principales instrumentos internacionales sobre los derechos de las personas mayores, así como los marcos jurídicos de ambos programas; se propone una guía para el análisis de los PTNCPM desde un enfoque de derechos, y se lleva a cabo una comparación sobre la base de diversas variables. Entre los hallazgos principales del trabajo se encontraron modificaciones de los criterios de elegibilidad: el programa nacional dejó de lado la universalidad para iniciar un proceso de focalización en 2012; la cobertura alcanzó el 100% en ambos casos y se redujo a casi 60% en el programa nacional y a 82% en el local; las prestaciones monetarias directas e indirectas en el caso local duplican las del nacional; en éste hay un sesgo de género favorable a los varones, mientras que en aquél es favorable a las mujeres; la sostenibilidad financiera está asegurada por ley sólo en el programa local; el presupuesto asignado como porcentaje del PIB es del doble en el caso local con respecto al nacional; y la capacitación de tomadores de decisiones, cuadros medios y personal operativo es fundamental para el mejoramiento y ampliación de los programas. Se concluye que el enfoque de derechos garantiza la institucionalidad y sostenibilidad de los programas, además de un ingreso mínimo universal que promueve la cohesión social.