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El Fiscal General de la Nación presentó ante el Congreso de la República, el proyecto de reforma del sistema penal colombiano, que culminó con la promulgación de las leyes 559 (Código penal) y 600, ambas del año 2.000

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Las funciones de Policía Judicial son realizar una serie de labores y actividades que les demanda una eficiente y seria preparación a obtener resultados óptimos que el funcionario judicial penal pueda derivar de ellos correspondientes consecuencias

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El vacío normativo jurisprudencial y doctrinal que existe para la aplicación de la amnistía e indulto en el proceso de paz colombiano frente a la competencia de la Corte Penal Internacional hace necesaria la realización de un estudio de la normatividad vigente en Colombia frente al Tratado de Roma

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A continuación se buscará explicar detalladamente cada uno de estos sistemas, buscando resaltar sus fuentes históricas, sus características más sobresalientes y su importancia dentro del contexto colombiano. Con el fin de profundizar este último tema, se hará una descripción histórica de los sistemas penales que han imperado en nuestro país durante los últimos años, pasando de un sistema inquisitivo a uno mixto y de ahí a uno de carácter acusatorio; cambios que han estado sujetos a las necesidades de carácter económico, social y político del país, y que han conllevado últimamente a intentos de reforma, como la propuesta que se llevó a cabo recientemente por parte del actual presidente de la Comisión Primera de la Cámara en la que se buscó quitarle funciones judiciales a la fiscalía, a través del proyecto de acto legislativo número 19 de 2001 Senado y 151 de 2001 Cámara, y el más reciente, el número 12 de 2002 Senado y 237 de 2002 Cámara, que terminó en el acto legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002.

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Se critica a la Corte Constitucional porque su control constitucional sobre los derechos sociales, ha afectado el presupuesto nacional, la asignación de recursos, la equidad y el interés general. La Corte se defiende aclarando que los derechos fundamentales pueden afectarse por el no reconocimiento de derechos sociales, en consecuencia se ha desarrollado una radicalización equívoca del problema, pues el problema no es si deben o no protegerse tales derechos, sino el medio para hacerlo. Sin embargo, la opinión de la Corte frente al sistema pensional, demuestra que no tiene una posición seria sobre el tema, hasta el punto de variar su jurisprudencia sobre la progresividad de los DHESC y de los derechos adquiridos.

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Toda Constitución es un esquema de poder. Como toda concepción de poder se refiere y tiene por objeto al hombre, implica una toma de posición, un pronunciamiento sobre la libertad y sus garantías. La idea de libertad - garantía, de la libertad defendida, o de las garantías constitucionales de la libertad, se atribuye con justicia al constitucionalismo liberal, creado por la tradición inglesa (Magna Charta, 1215; Petito of right 1627; Hábeas Corpus, Act 1679; Bill of Rights 1689), su secuencia norteamericana (Declaración de Derechos de Virginia, 1776 y Acta de declaración de la independencia, 1776), y el movimiento ideológico francés del enciclopedismo y la ilustración que quedó plasmado en la Declaración de Derecho del Hombre y el Ciudadano de 1789. Generalidad y oponibilidad al Estado constituyen la esencia de las garantías ciudadanas proclamadas por el liberalismo: mecanismos, prestación, servicio, procedimiento de vigilancia y control, reparación, control, moderación o intervención, que tiendan a dar seguridad, vigencia real y eficacia a una libertad para todos, es una garantía.

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La reducción de la demanda, específicamente por medios alternativos al sistema penal tradicional, ha sido uno de los componentes más discutidos en los análisis que abordan la lucha contra las drogas. Este artículo se propone determinar el papel de la Organización de Estados Americanos en el establecimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Se sugiere que la organización internacional, a través de la CICAD, ha jugado un papel de promoción, y evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos, generando presión entre sus Estados miembro, dada la necesidad de instaurar alternativas legales de reducción del daño. Sin embargo, se presentan deficiencias en los mecanismos de evaluación, ya que las indicaciones realizadas no tienen un carácter obligatorio y por tanto las determinaciones de la CICAD no necesariamente son adoptadas.

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The INSIG2 rs7566605 polymorphism was identified for obesity (BMI> or =30 kg/m(2)) in one of the first genome-wide association studies, but replications were inconsistent. We collected statistics from 34 studies (n = 74,345), including general population (GP) studies, population-based studies with subjects selected for conditions related to a better health status ('healthy population', HP), and obesity studies (OB). We tested five hypotheses to explore potential sources of heterogeneity. The meta-analysis of 27 studies on Caucasian adults (n = 66,213) combining the different study designs did not support overall association of the CC-genotype with obesity, yielding an odds ratio (OR) of 1.05 (p-value = 0.27). The I(2) measure of 41% (p-value = 0.015) indicated between-study heterogeneity. Restricting to GP studies resulted in a declined I(2) measure of 11% (p-value = 0.33) and an OR of 1.10 (p-value = 0.015). Regarding the five hypotheses, our data showed (a) some difference between GP and HP studies (p-value = 0.012) and (b) an association in extreme comparisons (BMI> or =32.5, 35.0, 37.5, 40.0 kg/m(2) versus BMI<25 kg/m(2)) yielding ORs of 1.16, 1.18, 1.22, or 1.27 (p-values 0.001 to 0.003), which was also underscored by significantly increased CC-genotype frequencies across BMI categories (10.4% to 12.5%, p-value for trend = 0.0002). We did not find evidence for differential ORs (c) among studies with higher than average obesity prevalence compared to lower, (d) among studies with BMI assessment after the year 2000 compared to those before, or (e) among studies from older populations compared to younger. Analysis of non-Caucasian adults (n = 4889) or children (n = 3243) yielded ORs of 1.01 (p-value = 0.94) or 1.15 (p-value = 0.22), respectively. There was no evidence for overall association of the rs7566605 polymorphism with obesity. Our data suggested an association with extreme degrees of obesity, and consequently heterogeneous effects from different study designs may mask an underlying association when unaccounted for. The importance of study design might be under-recognized in gene discovery and association replication so far.

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Since the 1960s, numerous studies on sugarcane plant regeneration have been reported. Essentially, successful culture and regeneration of plants from protoplasts, cells, callus, and various tissue and organs, have been achieved in this crop. Although plant regeneration from callus cultures had been reported since the 1960s, definitive proof of somatic embryo development was not available until 1983. Since then, considerable progress has been made in understanding and refining somatic embryogenesis and plant regeneration in sugarcane, for which development of an efficient embryogenic system was critical for the application of transgenic technology. Recent research in Australia and South Africa has led to the development of direct somatic embryogenic systems, which may improve transgenesis in sugarcane.