1000 resultados para marco de participación


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El propósito de esta tesis es aportar elementos para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, como un mecanismo para que el contenido material de los proyectos de ley esté adecuado a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Esta adecuación constituirá una evidencia de la realización de la justicia a través de la creación del Derecho y de la vigencia de una democracia sustancial. En el caso de que el derecho a la participación en el procedimiento legislativo no sea respetado, ni garantizado por el Estado, es necesario institucionalizar un nuevo mecanismo de control constitucional, como el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley, a fin de que sea la Justicia Constitucional la encargada de dar cumplimiento a la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos que pueden derivarse de la expedición de leyes inconstitucionales. Para perfeccionar el ejercicio del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo he ubicado diversos elementos histórico-políticos, entre los que destaco los elementos de la democracia de la comunidad originaria, de los Estudios Decoloniales, de los modelos de democracia diseñados por la Teoría Política, que permiten establecer criterios para reformular el marco normativo vigente. Realizo el análisis del caso del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de Minería, estableciendo las limitaciones que determinaron su impugnación por inconstitucionalidad; y el rol de la Corte Constitucional al resolver sobre el tema. Finalmente, establezco los criterios para el diseño de la institución del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley.

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El propósito de esta tesis es realizar una nálisis pormenorizado de la Ley de Participación Popular, vigente en Bolivia desde abril de 1994, y su aplicación dentro del marco de las reformas orientadas a lograr un crecimiento productivo y equitativo. Se realiza el análisis partiendo del hecho de que se trata de uno de los pilares fundamentales de la nueva política económica y que constituye el más importante intento de redistribución del poder político y económico llevado a cabo desde la Reforma Agraria de 1952. Colateralmente ser ealizará un análisis del contexto social, económico y político en cuyo marco se introdujeron las reformas, puesto que es un sistema que ha favorecido la gobernabilidad, lográndose también una descentralización de decisiones que favorece la creación de ciudades intermedias, desestimulando una excesiva migración hacia las grandes urbes, ya que se crean condiciones de trabajo y mejores servicios en las áreas rurales del país pra lo cual se cuenta con la participación de toda la población boliviana.

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¿Las experiencias de participación ciudadana ejecutadas en Cotacachi y Otavalo, en el período 2005‐2009, previo al nuevo marco político y constitucional ecuatoriano, han fortalecido la relación Sociedad‐Estado?, es el cuestionamiento al que refiere el presente documento, cuando las administraciones municipales de estos dos cantones iniciaron el referido proceso, alineados a la filosofía de inclusión social y ampliación democrática, conceptos abanderados por los denominados gobiernos locales “alternativos” , liderados por el Movimiento Pachakutik. A la luz de algunas aproximaciones teóricas en torno a la participación ciudadana: mecanismos, institucionalidad, autonomía, capacidad política y gestión social, se establece un debate con el ejercicio del proceso en los dos cantones, a fin de obtener un balance de la implementación y fortalecimiento de espacios ampliados de discusión y toma de decisiones; así como el grado de involucramiento, reconocimiento e identificación de la ciudadanía con éstos. En esa línea, interesa visualizar que caracteriza a la experiencia participativa de los cantones que se estudia; su incidencia en la generación de políticas públicas, su grado de sostenimiento aún en condiciones adversas a las de su nacimiento, el nivel organizativo de la sociedad civil, lo que posibilita un análisis comparativo del ejercicio de esta práctica, cuando la normativa vigente no clarificaba ni exigía el impulso a la participación ciudadana.

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Entre los años 1929 y 1933, en una época de transición histórica y de crisis económica y política, al final del reformismo juliano e inicios del velasquismo, los maestros de talleres artesanales quiteños organizados en sus gremios, y los aprendices, operarios y trabajadores autónomos en el marco de las organizaciones mutuales y en tránsito hacia las formas sindicales, ingresaron en la política nacional en medio de la multitud que ocupaba los espacios públicos. Construyeron una agenda política que recogió sus demandas específicas y las aspiraciones, visiones y mentalidad de los distintos sectores. Interpelaron al Estado y a las élites y enfrentaron al poder utilizando variadas formas de lucha: asambleas, peticiones y demandas a las autoridades; participación en elecciones locales y nacionales; movilizaciones, paros, huelgas parciales y generales y resistencia armada. De esta manera,contribuyeron al proceso de formación histórica de la clase obrera ecuatoriana.

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Según los fundamentos de la escuela conservadora, la patria entre los años 1920-1940, planteaba un proyecto político con rasgos autoritarios, sin embargo, no era su característica fundamental; incluía matices reformistas, confesionales, corporativistas, anticomunistas, paternalistas, clientelares y proteccionistas, acompañado de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia, en la búsqueda de una idea de nación sustentada en el catolicismo. Conforme a este argumento, los conservadores a tono con el proceso de salida de la crisis capitalista que se había desarrollado en el Ecuador de los primeros años de 1940 les llevó a aceptar algunos elementos reformistas en su programa político de derecha, con el propósito de retornar al poder y volver a establecer un Estado confesional, en el que la autoridad se apoyara en la moral y disciplina de la Iglesia. Así, los conservadores empujaron al interior de ADE una conducción, cuyo interés en su acción política, se relacionó con un programa político coercitivo, anticomunista y de oposición a Arroyo del Río, que además utilizó una cobertura de ciertos elementos reformistas para incidir en las masas y garantizar la continuidad de la dominación. Participaron en la alianza a través de un pacto social por la patria y propusieron implantar la libertad del sufragio, que se produjo en el marco del derrocamiento de la oligarquía liberal. Este trabajo es una indagación empírica que se propone estudiar la utilización del término patria en la configuración de la coyuntura, así como la articulación interpretativa conservadora en la alianza y su significación en el programa político de ADE.

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Este trabajo de investigación, “Propuesta de capacitación en gestión territorial para líderes y lideresas de las juntas parroquiales rurales en el marco de la normativa actual. Análisis del caso de la parroquia La Esperanza” está estructurado y diseñado tomando en cuenta el contexto y la participación de las y los actores en el proceso formativo. El primer capítulo parte de un marco teórico de la gestión territorial que se establece en la nueva normativa del Estado sobre la cual se actuará. Se abordan conceptos y aplicaciones sobre la descentralización, las autonomías, la participación ciudadana y la legislación para el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizado parroquiales rurales. Así también se incluye información sobre la educación popular, que es el enfoque educativo y metodológico que rige la tesis. En el segundo capítulo se sistematiza e interpreta la investigación realizada en la parroquia, que tuvo como base la observación de campo, los criterios de los y las dirigentes de la Junta Parroquial y los criterios de los líderes y las lideresas de las comunas y barrios de La Esperanza. Se desarrolló un concepto sobre formación basada en competencias, pero desde el enfoque de educación popular, con el fin de contar con una propuesta formativa que evidencie la apropiación de capacidades logradas por parte de las y los actores, luego de haber sido parte en un proceso metodológico participativo, dinámico y flexible. El diseño curricular, la metodología, los contenidos formativos están elaborados para que los líderes y las lideresas de las parroquias rurales puedan iniciar y concluir la capacitación, logrando adquirir las competencias necesarias para ser gestores territoriales en sus respectivas parroquias. La finalidad última de la tesis es fortalecer el desarrollo territorial como escenario democrático, incluyente, transparente y equitativo. Logrando la articulación y coordinación entre las organizaciones sociales y los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar la consecución del buen vivir.

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La presente investigación tiene como objeto analizar si el Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de Ecuador, elaborado por la Función de Transparencia y Control Social, es o podría convertirse en una herramienta adecuada para combatir la corrupción y qué mecanismos, actividades, programas y políticas servirían para lograrlo. La tesis abarca en el primer capítulo el marco conceptual sobre lo que significa la corrupción, el análisis de sus causas y consecuencias para sentar las bases de una definición que sirva de fundamento teórico durante la investigación. En el desarrollo se resalta el alcance de la lucha contra la corrupción en el Ecuador, el marco jurídico actual haciendo énfasis en los principales instrumentos internacionales que se han suscrito como país en dicha materia y, el papel de la Función de Transparencia y Control Social. El segundo capítulo aborda la manera cómo se intenta combatir la corrupción mediante la participación ciudadana y el control social, en especial se detallan a profundidad los mecanismos que servirían de herramientas para que la ciudadanía se convierta en un actor fundamental para frenar la corrupción. El tercer capítulo explica cómo se construyó y cuáles son los elementos del Plan Nacional de Lucha y Prevención contra la Corrupción, que es la guía más importante con la que cuenta el país en la actualidad para dirigir y articular la lucha contra la corrupción. El cuarto capítulo enfoca la medición de la corrupción, cuyo sistema constituye una falencia del Plan y, a partir de ese análisis, propone una serie de indicadores que constituyen una hoja de ruta para alcanzar ese objetivo. En la parte final expone las conclusiones y las recomendaciones.

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Este libro estudia los intereses políticos de la participación conservadora en la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE), que fue la unión de los partidos Socialista, Comunista, Liberal Independiente y Conservador, en 1943, en busca de un pacto social «por la patria», reivindicando la libertad del sufragio y propiciando el derrocamiento del presidente Arroyo del Río. Esto en el marco de la compleja coyuntura moral y material que se vivía en Ecuador de inicios de los años 1940, signada por la derrota militar frente al Perú, la represión, el alto costo de la vida y el fraude electoral. La investigación indaga sobre la acción política conservadora, y devela un complejo proyecto político con características contradictorias, en el que destacan rasgos autoritarios, matices paternalistas, fervor anticomunista y ciertos elementos reformistas para incidir en las masas, garantizar la continuidad de la dominación y volver a establecer un Estado confesional en su acción de oposición a Arroyo del Río, no sin echar mano de principios católicos de reforma de la Doctrina Social de la Iglesia. El interés académico de este texto radica en el análisis del material empírico sobre la participación de los conservadores en ADE –tema que ha sido poco atendido por los investigadores–, para superar las interpretaciones sobre esa coyuntura que sostienen que los conservadores no estuvieron movilizados. Por el contrario, el autor demuestra que el Partido Conservador buscó, con su activa participación, la consolidación del proceso capitalista.

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The emergence of social action amid governance is relatively new, but has been cases and situations even in earlier centuries than the 20th century. The presence, however, of a permanent social action in the State as a regular form of action public institutions, further established in republican constitutions in Latin America, is a significant novelty in the exercise of public administration. This research deals with the analysis of this reality, still incipient, and the implications of the permanent presence of the society in the state function. A reference framework for treating relationship between society and State involvement in a deep dimension is no stranger to the analysis of ideologies, agencies, interests and policy management dimension. This study analyzes the current situation of this participation in the State, in the case of Ecuador, with some references with other countries in the region. The study concludes that this participation is still incipient, amid a complex dialectic of stakeholders. Finally research makes some proposals to operationalize such participation and make it real, deep and continuous.

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El neoconstitucionalismo nos enmarca dentro de una nueva propuesta de Estado constitucional de derechos y justicia, idea que nos permite comprender que como nunca antes en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, múltiples derechos vinculados con la participación social han sido reivindicados y reconocidos como una novedad en la Constitución de Montecristi. Entre estos derechos se encuentra el de resistencia, necesario e insustituible para que el pueblo de forma individual o colectiva pueda ejercer el derecho innato de defensa ante la arbitrariedad y abuso de los poderes públicos o privados y también para utilizarlo como “un medio directo de participación del pueblo en la política.” En esta tesis reviso como sería entendida por la sociedad ecuatoriana la invocación del derecho a la resistencia en el marco sistemático de la Constitución del 2008 y señalo que una comprensión sobre unos límites débiles del derecho a la protesta, podría llevarnos a pensar que existiría un conflicto de derechos constitucionales en las diferentes manifestaciones de actos de resistencia colectiva, mismos que podrían haber sido zanjados con la aplicación de normas infraconstitucionales en la sustanciación de diferentes procesos penales; de ahí la importancia de que los operadores de justicia dejen de lado un criterio de solución estándar al momento de resolver los casos en los que se ha invocado este derecho constitucional, y de que consideren también que podría existir una trilogía en el ejercicio de la resistencia colectiva, pues la protesta social sería entendido como un medio para la invocación de este derecho, ya que la resistencia al ser entendida como un derecho de participación en el marco constitucional actual, podría considerarse como el fin de estos actos colectivos de protesta. Finalmente en este planteamiento, los actos de resistencia colectiva encontrarían protección no solo constitucional sino internacional porque existiría una conexidad de éstos con los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación.

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En la provincia de Zamora Chinchipe se implementa el primer proyecto minero de explotación de cobre a gran escala, bajo la modalidad de cielo abierto, en Ecuador, al que se lo ha denominado «Mirador». A partir de este caso se realiza un análisis crítico del alcance y vigencia del derecho de participación de pueblos y comunidades en el marco de un modelo económico extractivista y primario exportador. En este contexto se evidencia que tanto la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, a pesar de estar reconocidos como derechos, no son mecanismos reales de participación, ni están diseñados para influir en las decisiones relacionadas con políticas extractivistas, pues más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que, aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. El propósito de este trabajo es alentar el debate crítico alrededor del tema de los derechos humanos, que permita su análisis desde una mirada integral que trascienda el ámbito jurídico.

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El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.