"No le vamos a dar voz a los represores" : (Des)autorizaciones y (des)legitimaciones en las audiencias del juicio a Etchecolatz

En 2006 se desarrolló en La Plata un juicio a quien fuera Director General de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Miguel Etchecolatz. Acusado en esta oportunidad por ocho casos de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios, fue condenado a reclusión perpetua. Se trató del primer juicio realizado a partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, a diferencia de los procesos judiciales realizados durante la década del ochenta, contó con la figura de querellantes. Así, junto a la fiscalía de Estado participaron de la acusación personas particulares, organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales. En este trabajo nos proponemos analizar las diferentes estrategias jurídico-políticas que adoptaron los distintos actores sociales durante la etapa de audiencias testimoniales del juicio oral, como parte de las luchas por los sentidos del pasado

La construcción de un lugar de memoria en la Provincia de Buenos Aires : Mansión Seré, Morón, 1983-2007

En este trabajo reconstruimos sintéticamente el proceso de constitución de Mansión Seré como un lugar de memoria (Nora, 1984). Durante los primeros años de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), esta casona funcionó como centro de tortura y desaparición de personas. En el año 2000, el Estado local junto a organismos de Derechos Humanos decidieron convertirla en un espacio de rememoración y transmisión de lo ocurrido bajo el terrorismo de Estado. A partir de documentos y entrevistas, reconstruimos y analizamos los antecedentes político-institucionales del desarrollo de una política de la memoria y el proceso inicial de elaboración de un programa de memoria en este sitio

De aquí a allá, de ayer a hoy : Posmemoria y cine documental en la España y Argentina contemporáneas

Tanto en el panorama cinematográfico español como en el argentino, varios son los títulos que desde el ámbito no sólo de la ficción, sino también del documental, han pretendido dar una visión de lo que sucedió durante la guerra civil y el franquismo y, en el caso del país latinoamericano, de la última dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Dentro de este grupúsculo de películas, en la última década se ha producido un nada despreciable número de películas documentales (Nadar, Entre el dictador y yo, Muerte en El Valle, El muro de los olvidados, Cosas raras que pasaban entonces, Pepe el andaluz o Tierra encima, en España; o Los Rubios, M, En memoria de los pájaros, Encontrando a Víctor, Papá Iván o La fe del volcán, en Argentina) firmadas por la generación siguiente o subsiguiente a la de quienes fueron víctimas directas o indirectas de la tortura, el exilio, la represión y la falta de libertades impuestas por sendos regímenes totalitarios. Se trata, en todos los casos, de jóvenes cineastas y videastas que se acercan a un pasado que no recuerdan pero al cual necesitan interrogar de manera imperiosa para poder definirse en tanto que sujetos políticos. El artículo que presentamos pretende acercarse a dos corpus cinematográficos fraguados en países geográficamente muy distantes pero realizados bajo una mirada muy similar: aquella que se arroja desde la 'posmemoria', esto es, desde una distancia generacional respecto a los hechos históricos evocados que proporciona a estas cintas una voz políticamente más crítica pero no por ello menos intimista y autobiográfica que la que puede ostentar el superviviente o el testigo directo de los hechos. El propósito último de nuestro análisis es el de poder dilucidar los puntos de convergencia y de divergencia entre un conjunto de producciones documentales que si bien creemos que aboga por la transmisión de la memoria entre generaciones y su continuidad en el futuro, implica la presencia, por su misma idiosincrasia, de vacíos, silencios, recreaciones y, en definitiva, (auto)ficciones que, normalmente desde la primera persona, dan fe de unos sujetos fracturados por los traumáticos y complejos orígenes de sus respectivas genealogías familiares

ESMA, hora cero : Las noticias sobre la Escuela de Mecánica de la Armada en la prensa de la transición

La ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) fue uno de los centros clandestinos de tortura y desaparición más activos de la última dictadura militar argentina (1976-1983): se estima que unos 5.000 desaparecidos fueron detenidos allí. A partir de la década de 1990, la ESMA se transformó en un lugar "emblemático" del recuerdo y su imagen suele ser presentada como condensación de todas las atrocidades del terrorismo de Estado. Este trabajo se propone interrogar esta centralidad de la ESMA y reconstruir el proceso de su "emblematización". El artículo analiza las representaciones de la ESMA en la prensa argentina durante los primeros meses de la apertura democrática (entre enero y mayo de 1984). Estas representaciones, conocidas como "show del horror" por su lenguaje macabro y sensacionalista, ofrecen pistas claras para emprender una reflexión sobre el primer proceso de calificación operado sobre ese lugar antes del advenimiento de los principales relatos "fundadores" de la transición democrática: el informe de la comisión de la CONADEP y el juicio a los ex comandantes.

"No le vamos a dar voz a los represores" : (Des)autorizaciones y (des)legitimaciones en las audiencias del juicio a Etchecolatz

En 2006 se desarrolló en La Plata un juicio a quien fuera Director General de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Miguel Etchecolatz. Acusado en esta oportunidad por ocho casos de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios, fue condenado a reclusión perpetua. Se trató del primer juicio realizado a partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, a diferencia de los procesos judiciales realizados durante la década del ochenta, contó con la figura de querellantes. Así, junto a la fiscalía de Estado participaron de la acusación personas particulares, organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales. En este trabajo nos proponemos analizar las diferentes estrategias jurídico-políticas que adoptaron los distintos actores sociales durante la etapa de audiencias testimoniales del juicio oral, como parte de las luchas por los sentidos del pasado

La construcción de un lugar de memoria en la Provincia de Buenos Aires : Mansión Seré, Morón, 1983-2007

En este trabajo reconstruimos sintéticamente el proceso de constitución de Mansión Seré como un lugar de memoria (Nora, 1984). Durante los primeros años de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), esta casona funcionó como centro de tortura y desaparición de personas. En el año 2000, el Estado local junto a organismos de Derechos Humanos decidieron convertirla en un espacio de rememoración y transmisión de lo ocurrido bajo el terrorismo de Estado. A partir de documentos y entrevistas, reconstruimos y analizamos los antecedentes político-institucionales del desarrollo de una política de la memoria y el proceso inicial de elaboración de un programa de memoria en este sitio

Formas de violencia policial en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la década de 1960

Este artículo estudia la violencia policial en su desempeño cotidiano alrededor de 1960. Se procuran reconocer los aspectos fundamentales de la misma, que pasaron a formar parte del accionar operativo de la policía y que incorporaron, a escala institucional, las coacciones ilegales como metodología para la 'resolución' de casos. Los mandatos políticos orientados a una determinada idea de 'orden social' y las demandas sociales por 'seguridad y orden' no estuvieron ajenos a la convalidación de las formas de violencia policial. Las fuentes consultadas también arrojan luz sobre los 'debates' al interior de la fuerza policial acerca de su rol como auxiliar de un poder militar represivo y totalitario frente a una sociedad cuyos crecientes reclamos políticos y sociales la convertirían en el 'enemigo interno'. El trabajo concluye en el año 1962, que puede ser visto como un punto de maduración en el cual la policía bonaerense aplicó su experiencia operativa acumulada en el orden cotidiano, a la represión y eliminación de la protesta social y la disidencia política

Deposition of Andrew Eliot against Nathan Prince, Nov. 26, 1741

In this deposition, Eliot describes Prince's anger at John Winthrop's selection as Hollis Professor of Mathematics and Natural Philosophy, which he believed was done "to vex and torture" him. Eliot claims that Prince said: "they have chosen that Boy Winthrop professor, I could teach him his A. B. C. in the Mathematicks, they want to get me away from College."

A prova ilícita na investigação de paternidade

A presente dissertação versa sobre a prova ilícita na investigação de paternidade, com a percepção que inexistem direitos e garantias absolutos. Sob esse ponto de vista, propõe-se a demonstrar que tanto o direito à prova quanto a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos são passíveis de sofrer restrições. Essas restrições, entretanto, não podem implicar na supressão de direitos e garantias fundamentais. Elas devem limitar-se ao estritamente necessário para a salvaguarda de outros direitos constitucionalmente protegidos, à luz de um juízo de ponderação entre os valores conflitantes. Os valores colidentes a serem analisados no presente trabalho são, por um lado, a proteção constitucional dispensada à intimidade, à vida privada, à imagem, à honra, ao sigilo da correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados, às comunicações telefônicas e ao domicílio do suposto pai e, por outro, o direito do filho conhecer a sua origem genética e receber do genitor assistência material, educacional e psicológica, além da herança no caso de morte deste. Avultam-se, ainda, os comandos constitucionais da paternidade responsável (CF, o art. 226, § 7º) e da prioridade absoluta que a Constituição Federal confere às questões afetas à criança e ao adolescente. Nessa linha de perspectiva, procura conciliar o direito fundamental ao conhecimento da origem genética com a garantia constitucional que veda a obtenção da prova por meios ilícitos, reduzindo, quando necessário, o alcance de um desses valores contrastantes para que haja a preservação do outro e o restabelecimento do equilíbrio entre eles. Com o intuito de facilitar a compreensão do assunto, o estudo sobre a prova ilícita na investigação de paternidade encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo são estudados o objeto da prova na investigação de paternidade, os fatos a provar, as teorias sobre o objeto da prova, o ônus da prova, a distribuição e a inversão do ônus da prova na investigação de paternidade, o momento da inversão do ônus da prova, o dever de colaboração e a realização do exame de DNA sem o consentimento das partes. Partindo da compreensão da prova como instrumento capaz de propiciar ao juiz o convencimento dos fatos pertinentes, relevantes e controvertidos deduzidos pelas partes como fundamento da ação ou da defesa, sustenta-se que os fatos a provar não são apenas os principais, mas, também, os acessórios que se situem na mesma cadeia deles. Desenvolve-se, outrossim, estudo sobre as teorias utilizadas pela doutrina para explicar o objeto da prova, a saber: a) a teoria clássica; b) a teoria da afirmação; c) a teoria mista. Nesse tópico, merece ênfase o fato das legislações brasileira e portuguesa estarem alicerçadas sob as bases da teoria clássica, em que pesem as divergências doutrinárias sobre o assunto. No item reservado ao ônus da prova, este é concebido como uma atividade e não como uma obrigação, diante da autonomia de vontade que a parte tem para comportar-se da maneira que melhor lhe aprouver para alcançar o resultado pretendido. Embora não traduza um dever jurídico demonstrar a veracidade dos fatos que ensejam a constituição do direito alegado, quem não consegue reunir a prova dos fatos que alega corre o risco de perder a demanda. No que tange à regra de distribuição do ônus da prova, recomenda-se a observação das disposições do art. 333 do CPC, segundo as quais incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Argumenta-se que o CPC brasileiro adota o modelo estático de distribuição do ônus da prova, pois não leva em conta a menor ou maior dificuldade que cada parte tem para produzir a prova que lhe incumbe. Porém, ressalta-se o novo horizonte que se descortina no anteprojeto do novo CPC brasileiro que se encontra no Congresso Nacional, o qual sinaliza no sentido de acolher a distribuição dinâmica do ônus da prova. Esse novo modelo, contudo, não afasta aquele previsto no art. 333 do CPC, mas, sim, o aperfeiçoa ao atribuir o ônus a quem esteja em melhores condições de produzir a prova. Ao tratar do dever de colaboração, idealiza-se a busca descoberta da verdade como finalidade precípua do ordenamento jurídico. E, para se alcançar a justa composição da lide, compreende-se que as partes devem atuar de maneira escorreita, expondo os fatos conforme a verdade e cumprindo com exatidão os provimentos formais. Sob essa ótica, sustenta-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, da aplicação da presunção legal de paternidade e até mesmo da condução coercitiva do suposto pai para a realização de exames, caso o mesmo a tanto se recuse ou crie, propositalmente, obstáculo capaz de tornar impossível a colheita da prova. Defende-se que a partir da concepção do nascituro, a autonomia de vontade dos pais fica restringida, de forma que a mãe não pode realizar o aborto e o pai não pode fazer pouco caso da existência do filho, recusando-se, injustificadamente, a submeter-se a exame de DNA e a dar-lhe assistência material, educacional e psicológica. É por essa razão que, em caráter excepcional, se enxerga a possibilidade de condução coercitiva do suposto pai para a coleta de material genético, a exemplo do que ocorre no ordenamento jurídico alemão (ZPO, § 372). Considera-se, outrossim, que a elucidação da paternidade, além de ajudar no diagnóstico, prevenção e tratamento de algumas doenças hereditárias, atende à exigência legal de impedir uniões incestuosas, constituídas entre parentes afins ou consanguíneos com a violação de impedimentos matrimoniais. Nesse contexto, a intangibilidade do corpo não é vista como óbice para a realização do exame de DNA, o qual pode ser feito mediante simples utilização de fios de cabelos com raiz, fragmentos de unhas, saliva e outros meios menos invasivos. O sacrifício a que se submete o suposto pai mostra-se, portanto, ínfimo se comparado com o interesse superior do investigante que se busca amparar. No segundo capítulo, estuda-se o direito fundamental à prova e suas limitações na investigação de paternidade, a prova vedada ou proibida, a distinção entre as provas ilegítima e ilícita, a manifestação e alcance da ilicitude, o tratamento dispensado à prova ilícita no Brasil, nos Estados Unidos da América e em alguns países do continente europeu, o efeito-à-distância das proibições de prova na investigação de paternidade e a ponderação de valores entre os interesses em conflito: prova ilícita x direito ao conhecimento da origem genética. Nesse contexto, o direito à prova é reconhecido como expressão do princípio geral de acesso ao Poder Judiciário e componente do devido processo legal, materializado por meio dos direitos de ação, de defesa e do contraditório. Compreende-se, entretanto, que o direito à prova não pode ser exercido a qualquer custo. Ele deve atender aos critérios de pertinência, relevância e idoneidade, podendo sofrer limitações nos casos expressamente previstos em lei. Constituem exemplos dessas restrições ao direito à prova a rejeição das provas consideradas supérfluas, irrelevantes, ilegítimas e ilícitas. A expressão “provas vedadas ou proibidas” é definida no trabalho como gênero das denominadas provas ilícita e ilegítima, servindo para designar as provas constituídas, obtidas, utilizadas ou valoradas com afronta a normas de direito material ou processual. A distinção que se faz entre a prova ilícita e a ilegítima leva em consideração a natureza da norma violada. Quando há violação a normas de caráter processual, sem afetar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, considera-se a prova ilegítima; ao passo em que havendo infringência à norma de conteúdo material que afete o núcleo essencial do direito fundamental, a prova é tida como ilícita. Esta enseja o desentranhamento da prova dos autos, enquanto aquela demanda a declaração de nulidade do ato sem a observância da formalidade exigida. A vedação da prova ilícita, sob esse aspecto, funciona como garantia constitucional em favor do cidadão e contra arbítrios do poder público e dos particulares. Nessa ótica, o Direito brasileiro não apenas veda a prova obtida por meios ilícitos (CF, art. 5º, X, XI, XII e LVI; CPP, art. 157), como, também, prevê sanções penais e civis para aqueles que desobedeçam à proibição. A análise da prova ilícita é feita à luz de duas concepções doutrinárias, a saber: a) a restritiva - exige que a norma violada infrinja direito ou garantia fundamental; b) a ampla – compreende que a ilicitude afeta não apenas as normas que versem sobre os direitos e garantias fundamentais, mas todas as normas e princípios gerais do direito. A percepção que se tem à luz do art. 157 do CPP é que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o conceito amplo de ilicitude, pois define como ilícitas as provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, sem excluir àquelas de natureza processual nem exigir que o núcleo do direito fundamental seja atingido. Referido dispositivo tem sido alvo de críticas, pois a violação da lei processual pode não implicar na inadmissibilidade da prova e aconselhar o seu desentranhamento dos autos. A declaração de nulidade ou renovação do ato cuja formalidade tenha sido preterida pode ser suficiente para contornar o problema, sem a necessidade de exclusão da prova do processo. Noutra vertente, como a vedação da prova ilícita não pode ser levada às últimas consequências nem se converter em meio facilitador da prática de atos ilícitos e consagrador da impunidade, defende-se a sua admissão nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Assim, entende-se possível a utilização pela vítima de estupro, no processo de investigação de paternidade movido em prol do seu filho, do exame de DNA realizado mediante análise do sêmen deixado em sua vagina por ocasião do ato sexual que resultou na gravidez. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de utilização das imagens captadas por circuito interno de câmaras comprobatórias do estupro para fazer prova da paternidade. Ressalta-se, outrossim, que no Brasil a doutrina e a jurisprudência têm admitido a prova ilícita, no processo penal, para comprovar a inocência do acusado e, em favor da vítima, nos casos de extorsão, concussão, sequestro e outros delitos similares. No ponto relativo ao efeito-àdistância das proibições de prova, aduz-se que as experiências americana e alemã da fruit of the poisonous tree doctrine e da fernwirkung são fonte de inspiração para as legislações de vários países. Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, o vício da planta transmite-se aos seus frutos. Ainda no segundo capítulo, estabelece-se breve comparação do tratamento conferido à prova ilícita nos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, destacando-se que no regime de controle adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil a prova ilícita é tratada como ineficaz e deve ser rejeitada de plano ou desentranhada do processo. Já na Constituição portuguesa adotou-se o regime de nulidade. Após o ingresso da prova ilícita no processo, o juiz declara a sua nulidade. O terceiro capítulo é dedicado ao estudo dos meios de prova e da incidência da ilicitude no processo de investigação de paternidade. Para tanto são eleitos os meios de prova enumerados no art. 212 do Código Civil, quais sejam: a) confissão; b) documento; c) testemunha; d) presunção; e) perícia, além do depoimento pessoal previsto no CPC, analisando a incidência da ilicitude em cada um deles. Má vontade a investigação de paternidade envolva direitos indisponíveis, isso não significa que as declarações das partes não tenham valor probatório, pois o juiz pode apreciá-las como elemento probatório (CC, art. 361º). Por meio do depoimento e confissão da parte são extraídas valiosas informações sobre o tempo, o lugar e a frequência das relações sexuais. Todavia, havendo emprego de métodos proibidos, tais como ameaça, coação, tortura, ofensa à integridade física ou moral, hipnose, utilização de meios cruéis, enganosos ou perturbação da capacidade de memória, a prova será considerada ilícita e não terá validade nem mesmo como elemento probatório a ser livremente apreciado pelo juiz. A prova documental é estudada como a mais vulnerável à incidência da ilicitude, pelo fato de poder expressar-se das mais variadas formas. Essa manifestação da ilicitude pode verificar-se por ocasião da formação da prova documental, no ato da sua obtenção ou no momento da sua exibição em juízo por meio falsificação material do documento público ou particular, da omissão de declaração deveria constar, inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, alteração de documento verdadeiro, emprego de métodos proibidos de prova para confecção do documento, etc. Na esteira desse raciocínio, em se fazendo constar, por exemplo, da escritura pública ou particular ou do testamento (CC, art. 1.609, II e III) declaração falsa da paternidade, a prova assim constituída é ilícita. Do mesmo modo, é considerada ilícita a prova obtida mediante indevida intromissão na vida privada, com violação de domicílio, emails, sigilos da correspondência, telefônico ou fiscal, realização de gravações, filmagens, etc. Na prova testemunhal entende-se como elemento configurador da ilicitude o emprego de métodos proibidos por parte de agentes públicos ou particulares, tais como tortura, coação, ameaça, chantagem, recursos que impliquem na diminuição ou supressão da capacidade de compreensão, etc, para que a testemunha faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade dos fatos. Destaca-se, ainda, como ilícita a prova cujo acesso pela testemunha tenha ocorrido mediante violação à reserva da vida privada. No caso das presunções, vislumbra-se a possibilidade de incidência da ilicitude quando houver ilicitude no fato conhecido, do qual se vale a lei ou o julgador para extraírem as consequências para dedução da existência do fato desconhecido. A troca maliciosa de gametas é citada como meio ilícito de prova para alicerçar a presunção de paternidade no caso de inseminação artificial homóloga. A consecução da prévia autorização do marido, mediante coação, tortura, ameaça, hipnose, etc, na inseminação artificial heteróloga, também é tratada como ação danosa e capaz de viciar e infirmar a presunção legal de paternidade. Enxerga-se, outrossim, no meio de prova pericial, a possibilidade de maculação do resultado do exame por falha humana intencional no processo de coleta, transporte, armazenamento, manipulação ou troca do material genético coletado. Em se verificando essa situação, fica comprometida a credibilidade da prova pericial ante a sua ilicitude.

‘Wrong number?’ The Use and Misuse of Asylum Data in the European Union. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe No. 69/December 2014

The Common European Asylum System (CEAS) is an EU policy area that is particularly evocative of the ‘politics of numbers’. The European Union has at its disposal a wide array of sources providing detailed information about the capacities and pressures of its member states’ asylum systems. This paper discusses the content of asylum data and the evolving interaction between its different sources, ranging from the United Nations High Commissioner for Refugees to the European Commission’s EUROSTAT and DG HOME, the European Asylum Support Office, FRONTEX, the European Migration Network (EMN) and national databases. However, the way in which such data are often misused, or even omitted, in political debate affects the soundness of policy decisions in the CEAS. Drawing on debates over the contested phenomenon of ‘asylum shopping’ and the exemption of victims of torture and unaccompanied minors from accelerated and border procedures in the recast asylum procedures Directive, this briefing paper argues that solid data-based evidence is often absent from political negotiations on CEAS measures affecting refugees and asylum-seekers.

Vekkariou Peri adikēmatōn kai poinōn,

Romanized record.

Beccaria e il diritto penale; saggio

"Del delitti e delle pene" (text): p. [379]-462.

Istorīi︠a︡ ti︠e︡lesnykh nakazanīĭ v Rossīi ot sudebnikov do nastoi︠a︡shchago vremeni /

Errata slip inserted.