El trato justo y equitativo en el derecho internacional de inversiones

En las dos últimas décadas, los flujos de inversión extranjera en el mundo se incrementaron considerablemente, llegando a montos nunca antes vistos. Junto a este crecimiento económico, se desarrolló, en el contexto internacional, un complejo régimen compuesto por una gran cantidad de tratados bilaterales y regionales que regulan la inversión extranjera directa. Estos tratados incorporan una serie de normas que establecen estándares de trato para las inversiones extranjeras. De estas, existe una en particular, el denominado trato justo y equitativo, que ha sido utilizado en casi todo litigio de inversiones durante los últimos años. Este enigmático estándar ha estado presente en los diferentes instrumentos internacionales económicos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta la década de los 90 del siglo anterior cuando empezó a utilizarse como punta de lanza en la mayoría de disputas en materia de inversiones; lo cual ha generado una desarticulada jurisprudencia arbitral sobre su contenido. La presente investigación pretende estudiar este complejo estándar, partiendo de un estudio de su naturaleza y su evolución durante el siglo XX. Adicionalmente, aprecia las distintas formas de interpretarlo, desde la experiencia ecuatoriana en litigios de inversiones y su proyección dentro de la evolución del derecho internacional de inversiones.

El arbitraje de consumo: análisis comparado y lineamientos para su posible introducción en la legislación ecuatoriana

La presente tesis contiene un estudio crítico del sistema de arbitraje en el ámbito nacional, su naturaleza jurídica, los principios que rigen el sistema, la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, las clases de arbitraje y la materia transigible. Constatamos la relevancia y bondades del arbitraje en general y revisamos las características propias de un sistema especializado de arbitraje de consumo. Realizamos un análisis de la protección constitucional a los consumidores, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que rige la materia y sus principios. Arribamos así a los mecanismos de solución de conflictos en materia de consumo, concluyendo que hoy por hoy no se encuentran efectivamente garantizados nuestros derechos como consumidores y por ello la necesidad de proponer un mecanismo adecuado para que los consumidores cuenten con una vía efectiva y eficaz de solución de las controversias, que rijan en torno a una relación de consumo. Como señala Cueto Rúa, el común de los ciudadanos considera una desgracia el verse involucrado en trámites ante los tribunales. Sostiene que la hondura de la crisis judicial es tal que quienes la experimentan y la padecen –como jueces y abogados- han comprendido que la solución requiere mucho más que la modificación de determinados artículos del Código Procesal.1 Este trabajo toma mayor cuerpo cuando realizamos una aproximación a las legislaciones de países pioneros en su implementación -que resultan determinantes-, como lo son España y Argentina, abordando así las características principales de éste arbitraje especializado como son la gratuidad, simplicidad, celeridad, voluntariedad, la oferta pública de adhesión, el convenio arbitral y la fuerza del laudo arbitral y el procedimiento en general. En base al estudio del funcionamiento de sistemas exitosos como los que indicamos, que sin duda son un referente internacional, proponemos en esta tesis unos lineamientos para el diseño de un sistema arbitral especializado en el campo del consumo en el Ecuador.

La arbitrabilidad de los actos administrativos en la contratación pública en el Ecuador

El presente trabajo investigativo pretende ventilar la problemática existente en el derecho ecuatoriano referente a la arbitrabilidad de los actos administrativos que se derivan de la existencia de una relación contractual en donde una de las partes es la Administración. El conflicto se origina cuando a pesar del reconocimiento del arbitraje como un mecanismo heterocompositivo de solución de disputas en la Constitución de la República y en el resto del ordenamiento jurídico vigente, existe vaguedad en la Ley de Arbitraje y Mediación sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos, lo que impide a los árbitros ejercer su competencia a cabalidad, pues existe el riesgo que ante tal vacío, la declaratoria de competencia del Tribunal resulte en violaciones a derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, o a nivel legal la nulidad de la decisión proferida. Para ello, en el primer capítulo de este trabajo académico se estudiará el marco teórico que rige a los actos administrativos, a la contratación pública y al arbitraje, a partir de tres criterios: el legal ecuatoriano, el doctrinario y el derecho comparado. Atender las similitudes en otros derechos permitirá al Ecuador determinar la existencia de una solución al problema jurídico planteado. En el segundo capítulo, se desarrollará la institución arbitral en el Ecuador, estudiado desde un punto de vista histórico, revisando los requisitos constitucionales y legales que imperan dentro del mismo, y los elementos que permiten la existencia del arbitraje, la transigibilidad y la competencia arbitral. Finalmente dentro de este capítulo se estudiará y resolverá el fondo de la problemática, analizando los tres escenarios posibles en cuanto al problema: i) arbitrabilidad total, ii) negativa a la arbitrabilidad de los actos administrativos y, iii) una posición intermedia. Para finalizar, se detallarán las conclusiones de este trabajo y se consignarán algunas recomendaciones que solucionen la problemática.

Can you seek security for costs in international arbitration in Australia

International arbitrations can be conducted under either federal or State legislation in Australia. In both cases complexities arise in the resolution of procedural questions, such as whether security for costs can be granted. There is scant Australian case law on such issues. This article considers whether an arbitral tribunal or a court has the power [*2] to order security for costs in an international arbitration in Australia. After analysing Australia's international arbitration laws and discussing New Zealand and House of Lords' authority, it is argued that unless the parties have specifically empowered the arbitral tribunal to order security for costs, only the relevant court has that power, and even that is uncertain.

Can you seek security for costs in international arbitration in Australia?

International arbitrations can be conducted under either federal or State legislation in Australia. In both cases complexities arise in the resolution of procedural questions, such as whether security for costs can be granted. There is scant Australian case law on such issues. This article considers whether an arbitral tribunal or a court has the power [*2] to order security for costs in an international arbitration in Australia. After analysing Australia's international arbitration laws and discussing New Zealand and House of Lords' authority, it is argued that unless the parties have specifically empowered the arbitral tribunal to order security for costs, only the relevant court has that power, and even that is uncertain.

New dog, old tricks : solving a conflict of laws problem in CISG arbitrations

Parties to international sale of goods transactions often exercise their rights to choose a governing law and refer disputes to arbitration . Where their choice is incomplete, as is the case where the contracts for the International Sale of Goods (CISG) is chosen, complex conflict of laws problems can arise, including disputes over the governing limitation period. While such disputes are traditionally resolved using conflict of laws methodologies, this article argues a superior solution can be achieved through procedural late. Through a simple discretion, arbitral tribunals may apply the limitation period from either the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) Principles 2004 or the UN Limitation Period Convention. Such an approach makes determination of the governing limitation period a simpler process, allowing parties to focus their attention on what they are really concerned with—the merits.

Arbitragem Internacional

Verifica-se com a globalização nos dias atuais, que as nações acabam-se desvinculando de suas próprias normais internas, de modo que são eliminadas as barreiras legais que as atrapalham em suas relações econômicas, e com isso acabam gerando uma desregulamentação de todo o mercado, o qual acaba precisando de um sistema de soluções de conflitos, tanto para regular como para pacificar os litígios existentes, não somente em áreas comerciais, mas também nas relações entre os Estados.No contexto mundial, para solucionar os litígios, há um meio de solução de controvérsias que não se utiliza do aparelho da Justiça Estatal, e as partes podem eleger um terceiro de sua confiança(árbitro ou tribunal arbitral)que decidirá a questão de forma pacífica, este meio é denominado de Arbitragem Internacional, o qual possui grande aplicabilidade mundialmente, em que contratos internacionais não se realizam sem constar uma cláusula arbitral, mas nacionalmente está em processo de iniciação.Este trabalho pretende demostrar, as inúmeras vantagens que o instituto apresenta, e que é o meio extrajudicial mais utilizado para se resolver os conflitos de maneira pacífica, pois contribui cada vez mais, para a liberdade, a igualdade e a justiça em todas as relações.

A economia da arbitragem: escolha racional e geração de valor

Este texto analisa a arbitragem e suas relações com a jurisdição a partir do conceito de custo de transação. Seu objetivo é mostrar como a arbitragem é capaz de reduzir os custos de transação de um determinado ambiente normativo e contribuir para aperfeiçoar as instituições. Os custos relacionados ao uso da arbitragem e da jurisdição funcionam como um preço: quanto maior o custo, menor a procura por eles (e viceversa). potencialmente, a arbitragem pode permitir a redução dos custos de transação em razão (a) da relativa agilidade com que é concluída, (b) da relativa imparcialidade do árbitro e (c) da especialização dos árbitros. Além disso, a utilização da arbitragem pode criar melhores incentivos para o adimplemento das obrigações contratuais. Isso porque a inclusão da cláusula arbitral em um contrato dá às partes a possibilidade de regular o ambiente normativo a que se submeterão em caso de disputas. a falta de clareza sobre a legalidade dos procedimentos arbitrais aumenta os custos de transação impostos pelo ambiente normativo. Quanto maior o grau de incerteza, tanto maiores serão os incentivos para que os indivíduos alterem seus padrões negociais ou simplesmente reduzam sua participação em atividades econômicas, reduzindo-se, conseqüentemente, o potencial de geração de riqueza para a sociedade.

O regime de proteção aos investimentos estrangeiros no tratado de livre comércio da América do Norte

O presente trabalho visa a examinar o regime de investimentos estrangeiros no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), disposto em seu Capítulo XI, estudando suas regras materiais e formais, para, daí, analisar um conflito entre um investidor estrangeiro intrabloco e o governo de um Estado membro. Para tanto, parte de um resgate histórico das relações econômicas-comerciais entre Canadá, Estados Unidos e México, destacando o setor de investimentos. O caso apreciado foi o conflito e a demanda arbitral entre a empresa estadounidense METALCLAD Corporation e os Estados Unidos Mexicanos. A partir da análise desse caso e da aplicação concreta do regime de investimentos do TLCAN a ele, foi possível elencar e examinar algumas das implicações da aplicação prática das normas do Capítulo XI. Os pontos centrais da análise foram a essência desse regime de investimentos, que conjuga amplos direitos e garantias aos investimentos com remédios jurisdicionais bastante específicos e de submissão obrigatória aos Estados, e o paradoxo da utilização da arbitragem internacional, justiça privada por natureza, como o meio previsto no Capítulo XI para dirimir conflitos entre particulares (investimentos) e Estados, mesclando matérias de interesse público e interesses particulares dos investidores em procedimentos arbitrais concebidos para a atração dos investimentos, como parte de um regime de atração e fomento aos investimentos estrangeiros. O presente trabalho está estruturado em duas partes.A primeira, institulada "A construção do regime de investimentos estrangeiros no TLCAN", divide-se em capítulos sobre "As relações econômicas entre os países da América do Norte e a negociação do TLCAN" e "O estabelecimento das regras particulares sobre o IED". A segunda parte, demoninada "A aplicação efetiva das normas sobre IED no TLCAN", também se divide em dois capítulos: "O caso METALCLAD Corporation v. os Estados Unidos Mexicanos" e "As implicações políticas e jurídicas do mecanismo de solução de controvérsias do Capítulo XI". Os quatro capítulos contém subdivisões.

A arbitragem nos conflitos envolvendo a administração pública : uma proposta de regulamentação

Em 26 de maio de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.129/2015, que promoveu verdadeira reforma na Lei nº 9.307, 23 de setembro de 1996, a Lei de Arbitragem. Dentre as modificações introduzidas no direito arbitral brasileiro, possivelmente a mais importante delas é aquela prevista no § 1º do art. 1º da Lei de Arbitragem, que passou a admitir indistintamente o uso, pelo Estado, da via arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, permitindo a inserção da correspondente cláusula compromissória nos contratos administrativos em geral e, inclusive, em convênios, contratos de gestão e termos de cessão e de permissão de uso. A presente dissertação de mestrado tem por objetivo, precisamente, o de permitir uma melhor compreensão do alcance da regra prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96, verdadeiro marco regulatório da arbitragem no setor público, e propor, concretamente, linhas de ação voltadas para fomentar o emprego do procedimento arbitral nos conflitos envolvendo a Administração Pública, em especial a regulamentação do instituto no seio da burocracia estatal.

Apropriação da ortografia por escolares do 3o ao 5o ano do ensino fundamental

Pós-graduação em Educação - FFC

A problemática trazida pela homologação de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas em seu país de origem na segurança jurídica dos contratos internacionais do comercio

Pós-graduação em Direito - FCHS

Der rechtliche Status eines universellen Handelsrechts in den Rechtsordnungen Englands, Frankreichs und Deutschlands

Die Arbeit behandelt die Frage nach der Reichweite der Parteiautonomie und der Kompetenz des Schiedsgerichts zur Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts in einem internationalen Schiedsverfahren. Im Wege eines rechtsvergleichenden Ansatz wurden die Rechtsordnungen Englands (arbitration act 1996), Frankreichs (Art. 1492 ff. Nouveau Code de Procédure Civile)und Deutschlands (10. Buch der ZPO)untersucht, im Hinblick auf die Frage, wie nichtstaatliche Regeln (lex mercatoria) behandelt werden und unter welchen Voraussetzungen sie Anwendung finden können, sei es von Seiten der Parteien oder des Schiedsgerichts. Des Weiteren wollte die Arbeit zeigen, welche der genannten Rechtsordnungen die "wettbewerbsfähigste" ist, anders gesagt, welcher es gelingt, mit der Entwicklung eines sich wahrhaft globalisierenden, internationalen Markts mitzuhalten, indem der Weg für eine Anwendung solcher Regeln so weit wie möglich geebnet wird. Starre, nationale Vorschriften werden in diesem Zusammenhang als eine Minderung der Wettbewerbsfähigkeit eines nationalen Rechts angesehen, welches sich den vorgenannten Herausforderungen stellen möchte. Das französische Recht erwies sich hierbei als das "wettbewerbsfähigste" der drei größten europäischen Wirtschaftsnationen, indem es ein geeignetes rechtliches Regelwerk für internationale Wirtschaftsangelegenheiten verwickelte Parteien aufstellt.

Rechtsmittel gegen Entscheide des juge d'appui bei der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz

The author examines whether and by which means the decisions handed down by the State judge giving his support to the arbitral proceeding (juge d'appui) may be appealed. Every relevant Article in the PILA (Private International Law Act) is addressed and analyzed in this regard (Art. 179(2) and (3), Art. 180(3), Art. 183(2), Art. 184(3) and Art. 185) by reference to the present legal doctrine and case law. Concerning the stages of appeal, the view is held that by direct or analogous application of Art. 356(2) CPC (Civil Procedure Code) the juge d'appui has jurisdiction as the sole instance of the Canton to render decisions in support of the arbitral tribunal. On the federal level however, the parties shall have the right to appeal against these decisions by filing a civil law appeal before the Swiss Federal Supreme Court, with the exception of most decisions given by juge d'appui within the meaning of Art. 180(3) PILA. As to this federal appeal, it is established that the case law of the Swiss Federal Supreme Court under the FTA (Act on the Federal Tribunal) indicates the Court's inclination to qualify both negative and positive decisions issued by the juge d'appui as final decisions in terms of Art. 90 FTA. In reference to the upcoming revision of the PILA's 12th Chapter the author concludes that the legislator might implement some clarifications in the current legal framework. It seems particularly advisable to ensure that all relevant Articles in the PILA regarding decisions of the juge d'appui explicitly reference to Art. 356(2) CPC. Moreover, the author is of the opinion that it would also be expedient to specify the

Inconstitucionalidade da Justiça Privada na Nova Lei de Arbitragem / Antônio Souza Prudente. --

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