1000 resultados para HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA - INVESTIGACIONES - BOGOTA (COLOMBIA) - ESTUDIO DE CASOS


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En la actualidad, las personas buscan actividades culturales y de entretenimiento que les permitan compartir y disfrutar momentos de esparcimiento con sus familiares y amigos. Una de esas alternativas se encuentra en los parques temáticos, los cuales emergen como espacios en donde no solo se puede disfrutar de atracciones mecánicas y participar en dinámicas, sino también aprender, por medio de educación no formal, acerca de temáticas culturales, sociales e históricas que hacen parte de nuestra comunidad y que demandan ser transmitidas a personas de cualquier edad. Más allá de la importancia cultural y educacional que caracteriza a los parques temáticos, estos lugares de entretenimiento contribuyen en gran proporción a la atracción de visitantes y, por ende, al incremento del turismo en un determinado territorio. En el caso colombiano, el sector turístico ha cobrado importancia en los últimos años, convirtiéndose en uno de los más importantes generadores de divisas después de la exploración y comercialización del petróleo y el carbón.

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La trata de personas es un delito que ha tomado fuerza fuerza en los últimos alis alrdedor del mundo. Las diferentes víctimas son sometidas a toda clase de flagelos como lo son la explotación laboral, el trabajo forzoso y el tráfico ilegar de órganos, entre otras. Debido a este crudo panorama, autoridades de los países se han dado a la tarea de fortalecer convenios, crear nuevas letes y generar nuevos programas para contrarrestar el delito. Colombia hace parte de este abanico de naciones que tiene tipificado en delito en su legilslación, pero ¿cómo es la dinámica judicial de los procesos de trata de personas? Para resolver esta pregunta, un grupo de investigadores de la Universidad del Rosario, desarrolló un completo estudio que permitió observar cuáles mecanismos necesitan ser mejorados y cómo se puede lograr.

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En los últimos diez años, la inestabilidad política ha sido una constante en la realidad ecuatoriana. Desde que la democracia fue restablecida en 1979, la nación ha enfrentado diversas crisis que han puesto en evidencia las debilidades estructurales del sistema democrático, entre las cuales figuran: los problemas de representación, las disfuncionalidades institucionales, y la injerencia del legislativo y del ejecutivo en la rama judicial, entre otros. Los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta programada para el próximo 26 de noviembre han sido calificados como neopopulistas: Rafael Correa de izquierda y Álvaro Noboa de derecha. Estos fenómenos son sintomáticos de la convulsión política ecuatoriana tanto como de la inestabilidad que aqueja a la región andina y obstruyen su integración y proyección en el mundo. El presente comentario aborda cuatro aspectos básicos del resultado de las elecciones. En primer lugar, esboza el contexto histórico de la inestabilidad ecuatoriana en el último decenio. Segundo, analiza los resultados de la primera vuelta. Tercero, examina el perfil de cada candidato y las implicaciones de su eventual gobierno para Colombia, la región andina y el hemisferio. Finalmente, se ofrecen unas perspectivas con respecto a la segunda vuelta.

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Con la asunción de Hugo Chávez a la primera magistratura de Venezuela en febrero de 1999, el país ha experimentado una serie de cambios radicales, que revisten una importancia determinante para Colombia. El pasado 3 de diciembre, Chávez fue reelegido con el 62,8% de los votos, en comicios caracterizados por la polarización de la sociedad. Podría pensarse que el porcentaje obtenido le otorga al presidente un margen de maniobra suficiente para entablar una nueva fase de la denominada Revolución Bolivariana, el establecimiento del Socialismo del Siglo XXI. El propósito del siguiente texto es dar luces sobre los alcances del proceso en lo doméstico y su impacto sobre Colombia. En primer término, se hará un breve repaso de la historia contemporánea venezolana desde el establecimiento del Pacto de Punto Fijo en 1958, toda vez que sobre ella reposan las justificaciones aludidas por Chávez para llevar a término los cambios estructurales producidos en Venezuela bajo su administración. En segundo lugar, se analizarán los principales cambios acontecidos a la luz del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que condensa los principios ideológicos de la revolución, así como su impacto sobre Colombia. Finalmente, se examinará el efecto que podrá tener en el futuro, la nueva fase socialista para nuestro país.

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La aproximación de Colombia hacia el mundo ha sido tradicionalmente restringida. Además de los vínculos con los Estados Unidos, el país no consideró durante gran parte del siglo pasado la opción de aproximarse a otras áreas geográficas. Sólo algunas iniciativas políticas desde la década de los sesenta y algunas reflexiones académicas desde la década de los ochenta, han indicado la importancia de acercarse hacia los semejantes, es decir, hacia los países de la América Latina, sus subregiones y en especial los escenarios vecinos. A pesar de que la UE ya convertida en potencia económica y diplomática, ha empezado a surgir desde los primeros años de la década de los noventa también como un actor político y militar de gran influencia internacional, los vínculos políticos y diplomáticos de Colombia con esa subregión no han tenido el fortalecimiento que ameritan. Muy pocos son los estudios que se han efectuado en el país para analizar las relaciones políticas y estructurales entre Colombia y la UE. Algunos lo han hecho desde la perspectiva económica y las preferencias arancelarias, otros desde el ámbito de la cooperación y la ayuda humanitaria, y otros desde la perspectiva bilateral, estudiando diferentes temas de las relaciones con algunos de los Estados miembros, en particular con Francia, Alemania, España, el Reino Unido y ahora con los países nórdicos.

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El documento de investigación número 31 de la Facultad de Administración, titulado “Reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Colombia”, presentó la investigación relacionada con los avances sobre la reglamentación y supervisión de este riesgo hasta febrero del 2006, no sin antes contextualizar al lector respecto al marco teórico, y los avances realizados en países como México y España. Esta segunda entrega se realiza debido a la pertinencia del tema y a la falta de conocimiento por parte de la academia de lo que en el presente ocurre en las empresas. Este documento de investigación, además de presentar la indagación realizada respecto a la reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Chile, Perú y Ecuador, pretende resaltar el trabajo realizado por Andrei Mosquera Torres respecto al sistema administrativo de riesgo operacional para una sociedad comisionista de bolsa. El mencionado trabajo, desarrollado por Andrei Mosquera para optar por el título como Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario, recoge su experiencia respecto a la administración del riesgo operativo (operacional) en una firma comisionista de bolsa.

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En este documento se expone en términos políticos, económicos y educativos la situación que se dio en Colombia desde la segunda mitad de la centuria pasada con el fi n de entender las relaciones políticas y económicas que se presentaron, y las que contribuyeron en la creación y consolidación de empresas, en especial la forma como se dieron las relaciones entre los actores, en la cual se incluyeron las instituciones de educación que incidieron en la conformación de programas de administración en Colombia, como fruto de la creciente formación de empresas tanto del sector público como del privado. El desarrollo comprende la consolidación de la violencia política partidista del periodo, previo al régimen de facto que ocurrió bajo la dictadura militar. El punto de partida fueron los aspectos políticos, para luego adentrarse en los económicos, empresariales y educativos y considerar las relaciones del Estado con los particulares. Desde el punto de vista político se dio una constante pugna entre dirigentes del Estado colombiano quienes estuvieron en forma permanente enfrascados en luchas partidistas lo cual generó faccionalismos regionales que se refl ejaron en aspectos económicos, empresariales y educativos; tal accionar condujo a consolidar la violencia partidista que dio como resultado la muerte de Jorge Eliécer Gaitán1 en 1948. Sin embargo, se dieron procesos de conformación y consolidación de empresas que fueron óbice para tipifi car el comienzo del desarrollo industrial, y la oferta universitaria de programas de formación en administración en Colombia, con el fi n de contribuir con la dirección de las organizaciones empresariales que se gestaron. En lo educativo, fue la religión católica quien señaló la manera de educar y actuósobre el particular, de forma intervencionista; al llegar inclusive a determinar los textos que deberían utilizarse en los procesos de formación, sobre todo en materia de enseñanza primaria y secundaria.

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

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En el primer semestre de 2006, en el marco del segundo período de la legislatura 2005-2006, la Honorable Representante Gina María Parody organizó en las instalaciones del Congreso de la República un debate sobre la noción y el alcance de la Acción de Tutela respecto a providencias judiciales, tema de gran discusión por parte de diferentes sectores del Gobierno Nacional así como de las Altas Cortes, la Academia y la Doctrina en general. En ese orden de ideas, la Facultad de Jurisprudencia y la Decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, a través de su Observatorio Legislativo y de Opinión, solicitaron a algunos docentes su opinión sobre el referido tema de amplia polémica, con el fin de presentar al público en general argumentos que sustenten las múltiples posturas que al respecto existen. Así las cosas, en el presente documento encontrarán recogidos los comentarios preliminares y generales de la posición sobre el tema en debate emitida por los doctores José Roberto Herrera, Manuel Fernando Quinche y Juan Enrique Medina, docentes de la Facultad de Jurisprudencia. El objetivo de esta publicación no es otro que el de brindar herramientas para adelantar este debate que cotidianamente se surte sobre este tema en diferentes escenarios de la vida nacional, y servir de sustento para el trabajo de aquellos que en adelante le den vida a éste tema al interior del Congreso, quizá de manera concreta en la realización de una iniciativa legislativa, como recientemente se ha anunciado.

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Las matrices insumo-producto y de contabilidad social constituyen fuentes de información importante para el entendimiento de las relaciones productivas y económicas de un país en un determinado momento del tiempo. En Colombia, la construcción de estos instrumentos tiene una larga experiencia aunque poca ha sido su documentación. Este artículo pretende exponer de manera clara y concisa el procedimiento necesario para su construcción.

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La Ley 964 de 2005 modifica la regulación del manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos que hacen parte del mercado de valores colombiano. En este trabajo se busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias que esta ley puede traer sobre las corporaciones en Colombia. Se analizan algunas reformas anteriores del mercado y, separadamente, se describe la configuración de propiedad de las corporaciones colombianas a la luz de ciertos enfoques metodológicos desarrollados en los últimos años (incluyendo la agenda de investigación de La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny). Se concluye que, dadas las particularidades del mercado colombiano, la nueva Ley del Mercado de Valores puede favorecer el crecimiento de los fondos de inversión extranjera decididos a incluir a Colombia en su portafolio, pero también puede llegar a transformar el esquema de incentivos de las corporaciones colombianas.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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Este documento resume el informe anual de 2006 realizado por el Departamento de Estado para el Congreso de los Estados Unidos titulado Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos. Es un análisis exhaustivo que se concentra específicamente en evaluar algunos países de alto interés estratégico y sus esfuerzos por combatir el tráfico internacional de drogas, por medio de actividades de control de químicos, de drogas, de crímenes financieros y de lavado de activos. Cubre los países "de tránsito" de drogas y los grandes productores de drogas ilícitas. Al evaluarse las actividades realizadas durante cada año se señala qué países fallaron en hacer esfuerzos sustanciales para cumplir con los tratados internacionales y con las medidas contra las drogas establecidas por las leyes de los Estados Unidos. Entre otras cosas, se identifican los mayores productores de drogas ilícitas; los principales países de tránsito de drogas (drug-transit countries); los principales proveedores de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas; y los lugares donde se concentra el lavado de dinero y de activos. Se considera que un país es un productor principal de drogas ilícitas cuando cultiva y/o cosecha en el período de un año 1.000 o más hectáreas de amapola y coca, y 5.000 o más hectáreas de marihuana.1 Por otro lado, se considera que un país principal de tránsito es una fuente directa de drogas ilícitas u otras substancias controladas que afectan de sobremanera a Estados Unidos. A esta misma categoría pertencen los países por los cuales se transportan las drogas ilícitas. Finalmente, los países principales de lavado de dinero y de activos son aquellos en donde sus instituciones financieras se involucran en transacciones de dinero originadas en el tráfico internacional de narcóticos. La complejidad de las transacciones hace muy difícil poder distinguir entre los dineros generados por el tráfico de drogas y de otro tipo de actividades criminales.