Relaciones Estado-Compañías petroleras. Estudio de caso: caducidad de contrato entre la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador Petroecuador y Occidental Exploration and Production Company OEPC

Esta tesis tiene como propósito demostrar las relaciones inequitativas entre las empresas transnacionales y las empresas nacionales de petróleo. Aborda inicialmente desde el contexto de las relaciones internacionales que se dan en torno al petróleo y a los hidrocarburos en general, para luego examinarlas desde una visión desde las transacciones globales y sus tendencias. Posteriormente enfatiza el análisis jurídico-político en el estudio del caso Occidental – Petroecuador, con una revisión previa en el marco institucional y económico en el que se desarrolla este caso. El análisis se establece especialmente en un marco temporal contemporáneo, refiriéndose, cuando es necesario para contextualizar el complejo manejo de los hidrocarburos, a fechas claves que permiten entender determinados fenómenos actuales.

La nueva figura del contrato minero en Ecuador y su análisis con la legislación comparada: principales cláusulas a tenerse en cuenta al momento de su negociación

El propósito de este trabajo es presentar un análisis de las cláusulas contractuales más importantes que se incluyen en los contratos mineros (principalmente de explotación minera), comparándolos con los utilizados en otros países, a fin de determinar si nuestro modelo de contrato es adecuado a la práctica contractual internacional y cómo podrían ser mejorados. Al mismo tiempo, nuestra investigación buscará también determinar si los principios y teorías del Derecho Administrativo (tales como: continuidad, el hecho del príncipe, la teoría de la imprevisión, la responsabilidad extracontractual objetiva, la fuerza mayor, etc.) han sido recogidos por nuestra legislación minera y por los contratos mineros en Ecuador. Nuestra tesis contiene cuatro capítulos concatenados entre sí y con una secuencia progresiva lógica (Capitulo I de Consideraciones Generales; Capítulo II de los Contratos de Explotación Minera en Ecuador; Capítulo III de los Contratos de Explotación Minera en la Legislación Comparada; y, Capítulo IV de las Principales Cláusulas Conflictivas para Negociación), los mismos que nos permiten llegar a las conclusiones de este trabajo.

La política petrolera en el gobierno de la revolución ciudadana: el caso del contrato de servicios específicos, con la Operadora Río Napo Compañía de Economía Mixta en el Campo Sacha

Esta investigación tiene como objetivo analizar la ventaja de la administración y explotación petrolera en el Campo Sacha, por parte de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta, ORNCEM, como estrategia de inversión, para lo cual se hace un análisis del: marco jurídico en el que se encuentra inmersa esta contratación; el rendimiento en la producción de acuerdo al contrato de servicios específicos; tipo de inversión (maquinaria) que la empresa utiliza en la extracción; y, se mide el nivel de producción en el Campo Sacha, mediante la cuantificación del petróleo extraído. En la primera parte, se realiza un resumen del manejo del petróleo a partir de 1972 hasta la actualidad, así como también se describe la política petrolera aplicada por los gobiernos, desde la administración del doctor Oswaldo Hurtado hasta la administración del economista Rafael Correa. En la segunda, se analiza el entorno jurídico en el contexto de los recursos naturales especialmente del petróleo, en el marco de la Ley de Hidrocarburos y de la Constitución de la República del Ecuador. Y en la tercera, se analiza la producción en el campo Sacha, adjudicada a ORNCEM mediante el contrato de servicios específicos y de acuerdo a sus dos contratos modificatorios. Se concluye con algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta y que llaman a la reflexión cuando se proponen y ejecutan contratos cuyo beneficio no es el mejor para el país.

Lineamientos fundamentales para la regulación jurídica del contrato de franquicia en Bolivia

Este trabajo tiene el objeto de exponer respecto al contrato de franquicia, en función de los lineamientos básicos que se deben regular para poder incorporar un capítulo específico en el código de comercio de Bolivia, ya que en la legislación boliviana tiene el carácter de ser un contrato atípico. Este trabajo contiene la evolución histórica de la franquicia en el mundo y en Bolivia. La conocemos actualmente gracias a lo sucedido en 1850, con la empresa Singer Sewing Machine Company quien decidió otorgar franquicias a empresarios independientes interesados en comercializar sus máquinas de coser. Sumándose a ésta tenemos a General Motors en 1898 que adoptó el mismo sistema. Así mismo Coca-Cola en 1899 otorgo varias franquicias para el embotellamiento de su producto, sembrando así las bases del actual sistema de franquicias. El concepto de franquicia, características, terminación, entre otros elementos fundamentales de esta figura, forman parte del primer capítulo el cual proporciona las bases para poder comprender todo lo que implica este formato de negocios. Una definición general sobre la franquicia seria: un sistema de colaboración entre dos partes jurídicamente independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato mediante el cual una de las partes, denominada franquiciante, cede a otra parte, denominada franquiciado, cambio de cierta remuneración económica, el derecho a utilizar su marca comercial y su "saber-hacer" empresarial, por un tiempo limitado y en un territorio determinado. Luego del primer capítulo se pasa a revisar los lineamientos fundamentales que se deberían regular para una futura incorporación de este tipo de contrato a la legislación boliviana. Entre estos elementos importantes se ha considerado en el análisis la información previa de la franquicia, el idioma del contrato, la cláusula de no competencia, las cláusulas abusivas, la ley y foro aplicable al contrato, y por último, las formas alternativas de resolución de conflictos, como son la mediación y el arbitraje.

La ciencia por contrato: la relación ciencia y poder

La construcción de una CIENCIA auténticamente humana, socialmente justa, culturalmente plural, ecológicamente sustentable y científicamente rigurosa, no es un problema que se va a dirimir principalmente en los cenáculos de la academia, ni en las cúpulas de la política, sino en espacios de construcción colectiva, apoyados en la voluntad y la opinión de los pueblos y las organizaciones que representan sus sueños e intereses estratégicos.

El contrato de prestación de servicios de certificación reconocida de firma electrónica

El objetivo primordial de la presente investigación, reside en identificar el régimen jurídico del contrato por el cual se modulan los servicios de certificación reconocida de firma electrónica entre empresarios, es decir, el titular de firma electrónica reconocida (Firmante/Suscriptor) y el prestador de servicios de certificación (PSC), de conformidad con la legislación española y comunitaria europea. A objeto de identificar sus características esenciales, la naturaleza jurídica, el contenido contractual así como la disciplina normativa que resulta aplicable a este negocio jurídico, nuestro estudio ha sido fragmentado en cinco Capítulos. Iniciamos el Capítulo Primero exponiendo las nociones generales así como los antecedentes históricos, técnicos y legislativos que hacen al negocio jurídico objeto de estudio, pasando inmediatamente después a describir la función económica que éste cumple. Luego, en una aproximación preliminar bosquejaremos su definición inicial, diferenciándolo de otros contratos de certificación especiales, para culminar efectuando una descripción de la práctica habitual de la certificación reconocida, delimitando de entrada el contenido del contrato que se ha tomado en cuenta para nuestra investigación. Posteriormente en el Capítulo Segundo concebimos el concepto del contrato que nos ocupa, identificando los caracteres particulares que denota, lo que finalmente nos permitirá establecer su naturaleza jurídica. A poco, nos detendremos en la tarea de identificar el marco legal en que se desenvuelve la certificación reconocida, determinando la normativa que le resulta aplicable y describiendo el modo en que se produce su integración en el contrato. El Capítulo Tercero se ha destinado para el análisis de los elementos subjetivos (determinando los requisitos de capacidad del PSC, Firmante/Suscriptor y el Usuario verificador del certificado reconocido), los elementos objetivos (Certificado reconocido, Datos y Dispositivos, tanto de creación como de verificación de firma electrónica), para finalmente efectuar las consideraciones pertinentes con relación a los elementos formales del contrato. Solventadas estas cuestiones en el Capítulo Cuarto revisaremos las distintas etapas el iter contractual, haciendo notar que las mismas se verifican unas veces en línea (on line) y otras fuera de línea (off line), desde la fase de formación o preparación del contrato, atravesando por el momento de su perfeccionamiento y desembocando finalmente en el período de ejecución del negocio jurídico, donde nos abocaremos al estudio detallado de su contenido, identificando el conjunto de obligaciones que atingen a cada uno de los sujetos involucrados en la certificación reconocida. El Capítulo Quinto se ha reservado para efectuar un análisis de las hipótesis de responsabilidad civil del PSC derivadas de los servicios de certificación reconocida, identificando su origen (contractual o extracontractual), determinando su naturaleza (objetiva o subjetiva) y detectando los supuestos de limitación y/o exoneración a la responsabilidad del PSC. Para completar nuestro estudio, efectuamos un somero repaso de la responsabilidad civil emergente para el Firmante/Suscriptor. Finalmente abordaremos las conclusiones generales que se desprenden de nuestra investigación, identificando una posible nueva clasificación del comercio electrónico atendiendo precisamente a la forma de contratación.

Efectos jurídicos de la resolución de adjudicación y su relación con la firma del contrato

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el mes de agosto del año 2008, meses antes de que sea expedida la actual Constitución de la República del Ecuador, lo que ha hecho que existan ciertas incongruencias entre los dos cuerpos normativos. Múltiples problemas se han suscitado desde que esta ley entró en vigencia, debido en gran parte al profundo desconocimiento que existe sobre la materia de parte de todos quienes pasaron a integrar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es por ello que hemos entendido necesario hacer un breve análisis de uno de los aspectos más relevantes de la materia, como son los actos administrativos emanados de las entidades contratantes: sus elementos, características y naturaleza jurídica; así como los mecanismos con los que cuentan las entidades y los particulares para dejarlos sin efecto por diversos motivos, y los medios con los que cuentan los administrados para defenderse en caso de que vean vulnerados sus intereses o el interés colectivo. Adicionalmente hemos pensado pertinente analizar un caso práctico y su desarrollo dentro del ordenamiento jurídico vigente, a fin de entender mejor el proceder de los oferentes, entidades y autoridades de control.

Perfeccionamiento del contrato electrónico en la legislación de los países miembros de la Comunidad Andina y la posibilidad de llegar a un régimen armonizado o unificado

Por medio del presente trabajo investigativo pretendemos analizar el momento en que el contrato celebrado por medios electrónicos se considera perfeccionado, sirviéndonos de un análisis comparado de las legislaciones de los países miembros de la Comunidad Andina; Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, aterrizaremos específicamente en las modalidades más comunes de contratación telemática; contratos celebrados por medios de portales web, contratos celebrados por medio de videoconferencias y contratos celebrados por medio de correos electrónicos. El resultado del análisis normativo comparado nos permitirá identificar las similitudes y diferencias entre las legislaciones referidas, para de allí, identificar las posibilidades que la técnica legislativa nos ofrezca de caminar hacia procesos, según corresponda, de armonización o de unificación legislativa en el marco de la normativa comunitaria andina.

La subcapitalización y el contrato de mutuo: tensiones entre la legalidad y la sustancia versus la forma

Partiendo de la premisa que en nuestra legislación existe la subcapitalización como figura ilícita y la infracapitalización como figura lícita; la presente investigación se centra en establecer si mediante la suscripción de un contrato de mutuo entre partes relaciones se incurre automáticamente en una subcapitalización ilícita, tal como lo establece la normativa ecuatoriana, o si por el contrario, se configura una infracapitalización o subcapitalización lícita, partiendo del hecho que la prestamista cuenta con capacidad de endeudamiento y cumple con la obligación de pago como crédito subordinado que nace de la relación contractual, sin simulación. Con la finalidad de obtener la respuesta adecuada a la interrogante que planteo en este trabajo, se explicará el contenido doctrinario, jurídico y casuístico de la tema planteado con la finalidad de establecer si la existe una subcapitalización lícita descrita y permitida por la normativa ecuatoriana y paralelamente, se determinará cuál es la conducta adoptada por las autoridades en los casos planteados.

La desacertada definición de las cláusulas del contrato administrativo como exorbitantes y sus efectos jurídicos

El objetivo central de este trabajo es analizar los efectos de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo con el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En el primer capítulo se desarrollan criterios doctrinarios sobre el contrato administrativo, analizando sus principios, elementos, formación y características, entre éstas, las cláusulas exorbitantes. Así mismo, en este apartado analizamos desde el punto de vista doctrinal a las principales cláusulas exorbitantes y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos en general. En el segundo capítulo nos adentramos en los efectos de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, y en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Concluimos el trabajo con un análisis que tiene el propósito de dilucidar que las cláusulas denominadas por la doctrina como exorbitantes, en el fondo obedecen a los acuerdos objetivos de las partes, por tanto con la estipulación de aquellas no se transgrede el principio de la autonomía de la voluntad.

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

O contrato de seguro: "o seguro de vida e a legislação brasileira "

O seguro de vida é um instrumento que visa garantir que a formação de um patrimônio e de renda familiar, os quais são acumulados em anos de trabalho, sejam perdidos de uma hora para outra, em virtude da exposição a riscos imprevisíveis e inevitáveis. A legislação brasileira bem como os órgãos regulamentadores de seguros, ao tratar do seguro de vida, criam uma série de empecilhos para o cidadão que resolve adquiri-lo para tranquilizar sua família. A grande problemática do seguro de vida no Brasil são os altos custos de seguro acompanhados de uma legislação que favorece ao extremo as companhias seguradoras, bem como todas as facetas existentes de um contrato de seguro de pessoa, na acepção jurídica do tema. O assunto polêmico sugere grande reflexão para que o seguro de vida seja mais aproveitado na vida das pessoas no país. Atualmente, faz-se mais seguros de bens como veículos automotores do que seguros do maior bem que cada ser humano tem: a própria vida. Com o intuito de unir o conceito e as características jurídicas de um contrato de seguro e analisar a legislação imposta pela SUSEP, CNSP, Ministério da Fazenda, sobre o seguro de vida, este trabalho abrangerá todas as informações que circulam o tema, como a evolução histórica, as modalidades de seguro, as vantagens e desvantagens de um assunto polêmico que tem perturbado a vida de muitos legisladores, Ministro da Fazendo, Conselheiros do CNSP e nós, cidadãos consumidores.

O contrato administrativo

O trabalho em destaque busca desenvolver o tema contrato administrativo, na concepção da sua natureza e dos seus efeitos para o mundo jurídico, pois trata de um tipo de contrato especial, muito conceituado pela doutrina.No entanto os seus conceitos são considerados pouco harmônicos, principlamente no que tange a sua natureza e até mesmo a sua existência.Sendo este um ponto principal para o entendimento do particular envolvido ou mesmo da sociedade, pois por muitas vezes não conseguimos entender a verdadeira finalidade da Administração em utilizar-se desse instrumento jurídico.Este talvez seja o instrumento mais utilizado pela Administração para burlar as leis estabelecidas em nossa Constituição Federal, com a finalidade de percorrer caminhos mais curtos ou por muitas vezes utilizar-se da máquina pública em detrimento de aproveitamento próprio daqueles que ali estão para servir a sociedade.Nota-se que o tema já foi tão discutido na doutrina sem que houvesse as alterações necessárias e pertinentes ao que poucos tem a intenção de inová-lo.Mantendo-se então a conceituação originária de 1902, ou seja, mantendo a vontade do Estado desde os primórdios.Ocasionando uma proteção a Administração em nome do interesse público, onde por muitas vezes esse passa a agir de forma exorbitante.

O contrato de consórcio e os direitos do consumidor, após a vigência da Lei 11.795/2008

Esta monografia tem por objeto de estudo o sistema de consórcio regulamentado pela Lei nº 11.795/2008 e sua aplicação aos direitos do consumidor. O sistema de consórcio é o resultado natural e necessário da evolução do modelo de autofinanciamento numa economia cada vez mais consumista e incentivada principalmente pela sua característica de ausência de cobrança de juros. Acompanhando essa evolução, o sistema de consórcio injeta milhões de reais no mercado financeiro oriundos da união de participantes que visam por meio de esforços comuns atingirem um fundo de recursos que sejam suficientes para aquisição de bens ou serviços, que serão contemplados através de sorteios e lances. Por isso, cabe aos órgãos de proteção ao consumidor, por intermédio da sistemática da Lei 11.795/2008, a análise da legalidade deste instituto de forma a disciplinar a outorga deste crédito. Para cumprir com o objetivo deste trabalho traça-se, primeiramente, um perfil do sistema de consórcio no Brasil, com a evolução histórica e disciplina jurídica. Em seguida, fala-se sobre tratamento das partes estruturais do contrato, identificando conceito, características e as partes da relação obrigacional, bem como os fundamentos da submissão ao Código de Defesa do Consumidor. E ao final, faz-se uma análise da jurisprudência com a seleção de duas problemáticas, ambas relacionadas diretamente no contrato de consórcio que seriam o equilíbrio econômico financeiro do contrato e o momento da devolução das parcelas pagas pelos consumidores desistentes e excluídos do grupo a fim de justificar a importância e necessidade da legislação no controle e prevenção dos direitos tutelados dos consorciados.

O contrato do consórcio e os direitos do consumidor, após a vigência da lei 11.795/2008

Esta monografia tem por objeto de estudo o sistema de consórcio regulamentado pela Lei nº 11.795/2008 e sua aplicação aos direitos do consumidor. O sistema de consórcio é o resultado natural e necessário da evolução do modelo de autofinanciamento numa economia cada vez mais consumista e incentivada principalmente pela sua característica de ausência de cobrança de juros. Acompanhando essa evolução, o sistema de consórcio injeta milhões de reais no mercado financeiro oriundos da união de participantes que visam por meio de esforços comuns atingirem um fundo de recursos que sejam suficientes para aquisição de bens ou serviços, que serão contemplados através de sorteios e lances. Por isso, cabe aos órgãos de proteção ao consumidor, por intermédio da sistemática da Lei 11.795/2008, a análise da legalidade deste instituto de forma a disciplinar a outorga deste crédito. Para cumprir com o objetivo deste trabalho traça-se, primeiramente, um perfil do sistema de consórcio no Brasil, com a evolução histórica e disciplina jurídica. Em seguida, fala-se sobre tratamento das partes estruturais do contrato, identificando conceito, características e as partes da relação obrigacional, bem como os fundamentos da submissão ao Código de Defesa do Consumidor. E ao final, faz-se uma análise da jurisprudência com a seleção de duas problemáticas, ambas relacionadas diretamente no contrato de consórcio que seriam o equilíbrio econômico financeiro do contrato e o momento da devolução das parcelas pagas pelos consumidores desistentes e excluídos do grupo a fim de justificar a importância e necessidade da legislação no controle e prevenção dos direitos tutelados dos consorciados.Esta monografia tem por objeto de estudo o sistema de consórcio regulamentado pela Lei nº 11.795/2008 e sua aplicação aos direitos do consumidor. O sistema de consórcio é o resultado natural e necessário da evolução do modelo de autofinanciamento numa economia cada vez mais consumista e incentivada principalmente pela sua característica de ausência de cobrança de juros. Acompanhando essa evolução, o sistema de consórcio injeta milhões de reais no mercado financeiro oriundos da união de participantes que visam por meio de esforços comuns atingirem um fundo de recursos que sejam suficientes para aquisição de bens ou serviços, que serão contemplados através de sorteios e lances. Por isso, cabe aos órgãos de proteção ao consumidor, por intermédio da sistemática da Lei 11.795/2008, a análise da legalidade deste instituto de forma a disciplinar a outorga deste crédito. Para cumprir com o objetivo deste trabalho traça-se, primeiramente, um perfil do sistema de consórcio no Brasil, com a evolução histórica e disciplina jurídica. Em seguida, fala-se sobre tratamento das partes estruturais do contrato, identificando conceito, características e as partes da relação obrigacional, bem como os fundamentos da submissão ao Código de Defesa do Consumidor. E ao final, faz-se uma análise da jurisprudência com a seleção de duas problemáticas, ambas relacionadas diretamente no contrato de consórcio que seriam o equilíbrio econômico financeiro do contrato e o momento da devolução das parcelas pagas pelos consumidores desistentes e excluídos do grupo a fim de justificar a importância e necessidade da legislação no controle e prevenção dos direitos tutelados dos consorciados.