727 resultados para Álvaro Uribe Vélez
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Coordina: Gonzalo Celorio
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Desde su aparición, a comienzos de la década de los años noventa, el concepto de seguridad democrática ha sido objeto de distintos enfoques y diversas políticas. Inicialmente, éste fue considerado por un grupo de intelectuales y políticos que, agrupados en lo que se denominó la Comisión Sudamericana de Pas, concibieron la noción de seguridad democrática regional. En 1995, el mismo sirvió de sustento al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. En Colombia, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, se ha alimentado la política de defensa y de seguridad. Sin desconocer la capacidad de la seguridad democrática como alternativa a concepciones tradicionales de seguridad, el presente libro tiene como propósito central ofrecer algunos elementos teóricos, políticos y metodológicos que contribuyan a perfilar lo que significa la seguridad democrática y, por supuesto, lo que implica en términos operativos. Estas propuestas surgen en un momento en el que se requieren conceptos de seguridad acordes con los desafíos del nuevo orden internacional y en el que la provisión de la seguridad parece desconocer los valores democráticos más emblemáticos.
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Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como contratos de prestación de servicios, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.
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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.
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El presidente Álvaro Uribe se dirigió a la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 21 de septiembre. Cada año los Jefes de Estado del mundo exponen en este foro sus ideas y preocupaciones sobre la situación mundial y de sus países. ¿Qué ideas presentó el presidente Uribe al resto de los países? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en la agenda del mundo? ¿Qué concepto le merecen esos temas a nuestras autoridades de política exterior? Son preguntas que surgen de manera natural en el ámbito académico, las cuales nos hemos propuesto responder en este primer Comentario OPEC, con el ánimo de divulgar más ampliamente los temas de la política exterior colombiana, ofrecer criterios de valoración y análisis al público y enriquecer el debate sobre la agenda internacional de nuestro país.
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Este Estudio de Caso cruza las variables de conflicto interno armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y territorio indígena Wiwa, con el fin de mostrar la influencia que llegó a tener el conflicto en todos los ámbitos de la vida individual y sobre todo grupal de los Wiwa, quienes presentan una especial relación con el territorio; la afectación fue tan grande que los llevó a ser considerados pueblo indígena en vía de extinción. La investigación está centrada en el primer periodo del ex-Presidente Álvaro Uribe, cuatrienio en el cual los actores armados del conflicto (FARC, AUC, Fuerzas Militares y de Policía) aumentaron su accionar, sobre todo por lo estratégico que resulta tener dominio territorial en la Sierra, ya que esta zona del país perteneciente ancestralmente a los cuatro pueblos indígenas serranos, sirve como zona de resguardo de grupos armados, tiene suelos aptos para la ganadería, el cultivo de banano, palma, pero también para los cultivos ilícitos, la salida al mar permite el tráfico de armas y drogas, además de poseer muchas fuentes hídricas. Se muestra entonces el conflicto de intereses entre los mismos grupos armados, y el de los grupos armados con los Wiwa, quienes denunciaron el desprecio absoluto por su cultura y su pensamiento territorial. Además de ello se evidencia como mediante actos de terror y violencia se violaron los derechos humanos y se infringió el derecho internacional humanitario.