861 resultados para Sociedad Patriótica de Amigos de la Constitución en Malta


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La Constitución colombiana de 1991 no opta por un modelo definido de administración pública ni regula sistemáticamente la materia, a pesar de la profusión normativa de su texto. Por el contrario, del conjunto del articulado se deduce un sincretismo involuntario que abarca prescripciones normativas del modelo burocrático y la gerencia pública, y anticipa algunos de los elementos de la gobernanza.

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Diversos proyectos de acto legislativo que se han presentado en los últimos años parecen reducir la eficacia directa de la Carta y cargarla con una eficacia simbólica que compromete su coherencia, legitimidad y permanencia. En este artículo se argumenta, a la luz de tres proyectos de acto legislativo que se han planteado en el último período legislativo en Colombia, que el ordenamiento constitucional estaría siendo cargado de un poder simbólico hipertrófico que provoca, en realidad, una tensión entre la eficacia directa de las normas constitucionales y las aspiraciones programáticas permanentemente inconclusas.

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Hablar de los veinte años de la Constitución desde la perspectiva de hoy, implica necesariamente detenerse a analizar  la apertura,  internacionalización e inserción de la economía Colombiana con el mundo y sus efectos en la economía nacional y per se en la sociedad. El presente artículo presenta una aproximación al desarrollo  de los Acuerdos de Promoción y Protección de la Inversión extranjera (APPRI) o Bilateral Investment Treaties (BITs) como son mundialmente conocidos, en la constitución de 1991 y la importancia dada por el estado Colombiano a estos tratados como herramientas para el desarrollo económico, tecnológico y científico. En este sentido, el artículo parte del análisis de estos tratados y su desarrollo en el ámbito internacional, para después centrarse en el estudio de los BITs en Colombia a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. Del  análisis se destaca el estudio de la expropiación de inversiones extranjeras en Colombia bajo la Constitución de 1991, la contradicción existente entre los BITs y la solución dada por el legislador frente a la controversia. Finalmente el artículo realiza una crítica  desde un punto de vista teórico sobre la efectividad y necesidad de estos tratados para  la sociedad Colombiana.

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En la teoría de las relaciones objetales y en particular en la teoría de Esther Bick, la piel cumple una función definitiva dentro del proceso de constitución del Yo: con la noción de piel-como-continente se enfatiza la función de este órgano en permitir al infante integrar las partes de su personalidad. Para desarrollar esta función, resulta indispensable introyectar la función contenedora de la madre, pues de no realizarse tal introyección, el individuo deberá desarrollar métodos sustitutivos para contenerse. De acuerdo con la teoría de Bick, estos métodos tomarían la forma de una segunda piel. Este artículo analiza las modificaciones corporales y su posible relación con las manifestaciones de segunda piel en la adultez.

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Ofrecer una interpretación de las dinámicas que presidieron los procesos de constitución del movimiento antifranquista de enseñantes que dieron lugar, en los inicios de la transición, a los sindicatos de clase en la enseñanza. El sentido último de estos análisis es el de aportar, a partir de una experiencia histórica concreta, elementos que contribuyan al desarrollo de una línea de investigación sobre estos agentes sociales que permita, a su vez, enriquecer los debates sociológicos sobre la educación.. El periodo de tiempo elegido transcurre entre 1970 -en que se aprueba y pone en marcha la L.G.E.- y el curso 1977-78 -entre la firma de los Pactos de la Moncloa y la negociación de la constitución. El trabajo se halla estructurado en los siguientes capítulos: I. Ofrece una visión panorámica de las interpretaciones sociológicas sobre la posición y funciones del profesorado. II. Aproximación al modelo organizativo que, en la enseñanza, impuso el régimen franquista (modelo de corporativismo franquista). III. Trata de las primeras transformaciones que se dieron en los colectivos docentes desde la década de los sesenta (aprobación de la L.G.E., de 1970). IV. Se analiza la ruptura efectiva con los organismos corporativos impuestos, que se traduce en la constatación de unas estructuras asociativas autónomas, asamblearias y unitarias. V. Se estudian los debates y procesos que presidieron la dificil y complicada implantación de un marco plural de organización de clase en el sector.. Se ha constatado que los compromisos y las prácticas del colectivo de enseñantes adquieren significado en relación con otras facetas que entran en juego, además de las propias del trabajo. Particularmente, los colectivos de enseñantes en esta experiencia accedieron a concepciones alternativas de la educación y la sociedad frente a la imposición de un discurso profesionalista por un gobierno autoritario, mostraron capacidad para analizar y posicionarse criticamente ante el modelo político y social en su conjunto, así como para actuar conscientemente en coherencia con dichas visiones e insertaron su descontento laboral en proyectos y compromisos globales, que iban más allá de sus estrictos intereses como asalariados del estado. Del enfrentamiento con las principales centrales obreras resultó la constitución de una organización sindical 'autónoma asamblearia' que, a pesar de no mantener vínculos orgánicos con los sindicatos obreros, se autodefinia como 'sindicato de clase' y, efectivamente, desplegó acciones entre el profesorado con orientaciones coincidentes con las centrales sindicales. Se puede afirmar que no fueron las formas organizativas enlas que dieron el sentido último a las orientaciones de los agentes sociales. De igual manera, se ha podido constatar que los compromisos y orientaciones de las acciones y organizaciones del colectivo de enseñantes ni están fijados de antemano, ni se adoptan de forma monolítica por todo el profesorado, ni se asumen definitivamente una vez en la vida. El análisis de situaciones y experiencias concretas afirman la idea de que las orientaciones y prácticas adoptan significados peculiares que es preciso desentrañar en cada caso..

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1. Analizar qué importancia concede a la educación, cara a la transformación revolucionaria de la sociedad, el Partido Socialista Obrero Español, tratando de averiguar el ajuste o coherencia entre su teoría y su praxis. 2. Demostrar que el PSOE carecía de un proyecto político revolucionario. Este trabajo, descriptivo, se ha desarrollado en cinco capítulos: 1. El PSOE, 1979-1981, teoría y praxis política, análisis de la sociedad española, así como las posibilidades de transformación revolucionaria de la misma. 2. Elementos definitorios del ideario educativo socialista; análisis de los conceptos básicos que definen el ideario educativo del Partido Socialista: enseñanza integral, escuela laica y enseñanza obligatoria y gratuíta a cargo del Estado. 3. El Partido Socialista y la Formación Profesional: importancia que el PSOE da a esta formación de cara a posibles cambios en la situación de la clase trabajadora. 4. Praxis educativa y cultural del Partido Socialista: formas de llevar a la práctica la educación y cultura que ellos consideraban imprescindible para que el socialismo triunfara en nuestro país. 5. La educación en la estrategia política del PSOE: analizar el papel que el Partido Socialista asigna a la educación, considerada globalmente en su estrategia para cambiar la sociedad. Prensa y publicaciones periódicas del socialismo español. El Partido Socialista sostiene dos posiciones con respecto a la educación: a) Optimismo revolucionario: esta etapa, que se prolonga hasta los primeros años de la década de 1890, se caracteriza por el hecho de que en la praxis política global, las cuestiones referidas a educación y cultura ocupan un lugar muy marginal, pues pensaban que la transformación revolucionaria de la sociedad se produciría al cambiar las condiciones económicas. b) Pesimismo revolucionario: superstición pedagógica; a partir de principio de la década de los noventa se abandona la creencia de la necesidad de llevar a cabo una revolución para lograr el cambio social y se afirma que sería el momento último y culminante de una serie de transformaciones previas en las que la educación y la cultura tendrían un papel importantísimo que jugar. Se llegó a esta convicción por varias razones: 1. Necesidad de que en España se produjera primero un sólido desarrollo capitalista para que se creasen las condiciones necesarias que hicieran posible una revolución socialista. 2. La constitución definitiva en Barcelona del Partido Socialista y la UGT que permite a los trabajadores participar en la vida nacional a través de cauces legales; como consecuencia de ello surge el Regeneracionismo que atribuye todos los males a la falta de educación y considera que la educación es la panacea para solucionar los mismos. 3. La influencia del Krausismo y la ILE: grandes líderes y toda la plana mayor tuvo un contacto más o menos directo con la institución.

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Las organizaciones se encuentran inmersas en procesos de cambio permanentes, aquellas que tomen decisiones acertadas lograrán obtener mejores resultados en el largo plazo. ¿Existe algún método que facilite el proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre?, el artículo nos presenta la prospectiva como una alternativa para diseñar escenarios de futuro, incluye algunas definiciones, el método de la prospectiva desde Godet, y realiza un paralelo entre las diferentes técnicas utilizadas para realizar un estudio proyectado a futuro. El artículo contribuye a la tarea de divulgación e inserción en las sociedades, de la Metodología Prospectiva. Este esfuerzo se realiza como paso previo a su incorporación real como “herramienta de apoyo decisional” formal.

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El presente artículo busca contribuir a una comprensión de la actual crisis venezolana desde una perspectiva novedosa. Aquí se afirma que en lugar de resolver la crisis del sistema político venezolano, algunas de las provisiones contenifas en la Constitución de 1999 han contribuido a ahondarla. El texto pretende aportar al debate sobre la democracia en Venezuela desde un ángulo distinto al de aquellos que, desde esquinas opuestas, apuntan al presidente Chávez como causa última de los desarrollos recientes en la hermana república. La actual crisis venezolana no puede atribuirse, de manera única y exclusiva, a las acciones u omisiones de su presidente. El argumento central de este artículo es que, más allá de la controvertida personalidad del mandatario, es el andamiaje institucional diseñado por la Asamblea Constituyente de 1999, ante todo el presidencialismo acentuado, el que ha favorecido la desinstitucionalización, la polarización y la aparente sinsalida que caracterizan la actual situación en Venezuela.-----This article seeks to contribute to a better understanding of the crisis in Venezuela from an original perspective. It argues that rather than solving the problems of the Venezuelan political system, some of the provisions contained in the 1999 Constitution have served instead to making them worse, sometimes expectedly, but also in unexpected and unintentional ways. The article contributes to the debate on the current travails of democracy in Venezuela from a different angle, avoiding an exclusive focus on President Chavez as the ultimate cause of the recent developments in that country. The current crisis in Venezuela cannot be attributed, exclusively, to the actions or omissions of its President. The central argument in this article is that beyond Chavez’ controversial personality, it is the institutional arrangement designed by the Constituent Assembly of 1999, especially its accentuated presidentialism, what has contributed to the deinstitutionalization and polarization that characterize the current impasse of Venezuelan politics.

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El presente Estudio de Caso, tiene como propósito de hacer un estudio sobre el papel articulador de la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, teniendo en cuenta las distintas acciones colectivas que han desarrollado desde sus orígenes en la búsqueda de la paz. Dichas acciones han tenido cobertura nacional y que por ende, están jugando un rol muy importante en la movilización social por la paz en Colombia. En este sentido se hace necesario identificar a partir de la teoría de los movimientos sociales y las conceptualizaciones sobre la paz el carácter de estos actores, sus acciones y las perspectivas y limitaciones para consolidarse como referentes políticos en la lucha por la paz.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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Resumen de la revista en catalán