El debido proceso en el procedimiento penal abreviado

En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.

Límites de la actividad jurisdiccional indígena en relación con el debido proceso en materia penal

En la Constitución de 1998 se produjo el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y del pluralismo jurídico existente en el país, ello permitió la legitimación de las resoluciones tomadas por sus autoridades competentes de sus conflictos internos en base a sus propios procedimientos, usos y costumbres ancestrales, garantizando el derecho a su identidad, autodeterminación y autonomía de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas a fin de restablecer el equilibrio y armonía dentro de la misma. Estas resoluciones por norma constitucional tienen el mismo carácter jurídico y fuerza vinculante que las sentencias expedidas por autoridades jurisdiccionales estatales. Por tanto, sin que se necesite ratificación del sistema judicial estatal, las decisiones jurisdiccionales indígenas surten el efecto de cosa juzgada, debiendo ser obedecidas por las partes involucradas, consideradas por la comunidad y respetadas por las autoridades y las instituciones del Estado respetando y garantizando la aplicación del principio non bis in ídem constitucionalmente reconocido. Sin embargo, se hace necesaria su limitación explícita a fin de evitar que sus procedimientos y sanciones vulneren derechos humanos, razón por la cual la Corte Constitucional debe ser la encargada de controlar la conformidad de estas resoluciones con los preceptos constitucionales, respetando el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que les son reconocidas, esto es, sobre la base de sus tradiciones ancestrales y derecho propio, conforme lo reconoce la vigente Constitución.

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

Ideas y propuestas para la renovación del sistema de justicia (con especial referencia al orden penal)

El programa consta de una serie de proyectos vinculados a la necesidad del cambio en materia realizadora (procesal y sustantiva), con especial referencia al orden penal. I- En materia penal, los rasgos sobresalientes de esta “revolución procesal” están puestos en las siguientes notas: a)“Privatización”, en el sentido de un reordenamiento de los roles de los órganos de la función judicial; b)“Desformalización”, interpretada como captación de procedimientos ágiles y menos burocráticos, acortando el puente formal entre la comisión del hecho delictuoso y la sentencia; c) Todo ello en acompañamiento de una “Reformulación del sistema penal constitutivo de fondo”, replanteando la naturaleza de la pretensión penal y la captación de formas de composición diferenciadas de la actual regulación de la pena. 1.1 El cambio que propiciamos reconoce motivaciones fácticas tales como: recarga de la función judicial en lo penal y colapso del sistema judicial; advertencia de la imprescindibilidad de la consecución de la celeridad y economía procesales; replanteo de los fundamentos, fines, eficacia y función del régimen punitivo, básicamente-. La causalidad jurídica, su modificación y superación enmarcan el objeto de estudio de este programa, siempre bajo la premisa del debido enfoque constitucional y el inalterable respeto de la bi-dimensionalidad del principio de defensa. 1.2 Atento a nuestro régimen federal de gobierno, los continentes legislativos de la reforma no pueden limitarse a los códigos de procedimiento, sino que deben ampliarse al ámbito de la denominada legislación de fondo que, en el punto, actúa también a manera de norma realizadora, ya que, por razones de uniformidad e igualdad ante la ley, ciertas disposiciones que hacen a la regulación del procedimiento ameritan su inserción a nivel del Código Penal. Esto es: han de emanar del Congreso de la Nación. 1.3 En el desarrollo analítico de las cuestiones principales involucradas en el proceso de reforma que encaramos, se toma como eje el trípode de poderes de realización que, interactuando entre sí, configuran la trama del proceso: acción penal, jurisdicción y reacción penal. II- Finalmente, en cuanto al sistema judicial extra-penal, se abordan fundamentalmente cuestiones de actualidad en la problemática procedimental. Por ejemplo, lo relativo a la ecología.

Mediació penal adulta i reincidència. El grau de satisfacció dels infractors i les víctimes

Els objectius de l’estudi són determinar els efectes de la mediació penal sobre la reincidència, establir els criteris de satisfacció de les víctimes i imputats, conèixer els efectes del procés de mediació penal en el canvi motivacional de les parts implicades i elaborar un registre valoratiu del grau de satisfacció dels participants en la mediació. Es van analitzar els fonaments teòrics de la mediació penal i les investigacions més destacables sobre el procés, i el seus efectes sobre la reincidència i la satisfacció de les víctimes i imputats. En segon terme, es va dur a terme un treball de camp dividit en quatre etapes, una primera amb el buidatge dels 888 expedients relatius als casos de mediació penal atesos. A continuació es va analitzar la reincidència a la informàtica judicial del imputats. En tercer lloc, es va construir l’escala de valoració de la satisfacció i, finalment, es va aplicar la mateixa per via telefònica a una mostra de 213 subjectes. Els resultats demostren com les dades obtingudes pel Servei de Mediació són concordants amb les d’altres països (grau d’acords, sessions realitzades, etc.), té un efecte reductor de la reincidència i mostra uns nivells de satisfacció elevats dels seus participants. Malgrat aquests resultats, no es va poder establir una relació directa entre la reincidència i la satisfacció. La proposta d’emfatitzar la rellevància de la mediació penal adulta com a eina reductora de la reincidència delictiva posterior permet establir un volum elevat d’acords i garanteix un nivell de satisfacció elevat en els membres participants. Els resultats obtinguts obliguen a continuar la recerca de la mediació per conèixer més a fons els seus efectes.

Drogues d’abús en detinguts al jutjat de guàrdia: repercusió a l’àmbit de l’execució penal i l’Administració de justícia

L’estudi de la saliva com a matriu d’anàlisis de drogues d’abús en conductors es fa des dels anys 80. Els investigadors trobaven dificultats però el major inconvenient va ser l’existència de tècniques analítiques no prou sensibles per a la detecció de les drogues. A finals de les anys 90 la saliva es va considerar un fluid molt adequat i es van anar publicant treballs que investigaven aquesta temàtica. No obstant això encara no n ’hi ha molts treballs, especialment al nostre país. A Catalunya no s’han fet estudis encara que s’ha contribuït en alguns projectes realitats fora de la nostra comunitat. Objectius: Obtenir dades del consum de drogues d’abús en una mostra de conductors de vehicles a motor. Obtenir dades dels tòxics més freqüents trobats en les mostres analitzades. Relacionar el consum de tòxics amb alteracions en la conducta o conduccions temeràries en la població que es sotmet a l’estudi. Metodologia: Estudi d’una mostra de subjectes que són aturats per la Guàrdia Urbana de Barcelona, Girona ,Tarragona i policia local de el Prat de Llobregat conduint vehicles a motor. Obtenció d’una mostra de saliva als subjectes que es consideren que poden trobar-se sota la influència de les drogues. Anàlisis de les mostres per immunoassaig mitjançant el kit Cozart DDS com a test de camp i confirmació dels resultats per cromatografia de gasos i espectrometria de masses. Resultats: Es descriuen en els resultats obtinguts, les freqüències de consum, les principals drogues d’abús trobades i es valoren els símptomes clínics que presentaven els subjectes. Conclusions: Les drogues d’abús estan presents en conductors de vehicles a motor. El kit utilitzat per la determinació de drogues a peu de carretera és una bona eina atès que es confirmen els resultats especialment per a la cocaïna i opiacis.

Aplicación web para la corrección automática de pruebas

Este trabajo desarrolla una herramienta que haga posible al profesor la creación de pruebas y la corrección automática de estas, de forma que el proceso de evaluación sea mucho más rápido y sin ningún tipo de error humano.

Avaluació del programa de mediació penal d’adults del Departament de Justícia de Catalunya

Des de 1999, el Departament de Justícia aplica el Programa de mediació penal amb infractors adults i víctimes. Aquest Programa, emmarcat en la perspectiva de l’anomenada Justícia Restaurativa, cerca resoldre el conflicte produït pel delicte implicant totes les parts i concedint un paper clau a la víctima, sobre la restitució de la qual gira el procés mediador. La recerca que es presenta fa una avaluació del funcionament d’aquest Programa amb l’objectiu de constatar si la mediació penal pot satisfer algunes de les necessitats de les víctimes de delictes. La valoració que en fan les víctimes que han participat en l’estudi d’avaluació és positiva. Els principals beneficis que destaquen són la reparació material, rebre les disculpes de l’infractor, poder explicar la seva vivència i sentir-se escoltades, i poder participar en la resolució del seu propi procediment i en la resolució final del conflicte.

Evaluación del programa de mediación penal de adultos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña

Desde 1999, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña aplica el Programa de mediación penal con infractores adultos y víctimas. Este Programa, enmarcado en la perspectiva de la llamada Justicia Restaurativa, busca resolver el conflicto producido por el delito implicando a todas las partes y concediendo un papel clave a la víctima, sobre la restitución de la cual gira el proceso mediador. La investigación que se presenta hace una evaluación del funcionamiento de este Programa con el objetivo de constatar si la mediación penal puede satisfacer algunas de las necesidades de las víctimas de delitos. La valoración que hacen las víctimas que han participado en el estudio de evaluación es positiva. Los principales beneficios que destacan son la reparación material, recibir las disculpas del infractor, poder explicar su vivencia y sentirse escuchadas, y poder participar en la resolución de su propio procedimiento y en la resolución final del conflicto.

La responsabilitat penal dels menors. Entre la retribució i la prevenció

Seguint les aportacions de Sutherland al desenvolupament de la teoria de l'associació diferencial, la delinqüència juvenil és producte de l'aprenentatge que els menors realitzen de conductes i valors criminals. La conducta criminal és, doncs, apresa en interacció amb d'altres persones en un grup social íntim. Lluny de semblar una teoria massa simplista en els seus postulats, aquesta engloba una sèrie de factors socials i criminològics que recolzen la meva proposta d'intervenció. Caldria, a parer meu, graduar la intensitat de la resposta penal conforme al procés evolutiu del menor. Així doncs, en l'establiment de les mesures de responsabilitat civil i penal hauríem d'estar amatents al grau de maduresa en el discerniment per part del menor d'allò que està permès i d'allò que ras i curt no es pot fer.