999 resultados para Paramilitares - Situación política


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El artículo establece, en primer lugar, las bases de una antropología pragmática - principalmente el interés por la pregunta "¿cómo hace la gente?" - que deben orientar la investigación etnográfica. Posteriormente, describe por medio de un extracto etnográfico, diferentes prácticas en la fiesta de San Juan/Inti Raymi en Otavalo (Andes ecuatorianos). Éste, es una construcción textual elaborada a partir de una perspectiva pragmática. Por último, se desarrollan cuatro puntos que apoyan la descripción pragmática y minuciosa: la acción en situación, la superación del intelectualismo, las relaciones situacionales de poder y la co-experiencia de los lectores.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

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Publicado en la página web de la Consejería de Salud y Bienestar Social: www.juntadeandalucia.es/salud (Consejería de Salud y Bienestar Social / Profesionales / Nuestro Compromiso por la Calidad / Guía de práctica clínica. Uso seguro de opioides en pacientes de situación terminal

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La cuestión de los refugiados palestinos es uno de los asuntos clave para alcanzar una resolución firme del conflicto palestino-israelí. Para ello debe resolverse la situación de los cientos de miles de palestinos que fueron expulsados y/o huyeron con la guerra de 1948, y sus descendientes, que hoy suman casi 5 millones. En el proceso de paz, este es uno de los asuntos que ni siquiera fue tenido en cuenta con la profundidad que lo requiere. Los palestinos se acogen a la resolución 194 de la Asamblea de Naciones Unidas y reivindican el Derecho al Retorno. Pero del lado israelí tres argumentos ponen en duda este derecho al retorno: A) El asunto de la responsabilidad en la huida/expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares. B) La «necesidad» existencial de ser un estado de mayoría judía, que el retorno podría poner en cuestión. C) El hecho de que Israel ya acogió a cientos de miles de judíos originarios de los países árabes. Analizaremos cómo los partidos políticos israelíes tratan este asunto, y cómo los «nuevos historiadores israelíes» pueden ayudar a cambiar el punto de vista israelí al poner en cuestión la narrativa sionista de la guerra del 48.

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Analizar la situación educativa actual de la población escolar de Asturias comprendida entre los 4 y los 14 años, Preescolar y EGB. Efectuar un balance de los cambios producidos en este sector en los últimos 10 años (1970-1980) a consecuencia de la implantación de la Ley General de Educación del 4 de agosto de 1970 y disposiciones subsiguientes. Realizar estudios prospectivos que faciliten criterios orientadores para la planificación escolar de este nivel de enseñanza. Censo de población escolar de los cursos 1970-71 y 1980-81 agrupados según el nivel de enseñanza, distribución geográfica, distribución temporal. Se estudiaron indicadores cualitativos y cuantitativos de la situación educativa en los diferentes niveles educativos, los servicios especiales de educación como las concentraciones, la distribución geográfica según las comarcas. El ajuste edad-curso, los índices de retraso, etc. Además se realizaron estimaciones sobre la población escolar a corto y medio plazo. Archivos de la Inspección Técnica, estadísticas de la Dirección Provincial del MEC. Informaciones del Servicio de Inspección y del Departamento de Planificación Educativa y cuestionarios diseñados por el equipo investigador. Se constata un incremento considerable del alumnado en la región, aunque muy superior en Preescolar. A pesar de ésto el número de Centros escolares ha descendido notablemente. La política de concentraciones escolares ha generado un aumento espectacular de los servicios complementarios de la escuela, el proceso concentrador ha modificado la estructura escolar de todas las Comarcas. El transporte escolar configura una red muy desigual en cuanto a los recorridos. A pesar de las concentraciones escolares, el aumento de la población escolar ha originado durante esta década un crecimiento notable del número de profesores de la región. El mapa escolar de Asturias ha quedado marcado por desequilibrios demográficos que no presentan fácil rectificación. La escolarización entre 4 y 14 años es casi total, hay un 70 por ciento de enseñanza pública frente a un 30 por ciento de enseñanza privada. La tasa de relación alumnos por unidad se sitúa en torno a un 27.1 por ciento para EGB y 34.1 por ciento para Preescolar. Se prevé una estabilización en el número de escolares de nuestra región. Se deduce un ligero descenso en las necesidades de profesorado. En relación a la atención educativa especializada y con el fin de ofrecer una alternativa a los principales problemas de escolarización en la región, se efectúan previsiones sobre las necesidades futuras de profesorado, estimándose un ligero crecimiento de las necesidades docentes.

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Hoy los casos de refugio se enmarcan en el refugio prolongado, ya que exceden el tiempo en el cual se esperaban soluciones para superar las causas de estas migraciones. En el caso saharaui, los refugiados no han recibido ninguna respuesta definitiva que permita la modificación de su estatus.

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El giro que el sistema internacional dio tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 fue de enorme importancia para la política exterior de Irán y su posicionamiento en el sistema internacional. En efecto, la lucha guerra contra el terrorismo que Estados Unidos inició y que finalmente desembocaría en las incursiones armadas a Afganistán e Irak -ambos países limítrofes de Irán, en 2001 y 2003 respectivamente, así como la inclusión de Irán por parte de la administración Bush en 2002 como parte del denominado Eje del mal, generaron en el imaginario iraní una idea de amenaza internacional y por lo mismo, la necesidad de hacerse fuerte con el fin de mantener su integridad territorial y gubernamental. Así pues, una compleja situación económica y social sumada a una fuerte coalición del partido conservador iraní -uno de los más fuertes del país, soportado por el Ayatolá Alí Jamenei, autoridad suprema de la nueva República, un nuevo líder de corte conservador, llegaría a la presidencia: Mahmoud Ahmadinejad, un líder controversial y problemático que desde su primera campaña presidencial en 2002 defendería el derecho de la República a desarrollar armas nucleares para fines pacíficos. El verdadero inconveniente surge cuando occidente, en cabeza de los Estados Unidos –en compañía de algunas potencias europeas como lo son Alemania, Francia y Gran Bretaña, duda sobre esta última afirmación. Esta investigación pretende profundizar cada uno de los elementos anteriormente mencionados así como establecer la forma en la cual China y Rusia –países que ven de forma diferenciada el manejo de arsenal nuclear, logran configurarse y acreditar este desafío ante la comunidad internacional.

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Durante el periodo 2002 - 2008, el Gobierno y el Congreso crearon una serie de leyes que, en vez de solucionar los problemas que aqueja la administración de justicia, agravó la situación con el establecimiento de ordenamientos jurídicos paralelos y competencias institucionales con diferentes impactos, descuidando los criterios de autonomía, calidad y oralidad que debe perseguir el sistema judicial colombiano.

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La política pública de vivienda de interés social, en Bogotá, D.C., y su relación con los lineamientos de la responsabilidad social de la empresa privada durante el período 2002 - 2007, es el punto focal de ésta investigación. Primero, a partir de un recuento sobre la situación de la PPVIS se determina su estado. Segundo, se establecen los lineamientos principales de la RSE privada, desde la teoría. Tercero, se presentan las posibles relaciones entre la PPVIS y la RSE. Finalmente, a través de las conclusiones y recomendación se articulan algunos puntos que podrían servir de forma eficiente para el mejoramiento de ésta política pública.

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Las relaciones entre Colombia y Ecuador se han mantenido en una dinámica histórica de cooperación y conflicto donde se ha buscado mantener unos lazos de vecindad y convivencia en calma. La proximidad geográfica y además un marco histórico-cultural similar, ha llevado a la generación de fuertes alianzas socio-económicas entre las poblaciones fronterizas, de tal manera que se ha desarrollado una integración binacional compleja. Esta relación en la última década ha mantenido una incapacidad institucional binacional para solucionar los problemas transfronterizos, pues la política de vecindad se encontraba determinada por la situación interna de cada país y la injerencia de las dinámicas continentales. La coyuntura interna de los Estados direccionó sus políticas, Ecuador estaba envuelto en una inestabilidad política, generada por continuos cambios de gobierno, lo cual hacía cambiar su posición frente a las relaciones con Colombia en cortos lapsos de tiempo, de tal forma que se desestabilizaban los proyectos conjuntos. Por otro lado Colombia dada la problemática del conflicto interno basó su agenda en el tema de la seguridad puesto que éste flagelo agudizaba los problemas socio-políticos, de tal forma que el Estado colombiano se vio enfrentado a una crisis interna que encontró una salida a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática instaurada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002,la cual trajo consigo un método de lucha basado en la seguridad con acciones dirigidas a garantizar el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, combatiendo el problema de las drogas, el crimen organizado, el terrorismo y las migraciones por desplazamiento forzoso; mediante la generación de lazos de solidaridad que unieron a la población colombiana en torno a la solución del problema. Ésta política ha trabajado en la seguridad a nivel interno y de defensa nacional, pues dada la magnitud de la amenaza se hizo necesario fortalecer el apoyo internacional con énfasis en los países fronterizos. De ahí que Colombia haya hecho un llamado a la comunidad internacional para desarrollar un trabajo coordinado que impida la implicación de redes del terrorismo internacional en las actividades de los grupos armados ilegales colombianos. La ampliación del conflicto colombiano ha afectado a Ecuador, el cual se ha visto perturbado negativamente por la lucha interna colombiana a partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

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El manejo de la política exterior durante la administración de Andrés Pastrana representa un hito en la historia colombiana, ya que durante este cuatrienio se le dio especial importancia a las relaciones con otros Estados, del mismo modo se logro obtener apoyo internacional para la consecución de los objetivos nacionales en búsqueda de la paz. Como resultado Estados Unidos y la Unión Europa se interesaron sobre la situación colombiana, sin embargo su participación en los asuntos internos trajo consigo consecuencias favorables y desfavorables.

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El proyecto político del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez se presentó como una novedad histórica, articulada alrededor de la lucha contra el terrorismo y se creía que era la única salida eficaz a la situación de violencia que se venía generando en Colombia cincuenta años atrás. El estilo político de gobierno y la imagen personal de Álvaro Uribe Vélez marcó una ruptura significativa con relación a sus antecesores y a otros importantes dirigentes políticos de Colombia, ya que se tenía la concepción de que los anteriores gobiernos se caracterizaron por la incapacidad para enfrentar el conflicto armado. Esta novedad se vio reflejada no solamente en las medidas y políticas propuestas e implementadas desde comienzos de su administración, sino en toda una serie de estrategias tendientes a capturar la atención de los medios de comunicación y el respaldo de la ciudadanía al programa de gobierno en general y a la política de seguridad democrática en particular. Los consejos comunales de gobierno celebrados en los departamentos de Vichada y Chocó durante 2002 y 2006, incidieron en los resultados de las votaciones presidenciales del 2006 a favor de Álvaro Uribe Vélez. Esto es así dada la propaganda política que se hizo en ellos de la imagen del presidente y el uso de algunas reglas especiales que permitieron persuadir al electorado. Como se pudo observar, los consejos comunales hacían especial énfasis en las cualidades atrayentes del presidente: carácter, credibilidad, dinamismo, carisma y liderazgo. El uso de las 5 reglas explicadas: aprovechamiento de los deseos preexistentes de la audiencia, la apelación a las emociones, la simplificación de las emociones, la repetición de los temas principales y las afirmaciones declarativas directas, finalmente pretendían vender al presidente como un político sui generis, con unas cualidades excepcionales y como el único capaz de asumir los problemas de las regiones con autoridad y decisión. Esto sumado al vínculo emocional que siempre generaba con el público, catalizó su efecto propagandístico.

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La historia colombiana ha estado profundamente marcada por la existencia de un conflicto armado interno y por la intensificación del mismo en diferentes regiones del país, de acuerdo con los planteamientos de Fisas se puede hablar de su existencia cuando hay oposición consciente entre actores, grupos armados y el Estado, en el caso colombiano, los cuales persiguen objetivos incompatibles, conduciendo a enfrentamientos. Esta afirmación se hace visible a nivel regional, donde los Grupos al Margen de la Ley (GAML), se enfrentan constantemente con la fuerza pública, con el fin de lograr el dominio de algunos municipios y capitales de Colombia. Como consecuencia de estos enfrentamientos armados surge el incremento de desplazamientos forzados, masacres, homicidios, situación que terminó siendo el detonante de la agudización del conflicto armado interno, el cual en los últimos años ha aumentado su intensidad convirtiéndose en uno de los principales problemas del Estado. Tal es el caso de la situación que humanitaria en el Casanare, este departamento que se caracteriza por contar con su ubicación geoestratégica, lugar que cuenta con yacimientos petroleros importantes, hecho que ha suscitado en los últimos lustros el reporte de importantes dividendos para la región, permitió el desplazamiento de toda clase de grupos insurgentes, FARC, ELN, AUC, ACC y delincuencia común, poniendo en estado de vulnerabilidad a la población civil y a todos aquellos que están al margen del conflicto. Sin embargo, gracias a una serie de factores que desembocaron en el mandato por la paz en el año 97, obligó a los candidatos presidenciales de la época a construir un proceso de paz que buscara la finalización de la confrontación interna. En este sentido el candidato presidencial y después presidente electo Andrés Pastrana Arango, incluyó en su programa de gobierno, una serie de estrategias encaminadas a lograr la paz en todo el territorio nacional, y de hecho tuvo un efecto positivo dado que el siguiente gobierno continuó con esta labor encaminada a buscar el restablecimiento del orden público en esta región.

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Como consecuencia de la asunción de competencias educativas, el Govern de las Illes Balears ha aprobado el decreto de ordenación general de las enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria (125/2000 de 8 de septiembre). Posteriormente deberán ver la luz los decretos de currículum para cada una de estas etapas educativas y las oportunas adaptaciones de estos decretos a los proyectos curriculares y a los libros de texto. El articulo reflexiona sobre las peculiaridades de esta comunidad autónoma y las concreciones curriculares que deberán realizarse para ajustar su coherencia a nivel de las programaciones didácticas en particular y también a los criterios de evaluación.