612 resultados para FUNDACION PABLO JARAMILLO CRESPO


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En el primer capítulo se explica el papel de la política energética dentro de la política exterior brasilera, haciendo un breve análisis de las características de la política exterior de Itamaraty, explicando cada una de las FADE que se producen en Brasil, para poder unir estos dos aspectos en la tercera parte de este capítulo y entender así la relación entre estos dos temas al parecer tan distantes. En el segundo capítulo, se realiza el análisis de las perspectivas de Brasil como Potencia Energética Regional, tomando como punto de partida la zona de influencia brasilera: la región de Sudamérica. En el tercer capítulo, se encuentra la relación en términos energéticos del país carioca con determinadas regiones del globo como Norteamérica, La Unión Europea, Asia, y África, cuyo estudio permite analizar, someramente cuales son los retos y perspectivas de Brasil para convertirse en Potencia Energética Global. Por último se presentan los resultados y conclusiones del tema de estudio, estableciendo escenarios posibles, que afectarían directamente cualquier proyección de Brasil en el aspecto energético.

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El interés de este estudio de caso es evidenciar la relación que existe entre el clientelismo y las transformaciones de uso del suelo en el barrio Pablo Escobar en Medellín, entre 1982 y 1995. Se analiza como la marginación de la población del barrio Moravia conduce a la creación de capital social y el fortalecimiento de las redes sociales existentes dentro del mismo. Se muestra además cómo estas redes son aprovechadas por Pablo Escobar en su carrera política para aumentar su capital político. Por último, se muestra cómo su programa de Medellín sin Tugurios cambia el comportamiento y el uso de suelo de la población de los tugurios de Moravia, ahora reubicada en el barrio Pablo Escobar.

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Es un estudio de derecho comparado sobre el principio de autonomía territorial en Bolivia y Colombia.

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Jaramillo González, Samuel. Segunda edición revisada y ampliada. Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrrollo Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009

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El emprendimineto toca todos los espacios y todos los talentos. Conozca el trabajo de este artista bogotano que ya toca diferentes ciudades del país en anticuarios y galerías.

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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

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De las ideas e intuiciones que estuvieron en el origen hasta lo que hoy se presenta como proyecto hay un indudable recorrido, no sólo en cuanto a la precisión de las mismas sino, y ante todo, en cuanto al camino de aprendizaje y conocimiento

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El silencio administrativo positivo se consagró como una respuesta a un problema ya existente, consistente en el incumplimiento de la administración en su deber de contestar las peticiones de los particulares.

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La investigación-acción buscará y encontrará un nuevo rol del estudiante que no se contente con lo que dicen sus docentes, sino que sea capaz de recrear el conocimiento mediante la producción de las propias ideas, la creación de alternativas y nuevas iniciativas

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La carta política de 1991 consagró una cláusula general de responsabilidad institucional del Estado según la cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión

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Se encontró que los procesos del Sistema de Suministros (selección, adquisición, distribución, e información) no están definidos ni articulados, lo que conlleva a la prestación de un servicio deficiente y de baja calidad

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Este estudio busco determinar los atributos del servicio más importantes en la atención del cliente externo que le produjeran satisfacción durante el proceso de consulta externa del Hospital Pablo VI Bosa

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.