986 resultados para Environmental law - Brazil
Resumo:
Este documento tiene como objeto analizar las oportunidades de Colombia frente a diferentes mercados como Japón e Israel, países con lo que desde el inicio de este proyecto se encuentran en negociaciones de acuerdos de libre comercio. Con el fin de realizar un análisis más específico, el trabajo se centra en la investigación de los productos que actualmente se exportan a dichos mercados, la participación de los mismos y la definición de aquellos que tienen potencial una vez entre en vigor el tratado. De igual forma, se examina la historia y acercamiento hasta el momento entre las economías de Japón y Colombia, como de Israel y Colombia, que permite sugerir estrategias y propuestas que potencialicen los productos con los cuales Colombia puede llegar a competir en dichos mercados. Finalmente, se evalúan perfiles de mercado de las economías de interés, con el fin de determinar y describir la situación actual en términos comerciales de Colombia y dichos países. El objetivo de este documento es servir de guía a empresarios colombianos que planean acceder a los mercados previamente mencionados.
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Algunos de los efectos ambientales y sociales que se pueden apreciar luego del cierre de una mina son la desaparición de acuíferos, la existencia de aguas superficiales contaminadas con sustancias químicas y la afectación a la salud de las personas que viven cerca de minas abandonadas. Esta investigación busca analizar los principales aspectos jurídicos relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde el punto de vista social y ambiental. Para ello, se presentan los principales efectos ambientales y sociales de ésta terminación; se mencionan los aspectos jurídicos más relevantes del contrato de concesión minera y de la licencia ambiental; se exponen las obligaciones jurídicas que están a cargo tanto del concesionario minero como de las autoridades competentes respecto del cierre de la mina y el papel que asumen los entes de control frente a la terminación y cierre de la mina. Así mismo, se hace un breve análisis de derecho comparado de la regulación en España y Estados Unidos sobre éste tema. Finalmente, se presentan los resultados de la revisión de los expedientes administrativos que fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Minería, en los cuales se determina la aplicación y cumplimiento en la práctica de estas obligaciones jurídicas del concesionario minero al término del contrato. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir, en primer lugar, que las obligaciones a cargo de los concesionarios mineros no están claras por parte de la regulación minera y ambiental; en segundo lugar, que la regulación en cuanto al cierre de minas en España y Estados Unidos es más ordenada, completa y específica y; en tercer lugar, en relación con los expedientes analizados, se puede observar que los concesionarios y las autoridades competentes no están cumpliendo sus respectivas obligaciones.
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El interés de esta monografía es describir y analizar de una manera crítica el actuar de los Estados industrializados, especialmente de Estados Unidos, en temas concernientes al medioambiente, particularmente los Mecanismos de Desarrollo Limpio, actuar enmarcado en el Interés Nacional. Se analiza cómo, por medio del Interés Nacional se reconfiguran los objetivos de los Bonos de Carbono, así como las razones de costo-beneficio que tienen los Estados para llevar a cabo sus decisiones. Para este efecto, se tiene en cuenta la creación de los Mercados de Bonos de Carbono, así como el esquema económico que se maneja en la compra-venta de la naturaleza, el Derecho Internacional Ambiental, el actuar estadounidense y los costos del mercado de Bonos de Carbono.
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El objetivo principal de esta monografía es identificar cuáles son las razones que justifican las contradicciones entre el discurso y el comportamiento de Estados Unidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, particularmente con relación a prácticas anticompetitivas derivadas del programa de protección a la agricultura del país. Para ello se analizan el interés nacional y los elementos de la seguridad nacional a partir de los cuales éste se ha construido. También se evalúan los procesos de formulación de política comercial y las interacciones entre los representantes políticos, las asociaciones de productores y el sector privado para mostrar como este comportamiento contradictorio corresponde a la legitimización de un interés particular.
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Actualmente nos encontramos en un momento de profunda transformación en la historia de la humanidad y de las leyes de la naturaleza caracterizada, entre otras cosas, por un desarrollo expansivo de la industria biotecnológica. La biotecnología tiene como materia prima los recursos genéticos y, también, los extractos bioquímicos de las especies vegetales, animales y microbianas que componen la diversidad biológica, la cual permite un sin fin de posibilidades alimenticias, medicinales, energéticas, industriales entre otros recursos básicos que proveen bienes y servicios esenciales a la pervivencia de la especie humana al mismo tiempo que constituye un elemento integrante de la red de la vida. Si, la perpetua tradición del biocolonialismo o biopiratería que desarrollaron algunos pocos países arrollando a muchos se atenúa o, siendo optimistas, se extingue observando las normas que edifican el Convenio sobre la diversidad biológica y, especialmente, el régimen de acceso a los recursos genéticos en él instituido (artículo 15), las posibilidades de crecimiento económico y, consecuentemente, de desarrollo humano de estos países podría ser una de las innumerables alternativas para empezar a tomar forma. Además, la minimización de los efectos perniciosos sobre la diversidad biológica, mediante su conservación y la aplicación del paradigma desarrollo sostenible, podría favorecer y corregir el dilema utilización versus deterioro. Así pues, el artículo 15 del referido Convenio ofrece por primera vez en el Derecho internacional público un régimen jurídico para un acceso a recursos genéticos legalmente constituido. La característica principal del mismo es que el acceso a un determinado recurso genético se trata de una expectativa sometida a complejas y a la vez oportunas condiciones. Por una parte, está vinculado a contraprestaciones anteriormente inexistentes, las cuales afectan especialmente a la parte usuaria: la transferencia de tecnologías, incluidas las biotecnologías; la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de cualquier modalidad de utilización y la realización de investigaciones científicas basadas en los recursos accedidos. Por otra parte, está vinculado a la legislación nacional del Estado suministrador del recurso, al consentimiento fundamentado previo del mismo e a las condiciones mutuamente convenidas en la negociación de los acuerdos que le darán vida jurídica.
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At present, there is much anxiety regarding the security of energy supplies; for example, the UK and other European States are set to become increasingly dependant upon imports of natural gas from states with which political relations are often strained. These uncertainties are felt acutely by the electricity generating sector, which is facing major challenges regarding the choice of fuel mix in the years ahead. Nuclear energy may provide an alternative; however, in the UK, progress in replacing the first generation reactors is exceedingly slow. A number of operators are looking to coal as a means of plugging the energy gap. However, in the light of ever more stringent legal controls on emissions, this step cannot be taken without the adoption of sophisticated pollution abatement technology. This article examines the role which legal concepts such as Best Available Techniques (BAT) must play in bringing about these changes.
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In this paper we address two topical questions: How do the quality of governance and agricultural intensification impact on spatial expansion of agriculture? Which aspects of governance are more likely to ensure that agricultural intensification allows sparing land for nature? Using data from the Food and Agriculture Organization, the World Bank, the World Database on Protected Areas, and the Yale Center for Environmental Law and Policy, we estimate a panel data model for six South American countries and quantify the effects of major determinants of agricultural land expansion, including various dimensions of governance, over the period 1970–2006. The results indicate that the effect of agricultural intensification on agricultural expansion is conditional on the quality and type of governance. When considering conventional aspects of governance, agricultural intensification leads to an expansion of agricultural area when governance scores are high. When looking specifically at environmental aspects of governance, intensification leads to a spatial contraction of agriculture when governance scores are high, signaling a sustainable intensification process.
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A number of US states, counties and municipalities have responded to the public health and environmental concerns surrounding fracking by imposing bans or moratoriums on unconventional oil and gas drilling. These restrictions have, in recent years, given rise to litigation challenges by oil and gas companies and by property owners deprived of potential revenues. The current article begins by examining precisely who has litigated. Have large companies dominated or is it mostly smaller independents? Is there a difference in litigation rates between private and public companies? The article then considers how Hirschman’s ideas of exit, voice and loyalty might apply in the context of bans and moratoriums and further explores some of the factors that may have driven litigation in the area.
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Os esforços de conservação ambiental têm enfrentado muitos desafios, dentre os quais a dificuldade para implementar áreas protegidas. As evidências sugerem que a criação legal de uma área protegida não é condição suficiente para sua efetiva implementação. O presente trabalho adota uma abordagem institucionalista para entender as condições que poderiam levar ao sucesso ou ao fracasso de tais áreas. O arcabouço teórico é composto por trabalhos de Direito Ambiental, Biologia da Conservação e, principalmente, da Nova Economia Institucional. Inicialmente, busca-se reunir estes diversos campos do conhecimento sob um mesmo corpo de conhecimento, a Governança ambiental. Em seguida, formula-se uma hipótese de complementaridade institucional, i.e., a possibilidade de que exista sinergia na interação entre determinadas instituições. Esta discussão é utilizada para analisar a legislação brasileira referente às Unidades de Conservação. E, por fim, as hipóteses teóricas são examinadas em um estudo de caso da região de Mata Atlântica no Vale do Ribeira, São Paulo.
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Esta tese busca discutir problemas relacionados às finanças públicas municipais no país. Um aprimoramento de nosso federalismo fiscal, com maior descentralização de recursos e implementação de regras de transferências federativas com maiores incentivos pró-eficiência – aumentando os incentivos pró-obtenção de melhores resultados sociais por parte das unidades subfederadas – pode se revelar instrumento importante na melhoria de nossas condições sociais. Para isto, dividiu-se esta tese em quatro partes distintas. No primeiro capítulo, discutem-se os impactos das receitas petrolíferas sobre as finanças públicas municipais. As mudanças legais ocorridas no país na década de noventa do último século - relativas ao setor petrolífero - levaram a crescente (e concentrada) transferência de recursos do setor para os estados e municípios brasileiros. A forte sensação que estes estariam sendo desperdiçados de alguma forma vem suscitando discussões sobre a necessidade de se reformular sua distribuição. As recentes descobertas de megacampos petrolíferos no pré-sal do litoral brasileiro somente intensificaram este processo. Buscou-se identificar os efeitos destas transferências sobre as variáveis fiscais municipais no país. Detectou-se que não ocorreu substituição tributária, ou seja, estes recursos não diminuíram o esforço arrecadatório dos municípios. Em compensação, tanto os recursos cuja distribuição é bem mais concentrada (referentes aos royalties excedentes) quanto aqueles mais bem-distribuídos (referentes aos royalties originais) levaram as prefeituras a aumentar seus gastos correntes (piorando sua composição do ponto de vista social) e diminuir seus investimentos. O contrário parece ocorrer com os recursos cuja distribuição se dá de forma intermediária (os royalties referentes às participações especiais). No segundo capítulo, discute-se o impacto das receitas petrolíferas sobre a proficiência dos alunos até a quarta série primária das escolas públicas municipais. As receitas petrolíferas – agregadas ou não – não se mostraram estatisticamente significativas na explicação do desempenho observado pelos alunos da quarta série primária das escolas municipais em português ou matemática. Este resultado, entretanto, deve ser olhado com cautela, uma vez que não é trivial identificar como (e o tempo necessário) estes efeitos seriam gerados. Entretanto, diferentes fontes de receitas municipais impactariam de forma diferenciada as proficiências observadas nos testes de português e matemática, explicitando a necessidade de se entender melhor estas diferenças para se desenhar mecanismo mais eficiente de repasse de recursos constitucionais aos municípios. No terceiro capítulo, estudam-se os impactos das emancipações municipais ocorridas na década de 90 sobre o bem-estar das populações locais. Devido à Constituição Federal de 1988, o número de municípios no Brasil multiplicou-se fortemente na década de 90 do último século. Mais de mil municípios foram criados em todo o país, fazendo seu número ultrapassar a casa dos 5.500. Este processo tem sido interpretado de forma bastante negativa. Baseado em evidências anedóticas, se pressupõe que os atores políticos locais o utilizaram para se apropriar de maior parcela dos recursos transferidos de outros níveis governamentais. Entretanto, nenhum esforço mais sistemático foi realizado buscando calcular, de maneira efetiva, os resultados sociais líquidos deste processo. É isto que se busca fazer aqui, utilizando dados sobre os municípios mineiros - cujo número passa de 723 em 1991 para 853 em 2000. Foram detectados impactos positivos relacionados a diversas variáveis educacionais e de saúde. Ao mesmo tempo, o contrário ocorreu com os indicadores de pobreza e indigência. Este resultado mostra que o movimento observado de emancipação municipal talvez tenha sido bastante benéfico, sinalizando para a existência de mercados políticos eficientes nestas localidades, o que indicaria a necessidade de se manter uma maior autonomia local relativa a processos de emancipação de distritos. Por fim, no quarto capítulo, analisam-se os impactos de lei (implementada em Minas Gerais) que buscou aumentar os incentivos pró-eficiência das prefeituras municipais a partir das transferências federativas. Buscando melhorar as condições de vida dos municípios mineiros, o governo estadual mineiro instituiu, em 1995, a lei 12.040, conhecida como Lei Robin Hood. Esta permitia que 25% dos recursos de ICMS a serem distribuídos aos municípios mineiros se dessem sobre resultados observáveis em diversas áreas tais como saúde, educação, conservação ecológica, entre outras. Ou seja, esta instituía, em relação a estas transferências, um contrato de alto poder com os municípios relacionados às políticas públicas implementadas. O estudo destas transferências (relativas à educação e saúde) mostrou resultados dúbios. Resultados positivos relativos à educação e à saúde parecem ocorrer em todo o estado, mas os incentivos dados poderiam ser bem maiores - faz-se necessário um refinamento das regras da partilha destas transferências. Dada a relativa escassez deste tipo de contrato em transferências federativas, seja no Brasil, seja no restante do mundo, este resultado aponta a necessidade de utilização de instrumentos de maior poder nas relações federativas, buscando incrementar as condições de vida locais.