709 resultados para DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS


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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.

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Este estudio se refiere a la figura del Relator Especial sobre la situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, quien después de recibir la invitación del Estado, visitó el terreno y habló con las principales autoridades del tema tanto gubernamentales como de las comunidades y los grupos nacionales, para verificar la situación de los pueblos indígenas. En su visita a Colombia en el año 2004 produjo una serie de recomendaciones que invitaban al Estado colombiano a acatarlas por medio de reformas constitucionales, legislación e implementación de leyes en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como del seguimiento de diversas normas internacionales y decisiones de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los convenios y tratados sobre el tema adaptados por Colombia.

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El presente artículo expone un diseño metodológico desarrollado para medir la eficacia de los mecanismos judiciales de protección de los derechos de los usuarios de aquellas actividades sujetas a la intervención del Estado en la economía, cuyo régimen jurídico se ha adaptado al modelo regulatorio, en buena medida como receptor de la influencia de la globalización jurídica en esta materia. Además se ilustra el empleo de la metodología propuesta con los resultados de su aplicación al sector transporte.

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La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoríapolítica que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre lalibertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requierepensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejercesobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En laconcepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores ytienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir estaconcepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisionesde la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía populary derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló laLey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los gravescrímenes cometidos durante la dictadura. La Corte idh declaró, en el 2011, que esa decisiónpopular violaba la cadh y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponenlos derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estadode acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de lademocracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflictose mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte idhofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.

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el Estado colombiano no cumple con todas sus funciones u objetivos, debido a factores económicos, políticos y en ocasiones sociales, desconociendo las necesidades de los colombianos o de algunos grupos de la población nacional

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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Se expone la relación entre educación y el Estatuto de Cataluña. Se hace énfasis en la combinación entre las competencias de la Generalitat y derechos de los ciudadanos.

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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

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Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos de trabajo de investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos. En la primera parte del volumen se presenta el proceso de internacionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas.

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Resumen del documento en catalán

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El proyecto introduce en el diseño curricular de un centro de Educación de Adultos la Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Los objetivos fundamentales son: fomentar la armonía interior mediante dinámica de grupos; potenciar la participación activa del alumnado en el centro; elaborar material didáctico y estudiar los acontecimientos y propuestas de los movimientos no violentos a lo largo del siglo XX. Para el desarrollo de esta materia se realizan actividades como charlas-conferencias, lecturas interdisciplinares, vídeos, juegos cooperativos, campañas y semanas culturales, periódico de aula, etc. La evaluación refleja que el proyecto y las actividades se consideran muy positivas aunque su desarrollo no ha sido el mismo en todas las aulas-pueblo..

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El proyecto utiliza los medios de comunicación, concretamente la prensa, para hacer un estudio de la Constitución y de los Derechos Humanos. Los objetivos son: relacionar la problemática de la vida cotidiana, expresada en la prensa, con los principios de la Constitución; y capacitar para seleccionar, comentar y criticar noticias y artículos de prensa. Entre las actividades realizadas cabe destacar: selección, lectura y archivo de recortes de prensa; exposición de temas y debate público; y visitas al Congreso de los Diputados y a la redacción de un periódico. En la evaluación se tienen en cuenta diferentes parámetros, como la selección de las noticias y la crítica que se hace de ellas.

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Buscar soluciones al problema de la inmigración mediante la elaboración de programas formativos concretos que permitan detectar las ofertas de empleo más idóneas para el colectivo y que no son cubiertas por autóctonos; y que ofrezca una formación específica que permita su incorporación en dichos trabajos. Inmigrantes regularizados que vienen por motivos económicos, sin estudios o estudios primarios, y en edad de trabajar. Primero se estudia la situación inmigratoria, el mercado laboral y la inserción de los inmigrantes en éste. Después se analiza la integración del inmigrante en España con el estudio del Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de 1994 y el Plan Regional de Integración de Inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Madrid, de 1997; y la situación en Europa con el caso francés, alemán y británico. También se trata la Formación Profesional en España y la actuación del INEM en la formación ocupacional. Por último se diseña el proyecto pedagógico para la inserción de los inmigrantes en el mundo laboral. Libros, revistas y la propia experiencia como trabajadora en el INEM. Metodología de carácter exploratorio que consiste en analizar y valorar documentos para elaborar el proyecto pedagógico de inserción laboral del inmigrante. El perfil del inmigrante ha cambiado en los últimos años pasando de temporal a permanente. Son principalmente mujeres entre 15-45 años que vienen del Tercer Mundo con un móvil económico. No compiten por los mismos puestos de trabajo que los autóctonos porque aceptan salarios bajos, horarios descontrolados y eventuales. El Plan de Integración Social de los inmigrantes crea un Observatorio Permanente de la Inmigración y un Foro para la Integración de los Inmigrantes. La Unión Europea no tiene una política global que contemple el problema de la integración social del inmigrante. Una integración justa debe potenciar sus expectativas de formación y promoción evitando que queden al margen del mercado laboral. La formación ocupacional depende del INEM pero no contempla el colectivo de inmigrantes de nivel cultural bajo con una situación personal inestable y con dificultad de acceso al mundo labora. Se hace necesario detectar el perfil del alumno para subsanar sus carencias. El fenómeno de la inmigración en la Comunidad de Madrid está en un momento crucial porque va incorporando, vía integración, al colectivo inmigrante que debe tener los mismos derechos. Se necesita tomar conciencia de que el trabajo de los inmigrantes contribuye al enriquecimiento de la sociedad; y promover capacidades y conocimientos del mundo del trabajo para contribuir a estabilizar su situación y su proyecto de vida. Se propone unificar las políticas que se relacionan con la inmigración en la Comunidad de Madrid; fomentar entre inmigrantes el conocimiento de derechos laborales y de las organizaciones que promueven su defensa; poner en marcha programas de formación que facilite la inserción laboral; informar y preparar para el auto-empleo; crear Bolsas de Trabajo en colaboración con ONGïs y otras asociaciones; y potenciar la formación de docentes y mediadores sociales implicados con el colectivo inmigrante.

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Folleto divulgativo sobre los derechos de los niños en el que se incluye el articulado de la ley de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia en Comunidad de Madrid..

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Monográfico con el título: 'El deporte: diálogo universal'. Resumen tomado de la publicación