940 resultados para Contratos administrativos-México
Resumo:
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a partir de la base de datos de ausentismo por incapacidad médica del área administrativa de una empresa de salud con sede en Bogotá durante el primer semestre de 2014 Objetivo: Caracterizar las principales causas de ausentismo laboral en los funcionarios administrativos de una empresa de salud desde la revisión de una base de datos para plantear recomendaciones de prevención. Métodos: Mediante un estudio descriptivo de corte transversal se analizó a un grupo de 284 trabajadores administrativos de una empresa de salud que reportaron ausentismo por incapacidad médica en el primer semestre de 2014. Resultados: Las principales causas de ausentismo laboral en el personal administrativo para el primer periodo de 2014 fueron por enfermedad general la diarrea y gastroenteritis (22,2%) y la rinofaringitis aguda (4,4%), y por enfermedad laboral los trastornos osteomusculares (1,04%). El 72% (207) de las incapacidades se generaron en trabajadores administrativos del género femenino y el 46.3% (133) en el grupo etáreo comprendido entre los 31-40 años; según la antigüedad laboral las personas que tienen entre 1 y 10 años generaron el 59.2% de los eventos. Conclusión: Las incapacidades en la población de estudio están dadas en mayor porcentaje por incapacidad general, por enfermedades infectocontagiosas y osteomusculares. Teniendo en cuenta que el presente estudio es netamente descriptivo, puede servir como punto de partida para futuros estudios en los que pueda medirse relación causal entre tipo de incapacidad, duración, género, cargo y grupo etáreo.
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El Estatuto General de Contratación colombiano (Ley 80 de 1993 y normas que lo aclaran, complementan y desarrollan), como desarrollo de los artículos 4 y 209 de la Constitución Política y como ejemplo de la implantación de nuevas maneras de entender el derecho administrativo, habilita a las entidades estatales sujetas al estatuto general de contratación, en aras de alcanzar sus fines constitucionales y legales, para acudir a contratos del derecho privado, plasmados en normas especiales y aquellos derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sin que ello se oponga al principio de legalidad, piedra angular del derecho público. No obstante esta autorización legal expresa, el uso de contratos atípicos es muy limitado.
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Reconstruir el proceso político de la descentralización educativa en su aplicación hacia la realidad del estado de Guanajuato y hacia sus municipios. Esto conllevó precisar cómo se ha asumido esa política en el estado, de las autoridades federales hacia las estatales en un primer eslabón, y luego, cómo las autoridades estatales la han proyectado hacia los municipios en lo que es el segundo eslabón. Contribuir con este trabajo al proceso para fortalecer el federalismo educativo en Guanajuato, proporcionando a las autoridades, los esquemas técnicos-administrativos elaborados y que podrán servir en la orientación del desarrollo educativo de los municipios atendiendo a los criterios de cobertura, equidad y calidad. En primer lugar se efectuó una revisión documental sobre el proceso de implementación de la política de descentralización desde el nivel federal hasta su planteamiento en documentos que involucraran a los municipios del país. En esta revisión se incluyó la implementación de la política en el estado de Guanajuato hacia los municipios en el período 1991-2000. Se seleccionó una unidad de análisis compuesta por seis municipios y se les efectuó una entrevista a uno de sus funcionarios municipales. Las competencias de la autoridad educativa federal se establecen como elementos normativo-académicos, de planificación general del sistema y de la evaluación escolar, así como de proveer con la principal fuente de financiamiento. Las competencias para los gobiernos municipales quedan como elementos de apoyo en lo relativo al mantenimiento de las escuelas. La participación de los funcionarios en materia educativa se centra en atender las necesidades de infraestructura educativa. Las reformas educativas del período 1991-2000 resultaron poco efectivas en la vinculación de la política educativa estatal en su relación con la participación de los municipios y planes escolares.
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La Administración Pública se manifiesta a través de hechos, actos, contratos, resoluciones y procedimientos administrativos que producen los órganos de la administración de acuerdo con su competencia, esto es, todas las actividades que realizan en el ámbito de sus funciones los servidores públicos, autoridades funcionarios y empleados de la administración en general que producen efectos jurídicos. Pero, cuando la administración emite actos administrativos que vulneran los derechos consagrados en la Constitución nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado la acción de amparo como una garantía para suspender los efectos ilegítimos de estos actos, en una forma preferente y sumaria es decir a través de un procedimiento ágil y oportuno, prohibiendo cualquier acto que tienda a retardar su despacho. Los objetivos del presente trabajo investigativo son: • Determinar qué actos administrativos de autoridad son impugnables por la acción de amparo y por qué se produce una aplicación inadecuada de esa acción sobre los actos administrativos en el derecho ecuatoriano. • Describir algunas características que permitan puntualizar el mal uso en la utilización de la acción de amparo constitucional, sobre los actos administrativos de autoridad en el Ecuador. En la actualidad, vemos que también existe un abuso en la promoción de esta acción de amparo ya que, por diversidad de motivos, se ha convertido en una especie de acción paralela de administración de justicia, transformándose en un proceso ordinario contrariando la naturaleza de esta acción que es preferente y sumaria, y que tiene como fin último el de proteger la supremacía de la Constitución. El presente trabajo consta de cuatro capítulos. El capítulo I trata sobre la Impugnabilidad de los Actos Administrativos, el capítulo II me refiero a los principios en los que se sustenta el Control Constitucional, en el capítulo III analizo sobre la Acción de Amparo de los Actos Administrativos en el Ecuador y concluyo en el capítulo IV con las conclusiones y recomendaciones. He creído necesario incorporar al final del trabajo, algunos elementos relacionados a la Acción de Amparo Constitucional contemplada en la nueva Constitución que fue aprobada el 28 de septiembre del 2008, mediante referéndum, la misma que pasa a llamarse la Acción de Protección.
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La presente investigación se ha realizado tomando como universo el sistema de consumo en la economía capitalista, que se ha caracterizado por la presencia de un proceso masificado de producción y de contratación estandarizada, justamente por el advenimiento de la sociedad de la información o también llamada posindustrial. La investigación parte de un análisis teórico de lo que es el consumidor y de sus derechos ciudadanos en el sistema de mercado, profundizando en el análisis de los derechos fundamentales. En el presente trabajo son analizadas en forma prolija las regulaciones constitucionales y legales que tienen que ver con los derechos subjetivos y difusos del consumidor, trazando diferencias en cada una de las materias jurídicas, en particular en cuanto a los aspectos más relevantes que refieren al Derecho del Consumo. Las legislaciones de los países andinos son examinadas brevemente como una base teórica del Derecho Comparado frente a nuestra legislación. En el desarrollo del tema se analiza el contenido del contrato de consumo mediante el esquema de adhesión, las condiciones generales de contratación y la naturaleza de las cláusulas predispuestas, como un medio de abuso al consumidor. Partiendo de la proposición, en los contratos de consumo el proveedor afecta los intereses del consumidor al imponerle su poder a través de cláusulas abusivas. Se concluye que en esa dicotomía entre desiguales, el Estado regulador deberá implementar las políticas de protección de los derechos del menos fuerte y el Poder Público deberá normar los procesos de intercambio, sin que intervenga directamente en las actividades productivas. Finalmente, luego de un detallado análisis teórico del tema, se proponen mecanismos para la protección de los derechos del consumidor, que a través de las políticas y procedimientos administrativos y legales, además de un ágil y adecuado ordenamiento procesal, permitan conseguir equilibrios en las relaciones de consumo, recomendando para el efecto algunas reformas legales, como el camino más adecuado para cumplir con ese objetivo.
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El estudio de los actores del Derecho del comercio internacional se complementa con el análisis del campo de acción en que se desenvuelven. Dentro de él, destacan los contratos internacionales, instrumentos destinados a conseguir la seguridad jurídica. Una de las principales cuestiones que se debe afrontar respecto de ellos, es precisamente, su carácter internacional. Este trabajo procura cumplir tal cometido, presupuesto imprescindible para descubrir la ley que les es aplicable. A este propósito enfoca la internacionalidad en términos generales y reflexiona sobre las convenciones de Roma y de México. Luego se refiere al mismo tópico de la internacionalidad con respecto a algunos contratos.
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El presente trabajo aborda, el contrato de tiempo compartido como contrato de adhesión. En el primer capítulo se realizan consideraciones generales de los contratos de adhesión como de los contratos de tiempo compartido, conceptos generales, antecedentes históricos, naturaleza jurídica, obligaciones de consumidor y evolución histórica de los derechos del consumidor. En el segundo capítulo se describen los procedimientos que existen en el país frente a los contratos de adhesión y la publicidad en los contratos de tiempo compartido. Y finalmente en el tercer capítulo se examinan los contratos de tiempo compartido en otras legislaciones de habla hispana, con especial énfasis en México y España.
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A presente tese analisou a burocracia dos PTCs no Brasil e no México; especificamente, teve por objetivo mostrar a influência da burocracia articuladora (BA) sobre a diferença nos resultados de focalização, adotando como referência os erros de exclusão estimados para ambos os programas. A articulação analisada incorporou dimensões intergovernamentais e intersetoriais nas cadeias de implementação definidas para ambos os programas, considerando o período de 2003 a 2010, no qual ambas as BAs enfrentaram o desafio de expandir a cobertura do programa e manter a focalização. Esse estudo foi orientado pela a abordagem qualitativa, através do estudo de caso comparado, a partir do qual foi possível interpretar que os melhores resultados de focalização se relacionam com a capacidade de acessar recursos administrativos (federais e municipais) do burocrata brasileiro. Em termos teóricos, a utilização do modelo de Goggin et alii (1990) auxiliou na ponderação de variáveis intervenientes na determinação dos resultados casos individuais.
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Incluye bibliografía
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Pós-graduação em Direito - FCHS
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Presentación La Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elabora periódicamente documentos en los que se analiza la industria eléctrica en el Istmo Centroamericano; este documento forma parte de ellos. El proceso de integración de dicha industria ha mostrado algunos avances, especialmente como resultado de los intercambios de energía eléctrica entre actores privados. Entre éstos, es relevante el caso de las compras y ventas de electricidad entre Guatemala y El Salvador. Dentro de este proceso de intercambio, han desempeñado un papel muy importante algunos productores privados que han suscrito contratos tipo PPA (Power Purchase Agreement) con empresas públicas o distribuidoras privadas. Por otro lado, estos contratos podrían convertirse en un serio obstáculo para la conformación de mercados competitivos, tanto en el ámbito nacional como en el regional. Con el fin de analizar las repercusiones de estos contratos en las industrias nacionales, la CEPAL ha elaborado el presente estudio. El interés por este tema está reflejado en la solicitud presentada por la Asociación de Entidades Reguladoras de Energía Eléctrica de Centroamérica (ACERCA), para la revisión del estado de los contratos de compraventa de energía (PPA) suscritos por las empresas públicas de electricidad en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En los cuatro países estudiados, desde principios de la década de los años noventa, las empresas públicas de electricidad prácticamente paralizaron sus programas de inversión en generación eléctrica, y utilizaron los esquemas de contratación PPA para satisfacer el crecimiento de la demanda y asegurar el suministro durante el período de reforma y transición de la industria eléctrica. Se reconocen como muy favorables las inversiones realizadas por el sector privado en el segmento de la producción de electricidad; sin embargo, por su magnitud, los compromisos de compra de energía referidos inciden de manera importante en el subsector eléctrico, tema que ameritó un estudio particular. En el documento se analizan los términos que rigen esas contrataciones, así como sus implicaciones técnicas y económicas, especialmente con respecto a la nueva estructura de la industria eléctrica y su interrelación con los mercados de electricidad. Es conveniente aclarar que la información presentada alude a la situación prevaleciente a finales del 2000, sin incluir los cambios ni la modernización de los contratos recientemente aprobados en Guatemala. Además de cumplir con la solicitud de la ACERCA, se espera que este documento constituya una fuente de consulta para las autoridades e instituciones nacionales y regionales del subsector eléctrico, entre ellas, los ministerios encargados del sector energía, las comisiones reguladoras, las empresas públicas de electricidad, el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), y las comisiones recientemente constituidas para la creación y supervisión del mercado eléctrico regional.
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Mode of access: Internet.
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