1000 resultados para CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL


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El presente trabajo hace una mirada sobre el Régimen Tributario, desde una perspectiva de adecuación de incentivos fiscales óptimos para el fomento del emprendimiento en el Ecuador. En base a la normativa y reglamentaciones vigentes en el país, tales como el Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas entre otros. A través de un estudio descriptivo basado en material documental y trabajo de análisis utilizando el método Exegético se logró determinar cuáles son las políticas del Estado de promoción al emprendimiento, sobre los incentivos tributarios, su naturaleza y clasificación, para establecer los lineamientos que permitan realizar una propuesta de reforma al Régimen Tributario de incentivos tributarios al emprendimiento en el Ecuador. El trabajo está orientado a plantear desde una perspectiva técnica los lineamientos de un régimen de incentivos tributarios que incidan favorablemente en el impulso y desarrollo del emprendimiento en el Ecuador. Así como también determinar el rol de los incentivos en la economía basada en el emprendimiento El análisis sobre la incidencia de los incentivos tributarios con el Código de la Producción Comercio e Inversiones a la par de la productividad y competitividad se enfoca en la diversificación de los sectores productivos mediante la innovación y fortalecimiento de emprendimientos. Las formas y maneras de producción alrededor de los cambios ocurridos en el contexto de nuestro país, en cuanto a generación de valor agregado, industrialización selectiva de importaciones y desarrollo de industrias estratégicas, precisan mayor fortalecimiento del sector productivo. Con los datos recogidos mediante la investigación se procedió a desarrollar una propuesta sobre incentivos tributarios para el fomento del emprendimiento en el Ecuador, en busca de que la economía sea desarrollada y que su producción sea competitiva hacia el resto del mundo, y como consecuencia se pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes y llegar a cumplir así con los fines del Estado establecidos en la Constitución.

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La presente investigación se circunscribe a analizar el Acuerdo de Valoración Aduanera del GATT/OMC, las posiciones doctrinarias relativas a la metodología de valoración de las mercancías de importación, los métodos y reglas de valoración aduanera concebidos en el GATT y acogidos por las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las normas ecuatorianas en relación al tema de valoración aduanera, especialmente las últimas resoluciones, manuales e instructivos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), y, jurisprudencia relativa al tema de la Duda Razonable de la declaración aduanera del importador por parte de la Administración Aduanera. En consecuencia, y como resultado de la investigación descriptiva realizada, lo que se ha pretendido demostrar es si los métodos de valoración aduanera del GATT/OMC son aplicados e interpretados eficazmente en el Ecuador por parte de la Aduana, lo que involucró relacionar la normativa ecuatoriana constante en el Código Orgánico de la Producción e Inversiones y en los manuales, instructivos y reglamentaciones de la SENAE, con la normativa supranacional de la CAN que ha adoptado totalmente a la presente fecha, las directrices del GATT/OMC en materia de valoración. Así mismo se analizó una jurisprudencia ecuatoriana en materia de Duda Razonable. El corolario de esta investigación es que la Aduana del Ecuador, pese a la sistematización informática de los procedimientos aduaneros de aforo y despacho de mercaderías importadas, continúa manteniendo ciertas carencias en la formación técnica del personal que realiza los procesos de valoración aduanera, y, además, que la información recabada por la Aduana respecto de las negociaciones de mercaderías en el exterior, es aún insuficiente para permitir perfeccionar la aplicación casuística individual de los métodos de valoración del GATT/OMC. También se determinó que el documento denominado Declaración Andina del Valor (DAV) sigue teniendo en el Ecuador, el valor de un documento complementario de la declaración aduanera de importación, pero que no se lo utiliza eficazmente para efectos de lograr una profunda identificación de los factores que concurren en una transacción internacional de mercaderías, lo cual influye directamente en la determinación del valor de las mismas.

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El trabajo de investigación “Eficacia y Homologación de la Sentencia Extranjera en la Legislación Ecuatoriana y Derecho Comparado” se expone en dos capítulos. En el capítulo I se trata de manera específica sobre los conceptos previos, principalmente el origen del reconocimiento de la sentencia extranjera; los principios generales que rigen el reconocimiento de las sentencias extranjeras; la naturaleza del exequátur, y, finalmente, los sistemas de reconocimientos de dichas sentencias extranjeras. En el capítulo II se trata exclusivamente sobre los requisitos del exequátur, sus retos y proyecciones, tomando en cuenta el derecho comparado. Para esto se han considerado de manera referencial los proyectos de varios códigos modelos, entre ellos el Proyecto del Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica y el Proyecto del Código Orgánico General de Procesos, el cual está próximo a ser aprobado por parte de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador; y otras lecturas en relación al tema, principalmente sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias en los Estados Unidos de América. En este segundo capítulo se han desarrollado temas referidos a los requisitos del exequátur de acuerdo al Código de Procedimiento Civil vigente; la cosa juzgada; jurisdicción y competencia; el procedimiento del exequátur en los procesos contenciosos y no contenciosos, dejando la salvedad en lo que tiene que ver con materias relacionadas con la niñez y la adolescencia; la pertinencia o no de la concesión de los recursos verticales; su fuerza probatoria; y, por último, la fase de ejecución. En la última parte del presente trabajo investigativo se dan a conocer las conclusiones respectivas y finales a las que he llegado.

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Con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 en lo concerniente a la organización de la administración de justicia. se dio un giro radical, pues se impuso el nacimiento de una nueva Función Judicial acorde a la nueva concepción del Estado. Este cambio radical daría lugar para que el legislativo dicte una ley que establece los principios, sienta las bases de la organización de los diferentes organismos que integran la Función Judicial, concebida como una unidad, y determina las normas a las cuales han de someter su actuación quienes intervienen en el proceso judicial. El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida constitucionalmente y el reconocimiento del poder para el establecimiento de sanciones a determinadas conductas consideradas como lesivas al ordenamiento jurídico, son unos de los asuntos que también se desarrollan en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y es a partir del análisis de esas normas, de la doctrina y la jurisprudencia que pretendo determinar con mi estudio los rasgos esenciales que definen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y establecer si el procedimiento administrativo sancionador previsto en el Código Orgánico funciona en estricta observancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República, particularmente en lo concerniente al principio de proporcionalidad, en cuanto se trata de un principio que permite evitar los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad discrecional atribuida al órgano de control y garantizar que exista una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta. En otras palabras, el objetivo de esta tesis es realizar un análisis dogmático y normativo del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y su sujeción al principio de proporcionalidad. Para tal efecto, he realizado una tarea de recopilación y análisis de algunos textos doctrinarios en materia administrativa, entre los que juegan un rol preponderante las elaboraciones de Carlos Bernal Pulido, Juan Carlos Casaggne, Javier Vidal Perdomo, los mismos que por su precisión técnica, me han proporcionado una clara orientación para mi estudio.

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En los últimos años en la legislación ecuatoriana, y en especial en la jurisprudencia, la responsabilidad extracontractual del Estado ha tenido una connotación y un desarrollo importantes, tanto que en el Código Orgánico General de Procesos, que pronto entrará en vigencia en nuestro país, se contempla ya la acción por responsabilidad objetiva del Estado. Pero este desarrollo todavía no alcanza su apogeo, es largo el camino que falta por recorrer y hay que abarcar los varios aspectos que comprende el tema. En realidad, nuestra legislación y jurisprudencia se encuentran bastante rezagadas en relación con la legislación y jurisprudencia de otros países, como por ejemplo Colombia y Argentina. Entre esos aspectos de la responsabilidad contractual de Estado que se encuentran rezagados en su desarrollo está el tema tributario, tan desconocido es en el medio jurídico como en la población en general, que hablar de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en materia tributaria causa hasta asombro. De ahí el objetivo del presente trabajo de plasmar, aun cuando sea a breves rasgos, las características que reviste esta acción de indemnización de daños y perjuicios, sus dificultades y sus vacíos, focalizados a través de la revisión de la jurisprudencia y legislación nacional referentes al tema y de la responsabilidad extracontractual del Estado en general. Para llegar a cumplir el objetivo de analizar el tema planteado se ha recurrido a la bibliografía y a la casuística, en el primer caso revisando la bibliografía existente al respecto y en el segundo exponiendo tres casos que reúnen todas las falencias que pueden producirse en el desenvolvimiento de estos procesos, sin que con ello se quiera decir que todos los procesos por esta acción vayan a tener el mismo tratamiento y conclusión. Como aporte esta tesis presenta un panorama amplio de la evolución del tema responsabilidad extracontractual del Estado.

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La Constitución de la República del Ecuador estipula que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece la obligación de obtener la patente municipal o metropolitana y al pago anual del impuesto, a las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, se determina mediante ordenanza y en función del patrimonio de los sujetos pasivos dentro del cantón. Bajo este esquema jurídico, el objetivo del presente trabajo de investigación es realizar un análisis sobre el posible efecto económico negativo en las utilidades del sujeto pasivo, como consecuencia de un sistema tarifario débil del impuesto de patente municipal, originado porque el modelo de descentralización ocasiona que no exista una política única que regule este tributo a escala nacional, por lo que la normativa establecida en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, puede causar en los contribuyentes cierto nivel de desconcierto y contrariedad debido a que se encuentran sometidos en cada cantón a la ordenanza respectiva para cumplir con sus compromisos tributarios. El estudio se encuentra dividido en tres capítulos el primero de los cuáles aborda aspectos normativos para la inmersión en el estudio del tema abordado; en el segundo acápite se establece un estudio comparativo entre los cantones Quito, Guayaquil y Cuenca en cuanto a capacidad contributiva y legalidad de cada uno de ellos, para finalizar con un análisis comparativo que sustentará el trabajo investigativo.

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Al tema relativo a los sujetos procesales en el sistema procesal acusatorio que mantiene en la actualidad la República del Ecuador, resulta imperioso ponerlo sobre la palestra de investigación, especialmente por las consecuencias jurídicas que, en este caso tiene, la presencia de la Contraloría General del Estado, como una de estas partes, sin obtener tal calidad. Precisamente, el alcance de la presente investigación está destinado a establecer –sobre la base de disposiciones constituciones y legales, y los valiosos aportes doctrinales nacionales y extranjeros– cuáles son las personas naturales o jurídicas que pueden ser consideradas como partes procesales; sin embargo, en el ámbito nacional, las limitaciones están marcadas por la inoperante actuación de ciertos magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que, sin considerar esas disposiciones constituciones y legales –mucho menos los aportes doctrinales– dieron un status especial a la Contraloría General del Estado, con una simple resolución, que inclusive reformó tácitamente el Código de Procedimiento Penal de entonces, además que se la atribuyó funciones que le correspondían a la Función Legislativa. Por lo que queda anotado, el tema es absolutamente justificado dentro de una actualidad jurídica que requiere una respuesta adecuada y oportuna de las diferentes instancias, especialmente de la Función Judicial –tal como lo dejamos planteado en la investigación–, y que se comprobó que la actuaciones pasadas están siendo corregidas. Por ello, la idea que se mantuvo como hipótesis –y que se deja planteada para los lectores– es que el órgano de control no puede ser considerado como parte procesal en el sistema procesal penal ecuatoriano. La presente investigación, a través de un análisis jurídico-crítico, pretende establecer una realidad jurídica que debe ser aplicada de forma inmediata, para buscar una adecuada aplicación de la justicia.

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El presente trabajo está orientado a la realización de una planificación tributaria como herramienta estratégica de aplicación de incentivos tributarios del impuesto a la renta para sociedad del sector industrial textil, para lo cual se demuestra que es un instrumento legítimo alcanzando niveles de eficacia en la administración de los tributos, contemplando la normativa legal vigente y en donde no se ve sólo a la empresa, sino en un todo, que involucra también a los socios o dueños de las empresas. Se empezará analizando el crecimiento económico del país considerando el sector industrial como actividad productiva, que genera riqueza y empleo, para lo cual se utiliza diferentes indicadores económicos para ver el impacto económico del sector textil en el país, su crecimiento, sus ventas, exportaciones e importaciones. Luego se hará un compendio de la planificación tributaria desde el ámbito teórico, con el fin de tener la base conceptual y entender la planificación con sus objetivos, principios, y procedimiento a seguir en todas sus etapas; como una herramienta eficaz para la toma de decisiones por parte de la administración de las empresas. Culminado este estudio preliminar se considera los beneficios e incentivos tributarios que ofrece el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones para el sector manufacturero textil, y otros beneficios tributarios de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, con el propósito de aprovechar adecuadamente los incentivos tributarios, citando su base legal, requisitos y casos prácticos de acuerdo a las características del sector textil y la empresa en estudio. En el siguiente capítulo se analiza la planificación tributaria para una empresa del sector manufacturero textil aplicando los beneficios e incentivos tributarios y cómo afecta en el Impuesto a la Renta causado y el ahorro tributario, que se refleja a través de las etapas de la Planificación tributaria, en donde se muestra el ahorro fiscal que el inversionista obtiene, la utilidad o rentabilidad por el buen manejo de los tributos con el menor riesgo posible, siempre apegados a ley.

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El tema materia de esta tesis comprende dos partes: (i) La responsabilidad del Estado análisis conceptual, doctrinario y jurídico de la responsabilidad directa, indirecta, patrimonial, contractual, extracontractual, análisis de las teorías de responsabilidad del Estado para profundizar sobre la acción de repetición, generalidades y características, objetivos, evolución histórica, evolución constitucional en nuestra legislación. (ii) Fundamentos constitucionales y legales de la acción de repetición, el servicio público, los servidores públicos y sus tipos de responsabilidades como las responsabilidades administrativa y civil, la acción de repetición a través de la historia constitucional, la acción de repetición en la constitución de la república del 2008, la acción de repetición en la normativa vigente, la acción de repetición en materia constitucional, procedimiento actual, el legitimado activo, requisitos de la demanda, documentos que debe acompañar a la demanda , Juez competente, la acción de repetición en el Código Orgánico de la Función Judicial, Procedimiento, De la jurisdicción Contencioso Administrativa, Recurso de Apelación, el análisis comparativo con la legislación colombiana, requisitos para la acción de repetición, aspectos sustanciales, procesales. Si bien en la norma actual no existe un procedimiento específico y eficaz para demandar la acción de repetición hasta obtener una sentencia ejecutable, el problema central radica precisamente en la dificultad de ejercer el derecho de repetición.El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en la Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma posee dado que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales no poseen un procedimiento claro y uniforme que permita ejercerla.

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Será coisa julgada a sentença da qual não caiba mais nenhum recurso.É um instituto que visa a segurança jurídica dos processos e está garantido na Constituição Federal.Encontramos a coisa julgada no código de Processo Penal, artigo 621.Apesar de ser um instituto de Direito Processual, está disposto também na Carta Magna, artigo 5°.XXXVI e em diversos ramos do Direito Material, como por exemplo, artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 156 Código Tributário Nacional e artigo 6° da Lei de Introdução ao Código Civil.Diferenciamos as espécies de coisa julgada formal e material , seus limites e os efeitos positivos e negativos do instituto.Abordamos a questão polêmica da flexibilização da coisa julgada e que esse suposto enfraquecimento do instituto pode acarretar. Citamos as correntes que são contrárias à ideia e atualmente são majoritárias, e também os doutrinadores que a defendem, como por exemplo, a professora Ada Pellegrini Grinover, que nos sugere a aplicação do princípio da proporcionalidade.Falamos sobre a Ciência do Direito, que deve acompanhar a evolução da sociedade e proporcionar a estabilidade social.E sobre a justiça, que nossa sociedade tanto almeja.

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Segundo o Código de Processo Penal brasileiro, a Perícia é imprescindível, e não pode ser substituída pela confissão do acusado, nos crimes que deixem vestígios. Esta pesquisa inicia um estudo acerca da construção da identidade profissional do Perito Criminal Federal, o Perito que atua no âmbito da Polícia Federal no Brasil. A abordagem acadêmica foi adotada no sentido de serem identificadas as principais questões que contribuem na construção da identidade desse profissional. O objetivo principal do trabalho é o reconhecimento pelo Perito Criminal Federal do seu papel para a sociedade, de modo que se vislumbrem iniciativas que possam incentivar a busca de melhorias, de aprimoramento na formação e evolução dos profissionais, beneficiando não apenas a motivação e satisfação profissional, mas, sobretudo, a resposta que este produz para a sociedade. O resultado da pesquisa revelou que sua identidade, como a de qualquer profissional, está em constante metamorfose, e sofre a influência de sua história e verdades individuais e das influências do ambiente social e profissional. O estudo demonstrou que existem lacunas a serem preenchidas na visão do próprio profissional com relação ao retorno quanto ao resultado efetivo do seu trabalho, além da preocupação com o equilíbrio entre quantidade e qualidade na produção de Laudos Periciais Criminais. Observou-se ainda a existência de um ambiente organizacional desfavorável quanto ao cumprimento de leis e recomendações, internacionais e nacionais, que preconizam a necessidade de autonomia para a realização do trabalho pericial, de forma a garantir a prova isenta e neutra em busca da justiça. Também ficou nítida a necessidade de maior comunicação e discussão interna acerca da visão de futuro da profissão. É primordial para a efetivação de uma sociedade democrática, que respeita os direitos humanos e zela pela segurança pública, uma Perícia Criminal Federal consciente de sua identidade, efetiva, que possa atuar com motivação, celeridade e qualidade em prol da justiça para os cidadãos brasileiros.

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No decorrer dos últimos anos vêm ocorrendo uma demanda crescente da utilização de serviços periciais nos mais diversos campos. No campo contábil, especificamente no contexto dos crimes previdenciários, a gama de serviços periciais contábeis prestados às lides forenses aumenta a cada dia que passa. Este estudo trata da perícia contábil como meio de prova para materialização do crime de apropriação indébita previdenciária. O desenvolvimento do tema foi efetuado a partir da pesquisa efetuada por Oliveira (2012), que comprovou a relação existente entre tipo penal e a prova pericial contábil, bem como de interpretações da legislação pertinente, no caso, a Constituição da República Federativa do Brasil, Código Penal, Código do Processo Penal e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à perícia. Esta dissertação teve por objetivo a proposição de metodologia para realização de exames periciais que visam a comprovação do cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária. A pesquisa empírica foi realizada num total de 79 laudos contábeis emitidos pela criminalística da Polícia Federal no período de junho de 2006 a junho de 2011, envolvendo os exames periciais sobre o crime de apropriação indébita previdenciária, para verificar a natureza das provas utilizadas nestes exames, e, por conseguinte, reunir o conjunto probatório utilizado. Como resultado da pesquisa realizada, foi apresentada uma metodologia para realização de exames periciais contendo o conjunto probatório considerado essencial para a materialização do crime de apropriação indébita previdenciária.

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Históricamente, los juristas han tenido en cuenta la condición de fragilitas de las mujeres como una condición indispensable para adquirir derechos y contraer obligaciones. En función de ello, el derecho precodificado ha definido la condición civil de las mujeres en función de la capiti deminutio, es decir la privación de la plena capacidad civil. El derecho codificado, luego de la sanción de los Código Civil y Penal, de 1869 y 1886 respectivamente, mantuvo el uso jurídico de la capiti deminutio a través del concepto de "incapacidad relativa" de las mujeres. Se realizó así una clara distinción entre la posesión del derecho y su ejercicio: las mujeres fueron incapaces de ejercerlo. De allí la sujeción a la autoridad del marido, del padre, del hermano, de los hijos. Se las descalificó como sujetos autónomos y titulares de derechos, y fueron objeto de protección y corrección. Equiparadas a los niños, a los sordos, a los tullidos, las mujeres fueron consideradas por las distintas normativas con diferentes grados de minusvalía dentro del grupo familiar. En la sociedad decimonónica de Buenos Aires existían ámbitos reconocibles de "corrección" y punición que no incumbían al aparato estatal que reconocemos como moderno. La jurisdicción de la Iglesia, las sanciones privativas de los patrones y los amos; la capacidad para castigar de ciertas instituciones; y las decisiones sobre los bienes que recayó por siglos en los jefes de familia, representaban los mecanismo predilectos que articulaban las relaciones sociales. En este particular contexto, la Sociedad de Beneficencia fue una institución civil con carácter "público", que entre otras cuestiones, se ofrecía como medio adecuado para resolver las problemáticas del "bello sexo". A lo largo del siglo XIX, se trató de modificar un viejo orden sociopolítico, económico y cultural, para que se colocasen los fundamentos de un nuevo conjunto de relaciones sociales. El paulatino proceso de consolidación de un Estado moderno llevó detrás de sí modificaciones en instituciones tales como la familia tradicional de raigambre colonial y la Sociedad de Beneficencia. Sin embargo las normas que se refieran a las mujeres, sancionadas en el Código Civil y Penal, no introdujeron inmediatamente un quiebre en el orden institucional. Siendo así nos proponemos estudiar el carácter que tuvieron las instituciones encargadas de brindar protección y/o corrección a mujeres, en este caso el Hospital de Mujeres Dementes de la ciudad de Buenos Aires, lo cual posibilitaría una mejor comprensión de las características que definieron a las instituciones estatales modernas en torno a la problemática de las mujeres

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar las reconfiguraciones de los espacios de lo público y lo privado en la militancia revolucionaria de la década de 1970 en Argentina a partir de cuatro documentos pertenecientes a las organizaciones PRT-ERP y Montoneros. Para ello se partirá de los enfoques que plantean una relación permeable entre las esferas de lo público y lo privado. Este esquema de fronteras difusas permitirá establecer un corrimiento con respecto a los contenidos rígidos que les asigna a esas esferas la doctrina liberal. Para analizar la relación entre militancia revolucionaria y vida privada se tomarán en consideración, por un lado, los documentos La moral y la actividad revolucionaria de Nahuel Moreno y Moral y proletarización de Luis Ortolani de PRT-ERP, agrupados bajo el eje moral revolucionaria y, por el otro, las Disposiciones sobre la justicia penal revolucionaria y el Código de justicia penal revolucionario, ambos códigos normativos de Montoneros, aglutinados bajo el eje justicia revolucionaria

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar las reconfiguraciones de los espacios de lo público y lo privado en la militancia revolucionaria de la década de 1970 en Argentina a partir de cuatro documentos pertenecientes a las organizaciones PRT-ERP y Montoneros. Para ello se partirá de los enfoques que plantean una relación permeable entre las esferas de lo público y lo privado. Este esquema de fronteras difusas permitirá establecer un corrimiento con respecto a los contenidos rígidos que les asigna a esas esferas la doctrina liberal. Para analizar la relación entre militancia revolucionaria y vida privada se tomarán en consideración, por un lado, los documentos La moral y la actividad revolucionaria de Nahuel Moreno y Moral y proletarización de Luis Ortolani de PRT-ERP, agrupados bajo el eje moral revolucionaria y, por el otro, las Disposiciones sobre la justicia penal revolucionaria y el Código de justicia penal revolucionario, ambos códigos normativos de Montoneros, aglutinados bajo el eje justicia revolucionaria