1000 resultados para Unión Europea - Política exterior
Resumo:
Alemania e Italia, miembros fundadores del proceso conducente a la formación de la Unión Europea, son líderes en el uso de energía renovable, particularmente de la energía eólica. Argentina y Brasil, por otro lado, posicionados como dos de los países más poderosos en Mercosur, son importantes potencias regionales y globales en la generación de recursos no renovables, tales como el petróleo. Sin embargo, en el curso de los últimos diez años, también han ganado importancia en la creación de energías renovables. La investigación, por tanto, se focaliza en el análisis de la integración regional en la Unión Europea (tomando los casos de Alemania e Italia) y en Mercosur (tomando los casos de Argentina y Brasil), en el sector de la energía eólica, desde una perspectiva comparada. Dado el diferente estado de la producción, generación y abastecimiento energético en Europa y en Sudamérica, el proyecto de investigación apunta a analizar en qué medida la energía renovable ha tenido recepción normativa e implementación práctica en ambos bloques regionales. Además, teniendo en cuenta la vinculación existente entre la política energética y el cambio climático, se busca analizar la importancia asignada al cambio climático en los procesos de decisión política y en la construcción de la integración regional en dicho sector.
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Estudio sobre el presente y el futuro de la defensa de la Unión Europea a partir de un análisis de la evolución de la política europea de seguridad y defensa, desde sus inicios en la inmediata posguerra mundial hasta la actualidad y de una evaluación sobre los diversos aspectos de esta política, tomando en consideración especialmente algunas de las capacidades militares de las fuerzas terrestres que, según los autores, merecen más atención que la recibida hasta el momento. Frente a un panorama complejo e imprevisible marcado por las experiencias bélicas más recientes y en un probable escenario de futuro dominado por conflictos asimétricos, la UE debe, en el ámbito de la Estrategia Europea de Defensa y de la PESD, realizar un mayor esfuerzo para dotarse de una capacidad militar de acuerdo con la entidad de los posibles escenarios de conflicto en el cual se involucre en el futuro. En este contexto, los expertos concluyen este ensayo con una serie de recomendaciones y afirman que a pesar de que “los compromisos existentes para hacer de la Unión Europea un actor político con una cierta capacidad militar han sido incesantes desde Helsinki, la actitud errática de elaborar una pseudopolítica militar sin disponer de ningún concepto estratégico propio ni de una política de defensa que lo corrobore, ha sido uno de los mayores obstáculos para que la Unión sea valorada en un sistema internacional donde el poder y el interés son elementos básicos”.
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Los programas de desarrollo rural del actual período de programación (2007-13) se han estructurado en 4 ejes. El eje 2 correspondiente a la Mejora del medio ambiente y del entorno rural es, con casi la mitad de los recursos públicos, el principal. El objetivo de este artículo es estudiar los elementos que explican los diferentes niveles de gasto adjudicados a este eje, que oscilan entre el 82,5% y el 25% del gasto público total según Estado Miembro. Se aprecia que el nivel de gasto en el eje 2 está correlacionado con el nivel de renta pero no guarda relación alguna con los indicadores que la Comisión Europea ha establecido en la priorización del la problemática e interés agroambiental de los diferentes territorios europeos.
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L'aparició de noves amenaces ha fet que la UE elaborés l'Estratègia Europea de Seguretat i l'Estratègia Contra la Proliferació d'ADM el 2003. Amb aquestes estratègies es persegueix que la Unió actuï amb un posicionament comú en el panorama internacional. Però, la PESC segueix sent una política coordinada, per tant, la seva actuació es troba limitada tant pels Estats membres com per altres actors internacionals. En aquest estudi, s'analitza l'actuació de la UE en relació amb les Estratègies i si pot esdevenir una alternativa a altres actors dins del Sistema Internacional actual.
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Durant diverses dècades les relacions entre la Unió Europea (UE) i Amèrica Llatina es caracteritzaven pel model tradicional de "ajuda sense comerç" fins els anys 1995, que amb acords de quarta generació impulsar el començament del nou instrument. Els acords d'associació (AdA) introdueixen com una novetat tres pilars (diàleg polític, de cooperació i comercial) i centren l'atenció en les relacions comercials, liberalitzen el comerç i estableixen un nou model d'associació biregional. Aquest treball de recerca analitza els AdA de la UE amb països o grups de països llatinoamericans i el seu impacte en les relacions comercials entre la UE i Amèrica Llatina.
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Des de mitjans dels anys vuitanta, la UE ha dut a terme sis CIGS amb l'objectiu de revisar els Tractats comunitaris. Com podem explicar els resultats producte d'aquesta cadena de negociacions? En aquest paper mantenim que la manera com es porten les negociacions influeix els resultats de les CIG. En particular, hi ha una sèrie de procediments i pràctiques que faciliten l'abast d'acords. Partint de la literatura del neoinstitucionalismo, derivem tres funcions dels procediments i pràctiques existents a les CIG: estructurar les negociacions, distribuir la informació i definir el rol de mediador en els processos de negociació. Aquest argument es mostra a través d'alguns exemples de les CIG celebrades a partir dels anys noranta.
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Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales, y un medio en manos de la UE para mostrar su disconformidad ante determinadas situaciones, y para presionar a los gobiernos infractores y que deseen establecer relaciones con la comunidad. En el presente working paper se analizará el origen y la posterior consolidación como práctica habitual en las relaciones con la UE. Asimismo, se dará un repaso a la tipología utilizada en el clausulado de los Tratados con países terceros
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Uno de los puntos que se destacará en este trabajo es la reorientación de las relaciones políticas y económicas de los diferentes actores implicados en Oriente Medio para darles unas connotaciones más regionales. Esta tendencia también es perceptible en otras regiones del mundo en las que se combinan globalización con regionalismo de tal modo que un proceso fortalece al otro y originan una mayor cooperación.
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Los estados europeos se han mostrado impotentes ante el conflicto que asola Sudán, ejemplificado por la catástrofe humanitaria de Darfur. La creciente presión para “hacer algo” llegó a los despachos de los ministros de exteriores europeos hace cuatro años y desde entonces, tanto a nivel unilateral como europeo se han desarrollado diferentes (y fracasadas) iniciativas. A nivel de la PESD, por ejemplo, la Unión puso en marcha en coordinación con la OTAN, la operación de apoyo a la misión de la Unión Africana en Darfur, la operación AMIS II, pero pronto se vio desbordada por las dimensiones del conflicto. Este fracaso ha obligado a la Unión a ocupar un lugar protagonista en este conflicto imposible de desligar del enfrentamiento de Sudán con Chad, a través de la operación EUFOR Chad/RCA. Sin embargo, esta nueva operación se está convirtiendo en la última pesadilla europea en el terreno de la PESD. El complejo contexto bélico a escala regional así como las dificultades para construir una operación europea a gran escala han puesto en evidencia las diferencias entre socios europeos sobre el deber de intervenir en el conflicto de Darfur, así como las lagunas en la estrategia europea hacia un conflicto tan grave como el que asola el triángulo formado por Sudán, Chad y la República Centroafricana (RCA).
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El conflicto de Oriente Próximo escribió una más de sus tantas páginas el pasado verano. A principios de julio, las milicias de Hezbollah secuestraron a dos soldados israelíes cerca de la frontera del Líbano y se lanzaron cohetes Katiuska hacia el norte de Israel. Este suceso provocó la respuesta armada israelí y el inicio de un largo verano de bombardeos en el sur del Líbano, en los suburbios de Beirut y en el norte de Israel. La escalada bélica se llevó a cabo delante de una comunidad internacional incapaz de responder con contundencia a la desproporcionada respuesta israelí y a los continuos ataques de Hezbollah en el norte de Israel. Por su lado, la Unión Europea evidenció la divergencia de pareceres entre sus 25 estados miembros. Así, mientras que países como Francia, España o Italia criticaban la desproporción de la actuación israelí; Reino Unido o Alemania reconocían a Israel el derecho a la legítima defensa.
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Este estudio tiene como objetivo el análisis de la participación de la Unión Europea y sus Estados miembros en la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tuvo lugar en Kampala el 10 de junio de 2010.
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Vivimos en un mundo en el que las relaciones comerciales, los precios y los mercados internacionales están a la orden del día. Empresas con ánimo de lucro planean estrategias para lograr captar el mayor número de clientes posible. Los precios de los productos, estrategia principal de dichas empresas, varían según la oferta y la demanda de los mismos, así como del país en el que se comercializan. Este es el factor principal que nos ha llamado la atención y nos ha conducido a realizar nuestro proyecto. ¿Porqué el precio del mismo producto cambia según dónde lo compres?, ¿Es realmente más caro en un país que en otro si lo comparamos con el coste de la vida de cada uno?, ¿Realmente hay una integración de mercado en la UE?, ¿Cuál es el coste total de tener una casa?Para responder a todas estas preguntas, hemos diseñado un proyecto en el que tomamos como base una empresa que venda un producto homogéneo en toda la UE.La empresa escogida es IKEA, puesto que se encuentra establecida en gran parte de los países que la conforman, y ofrece la misma gama de productos en todos ellos, con algunas excepciones.
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[spa] Tras largas y complejas negociaciones, la Unión Europea celebró un acuerdo comercial con Colombia en 2010 que ha empezado a aplicarse provisionalmente el 1 de agosto de 2013. El artículo se centra en las relaciones entre Colombia y la Unión y analiza el impacto que dicho acuerdo pueda tener en el marco de las obligaciones de las partes de respetar los derechos humanos universalmente reconocidos, incluyendo derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas. De dicho análisis se deriva que la presencia de cláusulas democráticas o de derechos humanos en el Acuerdo es insuficiente, habida cuenta los antecedentes del SGP+ vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo, mientras que algunos aspectos sustantivos del Acuerdo permiten augurar consecuencias negativas respecto de los sectores sociales más desfavorecidos en la República de Colombia.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).