1000 resultados para UNIÓN EUROPEA- POLÍTICA Y GOBIERNO


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En la presente tesis, titulada “La política exterior y de seguridad de la Unión Europea hacia África Subsahariana: Estudio de caso de Sudán (1956-2011) e implicaciones para la política de la UE”, estudiamos la política exterior y de seguridad de la UE hacia el continente africano, centrando nuestro interés en las políticas de desarrollo y de seguridad formuladas e implementadas en el caso sudanés. El trabajo de investigación se apoya sobre un gran corpus de fuentes primarias (150 entrevistas semiestructuradas) y secundarias, siendo de importancia fundamental los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado en Sudán durante 2010-2011, así como en Bruselas y otras capitales europeas durante 2011 y 2013. La literatura sobre la política exterior y de seguridad de la UE se ha centrado habitualmente en cuestiones predominantemente orientadas hacia asuntos de impacto, efectividad y coherencia de la UE como actor internacional, y en elucidar la brecha entre las expectativas como actor global y las capacidades limitadas efectivas en el terreno. Sin embargo, esta aproximación no responde a preguntas cruciales sobre los verdaderos factores que impulsan la política exterior y de seguridad europea y que contribuyen a su vez al desarrollo institucional de la UE y al proceso de integración europea. De esta forma, las cuestiones predominantes sobre la política exterior y de seguridad de la UE han tratado la fase a posteriori, es decir, los efectos de la implementación de la política exterior del actor UE y su relación con la política internacional (la dimensión exterior de la UE), alejándose de las motivaciones internas o raison d’être auténtica de tal acción exterior...

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Alemania e Italia, miembros fundadores del proceso conducente a la formación de la Unión Europea, son líderes en el uso de energía renovable, particularmente de la energía eólica. Argentina y Brasil, por otro lado, posicionados como dos de los países más poderosos en Mercosur, son importantes potencias regionales y globales en la generación de recursos no renovables, tales como el petróleo. Sin embargo, en el curso de los últimos diez años, también han ganado importancia en la creación de energías renovables. La investigación, por tanto, se focaliza en el análisis de la integración regional en la Unión Europea (tomando los casos de Alemania e Italia) y en Mercosur (tomando los casos de Argentina y Brasil), en el sector de la energía eólica, desde una perspectiva comparada. Dado el diferente estado de la producción, generación y abastecimiento energético en Europa y en Sudamérica, el proyecto de investigación apunta a analizar en qué medida la energía renovable ha tenido recepción normativa e implementación práctica en ambos bloques regionales. Además, teniendo en cuenta la vinculación existente entre la política energética y el cambio climático, se busca analizar la importancia asignada al cambio climático en los procesos de decisión política y en la construcción de la integración regional en dicho sector.

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Estudio sobre el presente y el futuro de la defensa de la Unión Europea a partir de un análisis de la evolución de la política europea de seguridad y defensa, desde sus inicios en la inmediata posguerra mundial hasta la actualidad y de una evaluación sobre los diversos aspectos de esta política, tomando en consideración especialmente algunas de las capacidades militares de las fuerzas terrestres que, según los autores, merecen más atención que la recibida hasta el momento. Frente a un panorama complejo e imprevisible marcado por las experiencias bélicas más recientes y en un probable escenario de futuro dominado por conflictos asimétricos, la UE debe, en el ámbito de la Estrategia Europea de Defensa y de la PESD, realizar un mayor esfuerzo para dotarse de una capacidad militar de acuerdo con la entidad de los posibles escenarios de conflicto en el cual se involucre en el futuro. En este contexto, los expertos concluyen este ensayo con una serie de recomendaciones y afirman que a pesar de que “los compromisos existentes para hacer de la Unión Europea un actor político con una cierta capacidad militar han sido incesantes desde Helsinki, la actitud errática de elaborar una pseudopolítica militar sin disponer de ningún concepto estratégico propio ni de una política de defensa que lo corrobore, ha sido uno de los mayores obstáculos para que la Unión sea valorada en un sistema internacional donde el poder y el interés son elementos básicos”.

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Los programas de desarrollo rural del actual período de programación (2007-13) se han estructurado en 4 ejes. El eje 2 correspondiente a la Mejora del medio ambiente y del entorno rural es, con casi la mitad de los recursos públicos, el principal. El objetivo de este artículo es estudiar los elementos que explican los diferentes niveles de gasto adjudicados a este eje, que oscilan entre el 82,5% y el 25% del gasto público total según Estado Miembro. Se aprecia que el nivel de gasto en el eje 2 está correlacionado con el nivel de renta pero no guarda relación alguna con los indicadores que la Comisión Europea ha establecido en la priorización del la problemática e interés agroambiental de los diferentes territorios europeos.

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La construcción europea se ha enfrentado en los últimos años a un triple desafío: la mayor, y más desafiante (valga la redundancia) adhesión de nuevos miembros, pasando de Quince a Veinticinco; la profundización del proceso político, económico y social a través de la adopción del Tratado por el que establece una Constitución para Europa (términos altamente simbólicos1) y; finalmente, la crisis transatlántica, que ha explotado en torno a la guerra contra Irak, y que ha desencadenado, a su vez, una crisis entre los miembros de la Unión en torno a su actuación internacional. Estas páginas van a abordar, justamente, el tema de la acción exterior de la Unión, sin olvidar que la misma, como veremos, es un producto de factores estructurales (lo que nos permitirá hablar de una política exterior europea estructural) pero, también, un producto de factores coyunturales (la evolución del contexto internacional determinado, en buena medida, por la política de Estados Unidos). Tres temas van a ser desarrollados en estas páginas: el poder de “transformación” que la Unión tiene en la escena internacional; el balance de la política exterior de la Unión bajo el marco legal del Tratado de la Unión Europea y, finalmente, una breve reflexión en torno al tratamiento que la acción exterior merece en el Tratado Constitucional (en proceso de ratificación).

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Las relaciones que América Latina pueda establecer con la Unión Europea tienen ,de hecho, carácter estratégico. Ello afecta tanto al acceso a los mercados y a la diversificación de los vínculos externos, políticos y económicos, como a los modelos y las visiones ideológicas que compiten en la economía política global. Hay que subrayar que en América Latina la Unión Europea sigue siendo una importante referencia como modelo social y político, en la medida que aún presente alguna diferencia respecto del “Consenso de Washington” de inspiración neoliberal que impregna el proyecto del ALCA,45 sus evidentes pretensiones hegemónicas, y el unilateralismo que en ocasiones preside la política estadounidense hacia la región, por ejemplo en lo referido al espinoso asunto de las drogas ilegales. En relación a este hecho, a título de ejemplo, cabe destacar las propuestas del Presidente de México, Vicente Fox, sobre la necesidad de ir más allá del ALCAN y constituir una “Comunidad de América del Norte” que aborde cuestiones como la libre circulación de trabajadores y una posible “política de cohesión”, y las referencias al “modelo europeo” presentes en las propuestas de Luis Inácio “Lula” da Silva, presidente electo de Brasil para la revitalización de Mercosur con un parlamento, una moneda y una política exterior común. Esta cuestión puede tener importantes implicaciones para las relaciones entre ambas regiones. Ante las dificultades que plantea la agenda del libre comercio, a nivel multilateral y bilateral, las iniciativas para fortalecer los procesos de integración regional, y en especial Mercosur, podrían convertirse en uno de los asuntos centrales de la cooperación de la Unión Europea y América Latina.

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Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales, y un medio en manos de la UE para mostrar su disconformidad ante determinadas situaciones, y para presionar a los gobiernos infractores y que deseen establecer relaciones con la comunidad. En el presente working paper se analizará el origen y la posterior consolidación como práctica habitual en las relaciones con la UE. Asimismo, se dará un repaso a la tipología utilizada en el clausulado de los Tratados con países terceros

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El presente volumen es una nueva contribución del Observatorio de Política Exterior Europea (Obs) al análisis de la interacción entre la política exterior española y la acción exterior de la Unión Europea. En esta ocasión, el lector se encuentra frente a un ejercicio de balance de la Presidencia española de la Unión Europea del primer semestre de 2010, una presidencia única, que sus mismos protagonistas han definido como presidencia de transición. Una transición entre el viejo y el nuevo modelo, impuesto por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor poco antes del inicio de la presidencia rotatoria de España. El volumen se compone de más de 20 capítulos, que abordan de manera sistematizada y sucinta los temas fundamentales para entender cuál ha sido el cometido de España a la hora de gestionar el papel de Europa en el mundo. El Obs ya ha realizado este tipo de ejercicio en tres ocasiones desde 2002. De ahí que este “Entre la irrelevancia internacional y el aprendizaje institucional: La presidencia española de la Unión Europea (2010)” deba ser entendido como un balance de la presidencia española al frente de la agenda exterior de la UE, pero también como un referente para los estudiosos de la política europea de España, por un lado, o de la acción exterior de la UE, por el otro, que se suma a la línea de análisis seguida por el Obs a lo largo de casi una década de trabajo.

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El conflicto de Oriente Próximo escribió una más de sus tantas páginas el pasado verano. A principios de julio, las milicias de Hezbollah secuestraron a dos soldados israelíes cerca de la frontera del Líbano y se lanzaron cohetes Katiuska hacia el norte de Israel. Este suceso provocó la respuesta armada israelí y el inicio de un largo verano de bombardeos en el sur del Líbano, en los suburbios de Beirut y en el norte de Israel. La escalada bélica se llevó a cabo delante de una comunidad internacional incapaz de responder con contundencia a la desproporcionada respuesta israelí y a los continuos ataques de Hezbollah en el norte de Israel. Por su lado, la Unión Europea evidenció la divergencia de pareceres entre sus 25 estados miembros. Así, mientras que países como Francia, España o Italia criticaban la desproporción de la actuación israelí; Reino Unido o Alemania reconocían a Israel el derecho a la legítima defensa.

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Este estudio tiene como objetivo el análisis de la participación de la Unión Europea y sus Estados miembros en la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tuvo lugar en Kampala el 10 de junio de 2010.

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[spa] Tras largas y complejas negociaciones, la Unión Europea celebró un acuerdo comercial con Colombia en 2010 que ha empezado a aplicarse provisionalmente el 1 de agosto de 2013. El artículo se centra en las relaciones entre Colombia y la Unión y analiza el impacto que dicho acuerdo pueda tener en el marco de las obligaciones de las partes de respetar los derechos humanos universalmente reconocidos, incluyendo derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas. De dicho análisis se deriva que la presencia de cláusulas democráticas o de derechos humanos en el Acuerdo es insuficiente, habida cuenta los antecedentes del SGP+ vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo, mientras que algunos aspectos sustantivos del Acuerdo permiten augurar consecuencias negativas respecto de los sectores sociales más desfavorecidos en la República de Colombia.

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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).

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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores”(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como“no-personas” (3).

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El objeto de estudio de esta investigación es la privacidad digital, centrada en el marco legislativo del derecho de la protección de datos, que representa una de las consecuencias derivadas de la cultura emergente de la nueva esfera pública digital. Se estudia cómo este contexto tecnológico y digital, que caracteriza la Sociedad de la Información, ha provocado una serie de cambios de comportamiento y de los valores de la ciudadanía. Entre ellos la facilidad de recoger datos, ya sea por las metodologías de extracción de datos o por la publicación en abierto de contenido, es importante saber cuáles son los límites de la legalidad y los fines para los que son recogidos. Ya no se trata sólo de qué datos hay de una persona en el plano virtual, sino de qué tipo de privacidad existe y qué medidas se pueden adoptar tanto para preservarla como para reivindicarla. El estudio se enmarca el derecho de la protección de datos dentro de la política de la Unión Europea, examinando la regulación establecida vigente y los cambios que se pretenden realizar en un futuro próximo.