Policy processes and collective action in water reforms: the cases of Nicaragua and Suriname

Las reformas de agua en países en desarrollo suelen llevarse a cabo junto con cambios institucionales más profundos o, incluso, acompañadas de cambios constitucionales o de régimen político. Por lo tanto, los marcos institucionales adaptados a países gobernados sujetos al estado de derecho pueden no ser apropiados para contextos gobernados fundamentalmente, al menos en sus inicios, por instituciones informales o poco maduras. Esta tesis toma las reformas de agua como punto de partida y pretende contribuir a la literatura mediante una serie de análisis empíricos tanto del ámbito general como del plano individual o sujeto personal de la política del agua. En el ámbito general, el foco se pone en los factores que explican el fallo de la acción colectiva en dos contextos diferentes: 1) en la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua y 2) en el mantenimiento y revitalización de las instituciones de riego en Surinam. En el plano del individuo, la investigación se centra en las decisiones de los usuarios de los recursos y analiza el papel crítico de las variables sociales para la gestión de los recursos comunes. Para ello, el método de investigación utilizado es mixto, combinando el análisis de entrevistas, encuestas y experimentos. En el ámbito general, los resultados muestran que las principales barreras para la implementación de la nueva Ley de Aguas de Nicaragua podrían tener su reflejo en el lenguaje de la Ley y, por tanto, en la forma en la que se definen y configuran las instituciones incluidas en dicha Ley. Así, la investigación demuestra que la implementación de políticas no puede ser estudiada o entendida sin tener en cuenta tanto el diseño de la propia política como el marco socio-ecológico en el que se enmarca. El contexto específico de Nicaragua remarca la importancia de considerar tanto las instituciones formales como informales en los procesos de transición política. A pesar de que las reformas de agua requieren plazos largos para su implementación, el hecho de que exista una diferencia entre las reglas tal cual se definen formalmente y las reglas que operan en la realidad merece una mayor consideración en el diseño de políticas basadas fundamentalmente en instituciones formales. En el ámbito de la conducta individual, el análisis de la acción colectiva ofrece una serie de observaciones empíricas interesantes. En el caso de Nicaragua, los resultados indican que la intensidad de las relaciones sociales, el tipo de agentes dispuestos a proporcionar apoyo social y el nivel de confianza en la comunidad son factores que explican de manera significativa la participación en la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la gestión colectiva de riego se produzca, en la mayoría de casos, en torno a lazos familiares sugiere que las variables de capital social críticas se definen en gran medida en la esfera familiar, siendo difícil que se extiendan fuera de estos nexos. El análisis experimental de los resultados de un juego de uso de recurso común y contribución al bien público muestra que las preferencias pro-sociales de los individuos y la heterogeneidad del grupo en términos de composición por sexo son factores que explican significativamente los resultados y las decisiones de apropiación a lo largo del juego. En términos del diseño de las políticas, es fundamental tener en cuenta las dinámicas de participación y uso de los recursos comunes de manera que los niveles de cooperación puedan mantenerse en el largo plazo, lo cual, como se observa en el caso de Surinam, no es siempre posible. Finalmente, el caso de Surinam es un ejemplo ilustrativo de los procesos de acción colectiva en economías en transición. El análisis del fallo de la acción colectiva en Surinam muestra que los procesos políticos vinculados al período colonial y de independencia explican en gran medida la falta de claridad en las reglas operacionales y colectivas que gobiernan la gestión de los sistemas de riego y drenaje. Los resultados empíricos sugieren que a pesar de que la acción colectiva para la provisión de los servicios de riego y drenaje estaba bien establecida bajo el régimen colonial, la auto-organización no prosperó en un contexto dependiente del apoyo externo y regido fundamentalmente por reglas diseñadas al nivel competencial del gobierno central. El sistema socio-ecológico que se desarrolló durante la transición post-colonial favoreció, así, la emergencia de comportamientos oportunistas, y posteriormente la inoperancia de los Water Boards (WBs) creados en la época colonial. En este sentido, cualquier intento por revitalizar los WBs y fomentar el desarrollo de la auto-organización de los usuarios necesitará abordar los problemas relacionados con los patrones demográficos, incluyendo la distribución de la tierra, el diseño de instituciones y la falta de confianza en el gobierno, además de las inversiones típicas en infraestructura y sistemas de información hidrológicos. El liderazgo del gobierno, aportando empuje de arriba-abajo, es, además, otro elemento imprescindible en Surinam. ABSTRACT Water reforms in developing countries take place along deeper institutional and even constitutional. Therefore, institutional frameworks that might result in positive outcomes in countries governed by the rule of law might not fit in contexts governed mainly by informal or immature institutions. This thesis takes water reforms as the starting point and aims to contribute to the literature by presenting several conceptual and empirical analyses at both general and individual levels. At the general national level, the focus is on the factors explaining failure of collective action in two different settings: 1) in the implementation of the new Nicaraguan Water Law and 2) in sustaining and revitalizing irrigation institutions in Suriname. At the individual level, the research focuses on the actions of resource users and analyzes the critical role of social variables for common pool resources management. For this purpose, the research presented in this thesis makes use of a mixed-method approach, combining interviews, surveys and experimental methods. Overall, the results show that major barriers for the implementation of the new Nicaraguan Water Law have its reflection on the language of the Law and, therefore, on the way institutions are defined and configured. In this sense, our study shows that implementation cannot fruitfully be studied and understood without taking into account both the policy design and the social-ecological context in which it is framed. The specific setting of Nicaragua highlights the relevance of considering both formal and informal institutions when promoting policy transitions. Despite the unquestionable fact that water reforms implementation needs long periods of time, there is still a gap between the rules on paper and the rules on the ground that deserves further attention when proposing policy changes on the basis of formal institutions. At the level of the individual agent, the analysis of collective action provides a number of interesting empirical insights. In the case of Nicaragua, I found that the intensity of social networks, the type of agents willing to provide social support and the level of trust in the community are all significant factors in explaining collective action at community level. However, the fact that most collective irrigation relies on family ties suggests that critical social capital variables might be defined within the family sphere and making it difficult to go beyond it. Experimental research combining a common pool resource and a public good game in Nicaragua shows that individuals’ pro-social traits and group heterogeneity in terms of sex composition are significant variables in explaining efficiency outcomes and effort decisions along the game. Thus, with regard to policy design, it is fundamental to consider carefully the dynamics of agents' participation and use of common pool resources, for sustaining cooperation in the long term, which, as seen in the case and Surinam, is not always possible. The case of Suriname provides a rich setting for the analysis of collective action in transition economies. The analysis of decay of collective irrigation in Suriname shows that the lack of clear operational and collective choice rules appear to be rooted in deeper political processes that date back to the colonial period. The empirical findings suggest that despite collective action for the provision of irrigation and drainage services was well established during the colonial period, self-organization did not flourish in a context governed by colonial state-crafted rules and mostly dependent on external support. The social-ecological system developed during the post-colonial transition process favored the emergence of opportunistic behavior. In this respect, any attempt to revitalize WBs and support self-organization will need to tackle the problems derived from demographic patterns, including land allocation, institutions design and government distrust, in addition to the typical investments in both physical infrastructure and hydrological information systems. The leadership role of the government, acting as a top-down trigger, is another essential element in Suriname.

The Role of Multilateral Coordination in Transport Policy: The Case of the Maghreb Countries

El WCTR es un congreso de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la investigación del transporte y aunque las actas publicadas están en formato digital y sin ISSN ni ISBN, lo consideramos lo suficientemente importante como para que se considere en los indicadores. This paper aims at describing how multilateral cooperation policies are influencing national transport policies in developing countries. It considers the evolution of national transport policies and institutional frameworks in Algeria, Morocco and Tunisia in the last 10 years, and analyses the influence that EU cooperation programmes (particularly those within the Euromed programme initiative) and international coordination activities have played in the evolution towards efficient, sustainable transport systems in those countries. Notwithstanding the significant socioeconomic, political and institutional differences among the three countries, three major traits are common to the transport policy framework in all cases: a focus on megaprojects; substitution of traditional ministerial services by ad hoc public agencies to develop those megaprojects, and progressive involvement of international private players for the operation (and eventually the design and construction) of new projects, focusing on know-how transfer rather than investment needs. The hypotheses is that these similarities are largely due to the influence of the international cooperation promoted by the European Union since the mid- 1990s. The new decision making situation is characterized by the involvement of two new relevant stakeholders, the EU and a limited number of global transport operators. The hierarchical governance model evolves towards more complex structures, which explain the three common traits mentioned above. International coordination has been crucial for developing national transport visions, which are coherent with a regional, transnational system.

Safeguarding the EDTIB: the Case for Supervising non-EU FDI in the Defence Sector. Security Policy Brief No. 41, December 2012

It is time for the EU member states to start collectively supervising non-EU FDI in Europe’s defence industries and infrastructures. This should be a prudent element of the nascent EDTIB and a way to maintain European security by encouraging greater coordination between the national supervisory frameworks.

Shopping malls and neoliberal trends in Southern European cities: Post-metropolitan challenges for urban planning policy

Whilst shopping malls have been explored at length by critical urban studies, there has been little exploration of their role in restructuring the practice of urban and spatial planning. This article uses the shopping mall as an object of study in the light of the neoliberal trends and post-metropolisation in Southern Europe, with the aim of exploring challenges for urban governance and planning practice and with a focus on the role of the ongoing economic crisis. A threefold exploratory framework – the ‘lost-in-time scenario’, the ‘messianic mall model’ and the ‘(im)mature planning explanation’ – is used to make sense of the local versions of shopping mall development in Lisbon (Portugal) and Palermo (Southern Italy). According to findings, we highlight the clash between the multi-scalar nature of shopping malls and the dominance of the municipal scale in regulatory planning frameworks, and the risk that shopping mall development (at least in Southern Europe) may replicate uneven development patterns, reproducing the pre-conditions of the crisis without helping to overcome it.

Financial services and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. CEPS Policy Brief No. 302, 20 November 2013

Given the size of the financial markets on both sides of the Atlantic and the symmetry in the follow-up of the G-20 standards, Karel Lannoo argues in this Policy Brief that the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) provides a good opportunity to put in place a more institutionalised framework. He finds that both blocs have reacted in similar ways to the financial crisis in strengthening their regulatory and supervisory frameworks and incorporating the G-20 recommendations into federal law. He also notes that consumer protection has been reinforced, certainly in the US, with the creation of the Consumer Financial Protection Bureau. And on the EU side, the Single Supervisory Mechanism (SSM) will radically change banking supervision. In his view, inclusion of financial services could also be an opportunity to strengthen prudential rules and consumer protection provisions on both sides. Rather than leading to a reduction of consumer protection, as had been feared in the post-crisis environment, it could lead to an examination, exchange and recognition of best practices in regulation and enforcement. Finally, he concludes that inclusion of financial services would make it part of the permanent regulatory dialogue that will be established as a result of a successful TTIP.

Improving the role of equity crowdfunding in Europe's capital markets. Bruegel Policy Contribution Issue 2014/09, August 2014

Crowdfunding is a growing phenomenon that encompasses several different models of financing for business or other ventures. Despite the hype, equity crowdfunding is still the smallest part of the crowdfunding market. Because of its legal framework, Europe has been at the forefront of equity crowdfunding market development. Equity crowdfunding is more complex than other forms of crowdfunding and requires proper checks and balances if it is to provide a viable channel for financial intermediation in the seed and early-stage market in Europe. It is important to explore this new channel of funding for young and innovative firms given the critical role these start-ups can play job creation and economic growth in Europe. We assess the potential role of equity crowdfunding in the overall seed and early-stage financing market and highlight the potential risks of equity crowdfunding. We describe the current state of play in this nascent industry, considering both the innovations introduced by market operators and existing regulation. Currently in Europe there is a patchwork of national legal frameworks related to equity crowdfunding and this should be addressed in a harmonised way.

Defining Europe's Capital Markets Union. Bruegel Policy Contribution Issue 2014/12, 13 November 2014

The new European Commission has signalled that it will work to create a ‘capital markets union’. This is understood as an agenda to expand the non-bank part of Europe’s financial system, which is currently underdeveloped. The aim in the short term is to unlock credit provision as banks are deleveraging, and in the longer term, to favour a more diverse, competitive and resilient financial system. Direct regulation of individual non-bank market segments (such as securitisation, private placements or private equity) might be useful at the margin, but will not per se lead to significant capital markets development or the rebalancing of Europe’s financial system away from the current dominance by banks. To reach these goals, the capital markets union agenda must be broadened to address the framework conditions for the development of individual market segments. Six possible areas for policy initiative are, in increasing order of potential impact and political difficulty: regulation of securities and specific forms of intermediation; prudential regulation, especially of insurance companies and pension funds; regulation of accounting, auditing and financial transparency requirements that apply to companies that seek external finance; a supervisory framework for financial infrastructure firms, such as central counterparties, that supports market integration; partial harmonisation and improvement of insolvency and corporate restructuring frameworks;and partial harmonisation or convergence of tax policies that specifically affect financial investment.

Regulatory Gaps in the Global Governance of Synthetic Biology. IES Policy Brief Issue 2014/11 • December 2014

Summary. Synthetic biology is an emerging technology with potentially far-reaching benefits and risks. As a cross-cutting issue, different aspects of synthetic biology fall within the scope of different international agreements. Contemporary biosafety and biosecurity frameworks are characterized by important regulatory gaps which policy makers need to address to minimize risks that may arise in the future both from commercial use and weaponization. In some cases, this may require formal treaty amendments, whereas others can possibly be resolved at lower levels, for instance through interpretive statements of treaties’ decision-making bodies.

Workshop on Frameworks for Developing a Safety Goal /

"BNL-NUREG-51419."

The Mental Health Policy Template: Domains and elements for mental health policy formulation

Mental disorders are a major and rising cause of disease burden in all countries. Even when resources are available, many countries do not have the policy and planning frameworks in place to identify and deliver effective interventions. The World Health Organization (WHO) and the World Bank have emphasized the need for ready access to the basic tools for mental health policy formulation, implementation and sustained development. The Analytical Studies on Mental Health Policy and Service Project, undertaken in 1999-2001 by the International Consortium for Mental Health Services and funded by the Global Forum for Health Research aims to address this need through the development of a template for mental health policy formulation. A mental health policy template has been developed based on an inventory of the key elements of a successful mental health policy. These elements have been validated against a review of international literature, a study of existing mental health policies and the results of extensive consultations with experts in the six WHO regions of the world. The Mental Health Policy Template has been revised and its applicability will be tested in a number of developing countries during 2001-2002. The Mental Health Policy Template and the work of the Consortium for Mental Health Services will be presented and the future role of the template in mental health policy development and reform in developing countries will be discussed.

Science-policy in environmental and health risk assessment: if we cannot do without, can we do better?

How can empirical evidence of adverse effects from exposure to noxious agents, which is often incomplete and uncertain, be used most appropriately to protect human health? We examine several important questions on the best uses of empirical evidence in regulatory risk management decision-making raised by the US Environmental Protection Agency (EPA)'s science-policy concerning uncertainty and variability in human health risk assessment. In our view, the US EPA (and other agencies that have adopted similar views of risk management) can often improve decision-making by decreasing reliance on default values and assumptions, particularly when causation is uncertain. This can be achieved by more fully exploiting decision-theoretic methods and criteria that explicitly account for uncertain, possibly conflicting scientific beliefs and that can be fully studied by advocates and adversaries of a policy choice, in administrative decision-making involving risk assessment. The substitution of decision-theoretic frameworks for default assumption-driven policies also allows stakeholder attitudes toward risk to be incorporated into policy debates, so that the public and risk managers can more explicitly identify the roles of risk-aversion or other attitudes toward risk and uncertainty in policy recommendations. Decision theory provides a sound scientific way explicitly to account for new knowledge and its effects on eventual policy choices. Although these improvements can complicate regulatory analyses, simplifying default assumptions can create substantial costs to society and can prematurely cut off consideration of new scientific insights (e.g., possible beneficial health effects from exposure to sufficiently low 'hormetic' doses of some agents). In many cases, the administrative burden of applying decision-analytic methods is likely to be more than offset by improved effectiveness of regulations in achieving desired goals. Because many foreign jurisdictions adopt US EPA reasoning and methods of risk analysis, it may be especially valuable to incorporate decision-theoretic principles that transcend local differences among jurisdictions.

A megszokott keretek csapdájában. Gondolatok az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési kiadásairól (Falling into the trap of usual frameworks. Thoughts on the eu level budgetary expenditures in 2014–2020)

Ebben a cikkben az egész európai integrációs folyamat szempontjából jelentős kérdéskör: az uniós szinten működő közös költségvetés kiadási oldalának 2014–2020 közötti kereteit vizsgálom. Bár kétségtelen, hogy számos megoldatlan probléma a bevételi oldalhoz kapcsolódó ügyek rendezetlenségéből is eredeztethető, ennek elemzésére most terjedelmi okok miatt nem térünk ki. Az uniós szintű költségvetéssel szemben támasztható általános elvi megfontolások elemzése után a 2014–2020 közötti költségvetési keret fő kiadási tételeihez kapcsolódó elmozdulásokat értékelem, rámutatva arra, hogy az új elnevezések mögött alapvetően a régi tartalom húzódik meg, s most is elmaradt a radikális átalakítás. _____ The article examines an important topic from the point of view of the whole integration process: the expenditure side of the union level common budgetary frameworks for 2014–2020. Undoubtedly, several problems are coming from the unsolved issues of the revenue side, however, due to length limits the article doesn’t deal with these issues. The investigation starts with a comprehensive analysis of theoretical background on the main tasks of a union level budget, then the author evaluates shifts among the new expenditure headings in the period 2014–2020. The author points out that the new headings reflect old contents and he concludes that the radical restructuring within the common budget was postponed again.

A history of a policy-level curriculum change in California

With the publication of A Nation at Risk (1983) educational reform has had a prominent place on the agenda of virtually every one of the sovereign states. As in many other states California focused much of its reform effort on the teaching of reading. In a political battle over the reading curriculum, California went from the English/Language Arts Framework of 1987, widely viewed as giving the state's imprimatur to whole language (an approach rooted in the learner's experience), to the English/Language Arts Frameworks (a more traditional or basic approach) of 1998 that called for the inclusion of phonemic awareness as the building block of reading instruction in all elementary schools. This study examined the historical record to determine the major forces behind this curriculum change. The results of this study are helpful to those who wish to better understand the relationship between political forces and curriculum change in the current age of educational reform. ^ This study utilized qualitative research methods and is presented as humanistic historical research (Landes & Tilly, 1971). The organizational framework for the study is taken from the work of M. Frances Klein (1991) which identifies seven different levels of curriculum decision-making. In this analysis particular attention was paid to the interaction of academic, formal, and societal levels, as the problem under consideration casts curriculum decision-making in the political realm. Three sources of information were used to provide the historical record. They include articles from popular newspapers and magazines, government documents, and interviews with individuals directly involved in the political process. ^ The results of this study demonstrate the power of societal forces over formal authority in making curriculum policy decisions. ^