1000 resultados para Ley 1116 de 2006


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El interés de este estudio de caso es analizar la ley de “Prevención de Infiltración” y las consecuencias de ésta sobre la migraciones ilegales de eritreos provenientes de Egipto. Se profundiza sobre los orígenes de la ley con el fin de obtener una mayor claridad sobre el alcance de ésta. La ley es controversial no sólo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. El resultado: divisiones políticas al interior del país, en tanto algunas políticas para lidiar con esta problemática surgen desde visiones políticas con tendencias patrióticas y ultranacionalistas. La investigación también expone los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes al llegar a Estados receptores hostiles. El tema de las migraciones es uno de enorme complejidad, el cual entraña ciclos de conflicto y despojo dentro del escenario internacional.

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Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia. El texto contiene artículos y ponencias presentados por reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Seminario Internacional Las acciones populares y de grupo. Balance de los diez años de la Ley 472 de 1998. Diagnósticos, retos y perspectivas realizado los días 16, 27 y 28 de agosto de 2008. Las ponencias fueron organizadas en páneles: balance del constituyente, del legislador, de los operadores judiciales, del ministerio público y finalmente, avances en la garantía de los derechos colectivos y retos de las acciones de grupo.

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La Ley que presentamos intenta dar respuesta a ciertos aspectos que no ha presentado la Ley Orgánica 5/2000, tales como la modificación de las medidas, las edades, la responsabilidad civil, la acusación particular, entre otras y la falta de infraestructuras en nuestra comunidad, para una adecuada intervención desde el modelo de responsabilidad penal, con una visión jurídico-sancionadora-educativa.

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El objetivo de este estudio de caso es demostrar en que medida la incapacidad del Estado influyó en el surgimiento de las Bacrim en el departamento de Antioquia. Para tal fin, se aborda la problemática desde una perspectiva tanto explicativa como analítica, dado que pretende examinar la relación causal entre el fenómeno armado en Antioquia y las causas que llevaron a su surgimiento mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, teniendo como punto de partida la incapacidad estatal en tres niveles: en infraestructura económica para el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración con las Autodefensas Unidas de Colombia, en administración de justicia para el proceso de justicia transicional y para recuperar el monopolio legítimo de la violencia.

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De acuerdo con la información aportada por el Instituto Nacional de Evaluación (2012), España ha participado en las ediciones de 1990, 2006 y 2011 de PIRLS y en las ediciones de 1995 y de 2011 de TIMSS. Por otra parte, en el año 2009, nuestro país participó por primera vez en el Estudio Internacional de Civismo y Ciudadanía (Instituto de Evaluación, 2010). Finalmente, España participa en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). Por otra parte, junto a estas evaluaciones internacionales, tanto a nivel estatal como autonómico, se han implementado otras pruebas externas. Esta tendencia se ha visto reafirmada y ampliada por la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aspecto que será analizado en esta comunicación. La proliferación de estas prácticas puede ser analizada desde diversas perspectivas. En esta comunicación se realiza una aproximación sustentada en numerosos escritos recientes (Pérez y Soto, 2011, Perrenoud, 2008; Stake, 2006), que advierten sobre los impactos de los sistemas de evaluación en las prácticas de enseñanza. Por otra parte, desde esta aproximación crítica, se sostiene que las evidencias sobre lo que éstas aportan para la mejora de la educación no parecen ser tan abundantes.

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The left side of this guide outlines Iowa’s Child Restraint Law. The right side of this guide outlines National Safety Recommendations. El lado izquierdo describe la ley de proteccion vehicular para los niños El lado derecho describe las recomendaciones de la oficina National Safety

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Actualmente, tras la reforma del art. 146.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC) llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, nadie duda ya que las víctimas de daños causados por los funcionarios y demás agentes públicos en el ejercicio de sus funciones están obligadas a dirigir su reclamación indemnizatoria a la Administración a la que aquellos pertenezcan, sin poder demandarles ante los órganos de la jurisdicción civil en exigencia de su responsabilidad extracontractual. Según el art. 145 LRJPAC, la víctima deberá reclamar directamente a la Administración ­iniciando la tramitación del procedimiento administrativo específico previsto en los arts. 142 y 143 LRJPAC e interponiendo, eventualmente, recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria que le ponga fin­, y ésta, una vez haya satisfecho la indemnización, ejercerá acción de repetición contra el funcionario o agente responsable cuando el mismo haya ocasionado el daño con dolo o culpa grave. Ya no existe, por tanto, el genérico derecho de opción anteriormente reconocido por el art. 43 de la Ley de régimen jurídico de la administración del Estado de 1957.

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La Ley de Educación de Andalucía, cuyo desarrollo es, en estos momentos, una de nuestras líneas prioritarias de trabajo, tiene por objeto la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y de sus instituciones en el mismo. Promover esta participación conlleva disponer de una información adecuada y transparente de la educación en Andalucía. En cumplimiento de esta responsabilidad y de este compromiso con la ciudadanía, ofrecemos el presente informe sobre el sistema educativo en Andalucía, indicadores del curso 2005-2006. Una herramienta útil, ya consolidada desde el curso 1995-1996, que representa un amplio repertorio de tablas, gráficas e indicadores comentados con claridad y que permiten todo tipo de análisis comparativos.

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Se presentan diferentes propuestas sobre la educación en Aragón que faciliten el debate entre los miembros de la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad a fin de lograr una educación de calidad. Se estructura en cinco apartados: equidad, esfuerzo, calidad, propuestas para el debate y datos de la educación aragonesa. Se analizan aspectos como: el acceso universal a la educación a lo largo de la vida, la diversidad personal, social y territorial y los recursos y programas educativos; los derechos y deberes en la comunidad educativa, la implicación del alumnado, la orientación y la tutoría y el compromiso con las familias; y la calidad de la educación. Para cada aspecto reseñado se realiza una propuesta relacionada con ella. Por último, se presentan datos y cifras conectados con diversos indicadores de entrada, procesos y resultados del sistema educativo.

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Resumen tomado de la publicaci??n

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Análisis de los aspectos positivos de la ley de educación de personas adultas, y puesta en evidencia las carencias observables.

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La historia colombiana ha estado profundamente marcada por la existencia de un conflicto armado interno y por la intensificación del mismo en diferentes regiones del país, de acuerdo con los planteamientos de Fisas se puede hablar de su existencia cuando hay oposición consciente entre actores, grupos armados y el Estado, en el caso colombiano, los cuales persiguen objetivos incompatibles, conduciendo a enfrentamientos. Esta afirmación se hace visible a nivel regional, donde los Grupos al Margen de la Ley (GAML), se enfrentan constantemente con la fuerza pública, con el fin de lograr el dominio de algunos municipios y capitales de Colombia. Como consecuencia de estos enfrentamientos armados surge el incremento de desplazamientos forzados, masacres, homicidios, situación que terminó siendo el detonante de la agudización del conflicto armado interno, el cual en los últimos años ha aumentado su intensidad convirtiéndose en uno de los principales problemas del Estado. Tal es el caso de la situación que humanitaria en el Casanare, este departamento que se caracteriza por contar con su ubicación geoestratégica, lugar que cuenta con yacimientos petroleros importantes, hecho que ha suscitado en los últimos lustros el reporte de importantes dividendos para la región, permitió el desplazamiento de toda clase de grupos insurgentes, FARC, ELN, AUC, ACC y delincuencia común, poniendo en estado de vulnerabilidad a la población civil y a todos aquellos que están al margen del conflicto. Sin embargo, gracias a una serie de factores que desembocaron en el mandato por la paz en el año 97, obligó a los candidatos presidenciales de la época a construir un proceso de paz que buscara la finalización de la confrontación interna. En este sentido el candidato presidencial y después presidente electo Andrés Pastrana Arango, incluyó en su programa de gobierno, una serie de estrategias encaminadas a lograr la paz en todo el territorio nacional, y de hecho tuvo un efecto positivo dado que el siguiente gobierno continuó con esta labor encaminada a buscar el restablecimiento del orden público en esta región.

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Se expone un pequeño repaso a través de la historia de la creación de las cooperativas que va desde la proclamación de la Segunda República, tiempo en el cual se empezaron a crear las primeras cooperativas. Luego hace un pequeño hincapié en la creación de la primera cooperativa de enseñanza en Mallorca, que fue la del CIDE, que en el año 1996 cumplió 40 años. Finalmente concluye diciendo que el cooperativismo ha tenido un largo y dificultoso recorrido, y que hoy, aspectos identitarios, valores esenciales, y nuevos principios, son y serán objeto de debate y preocupación en el tiempo presente.