1000 resultados para La protesta


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Las concepciones pragmáticas sobre el diseño curricular surgidas en Estados Unidos i difundidas durante la década de los cincuenta y sesenta en Latinoamérica, implicaron un cierto avance: se trataba de aprender una serie de habilidades y destrezas de incorporar determinados objetivos ligados al rol profesional posterior. Tal avance tuvo sus costos. Se pensaba lo que el profesional debería hacer y se dejaba de lado la idea de cuanto debería saber. Fue un paso adelante en la modalidad profesionalista de la universidad, que supuso una caída de lo propiamente científico y una mejora en la posibilidad de ligarse a las demandas profesionales existentes en la sociedad del momento. En las universidades latinoamericanas contribuyó a tirar por tierra la noción de lo universitario como isla del saber apartado de las necesidades sociales o de las urgencias prácticas. Los sectores políticos de izquierdas dieron un segundo impulso a la tendencia a plantear en términos de habilidades la formación profesional. Avance importante, la sociedad aparecía en escena y lo hacía no de una manera uniforme destapando las desigualdades de ingreso, ni del acceso a bienes y servicios. La sociedad actual exige capacidad de adaptación a circunstancias acuciantes y donde la financiación estatal viene siendo recortada severamente. La racionalidad en el uso de los recursos es vital. Ha pasado la época del neoliberalismo en auge a nivel mundial. Las ideologías han retornado; las democracias parlamentarias han mostrado sus límites. Los latinoamericanos sometidos a gobiernos neoliberales, no han podido ser la nueva situación. Pero en diversos países la protesta social empieza ha hallar canalización política. Si este es el panorama, los deseos de mantener la práctica a ultranza deberán revisar sus posiciones y se deberían de dar cuenta de que han dejado de representar una novedad y se están convirtiendo en pasado. ÑOjalá sea así!.

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El presente trabajo de investigación se aboca a realizar un análisis comparativo entre las jornadas de protesta e insurgencia social sucedidas en Argentina y Ecuador, enmarcadas en el contexto político, económico, social y cultural que configuró el neoliberalismo en ambos países. Para el caso argentino, el análisis de la protesta e insurgencia social se delimita a los días que transcurren del doce al veinte de diciembre de 2001, durante los cuales se radicaliza la conflictividad social que provoca la caída del gobierno conducido por Fernando De la Rúa. Para el caso ecuatoriano, esta indagación se centra en los días de intensa movilización social que van del trece al veinte de abril de 2005, la cual propicia la salida del gobierno representado por Lucio Gutiérrez. A partir de una introducción a la teoría de la acción colectiva, la aproximación comparativa entre ambos casos se realiza a través de las categorías de la protesta social: estructura de oportunidades políticas, ciclos de protesta y repertorios de acción colectiva.

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Las instituciones políticas informales pueden tener mayor peso que las formales. La destitución presidencial en el Ecuador, el fenómeno político más dramático de los últimos diez años, es un ejemplo de ello. Los últimos tres presidentes democráticamente electos han sido destituidos, removidos de su cargo de manera extra constitucional mediante resoluciones del Congreso Nacional. Este mecanismo de la destitución presidencial es más complejo que una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso; la protesta popular ciudadana y las Fuerzas Armadas también son claves en su funcionamiento. El modelo general que se sigue es: protesta popular movilizada por un detonante, como una crisis política o económica; la resolución legislativa que depone al Ejecutivo; y el arbitraje final de las FFAA. Se analizará esta nueva institución bajo tres argumentos: 1) la destitución presidencial en el Ecuador tiene una lógica propia; 2) la multiplicidad de actores ha fortalecido su mecanismo de funcionamiento; y 3) esta institución es distinta de los fenómenos sucedidos en el resto de la región. Usando el marco conceptual del institucionalismo histórico, este trabajo establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador. Después, analiza la innovación institucional implícita en su surgimiento del patrón de la destitución presidencial, enfocándose en la pugna política y económica entre las elites del país al principio de los años noventa. De ahí, explica cómo los diversos actores e intereses convergen para asegurar la reproducción de la institución. Finalmente, se compara el caso ecuatoriano con los otros casos de destitución en la región, encontrando diferencias en su desempeño.

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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.

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Analiza la situación del derecho a la alimentación expresada en una Ley de Desarrollo Agrario contradictoria con la Constitución en materia de soberanía alimentaria; en la orientación de la inversión gubernamental en agricultura a grandes y medianos productores en detrimento de la familia campesina; en la ausencia de garantías de participación de las organizaciones sociales en la aprobación de leyes. Plantea garantizar el derecho de la población a ejercer control efectivo e incidencia en las leyes relacionadas con el derecho a la alimentación, cesar la criminalización de la protesta social e implementar una política de reforma agraria integral.

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El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el nuevo Código del Trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la Asamblea Nacional.

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El neoconstitucionalismo nos enmarca dentro de una nueva propuesta de Estado constitucional de derechos y justicia, idea que nos permite comprender que como nunca antes en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, múltiples derechos vinculados con la participación social han sido reivindicados y reconocidos como una novedad en la Constitución de Montecristi. Entre estos derechos se encuentra el de resistencia, necesario e insustituible para que el pueblo de forma individual o colectiva pueda ejercer el derecho innato de defensa ante la arbitrariedad y abuso de los poderes públicos o privados y también para utilizarlo como “un medio directo de participación del pueblo en la política.” En esta tesis reviso como sería entendida por la sociedad ecuatoriana la invocación del derecho a la resistencia en el marco sistemático de la Constitución del 2008 y señalo que una comprensión sobre unos límites débiles del derecho a la protesta, podría llevarnos a pensar que existiría un conflicto de derechos constitucionales en las diferentes manifestaciones de actos de resistencia colectiva, mismos que podrían haber sido zanjados con la aplicación de normas infraconstitucionales en la sustanciación de diferentes procesos penales; de ahí la importancia de que los operadores de justicia dejen de lado un criterio de solución estándar al momento de resolver los casos en los que se ha invocado este derecho constitucional, y de que consideren también que podría existir una trilogía en el ejercicio de la resistencia colectiva, pues la protesta social sería entendido como un medio para la invocación de este derecho, ya que la resistencia al ser entendida como un derecho de participación en el marco constitucional actual, podría considerarse como el fin de estos actos colectivos de protesta. Finalmente en este planteamiento, los actos de resistencia colectiva encontrarían protección no solo constitucional sino internacional porque existiría una conexidad de éstos con los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación.

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«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

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A partir de la transformación del modelo productivo, durante la implementación del modelo neoliberal en la Argentina, cambió la estructura social y por ello la mayor parte de la población se vio afectada por el desempleo, la flexibilización laboral, la destrucción de las políticas públicas de integración social, la violencia social y el consumismo, entre otros problemas sociales. El Estado que había sido considerado, hasta la implementación del modelo mencionado, como el principal responsable de resolver las demandas sociales, no pudo seguir haciéndolo de forma eficaz y por ello surgieron, en el ámbito de un nuevo espacio público, otras organizaciones sociales. Estos nuevos actores aparecieron con la fuerza de la protesta social aunque encontraron el límite de sus acciones en el contexto social y económico que los excedía. Una de estas organizaciones tuvo y tiene un carácter distintivo no sólo por su dimensión institucional, sino también por su capacidad de influir en los ámbitos políticos de decisión, donde las otras organizaciones del “tercer sector" pocas veces pudieron participar. Dicha institución es la Universidad Pública, ¿La Universidad Pública?. Sí, esa institución con base territorial, capaz de formar profesionales, investigar las problemáticas que impiden el desarrollo local y articular políticamente los intereses del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Empresas, ONG´s, y la sociedad civil toda. En este nuevo contexto social, las universidades públicas debieron desarrollar nuevas herramientas para articularse con el medio social donde están insertas. Estas nuevas acciones las obligaron a volver a debatir sobre su rol social, basándose en la interrelación de la tríada universitaria: formación, investigación y extensión.

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En el presente artículo pretendemos indagar sobre las diversas maneras en que fue mencionado e interpretado el episodio de protesta mediante corte de rutas acontecido en noviembre de 2000 en el norte de la provincia de Salta, en el marco de un extenso proceso de luchas que comienzan a mediados de la década de 1990. El estudio se basa en las representaciones que fueron divulgadas por dos medios masivos de información (Clarín y El Tribuno). Reconstruiremos, mediante la lectura crítica de las noticias, las caracterizaciones sobre los protagonistas de la protesta, quiénes fueron sus emisores, los momentos en que fueron realizadas, etc. En tal sentido, el objetivo será elucidar el modo en que enfrentamientos físicos y simbólicos, lejos de estar divorciados, se condicionan mutuamente.

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Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

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En Argentina, desde mediados de la década de 1990, han surgido nuevas formas de beligerancia popular entre las cuales se destacan los piquetes y los cortes de rutas y calles que consolidan como la más potente expresión de resistencia de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad frente a las transformaciones socio-económicas de corte liberal, que han provocado altos niveles de pobreza y una creciente marginación y exclusión social. Hacia 1980, se comenzó a desarrollar un conjunto de investigaciones teóricas y empíricas que intentan dar cuenta de la relación entre la protesta social y el espacio. Estos trabajos -englobados dentro de lo que se denomina "la espacialidad de la resistencia", constituyen una importante contribución de la geografía para el estudio de la acción colectiva. El nudo teórico que sostienen, es considerar que 'espacio y protesta' están intrínsecamente vinculados, pues el espacio como producto y productor de experiencias sociales y políticas, expresa y hace factibles los intereses de las clases dominantes y, al mismo tiempo, establece límites y posibilidades a la resistencia de los sujetos oprimidos. En este escrito realizaremos una aproximación teórica acerca de la relación entre el espacio y la acción colectiva y luego, una indagación de la misma en la ciudad de Neuquén, Argentina.

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Buscamos avanzar en el conocimiento sobre cómo se desarrolla el movimiento de la sociedad argentina en su conjunto, analizado desde un caso particular que es el noreste del Chubut en el período que va desde la imposición de la hegemonía del capital financiero en 1989-1990 hasta el año 2005. Se pretende en esta tesis entender y conceptualizar en términos científicos cómo se mueve esa sociedad, de qué son expresión cada uno de sus conflictos, qué expresan los distintos sectores que se movilizan, qué expresan los cambios estructurales que se desarrollan, etc. Desde esta perspectiva nos interesa específicamente poder aportar al debate sobre cuáles son las opciones de plantear un proyecto alternativo de desarrollo para la provincia, la región y el país. Dentro del tema general de buscar comprender el movimiento de la sociedad, realizamos un abordaje de la realidad desde la utilización de un conocimiento acumulado y desde un recorte de esa realidad. Ese recorte lo realizamos a dos niveles. En primer lugar en términos espaciales: tomamos como base una región que denominamos el noreste de Chubut. Recortamos de la provincia del Chubut al área que tuvo el mayor crecimiento vinculado a los programas de polos de desarrollo durante las décadas del '60, '70 y parte del '80. La misma está delimitada por los actuales departamentos de Rawson y Biedma, de acuerdo a la división administrativa que toma la provincia desde 1957. En segundo lugar realizamos un recorte en términos temporales: abordamos como objeto de estudio al movimiento de la sociedad en esa región durante el período que va de 1989-1990 hasta el 2005. Consideramos que tomar este período nos permite observar el proceso de cambios que se generan con la realización de la hegemonía del capital financiero y el proceso de protestas, luchas y conflictos sociales que en el marco de estos cambios se desarrollan en la sociedad. La decisión de estudiar hasta el 2005 parte de considerar relevante comprender cómo continua el proceso después del 2001-2002. En esos años se produce la recuperación de la economía nacional, con un gran impulso para la región, lo cual genera el interés de poder precisar de qué se trata esta 'recuperación' y si estamos ante un movimiento orgánico o coyuntural de la economía. El período también nos permitió profundizar en el debate de las relaciones de fuerzas políticas, al hacer observable el período en que la burguesía logra recuperar la representación institucional como expresión legítima de la sociedad y consigue frenar la protesta social

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Este artículo estudia la violencia policial en su desempeño cotidiano alrededor de 1960. Se procuran reconocer los aspectos fundamentales de la misma, que pasaron a formar parte del accionar operativo de la policía y que incorporaron, a escala institucional, las coacciones ilegales como metodología para la 'resolución' de casos. Los mandatos políticos orientados a una determinada idea de 'orden social' y las demandas sociales por 'seguridad y orden' no estuvieron ajenos a la convalidación de las formas de violencia policial. Las fuentes consultadas también arrojan luz sobre los 'debates' al interior de la fuerza policial acerca de su rol como auxiliar de un poder militar represivo y totalitario frente a una sociedad cuyos crecientes reclamos políticos y sociales la convertirían en el 'enemigo interno'. El trabajo concluye en el año 1962, que puede ser visto como un punto de maduración en el cual la policía bonaerense aplicó su experiencia operativa acumulada en el orden cotidiano, a la represión y eliminación de la protesta social y la disidencia política

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Buscamos avanzar en el conocimiento sobre cómo se desarrolla el movimiento de la sociedad argentina en su conjunto, analizado desde un caso particular que es el noreste del Chubut en el período que va desde la imposición de la hegemonía del capital financiero en 1989-1990 hasta el año 2005. Se pretende en esta tesis entender y conceptualizar en términos científicos cómo se mueve esa sociedad, de qué son expresión cada uno de sus conflictos, qué expresan los distintos sectores que se movilizan, qué expresan los cambios estructurales que se desarrollan, etc. Desde esta perspectiva nos interesa específicamente poder aportar al debate sobre cuáles son las opciones de plantear un proyecto alternativo de desarrollo para la provincia, la región y el país. Dentro del tema general de buscar comprender el movimiento de la sociedad, realizamos un abordaje de la realidad desde la utilización de un conocimiento acumulado y desde un recorte de esa realidad. Ese recorte lo realizamos a dos niveles. En primer lugar en términos espaciales: tomamos como base una región que denominamos el noreste de Chubut. Recortamos de la provincia del Chubut al área que tuvo el mayor crecimiento vinculado a los programas de polos de desarrollo durante las décadas del '60, '70 y parte del '80. La misma está delimitada por los actuales departamentos de Rawson y Biedma, de acuerdo a la división administrativa que toma la provincia desde 1957. En segundo lugar realizamos un recorte en términos temporales: abordamos como objeto de estudio al movimiento de la sociedad en esa región durante el período que va de 1989-1990 hasta el 2005. Consideramos que tomar este período nos permite observar el proceso de cambios que se generan con la realización de la hegemonía del capital financiero y el proceso de protestas, luchas y conflictos sociales que en el marco de estos cambios se desarrollan en la sociedad. La decisión de estudiar hasta el 2005 parte de considerar relevante comprender cómo continua el proceso después del 2001-2002. En esos años se produce la recuperación de la economía nacional, con un gran impulso para la región, lo cual genera el interés de poder precisar de qué se trata esta 'recuperación' y si estamos ante un movimiento orgánico o coyuntural de la economía. El período también nos permitió profundizar en el debate de las relaciones de fuerzas políticas, al hacer observable el período en que la burguesía logra recuperar la representación institucional como expresión legítima de la sociedad y consigue frenar la protesta social