664 resultados para FUNCIONARIOS PÚBLICOS – COLOMBIA - 2014
Resumo:
El objetivo del presente estudio de caso es analizar y describir la política pública encargada de brindar asistencia consular a los colombianos detenidos en México. Dicha política implementada en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, ha contribuido a mejorar la situación de los nacionales privados de su libertad fortaleciendo la figura institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado y las herramientas empleadas durante su administración. Sin embargo, mediante la perspectiva teórica de Richard Elmore, se recalca la importancia de la participación de diversos actores dentro del proceso de implementación de la política pública, realizando recomendaciones en busca de mejorar y generar aportes a la política para responder a la realidad social que viven los connacionales detenidos.
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Colombia es un país que ha logrado atraer la atención de diferentes países a nivel mundial debido al comportamiento económico que ha presentado en los últimos años. Gracias a estos resultados, es reconocida como mercado emergente debido a su rápido crecimiento interno en temas comerciales e industriales, y a sus notables y crecientes relaciones con otros países, entre otras características. En América Latina nos encontramos con varios países con características e iniciativas comerciales similares a las nuestras; países como Perú, Chile y México cuentan con infraestructuras de mercado de tamaño significativo y gran potencial, además de la cercanía geográfica (a excepción de México) y una gran similitud entre sus culturas, en 2011 surgió una iniciativa de integración regional para desarrollar progresivamente una libre circulación económica, de bienes, servicios, y personas. Con miras a convertirse en una plataforma política, económica y comercial a nivel mundial, enfocándose en la región Asia-Pacífico. Esta iniciativa se conoce como Alianza del Pacífico (AP) Uno de los subsectores más sensibles para los países miembros de la AP es el subsector agrícola. Debido a la baja diferenciación de productos y a la amenaza progresiva de un ingreso masivo de productos extranjeros a menor precio, pudiendo esto conseguir desestabilizar el mercado y afectando la producción interna o de los demás socios comerciales.
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Este proyecto da una perspectiva inicial del TLC entre Colombia y Canadá en el sector de frutas exóticas, para esto se realizó un exhaustivo pero beneficioso análisis, en el cual se pudo tener una perspectiva desde su entrada en vigencia en el año 2011 hasta la actualidad, todo con el fin de entender el mercado de ambos países y como potencializar las necesidades del mismo. El objetivo es dar a conocer las oportunidades, ventajas, desventajas, amenazas y recomendaciones acerca del TLC entre Colombia-Canadá específicamente en el sector agropecuario, sub-sector agrícola y como entrar a un mercado, el cual llega ofreciendo un producto commodities, para lograr posicionarlo en el mercado Canadiense. Es importante para el proyecto identificar si hay posibilidad para entrar a este mercado y si se tienen nichos los cuales puedan satisfacer las necesidades generadas por las personas, sus comportamientos, cambios culturales y los diferentes procesos de migración que se han tenido durante los últimos años.
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La presente investigación tiene como objetivo examinar la incidencia de las estrategias de campaña ejecutadas por los partidos políticos colombianos, sobre el comportamiento legislativo tomando como referencia las elecciones senatoriales del año 2014. De esta manera, sostiene que las organizaciones partidistas que demostraron una mayor cohesión al momento electoral, se comportaron de manera disciplinada en el Senado. Por ello, se exponen las distintas estrategias que aplicaron los partidos políticos que lograron una curul en el Senado, con el fin de determinar el grado de cohesión de cada uno de ellos, utilizando como marco los dilemas organizacionales a los que los partidos se ven expuestos. Luego, se relaciona con el trabajo legislativo que tuvo lugar en el primer periodo de la primera legislatura y, se finaliza, con un análisis de la reforma política contenida en el proyecto de equilibrio de poderes.
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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.
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El presente estudio de caso plantea la descripción detallada del uso de las redes sociales en la campaña presidencial de Clara López. En este documento se analiza la labor desempeñada en las redes sociales como un papel de interacción y comunicación directa con el electorado y su alcance en función de la estrategia comunicativa y publicitaria. Para ello se describe el contexto en el que se desarrolló la campaña, sus fases, la organización de la oficina de comunicación digital y el trabajo desarrollado en cada uno de los campos digitales y así generar unos elementos de conclusión sobre el resultado del uso de estas herramientas, lo que puede ser útil para comprender el papel de las redes sociales en los procesos políticos, especialmente en las campañas electorales.
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Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del período 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de cada corporación.Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.Está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y litigantes interesados en derecho constitucional y derechos humanos.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.La investigación se divide en dos partes. La primera incluye la descripción metodológica de la investigación, un análisis del camino hacia una cultura del precedente constitucional, la contextualización de los derechos que se abordó, la evolución del control judicial constitucional, los guardianes de la Constitución y un análisis de la producción jurisprudencial constitucional; se reseñan las premisas teóricas, informaciones historias, jurídicas e ideológicas, y la producción cuantitativa de la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La segunda recoge la carta de los derechos cuya jurisprudencia fue objeto de análisis y se centra en la de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.ratio decidendi de las sentencias más relevantes. Al final se incluyen las conclusiones, que vienen a constituir la epistemología de la jurisprudencia constitucional colombiana.
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Se describen los actos acontecidos en torno a la inauguración en la antigua Universidad Complutense de Alcalá de Henares, de la nueva sede del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Los fines y funcionamiento del centro de formación fueron: responder a la importancia de la capacitación del personal de la Administración pública; el incremento que habían adquirido los cursos para funcionarios públicos que se celebraban desde 1957; la necesidad de ampliar la oferta de cursos y conferencias; la conveniencia de organizar el envío de funcionarios españoles a centros especializados extranjeros para ampliar y contrastar sus conocimientos y conocer en detalle los métodos de formación de funcionarios seguidos en otros países. Las actividades que se realizaban en el centro eran: 1. Planeamiento, organización y desarrollo de los cursos de formación y perfeccionamiento de funcionarios y selección de asistentes. 2. Concesión a funcionarios públicos españoles de pensiones de estudio para perfeccionar su formación sobre Administración pública. 3. Investigación sobre los sistemas de ingreso, planes de estudio, organización, estructura y funcionamiento de los centros, institutos y escuelas de la Administración del extranjero.
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El tema de las competencias, ha germinado con la idea de desarrollar en el individuo diferentes capacidades que integradas le permitan desenvolverse en medios y contextos determinados. Uno de estos contextos es precisamente el sector público, donde las personas que dependen del servicio que brinda este sector esperan que sea de calidad y orientado a satisfacer sus necesidades. Una manera de cubrir las expectativas de un servicio público de calidad es la capacitación, la misma que orientada bajo un enfoque por competencias promete desarrollar en el servidor público las capacidades necesarias para cubrir estas expectativas. Una propuesta curricular que coadyuve a una capacitación de calidad, oriente el desarrollo de capacidades y pueda merecer la atención de las instituciones y empresas públicas para mejorar el servicio a la ciudadanía es el propósito que anima este trabajo.
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El presente trabajo tiene por objetivo realizar el análisis del Decreto Ejecutivo No. 813, Publicado en el Registro Oficial No. 489 de 12 de Julio de 2011, destinado a reformar el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. Mediante dicho decreto se buscó regular la desvinculación de servidores y servidoras por medio de la compra de renuncias con indemnización. El análisis se realiza desde la perspectiva del Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional, con el objeto de desentrañar su naturaleza jurídica, definir el marco regulatorio que lo gobierna y estudiar las críticas propuestas contra él. En un primer momento, se enmarca el objeto de análisis en el contexto constitucional en el que se desarrolla: el modelo propuesto por la Constitución de la República del Ecuador, denominado “Estado constitucional de derechos y Justicia”, con especial énfasis en el sistema de fuentes que propone. En seguida, se presenta en particular la fuente del derecho denominada “decreto”, como parte de las atribuciones constitucionales del Presidente o la Presidenta de la República, y se discurre sobre las características particulares del Decreto Ejecutivo Nº 813. A continuación, a través de la teoría de los límites a la función administrativa, se procede a un análisis crítico de los posibles mecanismos de impugnación del Decreto Ejecutivo Nº 813, tanto en sede constitucional, como contenciosoadministrativa, tomando en consideración las vías intentadas para el efecto por diversos actores sociales. Por último, se señalan conclusiones y recomendaciones para cada uno de los puntos analizados.
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La estabilidad del trabajador en nuestro país ha sido por décadas cuestionada en vista del mal uso de esta institución por parte de empleadores y trabajadores. El incremento de contratos de servicios ocasionales, el recurso de nombramientos provisionales, supresión de partidas, cancelación de contratos ocasionales y aplicación de la compra de renuncias obligatorias, han generado un evidente deterioro de la estabilidad laboral con la cual el servidor público contaba. La inserción de una figura como la compra de renuncias obligatorias, a todas luces violatoria de los derechos constitucionales del servidor público, ha generado un nuevo procedimiento arbitrario con el cual las entidades públicas ejecutan el despido intempestivo del servidor, sin cumplirse un debido proceso de separación laboral, con evidente vulneración del legítimo derecho a la defensa. Esto ha motivado mi interés por realizar un estudio respecto de la estabilidad y permanencia laboral del servidor público y cuál es su percepción al respecto, ante la aplicación de recursos por parte del Estado que generan diversas formas de relación laboral, y la precariedad de la estabilidad y permanencia laboral.
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El presente trabajo tiene como propósito ratificar la importancia del derecho procesal enfocado desde la garantía jurisdiccional de la acción de protección contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República, como herramienta idónea y eficaz para tutelar de los derechos de los servidores públicos ante el advenimiento de la compra de renuncias obligatorias con indemnización como causal de cesación de funciones. Para el efecto se ha realizado el análisis cuantitativo de las sentencias de acción de protección interpuestas por servidores públicos en el trimestre de noviembre de 2011 a enero de 2012 en la ciudad de Quito, en una suerte de inseguridad jurídica ante la ausencia de argumentación jurídica y motivación de estos fallos. En el primer capítulo se aborda la acción de protección en el estado constitucional en línea con los derechos al debido proceso y la motivación. Un segundo capítulo trata sobre la argumentación jurídica de las sentencias frente a las compras de renuncias que inmiscuye: la admisibilidad y procedencia de la acción de protección, sus filtros procedimentales -fondo y forma- , la independencia judicial y la desnaturalización de la esta garantía ante el tema de fondo –la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Finalmente, se realiza un análisis de la Sentencia No. 003-13-SIN-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 154 de 03 de enero de 2014, respecto de la acción de inconstitucionalidad interpuesta respecto del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813.
Resumo:
Incluye Bibliografía
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