739 resultados para DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
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En Centroamérica y la República Dominicana se está consolidando un complejo proceso de movimiento poblacional. Alrededor de 5,4 millones de personas de la subregión reside en otro país, y los flujos intrarregionales han adquirido una dimensión progresivamente importante. Para avanzar en el proceso de integración de la subregión con un enfoque de promoción de los derechos de los migrantes, es necesario atender a las formas institucionales que dan cumplimiento a estos derechos, en particular en relación a los derechos laborales y de protección social. Este documento esboza los principales desafíos de los países de la subregión para promover la movilidad intrarregional laboral de las personas y, en particular, para el acceso a la protección social de los migrantes. Asimismo, se destaca el rol de las asimetrías de los mercados laborales y de la protección social como uno de los factores determinantes de los movimientos poblacionales. Para que la migración laboral intrarregional contribuya al desarrollo de la subregión sería necesaria una política migratoria integral que favorezca la libre movilidad, el reconocimiento mutuo de calificaciones profesionales, y la homologación de prestaciones y derechos laborales, incluyendo la seguridad social.
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Examina la evolucion historica de la seguridad social en America Latina, los problemas de cobertura, prestaciones, financiamiento y costos, y el impacto de la seguridad social en el desarrollo.
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El panorama demográfico internacional apunta en una misma dirección: la población mundial está envejeciendo. América Latina y el Caribe no es la excepción, las grandes transformaciones de las décadas pasadas abren paso a nuevas realidades en la región. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 22, señala que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”, y en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
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Está claro que ante los eventos de silencio administrativo negativo tanto frente a un derecho de petición que pretende el reconocimiento de una prestación económica como ante las solicitudes de cumplimiento de fallos ordinarios judiciales opera la acción de tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales como lo es el obtener una respuesta oportuna y de fondo para las solicitudes y requerimientos respetuosos hechos ante la administración. Sin embargo este trabajo pretende generar un método alterno para el manejo judicial procesal en estos dos eventos que podrían llegar a ser más eficientes para la protección de los derechos de los usuarios y para que esta entidad acate el cumplimiento de los fallos ordinarios ordenados contra ella. Esta propuesta surge como una alternativa para el beneficio tanto de los usuarios, como para la entidad y los jueces de tutela, ante el descontento general que actualmente se presenta en el contexto social: usuarios que no logran garantizar plenamente el acceso al derecho de la seguridad social, una entidad con una estructura administrativa insuficiente y poco sólida aún para responder a la sobrecarga de requerimientos presentados ante ella y la insatisfacción que se presenta dentro de la rama judicial por el cúmulo de acciones de tutela en contra de Colpensiones que ocasiona lentitud y congestión en el sistema. Además, se pretende demostrar cómo este método alterno que se planteará reduciría de manera importante los niveles de acciones de tutela, lo cual sería beneficioso tanto para la administración como para la rama judicial. Se trata entonces de un modelo que beneficia a los tres actores del conflicto: ciudadanos, administración y rama judicial.
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Establecer la prevalencia de no adherencia a la terapéutica farmacológica y relacionarla con las variables: sexo, edad, escolaridad, tipo de beneficiario de la seguridad social, conocimiento de la enfermedad, tiempo de tratamiento, tratamiento farmacológico, dosis, sincronía en el consumo de fármacos, efectos colaterales, acceso a medicamentos, información médico paciente y apoyo para el cumplimiento - Métodos y materiales: se realizó un estudio transversal; el universo fueron los pacientes hipertensos atendidos en Julio del 2007; la muestra fue aleatoria, 93 pacientes; se realizó una visita posterior a la captación en casa y se aplicó un formulario con las variables en estudio; se realizó el conteo de medicamentos. Cumplidores fueron quienes consumieron entre 80 y 100 % de los medicamentos tomados a la misma hora el día anterior y el de la visita. No cumplidores fueron los que consumieron menos del 80 % y más del 100 % o quienes tenían entre 80 y 100 % pero su horario variaba entre un día y otro. - Resultados: la prevalencia fue del 79,57 %. No hubo asociación estadísticamente significativa con las variables estudiadas. Los resultados de las variables fueron: edad menor a 66 años, RP 1,21; consumo asincrónico de fármacos, RP 1,17; no acceso a medicamentos, RP 1,17; tratamiento multifármaco, RP 1,13; ser afiliado activo, voluntario, campesino, artesanal, RP 1,04; efectos colaterales de los medicamentos, RP 1,04. - Conclusión: la prevalencia de no adherencia al tratamiento farmacológico es elevada. Los factores considerados asociados no fueron estadísticamente significativos en la presente investigación
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Introducción La intervención activa del Estado en la cuestión social ha sido un fenómeno relativamente tardío en Costa Rica. Antes de la década de 1940 hubo muy pocos ejemplos importantes de legislación en política social y sola cuando Rafael Calderón Guardia ocupó la presidencia en 1940, el Estado comenzó a ocuparse activamente en los problemas generales relativos al bienestar social, a los derechos de los trabajadores y a la seguridad social.
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Llamado urgente a la reflexión sobre la subvaloración, que la sociedad colombiana ha venido haciendo al tópico social y a las consecuencias negativas que surgen, y que podrían llegar a empeorar con la pérdida de capacidad de acción del Estado
