856 resultados para DELITOS CONTRA LA PERSONA - POLITICA GUBERNAMENTAL - COLOMBIA


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A pesar de que el maltrato en el ámbito del a pareja es una del as formas de violencia contra la mujer que a menudo se manifiestan en Colombia, la mayor parte de las decisiones judiciales no reflejan un enfoque de género. Por ello, en la actualidad estas presentan vacíos y fallas que llevan a que los decretos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia no sean protegidos efectivamente. Al respecto, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad del Rosario y el Programa Integral contra Violencias de Género, en asocio con otras instituciones, realizó una investigación con el propósito de analizar los principales problemas de este fenómeno. Dicho estudio permitió concluir que, en la actualidad, la violencia contra la pareja se reconoce como una manifestación de la violencia “doméstica”, pero no como una forma de violencia especifica contra la mujer. Asimismo, demostró que hay una fuerte cultura machista que justifica la violencia: “te maltrato porque te amo”. Debido a ello, es necesario que las decisiones judiciales estén encaminadas no sólo a la privación de la libertad, sino también a la resocialización del agresor, para que este entienda que su comportamiento es errado y no vuelva a cometer este tipo de actos.

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En la Policía Nacional de Colombia, al pasar de los años, se han vislumbrado dificultades de adecuación entre las autoridades de policía y las autoridades militares, que se manifiestan en duplicidad de funciones y organismos. La desarticulación entre las actuaciones policiales y militares ha hecho que esta institución históricamente haya venido adoptando un doble carácter militar y civil, dadas las condiciones de un conflicto permanente en el país. La policia nacional de colombia en su estructura funcional en su interior demuestra una sobredimensión en sus funciones, ya sea por el conflicto interno o la serie de reformas que el estado ha hecho a esta institución, en el cual se opta por un carácter nacional y no ciudadano, haciendo que en algunos casos este sobre empoderamiento genere algunas dificultades a la hora de cumplir sus funciones fundamentales segun su filosofia.

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El presidente Álvaro Uribe se dirigió a la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 21 de septiembre. Cada año los Jefes de Estado del mundo exponen en este foro sus ideas y preocupaciones sobre la situación mundial y de sus países. ¿Qué ideas presentó el presidente Uribe al resto de los países? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en la agenda del mundo? ¿Qué concepto le merecen esos temas a nuestras autoridades de política exterior? Son preguntas que surgen de manera natural en el ámbito académico, las cuales nos hemos propuesto responder en este primer Comentario OPEC, con el ánimo de divulgar más ampliamente los temas de la política exterior colombiana, ofrecer criterios de valoración y análisis al público y enriquecer el debate sobre la agenda internacional de nuestro país.

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Los intereses reflexivos del Grupo de Investigación en Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad (GRISPD), de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, se inscriben en el campo de las ciencias e ingenierías de la rehabilitación y sus formas de investigación y acción se orientan bajo los principios que gobiernan la generación de conocimiento en las transdisciplinas. El grupo declara las siguientes cuatro líneas de investigación que se enmarcan, respectivamente, bajo el enfoque teórico, conceptual y metodológico de los estudios críticos en discapacidad: 1) estudios públicos, 2) estudios tecnológicos, 3) estudios socioantropológicos y 4) estudios de la capacidad humana. La Línea de Investigación en Estado, Políticas Públicas y Participación Social se centra en el estudio y comprensión de procesos y dinámicas sociales complejas, tales como vulnerabilidad, exclusión, participación, construcción de ciudadanía y democracia en diversos colectivos humanos, entre los cuales la población con discapacidad reviste especial interés. El análisis se ubica dentro del marco de referencia que argumenta en favor de la justicia, la inclusión, los derechos humanos y las prácticas sociales, orientadas a favorecer el desarrollo humano de las colectividades.

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En el trabajo de grado se realiza un analisis del mercado internacional de biocombustibles y como este ha afectado a la seguridad alimentaria de Colombia teniendo en cuenta la normativa del país en el tema de los biocombustibles y el estado actual del debate a nivel mundial.

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El trabajo realizado sobre la condición femenina de la mujer víctima en la masacre de El Salado, es un análisis de la bibliografía existente que narran los hechos y acontecimientos ocurridos en los Montes de María en febrero del año 2000. Partiendo de los testimonios de los sobrevivientes, archivos y videos históricos de dicha masacre, se analizará la información existente primordialmente a partir de concepciones propias del psicoanálisis, principalmente desde los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan, especialmente en relación a la condición femenina y al trauma psíquico. Se utilizan categorías de análisis, las cuales pueden ofrecer respuestas sobre los aspectos simbólicos que surgieron en los momentos previos, durante y algunos días después de la masacre, haciendo énfasis en los acontecimientos en que fueron víctimas las mujeres, con el fin de analizar el papel que cumple la mujer en este tipo de masacres o eventos violentos. En los testimonios se encuentra una diferencia significativa en los actos violentos entre los hombres y las mujeres de la masacre de El Salado, donde las mujeres fueron abusadas sexualmente y además juzgadas por tener relaciones de pareja con sujetos pertenecientes a grupos guerrilleros, lo que sugiere que la condición femenina desempeña un papel diferente en la guerra, en este caso en la masacre de El Salado del año 2000.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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El desarrollo social de un departamento está determinado por factores tanto internos como externos. Sin embargo, la existencia de recursos no renovables con gran valor, en algunos casos representan el núcleo de grandes problemas sociales en estos departamentos.

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El presente estudio de caso, pretende a partir de un análisis del principio de Apropiación contenido en la Declaración de París, determinar el desempeño del gobierno colombiano entre los años 2006-2010, frente al proyecto de cooperación internacional "Apoyo al Programa de Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema (REDEP)" y su impacto frente al cumplimiento de la primera meta de los Objetivos del Milenio

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El trabajo de investigación presenta un acercamiento a las propuestas que las principales Universidades colombianas y extranjeras están realizando en cuanto a los pensum de maestría y MBA y los diferentes enfoques que estos tienen, así mismo presenta las necesidades del mercado colombiano, en cuanto a la formación de directivos, esto evaluando los perfiles obtenidos de algunas compañías instaladas en Colombia. La globalización ha permitido, que cada vez sea más fácil para una persona acceder a programas de formación superior y de mayor nivel en cualquier parte del mundo y aun sin tener los recursos suficientes para costearlo por sí mismo. El presente proyecto identifica los principales programas ofrecidos a nivel nacional y en el extranjero, plantea sus similitudes y diferencias y presenta una propuesta para obtener un programa acorde a las exigencias del mercado y a la evolución de la dirección como materia de estudio, respetando las exigencias estipuladas por el gobierno colombiano.

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La historia de la cultura no constituye un mundo aparte dentro del estudio general de las sociedades humanas. Antes bien, representa dentro de ellas uno de los más importantes factores que delimitan su identidad y refuerzan su cohesión social. Hay, en consecuencia, una serie de categorías históricas generales que deben ser puestas de manifiesto con carácter preliminar de sistemas de representación cultural, apoyado en el estudio de la cultura y de las estructuras académicas desarrolladas en el contexto cultural de la Universidad Católica de Colombia, el cual trabaja para la consecución, desarrollo y ejecución de un programa cultural con sentido, identidad y aprehensión, concibiendo la educación “como un acto de la inteligencia y la libertad de la persona y por lo tanto de naturaleza moral”, presentándose “ante el mundo como origen de acciones intelectuales y libres”.

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La presente monografía resuelve algunas preguntas relativas a la importancia de la ética pública como herramienta de lucha contra la corrupción política, se ocupa igualmente de las éticas aplicadas, y su importancia en el fortalecimiento de principios y valores éticos en los servidores públicos. A partir de lo anterior se plantean los siguientes propósitos específicos: en primera estancia, estudiar el fenómeno de la corrupción política, para mostrar ciertas causas estructurales y fundamentalmente comportamentales que influyen en el fenómeno de la corrupción en Colombia; explicar la importancia de la inclusión de la ética pública en el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción y en la formación en valores de los servidores públicos; por otra parte, establecer los valores y principios que han sido desarrollados por el Estado en sus entidades, y por último, demostrar cómo la construcción de ética pública se debe consolidar en el panorama nacional.

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El WACC o Coste Medio Ponderado de Capital es la tasa a la que se deben descontar los flujos para evaluar un proyecto o empresa. Para calcular esta tasa es necesario determinar el costo de la deuda y el costo de los recursos propios de la compañía; el costo de la deuda es la tasa actual del mercado que la empresa está pagando por su deuda, sin embargo el costo de los recursos propios podría ser difícil y más complejo de estimar ya que no existe un costo explícito. En este trabajo se presenta un panorama de las teorías propuestas a lo largo de la historia para calcular el costo de los recursos propios. Como caso particular, se estimará el costo de los recursos propios sin apalancamiento financiero de seis empresas francesas que no cotizan en bolsa y pertenecientes al sector de Servicios a la Persona (SAP). Para lograr lo anterior, se utilizará el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y el Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros (CAPM) con base en lo presentado por Martha Pachón (2013) en “Modelo alternativo para calcular el costo de los recursos propios”.

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El fenómeno de la infracción fiscal (evasión y fraude fiscal) no es simplemente transgredir el ordenamiento tributario, es también violar el precepto constitucional del Estado Social de Derecho que se concretiza en la obligación de los asociados