276 resultados para Crimen


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El presente trabajo de tesis denominado REPROA (Rehabilitación Productiva Autosustentable) propone demostrar la factibilidad de instalar una planta de productos químicos de limpieza dentro de un centro de rehabilitación en la Provincia de Pichincha. Es menester recalcar que el proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social del Estado Ecuatoriano, tanto así que ya le designaron un galpón de 200 m2 en el Centro de Prelibertad de Chillogallo para la ejecución del proyecto. Como toda la sociedad ecuatoriana conoce, la realidad de los centros de rehabilitación en nuestro país es de verdad desconcertante, los presos en lugar de rehabilitarse se convierten en especialistas del crimen. Hoy por hoy nuestras cárceles se han convertido en universidades de la delincuencia, sin mencionar las condiciones infrahumanas en las que viven los detenidos. El gobierno ecuatoriano ha designado este año $ 40.000.000 para este rubro, pero funcionarios de la DNRS nos confesaron extraoficialmente que el 70% se gasta en la alimentación de los presos y el resto en pago de servicios y nómina. Esta es una de las razones principales del problema pero no la única, no existen programas efectivos de rehabilitación para los detenidos, ya sea por falta de organización o presupuesto éste es el punto más preocupante.

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La presente obra realiza un estudio sistemático de la regulación de los bienes incautados por su afectación a procesos penales, por delitos de narcotráfico y conexos, o a acciones de extinción del dominio, como manifestación de la política estatal de atacar la delincuencia económica organizada, por medio del restricción de sus beneficios patrimoniales, el tratamiento del temática – visto desde la perspectiva de las categorías de análisis del derecho administrativo – a la vez que permite una comprensión del objeto de estudio, sirve como ejemplo ilustrativo de los fenómenos dentro de la parte normativa de la solución, corresponde al derecho administrativo y el balance de la eficiencia de sus contribución par ese propósito.

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En los juicios, como advierte Ambrose Bierce, la justicia obedece a un ejército de contraste, este es: hacer aparecer a los jueces, abogados y jurados como ángeles, y a los acusados como demonios dignos de los más horrendos suplicios. En los procesos de reconciliación deberíamos transitar por la acera mundana del mutuo reconocimiento de errores, y comprobar que las líneas fronterizas entre victimas y victimarios son demasiado tenues y que la culpa está socialmente distribuida, más aun cuando existen cuantiosos colaboradores y beneficiarios del crimen. En conflictos como el colombiano, con empresas delictivas muy participativas como los mercados negros, la llamada cultura del atajo, y grandes elementos de una guerra civil, deberíamos, todas y todos, reconocer nuestras fallas. Uno de los problemas son, justamente, los umbrales de reconocimiento social y los obstáculos de la memoria y de la emoción, que afortunada o infortunadamente nos impiden avanzar rápidamente hacia el perdón incondicional. La acción política no violenta es un arte y una ciencia, está encaminada a preservar el orden social o transformarlo sin recurrir a la destrucción de la vida y de la naturaleza. Pero nada tiene que ver con visiones románticas e inocentes, como la flor en la punta del fusil o el pacifismo a ultranza. Su esencia radica en suprimir las fuentes de poder del adversario, sin llegar a exterminarle. Su enseñanza elemental es que el poder radica en al voluntad de las personas, en su sentido de dignidad para dejar de desobedecer a actores políticos corruptos, autoritarios, violentos e injustos.

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En este trabajo vamos a presentar algunas reflexiones sobre el origen de la policía comunitaria como perspectiva de política policial, el contexto histórico en el que surgió el concepto de seguridad local y los mitos con los que ha estado asociada. También nos referiremos a una propuesta concreta sobre cómo asumir el reto de la seguridad local, el lugar de la policía comunitaria en ese marco y las indefiniciones sobre su tamaño y contenido. Finalmente haremos algunas precisiones sobre las discusiones recientes acerca de la seguridad ciudadana en América Latina, y en Colombia en particular, para llamar la atención sobre las condiciones de conflicto armado, violencia política, narcotráfico y crimen organizado por las que atraviesa nuestro país, y los retos que estas circunstancias imponen a una entidad como la Policía Nacional colombiana.

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Las relaciones entre Colombia y Ecuador se han mantenido en una dinámica histórica de cooperación y conflicto donde se ha buscado mantener unos lazos de vecindad y convivencia en calma. La proximidad geográfica y además un marco histórico-cultural similar, ha llevado a la generación de fuertes alianzas socio-económicas entre las poblaciones fronterizas, de tal manera que se ha desarrollado una integración binacional compleja. Esta relación en la última década ha mantenido una incapacidad institucional binacional para solucionar los problemas transfronterizos, pues la política de vecindad se encontraba determinada por la situación interna de cada país y la injerencia de las dinámicas continentales. La coyuntura interna de los Estados direccionó sus políticas, Ecuador estaba envuelto en una inestabilidad política, generada por continuos cambios de gobierno, lo cual hacía cambiar su posición frente a las relaciones con Colombia en cortos lapsos de tiempo, de tal forma que se desestabilizaban los proyectos conjuntos. Por otro lado Colombia dada la problemática del conflicto interno basó su agenda en el tema de la seguridad puesto que éste flagelo agudizaba los problemas socio-políticos, de tal forma que el Estado colombiano se vio enfrentado a una crisis interna que encontró una salida a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática instaurada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002,la cual trajo consigo un método de lucha basado en la seguridad con acciones dirigidas a garantizar el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, combatiendo el problema de las drogas, el crimen organizado, el terrorismo y las migraciones por desplazamiento forzoso; mediante la generación de lazos de solidaridad que unieron a la población colombiana en torno a la solución del problema. Ésta política ha trabajado en la seguridad a nivel interno y de defensa nacional, pues dada la magnitud de la amenaza se hizo necesario fortalecer el apoyo internacional con énfasis en los países fronterizos. De ahí que Colombia haya hecho un llamado a la comunidad internacional para desarrollar un trabajo coordinado que impida la implicación de redes del terrorismo internacional en las actividades de los grupos armados ilegales colombianos. La ampliación del conflicto colombiano ha afectado a Ecuador, el cual se ha visto perturbado negativamente por la lucha interna colombiana a partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

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El fenómeno del terrorismo de carácter trasnacional,Especialmente aquel que hace referencia a la vertiente yihadista, ha despertado preocupación dentro de la comunidad internacional, específicamente dentro de aquellos centros de poder occidentales que se han visto vulnerados por algún tipo de acción llevada a cabo por grupos de esta índole. Organizaciones como Al–Qaeda, que mediante la concentración y labor de múltiples células vinculadas en su haber, operan y ejecutan acciones terroristas en varias regiones del mundo, son identificadas hoy en día, como una nueva amenaza no estatal dentro de los sistemas de seguridad occidentales. El caso español representa un claro ejemplo de la transnacionalización del terrorismo, en particular aquel que se denomina de carácter yihadista dentro de territorio europeo, puesto que es a partir de los atentados perpetuados en el metro de Madrid, que se activan las alarmas hacia el interior de la Unión Europea y se inician una serie de reformas pertinentes a enfrentar dicha amenaza dentro de los sistemas de seguridad de la mayoría de Estados miembros de la unión.De esta manera, y dentro del campo de estudio que ofrecen las Relaciones Internacionales, la amenaza que el terrorismo de carácter yihadista representa para la seguridad española, puede ser comprendida, a partir del análisis de elementos claves tales como: España como escenario directo de la amenaza terrorista, proximidad geográfica con las regiones del Mediterráneo, Magreb y Sahél, ideología de los grupos yihadistas y finamente la ampliación de la agenda de seguridad española a partir del 11-M, entre otros. Los alcances del terrorismo yihadista son definitivamente percibidos dentro de la comunidad internacional, de allí reside la importancia del estudio de la estrategia contra terrorista elaborada por España para combatir este fenómeno, puesto que no solo se encuentra al interior de su territorio sino además en las regiones aledañas.

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La cuestión de los Estados fallidos se ha ido constituyendo como uno de los principales temas de seguridad en el sistema internacional. Ello se debe a que se asume que las principales amenazas para la paz y la estabilidad internacional como el terrorismo, el crimen organizado o la proliferación de armas de destrucción masiva surgen de aquellos Estados considerados como débiles o fallidos. Este discurso es el resultado de la vinculación de una agenda académica con la agenda política de los Estados Unidos y va a ser el marco en el cual se suscribe el presente trabajo.

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El texto hace una evaluación parcial de la implementación del Principio de Responsabilidad Compartida en el Continente Americano durante el período 1998-2010; para ello se tiene en cuenta tres principales mecanismos de la región, su implementación, sus buenos resultados y sus limitaciones en la lucha contra las drogas ilícitas.

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Analiza la cooperación militar emprendida por los diferentes países que hacen parte de la región del Caribe.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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El tema del narcotráfico ha sido ampliamente tratado, así como el caso de las drogas en Colombia, pero la afectación de dicho problema no ha sido analizada desde la República Dominicana y mucho menos desde la relación bilateral entre esta y Colombia. Aunque el tema es de gran relevancia en la agenda internacional, así como en la agenda interna de cada uno de estos Estados, no es el tema principal en la relación bilateral, donde los asuntos comerciales tienen mayor importancia, aún cuando hay ciertos mecanismos que buscan eliminar el tráfico ilegal de estupefacientes. En esta investigación, se busca dar un diagnóstico de las relaciones bilaterales y de aquellos instrumentos existentes, específicamente aquellos implementados desde la acogida internacional del término responsabilidad compartida en el año 1998 hasta el año 2010, para determinar la efectividad de los mismos y de aquellos factores que no son precisamente resultantes de las relaciones bilaterales pero que sí afectan de una u otra manera el tráfico de drogas ilegales entre estos dos países. Así, se buscará encontrar las debilidades, en los instrumentos bilaterales entre Colombia y República Dominicana y hacer recomendaciones para hacerlos más efectivos.

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La aplicación de la ley anti maras en El Salvador no tuvo los resultados esperados por el gobierno en el momento de su implementación, la reducción del fenómeno no se vio afectada por la aplicación de esta ley que al contrario produjo una serie de efectos negativos que demostraron tanto la inefectividad de dicha ley, como la capacidad de las maras para adaptarse y evolucionar frente a las adversidades que les presentó una medida represiva como la tomada por el gobierno salvadoreño.

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durante el desarrollo de esta tesis, se analizan las politicas que ha implementado México en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y los efectos de estas mismas

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A comienzos de 2006 la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó su último informe titulado “Desarrollo Alternativo y Medios de Vida Legítimos”. El informe se divide en cuatro partes. Un primer capítulo define, evalúa y reformula la experiencia internacional en materia de desarrollo alternativo. El segundo capítulo expone las diferentes regulaciones internacionales que determinan la tarea de fiscalización de drogas por parte de los Estados. El tercer capítulo se dedica a proporcionar un panorama detallado de la situación mundial y regional de fiscalización de drogas; en este capítulo se identifican los convenios de cooperación existentes entre los Estados y se evidencia los avances regionales, principalmente los policivos en la lucha contra las drogas ilegales. El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos y a algunas organizaciones internacionales. Dado que el tema central del informe 2005 de la JIFE es un análisis de la experiencia internacional de desarrollo alternativo, este documento tiene como objetivo sustraer lo concerniente a Colombia; con el fin de informar sobre el estado actual de la política en el país y sus perspectivas a futuro. A manera de introducción el documento describirá la naturaleza de la Junta, sus fines y sus medios. Seguidamente se concentrará en el desarrollo alternativo desde la perspectiva que ofrece el informe para Colombia se concluye con algunas observaciones y comentarios respecto del informe.