876 resultados para Actores colectivos


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El análisis que se piensa hacer en el presente trabajo, es analítico deductivo, en cuanto pretende mostrar el estado del arte referente a las implicaciones que en el Derecho penal puede tener una teoría sociológica, que pretende abordar temas atinentes a la ciencia del derecho de una manera conceptualmente ilustrativa. Pero vale la pena aclarar de entrada, que en donde mayor repercusión, en el Derecho penal, llega a tener dicho enfoque, es en la política criminal que desarrolla el Estado a través del legislador. Es dicho marco el que le ha servido de referencia para variar y ampliar sus contenidos de protección. Posición que no ha prosperado sin objeción alguna, pues un gran sector de la doctrina se muestra reacio al arquetipo que promulgan quienes se adhieren a su postura, debido a la firme creencia que no es el Derecho penal al que le corresponde dar soluciones a problemas macrosociales. De ello se desprende la valoración de determinados bienes jurídicos, y en esa medida las formas concretas de protección que reviste un modelo penal expansivo, en cuanto encuentra objetivos dignos de protección analizados en clave sociológica.

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El propósito de la presente monografía es evaluar el papel de las ONG internacionales en la apertura de espacios de participación política para la sociedad civil en Egipto. En ese sentido, se analiza el contexto de oportunidades políticas locales y transnacionales del país, así como los procesos de articulación entre la política local e internacional a través de los niveles de integración entre sus actores. Mediante una investigación de tipo cualitativa basada en los desarrollos sobre teorías de la acción colectiva planteados por Sidney Tarrow, Charles Tilly, Robert Benford y David Snow, y las teorías sobre redes transnacionales de defensa desarrolladas por Margaret Keck y Kathryn Sikkink, se avanza hacia la identificación del desarrollo de procesos de externalización como medio para el fortalecimiento de organizaciones locales como alternativa de oposición política.

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Este artículo realiza una aproximación a un estándar de reparación para graves violaciones a los derechos humanos de carácter colectivo. Para tal fin, desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, examina los conceptos de víctima, individual y colectiva, y los mecanismos de reparación (restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición).

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Objetivo: Describir las concepciones que tienen y las acciones que realizan los actores institucionales a nivel local entorno a la promoción de la actividad física en el ámbito educativo.Metodología: Se trata de un estudio cualitativo descriptivo, en el que participaron 9 sujetos, entre directores y coordinadores de programas relacionados con la promoción de la actividad física en el Distrito Capital. Se recolectó información a través de entrevistas semiestructuradas. Se indagó sobre su concepción de “actividad física” y sobre las acciones que se están realizando alrededor de la promoción de dicha actividad.Resultados: El análisis permitió destacar que no existe una concepción unificada alrededor del concepto de actividad física, pues existen concepciones desde lo biológico, así como otras que le imprimen un componente social. Adicionalmente, las acciones que se están desarrollan para promocionar la actividad física responden a iniciativas de un sector en particular, no existe trabajo intersectorial, ni tampoco articulación a una política específica: son más iniciativas puntuales que muchas veces no apuntan a un objetivo o meta particular en el largo plazo.Conclusiones: En general, no existe una concepción unificada alrededor de la actividad física, como tampoco estrategias intersectoriales para su promoción. Adicionalmente, se identificaron acciones desarticuladas, lo que genera que los esfuerzos realizados no tengan el impacto que se lograría si se promovieran estrategias intersectoriales.

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El artículo examina el impacto social y político que tuvo lugar con el cambio constitucional ocurrido en Colombia desde la década de los noventa, y resultante del modelo consagrado en la Constitución Política de 1991.Partiendo de ese proceso, el análisis revisa las principales características de la introducción y posterior coexistencia de dos modelos de Estado antagónicos: el Estado Social de Derecho y el Estado Neoliberal, convergentes en el articulado de la Constitución de 1991. Así mismo, se revisan las innovaciones institucionales que ambos modelos le introducen al régimen político colombiano, especialmente en lo atinente a la administración de justicia, la estructura del poder público y la articulación de la participación como eje de la democracia.Simultáneamente, se estudian los elementos característicos de la coexistencia de estos dos modelos mediante el análisis del comportamiento de actores individuales y colectivos y de los hechos políticos concretos que han configurado dicha relación durante la última década del siglo XX, así como su incidencia en la inestabilidad del régimen político colombiano. Finalmente, se consideran las deficiencias en la cultura política y la constante interferencia de los sectores tradicionales y de los actores armados como rasgo estructural que impide concretar las aspiraciones del proyecto de reforma y progresión democráticas contemplado en la Constitución de 1991.-----From a critical perspective, this essay examines the root socioeconomic and political impact of the constitutional change that occurred in Colombia during the decade of the 90s, and the resultant model consecrated in the Political Constitution of 1991.Taking that process as a starting point, the analysis reviews the principal characteristics of the introduction and subsequent coexistence of two antagonistic models of state: The Social State of Right and the Neoliberal State convergent in the articulation of the Constitution of 1991. Also, the article studies the institutional innovations that both models introduce to the Columbian political regime, especially in regards to the justice administration, the structure of public power and the srticulation of participation as the axis of democracy.At the same time, the article reviews the elements that exemplify the coexistence of these two models, by means of analytical pursuit of the behabior of the individual and collective actors and of the concrete political facts that have formed said relation throughout the last decade of the 20th century, as well as its impact on the instability of the Columbian political regime. Finally, the essay considers the deficiencies in the political culture and the constant interference of the traditional sectors and of the armed actors as a characteristically structural obstacle to the achievement of the aspirations of the great project of democratic reform and progress contemplated in the Constitution of 1991.

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Tradicionalmente, la política de desarrollo y la cooperación para el mismo se han visto como áreas reservadas a los organismos internacionales y a los Estados. El concepto mismo de desarrollo ha evolucionado desde los años cincuenta. Esta evolución, unida al impacto negativo de la deuda y del ajuste estructural en el nivel de vida de los países en desarrollo (PED), a la creciente concentración de la riqueza como consecuencia de la globalización, al retroceso del Estado y la expansión de la democratización, ha dado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) una inusitada relevancia al ser capaces, entre otras cosas, de brindar servicios sociales donde el Estado ya no lo hace y de ejercer cabildeos en favor de temas de interés global, como la ecología, la ayuda a desplazados, etc. En este documento se revisa cuál es la actitud de instituciones de importancia decisiva en los programas de cooperación para el desarrollo (Banco Mundial y Unión Europea) y de agencias de desarrollo de algunos donadores, para mostrar que tanto conceptual como prácticamente las ONG se han convertido en actores indispensables si se quiere alcanzar los objetivos de los programas de lucha contra la pobreza.-----Traditionally, the policy for development and the cooperation for development have been regarded as areas reserved to the international bodies and the Governments. The development concept itself has evolved from the 1950s: jointly with the negative impact of the debt and the structural adjustment in the developing countries’ quality of life, with the growing wealth concentration resulting from the globalization, with the Government backward movement, and with the expansion of the democratization, this evolution has provided the Non-Governmental Organizations (NGOs) with an unexpected relevance by being able to –among others– provide social services where the Government does not provide them any longer, and to take lobbying actions in favor of global interest topics such as ecology, help to displaced people, etc. This document reviews the attitude of the organizations of decisive importance to the cooperation for development programs (World Bank, European Union), and of the development agencies of some sponsors with the aim of showing that both in concept and in practice the NGOs have become essential actors for reaching the goals of the poverty fighting programs.

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La década de los noventa marcó el inicio de la modernización del transporte urbano en las principales ciudades de Venezuela, entre ellas en la ciudad de Maracaibo, segunda ciudad en importancia en el país, proceso que tuvo lugar formalmente desde la Alcaldía de Maracaibo, pero en el cual participaron numerosos actores nacionales e internacionales que dan cuenta de un proceso que se inserta en un modelo de transporte urbano de origen foráneo, vinculado a la necesidad de poner esta actividad a tono con los requerimientos de una economía de mercado. El propósito de este trabajo es identificar la política que en definitiva se formó, los distintos actores involucrados y el rol de cada uno. Se parte de la hipótesis que es escasa la participación local en este proceso, el cual se origina en los organismos multilaterales. Los resultados revelan: 1) Los principales actores involucrados en la formación de la política fueron: Banco Mundial, Consorcio Systra-Sofrrtu, Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo (IMTCUMA), Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), Ministerio de Infraestructura (MINFRA), antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), La Universidad del Zulia, Comisión Presidencial del transporte para la ciudad de Maracaibo, Consejo Venezolano de transporte, Alcaldía de Maracaibo y Metro de Maracaibo; 2) La participación de estos organismos fue muy variada, correspondiéndole el rol de orientador al Banco Mundial y el resto en distintos niveles y en el rol de asesores y ejecutores; 3) La política estuvo dirigida a: reducir los tiempos de viaje de los trabajadores; incorporar empresas privadas en el sector transporte y dar prioridad en la prestación del servicio en los sectores comerciales e industriales. Se concluye que la política de transporte de la ciudad de Maracaibo ha tenido lugar con la participación de los organismos multilaterales y la escasa participación del gobierno local y los usuarios.-----The 1990s marked the start of the urban transport modernization in the main cities of Venezuela, including Maracaibo, the second city. It was formally managed from the Mayor’s Office of Maracaibo, but involved a number of national and international actors in a process that became embedded into an urban transport model of foreign origin, linked to the need of aligning this activity with the market economy requirements. The purpose of this paper is to identify the policy that resulted in the end, the different actors involved, and the role played by each of them. The basis assumption is the scarce local participation in this process, which arose from multilateral organizations. The results reveal that: 1) The main actors involved in the policy structuring were: World Bank, Systra-Sofrrtu Consortium, Maracaibo Urban Mass Transport Institute (Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad de Maracaibo –IMTCUMA–), National Urban Transport Fund (Fondo Nacional de Transporte Urbano –FONTUR–), Ministry of Infrastructure (MINFRA), former Ministry of Transport and Communications (MTC), La Universidad del Zulia, President’s Transport Commission for the city of Maracaibo, Venezuelan Transport Board, Mayor’s Office of Maracaibo, and Metro of Maracaibo; 2) The participation of these organizations was very varying, the World Bank playing the directing role, and the others in different levels as advisors and implementers; 3) The policy was addressed to: reducing workers commuting times; incorporating private companies into the transport sector; and giving priority to the service provision in commercial and industrial sectors. The conclusion is that the transport policy in the city of Maracaibo occurred with the participation of multilateral organizations and very little participation of the local government and users.

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El presente estudio de caso hace un análisis y revisión de la consulta previa en un contexto suburbano como es la comunidad muisca de Bosa. Se describe cómo este mecanismo permite la defensa del territorio ante la expedición del plan parcial El Edén El Descanso que busca desarrollar en esta zona un proyecto de vivienda. En este sentido se hace una revisión de la documentación pública del Cabildo muisca de Bosa, del Distrito y del Ministerio del Interior que sirven de insumo para analizar las dinámicas y fases de este caso al ser el único en un contexto suburbano. A partir de esto se retoman varios elementos del Estado social de derecho, como los derechos colectivos y los mecanismos de participación, entre otros, en el marco del enfoque diferencial para las comunidades indígenas

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Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.

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Resumen basado en el de la publicación. Este artículo forma parte del dossier 'El tiempo en la escuela: Una tenaza invisible'

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Los derechos de tercera generación o colectivos, surgen a partir de hechos históricos que ponen de manifiesto vacíos dentro de los derechos de primera y segunda generación, es decir, crean situaciones que no pueden ser protegidas o tuteladas

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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Esta investigación analiza y diagnostica la manera en que los actores sociales y políticos han incidido en la implementación de la Política Nacional de Competitividad en la Región Orinoquia durante el período 2008-2013. Se explica cómo, desde su comportamiento en espacios de participación ciudadana y enmarcados en un entorno violento, estos actores han condicionado la eficacia de dicha política; situación que se ha representado en un bajo desempeño competitivo. Para ello, desde una perspectiva sistémica de la competitividad y mediante un trabajo de campo realizado en la región, se analizan variables como la gobernanza, la participación ciudadana, el capital social y la integración regional, con el fin de identificar problemáticas y formular finalmente una serie de recomendaciones para la construcción de entornos competitivos en la región Orinoquia.

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A partir de febrero de 2014, la historia de la República Bolivariana se fracturó. El descontento popular, la protesta social y las marchas pacíficas son reprimidas como consecuencia de un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las redes de información y comunicación, en los términos de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, han jugado un papel fundamental para poner en evidencia las violaciones sistemáticas a los DD.HH., siendo estos el factor principal que vulnera la estabilidad política de la democracia venezolana. En este sentido, el desconocimiento de las garantías fundamentales, el deterioro de la democracia constitucional y el papel multiplicador de los actores transnacionales, han logrado visibilizar ante la comunidad internacional un déficit en materia de DD.HH. y con ello la debilidad de Venezuela como gobierno democrático.