La independencia judicial: entre la utópica posición de la teoría constitucional y la normativa del Ecuador

El presente trabajo estudia la independencia judicial como pilar del Estado constitucional democrático. No se trata de poner en el debate la necesidad o utilidad de esa independencia (sin duda necesaria e imprescindible) sino los mecanismos que permitan hacerla efectiva. En la actualidad, cuando se reflexiona más bien poco sobre el poder y su funcionamiento, el tema no solo resulta necesario sino ineludible, sobre todo en un escenario donde rige una Constitución que se ha denominado garantista: que tales derechos sean realidad o una «hoja de papel» es cuestión de cómo aseguramos a nuestros jueces el ejercicio de sus funciones; pues no debe olvidarse que juezas y jueces son, ante todo, personas y que, no por hacerse titulares de una potestad pública pierden sus condiciones humanas. El trabajo se limita a un estudio jurídico-dogmático del poder judicial y las garantías necesarias para su independencia. Existen algunas anotaciones históricas que permitirán comprender el origen de las instituciones, así como la utilización de normas (tanto constitucionales y legales) de otros países, cuando ha sido oportuno ilustrar alguna cuestión. En principio, pareciera que no nos ocupamos de los derechos. No obstante, habrá de tenerse en cuenta que jueces independientes frente a todo poder (aunque utópico) resultan imprescindibles, por lo que al reflexionar sobre tales garantías se ha podido establecer que el funcionamiento de un poder judicial independiente, no viene dado sólo por unas concretas normas sobre su reconocimiento sino que exige incluso una filosofía particular desde la cual comprender al poder judicial; normas claras permiten tanto a los jueces como a la ciudadanía confiar en que sus jueces, serán ante todo, aplicadores del derecho más no instrumentos de legitimación del régimen vigente.

Propuesta de capacitación en gestión territorial para líderes y lideresas de las juntas parroquiales rurales en el marco de la normativa actual. Análisis del caso de la parroquia La Esperanza

Este trabajo de investigación, “Propuesta de capacitación en gestión territorial para líderes y lideresas de las juntas parroquiales rurales en el marco de la normativa actual. Análisis del caso de la parroquia La Esperanza” está estructurado y diseñado tomando en cuenta el contexto y la participación de las y los actores en el proceso formativo. El primer capítulo parte de un marco teórico de la gestión territorial que se establece en la nueva normativa del Estado sobre la cual se actuará. Se abordan conceptos y aplicaciones sobre la descentralización, las autonomías, la participación ciudadana y la legislación para el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizado parroquiales rurales. Así también se incluye información sobre la educación popular, que es el enfoque educativo y metodológico que rige la tesis. En el segundo capítulo se sistematiza e interpreta la investigación realizada en la parroquia, que tuvo como base la observación de campo, los criterios de los y las dirigentes de la Junta Parroquial y los criterios de los líderes y las lideresas de las comunas y barrios de La Esperanza. Se desarrolló un concepto sobre formación basada en competencias, pero desde el enfoque de educación popular, con el fin de contar con una propuesta formativa que evidencie la apropiación de capacidades logradas por parte de las y los actores, luego de haber sido parte en un proceso metodológico participativo, dinámico y flexible. El diseño curricular, la metodología, los contenidos formativos están elaborados para que los líderes y las lideresas de las parroquias rurales puedan iniciar y concluir la capacitación, logrando adquirir las competencias necesarias para ser gestores territoriales en sus respectivas parroquias. La finalidad última de la tesis es fortalecer el desarrollo territorial como escenario democrático, incluyente, transparente y equitativo. Logrando la articulación y coordinación entre las organizaciones sociales y los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar la consecución del buen vivir.

Surgimiento del movimiento obrero ecuatoriano en la literatura de 1930

Esta investigación pretende aportar algunas respuestas que permitan vislumbrar hasta qué punto las corrientes ideológicas dominantes en el primer tercio del siglo XX posibilitaron el aparecimiento del trabajador ecuatoriano en los hechos literarios y su organización como movimiento obrero en los hechos políticos. La obra literaria que se produjo en la década de 1930, en especial las novelas, Trabajadores de Humberto Salvador, En las calles de Jorge Icaza y El muelle de Alfredo Pareja Diezcanseco, propusieron elementos de ruptura en el lenguaje y en el discurso, y aportaron reflexiones sobre la multiplicidad y la diferencia de los trabajadores en el Ecuador en relación al obrero tipo resultante de un proceso de desarrollo industrial. Para entender el desarrollo del realismo social como fenómeno que alentó la narrativa crítica en el Ecuador en la década de 1930, planteamos por un lado, el concepto de mímesis escrituraria de Walter Benjamin porque da cuenta del proceso de asimilación que algunos escritores de izquierda asumieron en la medida en que representaron los intereses del movimiento obrero. Y por otro lado, abordamos la categoría nacional popular de Antonio Gramsci, ya que esta nos permite observar la importancia del fenómeno literario desde una perspectiva ideológico-política. En nuestro análisis proponemos que los esquemas de la III Internacional no se pusieron totalmente en marcha en nuestro país, pues la literatura ecuatoriana de la década de 1930 no trasuntó imaginarios foráneos, más bien recreó las expresiones políticas, y estéticas que emergieron tras el advenimiento del socialismo, la emergencia de la clase trabajadora y la crisis de representación de las expresiones de la burguesía. A pesar de ello el discurso de lo nacional popular, tanto en el campo literario como político encontró límites, ya que los intelectuales al poco tiempo desenfocaron su mirada de las problemáticas de la nación, particularmente del movimiento obrero, lo que provocó y continúa provocando una simplificación en la comprensión del significado proletario.

Meritocracia en las políticas de acceso a educación superior desde el libre ingreso (1969) hasta el Sistema Nacional de Nivelación y Admisiones (2010)

En este trabajo de investigación se analiza cómo opera la meritocracia en las políticas de acceso al sistema de educación superior desde la declaratoria del libre ingreso en 1969 hasta el actual Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Con esto se busca mostrar cómo se ha posicionado la idea de mérito en cada década y qué relación tiene con la reproducción de la desigualdad en el ingreso a la universidad ecuatoriana. A través de categorías como meritocracia y reproducción se pone en cuestión los procesos de democratización de acceso a la universidad que se han vivido en el país. Se parte de la revisión de sistemas como el de libre ingreso, que incrementó aceleradamente la matrícula durante la década de los setenta. Para luego observar cómo por el bajo presupuesto otorgado por el Estado y el exceso de aspirantes, cada universidad va instaurando exámenes de ingreso de acuerdo a las dinámicas de sus facultades. Finalmente, se hace un análisis de qué efectos podría estar provocando el actual Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que se ha posicionado desde el discurso oficial como democrático por valorar el mérito y el talento. Algo que se pone en cuestión, ya que aunque en el discurso se promueva la democratización del ingreso, posiblemente por la estructura de este sistema, se tienda más bien a perpetuar las desigualdades preexistentes y, por tanto, que la clase media y alta en su mayoría sean quienes accedan a las universidades en mejores condiciones.

¿Vivimos en democracia?: aproximación conceptual al régimen político ecuatoriano 2007-2015

Este trabajo pretende esclarecer conceptualmente el carácter del régimen político ecuatoriano. Para ello, se divide en ocho secciones. En la introducción se fija la pregunta, el problema y los alcances de esta investigación. En la segunda sección, se analiza la definición del Ecuador como una democracia híbrida de Simón Pachano y Sergio García (2014). Tercero, se presenta el diseño metodológico para un estudio conceptual basándome en la ya clásica escala de abstracción de Giovanni Sartori (1970, 1979). Cuarto, se analiza cuatro modelos de definición de democracia para demostrar que, sobre ninguno de ellos, el régimen político de la revolución ciudadana merecería seguir denominándose democrático. Quinto, se explora la literatura sobre los diferentes regímenes no democráticos: totalitarismo, dictadura y autoritarismo. Se concluye que el presente régimen no merecería el calificativo de totalitario, que sí operó como una dictadura durante su fase constituyente y que en la actualidad cumple con las características de un régimen autoritario. Sexto, se disecciona las diferentes tipologías de autoritarismo y desde allí se determina que el ecuatoriano es un régimen autoritario electoral. Séptimo se propone que acompaña al actual régimen político un sistema de partidos hegemónico. Finalmente, se destaca la importancia académica y política de definir el régimen político ecuatoriano; la necesidad de clasificarlo con rigurosidad debido a las consecuencias que aquello tiene no solo como un problema interpretativo y metodológico para las ciencias políticas sino de praxis para los actores que intervienen en el escenario político.

El procedimiento legislativo y sus principios: una perspectiva sustancial y democrática

El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.

Democracia e integración: una propuesta para UNASUR

El presente trabajo de investigación tiene como propósito inmediato determinar por qué en el proceso de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), deben existir bases democráticas que permitan una mayor participación de los habitantes de la región. Un proceso de integración tan serio e importante como lo es actualmente la UNASUR, debería contar con un Órgano Parlamentario que tenga las atribuciones para generar normativa y también ejercer los controles que, con el tiempo, la misma organización demande. En relación con los parlamentos de procesos de integración, el problema más grande es que casi todos éstos no son elegidos por el pueblo, tienen una representación indirecta, y esto provoca una distorsión del principio de representatividad; en el caso de que la representación sea indirecta, difícilmente habrá representantes de ciertas minorías. La creación de un organismo de integración como UNASUR es de vital importancia para la región, tanto en temas de soberanía o la defensa de ésta, como respecto a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la predominancia de los órganos ejecutivos en los procesos de integración de la región, sobre los parlamentarios, demuestra el déficit democrático de éstos últimos; y, es frente a este nuevo proceso de integración que se intentará plantear las razones que permitan la inclusión de un órgano democrático, que posibilite a la UNASUR construir elementos que garanticen que, en su estructura, se permita una mayor participación de los ciudadanos de la región. Para ello explicaremos conceptos sobre democracia e integración, el nexo que existe entre ellos y el rol fundamental que juegan en un proceso integrador; posteriormente, explicaremos las clases de procesos de integración por su naturaleza y objetivos, después veremos cómo está conformado el proceso de integración de la UNASUR, para finalmente plantear una propuesta del Parlamento Suramericano.

Análisis crítico de la planificación participativa en la elaboración del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Esta tesis tiene por objetivo desarrollar un análisis crítico de la planificación participativa en el Ecuador. La constitución del 2008 institucionalizó la participación ciudadana en base a concepciones de democracia participativa y deliberativa. A su vez, estas concepciones han sido articuladas en la región Latinoamericana en lo que se podría denominar como un proyecto de gobierno democrático participativo, propios de los regímenes pos-neoliberales. A partir de la exploración de instancias de planificación participativa a nivel nacional en la formulación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; se establece que la planificación participativa en Ecuador responde de manera fútil a un proyecto de gobierno democrático participativo, dado que, en la práctica, la planificación participativa supedita la participación ciudadana a las decisiones provenientes del gobierno central.

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.