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Resumo:
Asistimos a la ampliación de "...una lógica estrictamente capitalista en el desarrollo metropolitano, otorgando a la plusvalía urbana el rango de criterio urbanístico básico" (de Mattos, 2002:1). El gobierno del Estado se reemplaza por la gobernancia y el sector privado revaloriza su rol como constructor y decisor, el Estado se repliega y el capital encuentra nuevos nichos para valorizarse. La redefinición normativa y la gestión privada alteran la propiedad constitutiva de la ciudad como valor de uso complejo (Topalov, 1979). El capital aprende a valorizarse adquiriendo un control parcial sobre derechos, servicios y bienes públicos, y produciendo elementos urbanos que antes le resultaban irreproducibles. Así, la planificación de la ciudad y la comercialización de un nuevo estilo de vida para los sectores privilegiados deviene en una nueva forma de valorización del capital. ¿Pueden los agentes inmobiliarios por sí solos crear mundos de la vida (Habermas, 1987), en su doble concepción de espacios de sociabilidad y horizonte de apreciación, y asegurarse consumidores? El megaemprendimiento toma cuerpo en los estilos de vida de sus habitantes; una metamorfosis sufrida en sus disposiciones y competencias espaciales reorganiza el sentido de sus prácticas y representaciones territoriales. Los habitus (Bourdieu, 1997) se conforman junto a la nueva espacialidad como estructura estructurada por emprendimientos como Nordelta y como estructura estructurante de los nuevos objetos urbanos. Es decir, los habitus no resultan de la impresión mecánica de las estructuras sociales capitalistas sino que se constituyen en un complejo proceso irreducible a las dicotomías entre objetivismo-subjetivismo, acción-estructura, etc. Las disposiciones y competencias espaciales pueden pensarse como la articulación del par dialéctico que presenta Santos (1996) al referirse al espacio geográfico como un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones, considerados como el contexto único en el que se realiza la historia.
Resumo:
Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-